LA SILLA, septiembre 6 de 2016
La semana pasada circuló en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, en la que somos profesores quienes escribimos este blog, un listado de preguntas que varios estudiantes formularon con respecto al acuerdo Farc-gobierno. Son preguntas lúcidas e importantes que compartimos muchos colombianos. En este post recopilamos evidencia surgida de investigaciones conducidas en la Facultad durante años, que ayuda a responder algunas de esas preguntas: las que se refieren a los beneficios esperados de lo acordado. Esperamos aportar así al proceso de reflexión en que estamos, o deberíamos estar, inmersos los colombianos, ahora que nos aprestamos a depositar nuestro voto de apoyo o rechazo a lo pactado. Quedan muchas otras preguntas por responder, incluyendo algunas de las que pueden ser objeto de cuantificaciones, pero nos limitamos aquí a aquello para lo que los estudios de la Facultad han arrojado ya algunas luces.
La historia de costos humanos y económicos del conflicto da una medida de lo que el país tiene por ganar a futuro si logra frenar la violencia que se ha asociado al conflicto, un logro al que una implementación efectiva del acuerdo debería contribuir de manera significativa. Las cifras gruesas son bien conocidas: cada año, los muertos directamente atribuibles al conflicto se cuentan en miles y los desplazados en cientos de miles; cientos de personas resultan muertas o mutiladas por minas antipersona; y miles de mujeres son víctimas de violencia de índole sexual asociada al conflicto, muchas de ellas obligadas a abortar o usar anticonceptivos en contra de su voluntad. Lo que se conoce con menos contundencia son las cifras sobre ramificaciones igualmente dramáticas de esos impactos directos. Dividiremos este resumen en al menos dos entregas: una sobre investigaciones que miden esas ramificaciones en aspectos sociales, y otra sobre las que las miden en la dimensión productiva. Hoy publicamos la entrega 1.
Entrega 1: algunos costos sociales del conflicto
El drama humano y social derivado del conflicto se extiende mucho más allá del evento de desplazamiento, mutilación, o pérdida de un familiar, y alcanza también a quienes no son víctimas directas. Los estudios de Ana María Ibáñez y Andrés Moya cuantifican las severas consecuencias socioeconómicas del desplazamiento, que con frecuencia condena a las víctimas a una situación de pobreza crónica. Una familia desplazada se ha visto obligada a abandonar su principal activo productivo, la tierra, y sus miembros, con habilidades y experiencia en lo agrícola, experimentan dificultades para insertarse en los mercados laborales urbanos. Esto se traduce en una reducción del ingreso de aproximadamente 50%, y una correspondiente caída en el consumo de 30 por ciento. La consecuencia frecuente es la pobreza: aún las cifras más conservadoras, las de la Unidad de Víctimas, ponen al 63 por ciento de la población desplazada por debajo de la línea de pobreza y al 30 por ciento en situación de pobreza extrema. Eso en un contexto en que la población desplazada supera los seis millones de personas, casi tres de cada veinte colombianos.
Las heridas psicológicas de la violencia y el desplazamiento son otra de las consecuencias desgarradoras del conflicto. Una cifra es reveladora: la tasa de prevalencia de síntomas críticos de depresión alcanza el 38% entre la población desplazada, casi cuatro veces el promedio nacional (Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015). Las investigaciones de Andrés Moya revelan que estas heridas psicológicas también tienen graves consecuencias socioeconómicas: la exposición a este tipo de eventos erosiona el desarrollo de habilidades socio-emocionales y cognitivos en jóvenes y niños, afectando sus decisiones económicas. Los estudios muestran que, al preguntar a una víctima directa del conflicto por su expectativa sobre su futuro económico en un horizonte de un año, la probabilidad de que ésta responda que su expectativa es ser pobre duplica la probabilidad de que una no víctima espere ser pobre. Esta desesperanza desestimula la toma de decisiones potencialmente rentables pero riesgosas, como el emprendimiento.
