Paula Delgado Gómez - @PaulaDelG
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ESTE AÑO SE PAGARÁN $2,3 BILLONES
El propósito del
Gobierno de hacer uso del dinero que no han utilizado las concesiones viales
podría verse truncado por la negativa de los bancos a modificar el cronograma
de los pagos.
La falta de infraestructura ha sido
históricamente un cuello de botella para el desarrollo y la competitividad en
Colombia, a pesar de tratarse de un bien que puede resolver la mayoría de los
problemas urgentes del país. Un cálculo de Fedesarrollo llegó a la conclusión
de que un aumento de la inversión en las obras civiles empujaría el crecimiento
de la economía hasta en 0,7 puntos porcentuales en el mejor de los casos.
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Los últimos gobiernos decidieron darle un
lugar importante a este problema en su lista de prioridades y, en el afán por
resolverlo, inyectaron billones en recursos públicos. Esos compromisos dejaron
desfinanciado el sector transporte y su funcionamiento de aquí a 2040. Las
alarmas se encendieron este año, cuando el presupuesto de la Agencia Nacional
de Infraestructura (ANI), que es la entidad encargada de estos contratos,
creció 56 %, mientras el Instituto Nacional de Vías (Invías) pasó de recibir $2
billones a $400.00 millones.
La ministra de Transporte, Ángela María
Orozco, anunció en octubre que se sentarían con las empresas que conforman las
concesiones, es decir, las encargadas de la construcción y la operación de los
corredores, para revisar la posibilidad de restituirle a la nación las
vigencias futuras que se han transferido a los proyectos en los casos en que
las obras están atrasadas.
Las vigencias futuras son una autorización
que tiene el Estado para asumir compromisos que se pagarán en los años
siguientes con el presupuesto general. Aunque la figura se creó hace más de 20
años, tomó fuerza en la década pasada, con el boom de la infraestructura, pues,
por tratarse de proyectos que se ejecutan a largo plazo, el Gobierno se podía
permitir reservar con antelación un porcentaje del dinero que maneja cada año
para ir pagando la obra.
En los contratos de la última ola de
concesiones viales (4G), que comenzó en 2012 con la definición del régimen
jurídico de las asociaciones público-privadas (APP), quedó establecido que los
proyectos se dividirían en unidades funcionales y que, por tratarse de una
modalidad que no reconoce anticipos, el contrato se liquidaría progresivamente
en la medida en que el contratista pusiera en servicio esas unidades.
El Ministerio de Hacienda reveló que desde
entonces el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) ha autorizado al
Gobierno un monto máximo que puede comprometer cada año para el pago de dichos
contratos. Ese valor comenzó en $1,7 billones en 2016 y está proyectado hasta
2040, cuando se transferirán más de $600.000 millones. Para este año se pagarán
$2,3 billones en vigencias futuras, 53 % más de lo asignado en 2018 ($1,5
billones). Sin embargo, la suma de los compromisos tocará su punto más alto en
2027: $4,37 billones.
Según el Banco Mundial, desde 2013 en Colombia se disparó la inversión privada en el sector transporte, pero ese mismo año comenzó a caer la destinación de dineros públicos para tal fin, de acuerdo con el Ministerio de Transporte.
Dado que algunos proyectos tienen retrasos
importantes, pero se ha seguido reservando el dinero para los pagos pactados
anualmente, el Ministerio de Transporte revisó la posibilidad de disponer de
esos recursos, que se depositan en una fiducia mientras se normaliza la
ejecución de las obras. Aquí figuran, por ejemplo, la vía Santana-Mocoa-Neiva,
que debía haberse terminado para esta fecha y apenas va en el 5,2 %, o la
transversal del Sisga, que según cronograma debería tener un avance de 99,5 % y
está en 40,7 %.
Hasta el momento no se conocen mayores
detalles. El Ministerio de Hacienda se negó a dar declaraciones sobre el tema y
el Ministerio de Transporte no quiso entregar datos más allá de la confirmación
del inicio del proceso con las concesiones para liberar recursos. Hace un mes,
el entonces viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, hoy presidente
de la ANI, explicó que el proceso consistía en cambiar la fuente de pago, lo
cual “implica que se aplazan los pagos tres o cuatro años, pero no se afecta el
modelo financiero”, aunque sí involucra modificaciones contractuales.
