La paz se siente, pero los viejos problemas también

razonpublica.com, Agosto 2016 , por Paola Chaves* - Fabio Andrés Díaz

 

 

Aun cuando las FARC desaparezcan van a quedar otros grupos armados,

así como las viejas prácticas políticas de los gobiernos locales, el clientelismo,

la corrupción y la desidia. Si esto no se resuelve, pronto estaremos

en otro ciclo de violencia.

Se ha hecho mucho, todavía falta

El histórico acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno y las FARC parece consolidar la posibilidad de poner fin al conflicto armado interno de Colombia. Este paso fue afianzado por el fallo favorable de la Corte Constitucional sobre el plebiscito para ratificar los acuerdos de La Habana. Y antes de él la tregua o cese al fuego unilateral por parte de las FARC seguida por el cese bilateral permitieron que los últimos diez meses fueran el período con menor intensidad de violencia en toda la historia del conflicto colombiano.

Lo anterior demuestra la eficacia de la vía negociada para salvar las vidas de muchos colombianos: soldados, guerrilleros y civiles por igual.  

Los acuerdos preliminares ya firmados en La Habana se ocupan principalmente de políticas y reforma agrarias, de participación política de los desmovilizados, de cultivos de uso ilícito y drogas, de medidas para reparar a las víctimas, y de mecanismos de justicia transicional. Los puntos que aún están en debate se refieren a los métodos para poner fin al conflicto, de los cuales el cese al fuego es tan solo un componente.

Problemas pendientes

Pero al lado del acuerdo con las FARC, hay tres aspectos fundamentales que siguen sin resolver y que exigen atención si se quiere la violencia se reduzca en su conjunto:

1. Otros actores del conflicto armado, como el ELN y el EPL, no se encuentran en procesos formales de negociación. Y además siguen activas otras organizaciones que operan al estilo de mafias o carteles de drogas (que antes se presentaban como paramilitares y que ahora son llamadas bandas criminales o bacrim).

Estas organizaciones no se adherirán necesariamente a los acuerdos entre el gobierno y las FARC y probablemente intentarán beneficiarse de los repliegues territoriales de esta guerrilla en algunas zonas del país. Incluso, en algunos casos, tratarán de sabotear los resultados de las negociaciones de manera similar a lo ocurrido tras la desmovilización del EPL a finales de la década de 1990.

La violencia de las FARC durante aquel decenio es un ejemplo del error que podría cometer el gobierno si no logra la paz con todos los grupos armados. A comienzos de esa década el EPL, la Corriente de Renovación Socialista (una disidencia del ELN), el Quintín Lame y el M-19 se desmovilizaron, pero las FARC no hicieron parte de este proceso de paz.

En un país con un área de más de un millón de kilómetros cuadrados, seguirá siendo fácil llevar a cabo operaciones violentas y por fuera del control del gobierno.

2. Los acuerdos en La Habana deberán ser interpretados y ejecutados en los departamentos por las instituciones regionales, a pesar de que estas presentan una capacidad precaria y no cuentan con recursos suficientes.

Es muy diciente que el 99 por ciento de las personas que nacen en estas zonas tengan oportunidades muy limitadas para mejorar sus condiciones de vida.

La capacidad institucional de Colombia está centralizada y es eficaz en las ciudades mayores, pero es muy débil en los departamentos y en las zonas marginales. Una gama de procesos políticos y sociales de carácter regional ha creado una brecha gigantesca entre los departamentos en el momento de atender las necesidades básicas de sus habitantes y asegurar la vigencia del Estado de derecho.  

Los mecanismos típicos para ejercer política a escala regional -el clientelismo, la corrupción, los padrinazgos, los carruseles de contratación- no han permitido el cumplimiento efectivo de los mandatos y el hacer realidad la visión de la Constitución de 1991.  

3. Todavía está viva la influencia de grupos armados de izquierda y de derecha sobre muchas instituciones públicas. Por ejemplo, entre 2006 y 2010 el Senado tuvo un 30 por ciento de integrantes que llegaron apoyados o fueron representantes de grupos paramilitares.

Proscribir términos como paramilitares o paramilitarismo (para usar en su lugar el término “bacrim”) es esconder debajo de la alfombra el hecho de que estos grupos todavía representan una red de intereses y poderes cuyo fin principal es mantener el statu quo, y que han permitido a algunos sectores monopolizar el poder político y económico en diferentes regiones del país.

