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viernes, 5 de junio de 2020
EDITORIAL: LA REPUBLICA
Nadie discute que las arcas fiscales se están vaciando a
causa del coronavirus, pero el Ministerio de Economía debe dar ejemplo de
acciones contundentes, no palos de ciego.
El país económico, social y
político debe empezar a despertar de una “burbuja llamada covid-19”. Una coraza
que no le ha permitido ver que el “palo no está para hacer cucharas” y que los
recursos monetarios son muy escasos y las necesidades inmensas. Y en medio de
ese contexto se han cometido muchos errores de tacto y carencia de
sensibilización de los elementos.
El Gobierno Nacional ha salido
oportunamente y con gran liderazgo a tratar de solucionar las necesidades
básicas insatisfechas y profundizadas a causa de la cuarentena, pero ha sido
incapaz de concientizar a los colombianos de que el dinero disponible no es
infinito y se deriva de las utilidades de las empresas estatales, préstamos
bancarios, de los impuestos y de algunas inversiones, frutos muy escasos y que
se agotan. Pero en lo que más han errado algunos ministros es en no contarle la
verdad financiera al país y hablarle con franqueza que el dinero público no
alcanza para todo y que los mecanismos de financiación son costosos; falta de
sinceridad política que se mezcla con promesas que nunca debieron hacer los
ministros de Trabajo y de Hacienda, en su momento, de que este año no habría
reformas pensionales y laborales, y que una eventual nueva tributaria estaba
descartada durante lo que queda de esta administración.
No se pueden prometer esas cosas
que rozan con el populismo, pues el país siempre ha requerido una verdadera
reforma tributaria estructural que ponga a pagar impuestos a esos que nunca
pagan o abusan de las exenciones; una tributaria que se olvide de las empresas
y los asalariados, que unifique las tasas de IVA y que se enfoque en que el
sector privado genere empleo.
Preguntar si va a haber una nueva
tributaria es ingenuo, el interrogante es cuándo se va a hacer. Lo mismo se
puede decir de la necesaria reforma pensional que corte a raíz la obsesión que
tiene el Ministerio de Hacienda de trasladar de un plumazo a Colpensiones a
quienes hayan cotizado 750 semanas o les falten menos de 10 años para jubilarse
y que estén ahorrando en los fondos privados. Esa idea ya la había expuesto en
las discusión del Plan Nacional de Desarrollo y ahora también cursa en el
Congreso, y hasta el último día de vigencia de la emergencia económica, quiso
meterla por un decreto para financiar las consecuencias del covid-19.
Hace
mucho daño manosear el Sistema General de la Seguridad Social Integral vigente
desde 1993 y que integran un conjunto de las entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, además de regímenes generales establecidos para
pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales
complementarios.
No se puede seguir destruyendo la
poca institucionalidad económica con ideas inmediatistas que pueden llevar al
traste las arcas nacionales ya acosadas por la disparada de la deuda. Hay que
hacer una reforma pensional que le garantice a todos los colombianos cobertura
y equidad, pero que ante todo reordene las gabelas que tiene Colpensiones y que
ha puesto en jaque a los fondos privados que se ven abocados a aconsejarles a
sus afiliados, en una suerte de régimen de transición, a pasarse al fondo
público ante una avalancha de demandas.
El primer paso para avanzar es
hablar con franqueza, sin milimetría política y enfrentar las reformas
estructurales que deben hacer el país para garantizarle futuro a sus
ciudadanos.
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