Los efectos de largo plazo del conflicto se extienden también a través de graves afectaciones al capital humano desde la temprana infancia y la juventud, incluso para niños que no han sido víctimas directas, o que ni siquiera han nacido. Un estudio de Adriana Camacho reveló que el estrés generado por la explosión de minas antipersona en su municipio de residencia afecta a mujeres en su primer trimestre de embarazo, reduciendo el peso al nacer de los bebés fruto de esos embarazos. En promedio, los niños nacidos en esos municipios dos trimestres luego de la explosión pesan ocho gramos menos que los bebés en municipios similares pero sin afectación directa de minas antipersona. El peso al nacer es una señal probada de la salud presente y futura del individuo, y los estimados de los que se dispone indican que esos ocho gramos perdidos corresponden a un incremento de la mortalidad neonatal de 0.38 por ciento y de la mortalidad infantil de 0.67, lo que corresponde a dos muertes adicionales al año de neonatos e infantes, atribuibles a las minas antipersona.
La exposición al conflicto conlleva también deserción escolar y trabajo infantil. Fabio Sánchez y Catherine Rodríguez han estimado que, en ausencia de violencia asociada al conflicto, los niños de áreas afectadas por el conflicto habrían alcanzado un año más de educación. El estimado sube a casi dos años cuando se enfocan en adolescentes. Un efecto muy significativo, correspondiente a casi 20% del nivel de educación que alcanzaron de manera efectiva. Ana María Ibáñez, Leopoldo Fergusson y Juan Felipe Riaño obtienen resultados cualitativos similares estudiando los efectos de “La Violencia” sobre la educación de los niños en municipios afectados. Pero, los efectos que encuentran son más débiles, del orden del 6% del nivel de educación usual (por oposición al 20%). Aunque diferencias en los enfoques metodológicos hacen imprecisa la comparación de las dos magnitudes, una hipótesis razonable es que la afectación más generalizada y duradera del conflicto de los últimos cincuenta años implique un efecto aún mayor sobre la educación de los niños que el observado en otros episodios violentos de la historia.
La larga duración y la extensión del conflicto colombiano en todo el territorio nacional hace que estas consecuencias se extiendan a una parte muy importante de la población. Todas afectan de manera grave directa la calidad de vida de las personas, y le suman a esas afectaciones otras indirectas e igualmente graves a través de la capacidad de generación de ingresos autónomos. La próxima entrega de este post revisará cuantificaciones de esos impactos económicos derivados desde la perspectiva del sector productivo. Por supuesto, ni la firma ni la aprobación popular, ni siquiera la efectiva implementación del acuerdo hacen que el conflicto y sus costos desaparezcan como por arte de magia. Conocer los costos del conflicto nos da una idea de los beneficios potenciales de llegar a la paz. Otros elementos de juicio serán necesarios para que cada quien estime cuánto de ese camino se puede recorrer aprobando los acuerdos de la Habana.
Por Marcela Eslava, con insumos y ayuda proveídos por Diego Amador, Leopoldo Fergusson, Ana María Ibáñez, Jorge Higinio Maldonado, Andrés Moya y Hernando Zuleta.
El resumen de arriba se refiere a los siguientes estudios (algunos con link a sus versiones de documento de trabajo):
Camacho, Adriana. 2008."Stress and Birth Weight: Evidence from Terrorist Attacks" American Economic Review p&p 98(2)pp. 511-15.DOI:10.1257/aer.98.2.511
Fergusson, Leopoldo, Ana María Ibáñez y Juan Felipe Riaño (2015) "Conflict, Educational Attainment and Structural Transformation: La Violencia in Colombia," Documento CEDE 2015-35
Carter, Michael y Andrés Moya. "Violence and the Formation of Hopelessness and Pessimistic Prospects of Upward Mobility in Colombia" . NBER Working Paper No. 20463.
Ibáñez, and A. Moya (2009). “Vulnerability of Victims of Civil Conflict: Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia”. World Development 38(4): 647-663.
Ibáñez, A.M., and Moya, A. (2007). “¿Cómo deteriora el desplazamiento forzado el bienestar de los hogares desplazados: Análisis y determinantes de bienestar en los municipios de recepción”, Coyuntura Social, 37:
29-62. Moya, A. “Violence, Mental Trauma, and Induced Changes in Risk Attitudes among the Internally Displaced Population in Colombia”
Rodríguez, Catherine y Fabio Sánchez, 2012. "Armed Conflict Exposure, Human Capital Investments, And Child Labor: Evidence From Colombia," Defence and Peace Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 23(2), pages 161-184, April.
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