La bomba pensional

La bomba pensional

eltiempo.com,  Alfonso Gómez Méndez, 

En la rama judicial resaltan las diferencias salariales entre las distintas categorías de jueces.

Con independencia de su resultado final y aceptando que en algunos casos pudo haber equivocaciones de los funcionarios encargados de recopilar la información, es indudable que la valerosa actitud de la contralora Sandra Morelli ha puesto a pensar al país en el crucial tema de las pensiones de jubilación, más allá de eventuales responsabilidades por hechos ilegales o indebidos en su concesión y disfrute.

Este llamado de atención amerita serenas reflexiones sobre los elementos que se deben tener en cuenta para una integral reforma del régimen pensional.

Sin duda, el tema es particularmente sensible porque mientras millones de ciudadanos tienen como pensión el equivalente a un salario mínimo, o no tienen ninguna, un reducido número de excongresistas, militares retirados y exmagistrados de las altas Cortes reciben mesadas de entre 15 y 20 millones.

En la rama judicial son protuberantes las diferencias salariales entre las distintas categorías de jueces.

Mientras que en Europa el sueldo de un magistrado puede ser 10, 20 o 30 por ciento superior al de un juez que comienza, aquí (y es solo un ejemplo) un juez de control de garantías -que decide sobre la libertad de las personas- gana entre 3 y 4 millones de pesos, mientras que un magistrado de alta Corte puede ganar 20, o más. Eso explica el afán de funcionarios de menor rango por obtener una "palomita" que les permita aumentar su pensión.

Tal fenómeno no se da solo en el Consejo Superior de la Judicatura, sino también en las otras corporaciones judiciales y en sus distintas categorías.

Por lo demás, una revisión al Fondo prestacional del Congreso probablemente mostraría mayores "perlas" que las detectadas en la Judicatura.

Hay personas con pensiones a veces superiores a 20 millones por haberse desempeñado un año, o incluso mucho menos, como parlamentarios. Esa lista probablemente sea más extensa que la que ahora escandaliza al país.

El problema no termina con sanciones, porque lo cierto es que todo el sistema de pensiones debiera basarse en el hecho de que a quien trabaje equis número de años (para el Estado o para el sector privado) y alcance determinada edad ha de garantizársele un buen pasar al final de sus días.

Pero aquí, en ciertos casos, por 20 años trabajados se cobran cien de pensión mediante la llamada "sustitución": exmagistrados, generales retirados o excongresistas a quienes Cupido les golpea tarde, justo antes de morir deciden casarse con mujeres jóvenes que heredan la pensión original por 20 años de servicio de sus longevos enamorados. Desde luego, un sistema tal es fiscalmente insostenible en cualquier parte del mundo.

Aun cuando no podrían aplicarse hoy en su integridad, una ley del siglo XIX fijaba unos criterios para tener derecho a pensión, que por lo menos vale la pena recordar:en primer lugar, la pensión se establecía para quien, habiendo servido al Estado, no tenía en su vejez otro medio distinto para una subsistencia digna. Así, por ejemplo, el dueño de un banco, aun cuando hubiere trabajado esos años para el Estado, no tendría derecho a pensión.

En segundo lugar (y ello rigió hasta que hace unos años se pronunció en sentido contrario la Corte Constitucional), los delitos contra el patrimonio del Estado llevaban anexa como sanción la pérdida del derecho pensional o del sueldo de retiro de carácter oficial.

Por último, para sustituir, el beneficiario no podía tener otra manera de sobrellevar, como ahora ocurre, una "digna adolescencia", sino una "digna vejez".

Es claro, entonces, que solo un régimen pensional equitativo y justo garantizará el legal disfrute de este derecho, legítimo como pocos pero obtenido sin trampas ni abusos.