dinero.com, FREDDY CASTRO | 2018/01/09
En una reforma pensional el interés general debe prevalecer
sobre cualquier consideración. Quienes ya están pensionados son parte de la
solución.
Es inmensa la tragedia pensional. Tres de cada cuatro
colombianos mayores de 65 años no tiene pensión y los que accedieron a
pensiones públicas son, en su mayoría, los de mayores ingresos, quienes,
además, se hicieron acreedores a prestaciones que no son proporcionales a lo
que aportaron. En esa bolsa están los pensionados de Colpensiones, el Congreso,
las altas Cortes, el Magisterio, la fuerza pública y de otros regímenes
especiales.
Además de
cobertura, equidad y sostenibilidad, principios en los que el país no sale bien
librado, un sistema pensional debería promover la solidaridad, para que quienes
tienen mayor capacidad de pago aporten para que otros se puedan pensionar. Con
una intención constructiva, sugiero reflexionar sobre un elemento olvidado en
el Resumen Ejecutivo del Informe de La Comisión del Gasto.
Falta
solidaridad
Imaginemos el
caso del economista Felipe Buitrago*. Felipe llegó a los 62 años y obtuvo una
pensión de Colpensiones, gracias a que cotizó durante 30 años a dicho régimen.
Merecida recompensa. Su experiencia hizo que la empresa en la que trabajaba
decidiera contar 10 años más con sus aportes. Buitrago acepta complacido esta
oportunidad.
Desde ese
momento y hasta su retiro definitivo del mercado laboral, el señor Buitrago
recibirá un ingreso de $16 millones y su pensión de $11 millones. Justo para
una persona que trabajó durante toda la vida y decidió continuar en el mercado
laboral. Surgen cuestiones cuando se hacen cuentas. Don Felipe no pagará
impuestos sobre su pensión y, mejor aún, no le será descontado parte de su
salario para hacer aportes pensionales porque en Colombia los que ya están
pensionados no están obligados a hacerlo.
Del caso
surgen dos elementos para una reforma pensional. Primero, las pensiones
públicas son tremendamente subsidiadas, eso justificaría gravar las más altas,
como la de nuestro ejemplo ($11 millones). Así ha sido planteado por el BID y
en el análisis de la Comisión del Gasto.
En el segundo elemento está la sugerencia. El señor Buitrago y cualquier pensionado que siga trabajando,
independientemente de si tiene una pensión pública o de una AFP, debería
aportar de su salario (no sueldo) a un componente de solidaridad. Es
decir, que dependiendo de la arquitectura institucional que se defina en el
futuro, tendría que ser solidario para la pensión de otros.
Si
mantuviéramos la estructura pensional tal y como está, -que sería un error-, le
deberían descontar, si está en una AFP, los conceptos del Fondo de Garantía de
Pensión Mínima (1,5% del ingreso base de cotización) y el Fondo de Solidaridad
Pensional (Entre un 1% y un 2%, en el caso de Felipe sería el 2%).
Y este no es
solo un asunto de Felipe Buitrago. Exmilitares con asignación de retiro,
empresarios, docentes universitarios y del Magisterio y profesionales con
pensión de una AFP, han continuado en el mercado laboral sin aportar a la
pensión de terceros. Todo en un escenario en el que muy pocos logran acceder a
este privilegio.
Esta
recomendación se trató de implementar en el Plan de Desarrollo del primer
gobierno de Santos. El Congreso rechazó este artículo mientras se presentaba la
entonces anunciada reforma pensional. Pasó el tiempo y la agenda legislativa se
enfocó en otros frentes.
Lógicamente
esta es solo una arista dentro de una gran reforma pensional. En un esquema
bien diseñado, todos, incluso los ya pensionados, tendremos que anteponer el
interés general sobre cualquier otra consideración.
*El nombre es
ficticio
Complemente con:
Algo muy grave puede pasar con su pensión
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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