eltiempo.com, Por: MARTHA MORALES MANCHEGO 17 de febrero de 2017,
Foto: Archivo particular
Comisión estará integrada por 9 expertos, 7 de los cuales fueron seleccionados y ya aceptaron.
Falta elegir dos miembros de nueve. Análisis de aspectos que el grupo deberá revisar para reformar.
El gasto público colombiano, que representa el 29,4 por ciento del total de la producción (PIB), si bien no es tan alto como el de países desarrollados como Alemania (44,1 % del PIB), tampoco es tan bajo, como para no mostrar resultados más visibles en términos de reducción de la desigualdad.
El Estado en Colombia gasta a partir de un nivel de ingresos que no tiene, dijo el año pasado la firma calificadora Standard & Poors y, adicionalmente, los recursos los maneja de manera ineficiente, indicó la Contraloría General.
Conceptos como esos llevaron a que, finalmente, después de muchas alertas, se incluyera en la reforma tributaria del 2016 la decisión de crear una comisión de expertos, similar a la que se conformó para que evaluara y recomendara los cambios necesarios que podían mejorar el estatuto tributario.
EL TIEMPO conoció que dicha comisión estará integrada por nueve expertos, siete de los cuales ya fueron seleccionados y aceptaron, mientras que dos más están por definirse, toda vez que, para que el equipo sea integral, se le agregarán dos abogados con experiencia en asuntos constitucionales.
En 10 meses, periodo que podría extenderse más, como sucedió con la Comisión Tributaria, los expertos estarán encargados de una misión gruesa. Esto implica que, al menos en el 2017, la situación continuará tal cual viene dándose: con una ‘austeridad inteligente’, según la definió el Gobierno.
En medio de ese panorama, la nueva misión para el gasto público tendrá la tarea que le fue señalada por la reforma tributaria y es poner el foco en temas como “programas de subsidios y asistencia pública, criterios de priorización de la inversión, inflexibilidades presupuestales (pago de pensiones y deuda) y rentas de destinación específica”.
Al final, lo clave será establecer “qué tantos efectos tiene el gasto público sobre la equidad y la eficiencia de las decisiones de gasto”, según la ley de reforma tributaria, lo que por ahora no se da a los ojos de comentaristas como Mario Valencia, de la Red de Justicia Tributaria, quien afirma que “el Estado no gasta mucho en impulsar la economía, sino que el 57 por ciento (promedio de 4 años) se lo gasta el Gobierno; por lo tanto, los recursos no alcanzan para fomentar la equidad”.
Durante los últimos años, la Contraloría General ha sido una de las que más han insistido en la urgencia de priorizar el gasto público y la calidad del mismo para que genere mejores resultados para la gente.
Largo debate
No obstante, hay que recordar que desde hace más de una década se viene hablando de lo mismo. En el 2002, por ejemplo, Planeación Nacional elaboró un informe que sustentó ‘¿por qué evaluar el gasto público?’.
En esa oportunidad ya se hablaba de que “el gasto público, si no se hace bien, no tiene absolutamente ningún efecto en términos de equidad, de distribución del ingreso y de justicia social”.
Las cifras en ese sentido muestran qué tan bien se está haciendo dicho gasto. Durante el 2016 el gasto corriente –es decir, el que se usa para proporcionar servicios públicos, salarios y comprar bienes y servicios– ascendió a 144 billones de pesos, mientras que para este año será de 154,3 billones.
El crecimiento del mismo no cesa, porque, según análisis realizados por el Centro de Pensamiento Económico Anif, en el país el gasto es inflexible, como lo es el de la seguridad social, lo que implica que, en el caso de las pensiones, cuyo monto sobrepasa los 30 billones de pesos y en general son para financiar jubilaciones exorbitantes de unos pocos, o se pagan o se pagan. A ello se le agrega el alto costo que implica el pago del personal en el sector público: 33,6 billones de pesos, casi tanto como lo que se llevan las pensiones, y buena parte de los que le sirven al Estado ni siquiera tienen un contrato formal.
Además, un reciente estudio de Planeación Nacional indicó que los subsidios son otro gasto alto que, en muchos casos, no contribuye a sacar a la gente de la pobreza, sino que la incrusta más en ella, pues no estimula la búsqueda de alternativas de crecimiento con tal de seguir siendo beneficiario del apoyo económico. Solo en el 2016 se requirieron 13 billones de pesos para los ocho principales programas sociales, alrededor de los cuales se cuelan beneficiarios que no tienen derecho.
Costo de la deuda
La red de justicia tributaria destaca también el alto costo de la deuda, cuya destinación sobrepasa el 20 por ciento del Presupuesto anual, lo que está por encima de sectores claves, como educación (13,6 % del presupuesto) y trabajo (12,3 %).
Con todo esto, el gasto colombiano es inefectivo; en general, de ocho dimensiones, en seis están por debajo de los promedios de resultados de los países latinoamericanos, señala la red.
De ahí la importancia de la escogencia de una comisión idónea y del revolcón que logre proponer al gasto público.
El exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, planteó un camino posible en materia de gasto público. “El reto más importante es proponer un mecanismo que, en el tiempo y de manera creíble, vaya reduciendo las enormes rigideces presupuestales”.
El exministro propuso: “Podría ser una fórmula parecida a lo que ya se ha hecho con el SGP: se comprometen recursos para los próximos años, pero se hace buscando reducir su participación, más o menos rápidamente, en el presupuesto general de la nación a niveles sostenibles”.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios
Reflexiones al tema pensional
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