por: María Carolina Ramírez B., mcramirez@larepublica.com.co
Cada colombiano tiene en su cabeza que el conflicto armado le ha traído grandes daños y costos económicos a la sociedad, pero cuando se le pregunta si puede cuantificarlos muy pocos tienen las cifras exactas o al menos un aproximado.
Un ejercicio realizado por la profesora de la Universidad de los Andes, la doctora en economía Marcela Eslava, da respuesta a cuánto ha costado el conflicto no solo en términos económicos como la producción, sino en aspectos sociales como la educación, la salud, el desempleo y problemas sicológicos.
Según Eslava, “este trabajo no es un análisis completo de todos los costos del conflicto sino una recopilación de los ejercicios que han realizado mis colegas en la Facultad de Economía”.
Después de analizar 25 documentos, se encuentran datos relevantes como los que muestra Ana María Ibáñez en su texto “El desplazamiento forzoso en Colombia: Un camino sin retorno”. En este se evidencia que el desplazamiento lleva a una pérdida de los activos productivos representado en el acceso a la tierra y esto hace que las personas dejen de ganar 50% en sus ingresos.
“Las cifras menos graves hablan de 63% de pobreza dentro de la población desplazada, esto quiere decir que la población desplazada duplica el promedio de pobreza nacional que es de 20% o 30%”, dijo Eslava sobre el trabajo de Ibáñez.
En cuanto al tema empresarial, uno de los costos del conflicto ha sido la desinversión y cierre de plantas. Según Eslava, un artículo realizado por Adriana Camacho y Catherine Rodríguez encontró que los ataques contra la población civil ocurridos en el marco del conflicto incrementan la probabilidad de que un establecimiento productivo decida abandonar el mercado. “Según mis cálculos a mano alzada, el tamaño de los efectos que estiman implica que, en un año promedio entre 1993 y 2008, los 50 municipios que experimentaron más ataques sobre la población civil vieron más que quintuplicada la probabilidad de desaparición de sus establecimientos productivos”.
Otro aspecto económico está evaluado en el trabajo de Eslava y Mauricio Cárdenas donde se concluye que el conflicto afecta la capacidad del estado traducida en la posibilidad para recolectar impuestos y la inversión en bienes públicos
“Las zonas de conflicto debido a los eventos de violencia pierden capacidad de recolección de impuestos comparados con municipios similares. Si un municipio tiene el doble de muertes asociadas con el conflicto pierde 10% de su ingreso tributario”, dijo Eslava.
Los costos sociales
Un estudio de Catherine Rodríguez dice que en la zona de conflicto los niños pierden la oportunidad de asistir un año más al colegio; es decir, llegan hasta cuarto de primaria pero no a quinto y esto en términos de ingresos quiere decir que a pesos de hoy dejarían de ganar $659.000 en un año (algo así como un salario mínimo mensual menos).
Por su parte, Adriana Camacho dice que en una mujer embarazada en una zona de conflicto con ataques de bombas o minas el bebe perdería ocho gramos frente a sus pares, lo que corresponden a un incremento de la mortalidad neonatal de 0,38% y de la mortalidad infantil de 0,67%.
Andrés Moya e Ibáñez, en otro trabajo sobre desplazamiento, aseguran que en zonas de conflicto hay un alza de los síntomas de trastorno sicológico. “La exposición a este tipo de eventos erosiona el desarrollo de habilidades socio-emocionales y cognitivos en jóvenes y niños, afectando sus decisiones económicas”.
Y los beneficios...
Si estos son algunos de los costos, los beneficios en el PIB los evalúa Marc Hofstetter, quien asegura que estos no serán del orden de los propuestos (entre 1% y 4,4%) sino menores y que se debe entender que “si la paz tuviera efectos sobre el crecimiento de la actividad económica no podrían ser eternos sino que exhibirían rendimientos decrecientes”. Así, los costo al parecer siguen superando a los beneficios.
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