La existencia de estos grupos armados reduce los espacios para aquellos movimientos políticos y sociales de derecha o de izquierda que no utilizan armas (ni las guerrillas ni lo paramilitares permiten que fuerzas o grupos opositores ejerzan la política en sus zonas de influencia).

El uso de la fuerza como recurso político es un legado propio de la historia colombiana: desde los “pájaros” y la “chusma” de los años cincuenta, hasta las AUC y los paramilitares de los noventa, han tenido apoyo institucional, por acción o por omisión. La mayor diferencia entre los movimientos armados de derecha y de izquierda de hoy radica en que los primeros trabajan en alianza con los gobiernos locales, mientras que los segundos se oponen a ellos. Pero mientras existan grupos armados aliados con sectores de los gobiernos locales, nuevos grupos armados encontrarán razones para emerger y defender los derechos de sus “constituyentes”, aunque muten bajo nuevos nombres y franquicias de la violencia.

La paz territorial

La persistencia de varios grupos armados, de las prácticas corruptas en los gobiernos locales y de la unión entre esos grupos y algunas autoridades, son motivos suficientes para que el alto comisionado para la paz en Colombia insista sobre la necesidad de entender que el cumplimiento de los acuerdos en la escala regional es una fase esencial del posconflicto.

Por eso la pregunta importante sigue siendo la de cómo construir capacidad administrativa en un ambiente donde varios actores legales e ilegales están involucrados en actos de corrupción y violencia.  

Es preciso que el Estado establezca una presencia sólida en todos los territorios, más allá de lo meramente militar. Pero lograr esto será un gran reto. Más recursos y personal van a ser necesarios en las regiones. De hecho, los congresistas han estado debatiendo sobre los costos y recursos necesarios para financiar las diferentes iniciativas y la expansión del Estado.

Por supuesto no se deben ignorar los logros de los diferentes organismos gubernamentales a pesar de sus recursos limitados. Por ejemplo la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) ha logrado establecer sólidas políticas para la desmovilización y reintegración de excombatientes. Pero esta y otras instituciones similares son administradas desde Bogotá. En las regiones, la corrupción se cierne y da lugar a casos como el de La Guajira, donde las transferencias del gobierno en 2015 fueron de 266 millones de dólares, mientras que niños siguen muriendo de hambre. Y este caso es apenas sintomático.

De hecho, algunos políticos ya están preguntando abiertamente cuál será su ganancia de los fondos asignados para la ejecución de los acuerdos de paz. Por tanto existe el riesgo de que la paz y los recursos para apoyarla acaben por alimentar el mismo sistema político que produjo la guerrilla, los paramilitares y las mafias. En última instancia, la guerra y los grupos armados son más un síntoma que la causa de los problemas de la estructura política colombiana.

En este contexto, instituciones como el Ministerio para el Posconflicto son necesarias y fundamentales. Sin embargo, a pesar de los anuncios iniciales, las responsabilidades de este Ministerio parecen haber quedado reducidas a una mera función de asesoramiento. Limitar la capacidad del Ministerio es desperdiciar el conocimiento y la experiencia que el ministro Rafael Pardo ha tenido en torno a la paz y la guerra en Colombia durante más de tres décadas.

A construir Estado

Entonces, ¿cómo se llevará a cabo la coordinación de las iniciativas para cumplir los acuerdos de paz y los recursos para apoyarlas? ¿Cómo se ejecutará la paz en la práctica? Creer que el Estado se puede construir a través de consultores es un error sistemático de política pública que Colombia no se puede permitir.

La capacidad del Estado colombiano para asignar recursos y personal durante los próximos 20 años va a definir el éxito de las iniciativas de paz y los acuerdos alcanzados con las FARC. Si esto falla, en algunos años vamos a utilizar otro acrónimo para describir un nuevo grupo armado que emergerá como un subproducto de la corrupción y la falta de capacidad del Estado después de los acuerdos con las FARC. Ignorar esto es ignorar nuestra propia historia y sus lecciones, una vez más.

* Comunicadora social, candidata a doctorado en Comunicación Estratégica de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos.

** Investigador asociado en el Departamento de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rhodes en Sudáfrica.