Por su parte, la ministra Orozco señaló
que estaban revisando las posibilidades y que próximamente harán pública la
meta del monto de vigencias futuras que esperan se restituya al Estado, pues,
comentó, de otra forma no será posible firmar nuevos contratos de APP: “Tengo hipotecado
el presupuesto hasta 2040 por vigencias futuras. No tengo un peso”.
Una persona vinculada a
una de las concesiones viales, que pidió no ser nombrada, le confirmó a El Espectador que el Gobierno le propuso pagarle
con títulos de deuda pública (TES) las vigencias futuras de un proyecto en
curso que están próximas a vencerse. El ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, aseguró en el marco del XVI Congreso Nacional de la
Infraestructura que, desde el punto de vista financiero, las vigencias futuras eran
costosas para el Estado y las comparó con los TES, para concluir que no tenían
un diferencial de precio, pero sí un efecto fiscal diferente.
Sin embargo, este diario supo de otra
concesión a la que se le planteó la opción y, aunque estuvo de acuerdo con
ella, no pudo materializarla. Los pagos y plazos de las vigencias futuras no
sólo quedan en el contrato entre el Gobierno y la concesión, también se
especifican como respaldo en el contrato bajo el cual una entidad financiera le
otorga a la empresa un crédito para ejecutar la obra, lo que implica que el
visto bueno lo podría terminar dando el banco. Esta podría ser una de las
mayores trabas al propósito del Gobierno de obtener la restitución de esos
dineros.
Lea también: ¿En qué va la construcción de las vías 4G?
De cualquier forma, el Gobierno debe
encontrar la manera de impedir que la bola de nieve crezca. Por un lado, amarra
el uso del presupuesto a unos cuantos proyectos, pues el próximo año más del 60
% de las vigencias futuras serán para el sector transporte, pero para 2025 su
participación superará el 80 %. Por otro lado, queda atado de manos para seguir
avanzando con nuevas inversiones, dado que en el marco fiscal de mediano plazo
de 2019 se evidencia que sólo se liberará espacio para generar nuevos
compromisos en transporte a partir de 2024, y antes de esa fecha la
disponibilidad de recursos no superará el billón de pesos anuales.
Incluso los integrantes de la comisión de
expertos en infraestructura advirtieron que el alto nivel de compromisos en
vigencias futuras, principalmente en el programa 4G, “limita el margen de
maniobra y la posibilidad de aumentar, e incluso de preservar, los rubros de
inversión en el sector”.
El director de Fedesarrollo, Luis Fernando
Mejía, cree que la reprogramación de vigencias futuras es posible fiscalmente y
tiene sentido cuando un proyecto tiene demoras por razones exógenas, como
la falta de licencias o que no se haya surtido el proceso de consulta previa,
"siempre y cuando se garantice hacia adelante cómo se van a hacer esos
pagos manteniendo el cupo inicial porque de otra manera se podría poner en
peligro el financiamiento; me imagino que eso es lo que está haciendo el
gobierno, liberando los cupos para abrir un espacio fiscal".
La gran cantidad de dinero comprometido en
vigencias futuras tomó por sorpresa a la actual administración nacional: “Desde
que iniciamos este gobierno, encontramos que la situación fiscal nos imponía
serias limitaciones en la disponibilidad de recursos para infraestructura”,
dijo la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, al presentar el
informe de la comisión de expertos en infraestructura la semana pasada.
Pero bajo el nuevo mandato las obras no se
detuvieron. Por el contrario, se reactivaron las que estaban paralizadas, lo
que permitió pasar de seis proyectos en funcionamiento a 22. Esto hizo que el
rubro construcción de carreteras y de otras obras de ingeniería civil, dentro
del Producto Interno Bruto del país, creciera por encima de 13 % en el segundo
trimestre de este año, de acuerdo con cifras del DANE. Un incremento similar
(12 %) mostró el Indicador de Inversión en Obras Civiles a septiembre de este
año
Espejo
retrovisor de Minhacienda resalta disparada deuda y debilidad fiscal:..https://www.elespectador.com/ economia/espejo-retrovisor-de- minhacienda-resalta-disparada- deuda-y-debilidad-fiscal- articulo-808870
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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