Aunque la crisis fiscal estaba ya cantada, el gobierno aplazó la inaplazable “reforma tributaria estructural”. Y ahora se han sumado los grandes costos del Acuerdo de La Habana, para los cuales no ha reservado ni un centavo.
Juan Camilo Restrepo*
Demora imperdonable
Todo ha quedado acordado en La Habana y ahora se nos dice que falta apenas la ratificación popular de los acuerdos. Pero además del plebiscito que les daría legitimidad política, hay que poner en marcha los dispositivos para financiar los programas y reformas que acaban de acordarse.
Por eso preocupa constatar que la negociación de los acuerdos de paz ha ido a un ritmo, mientras que la financiación del posconflicto va a otro completamente diferente. Peor todavía: es asombroso constatar el grado de deterioro en que se han dejado caer las finanzas públicas del país por parte del Ministerio de Hacienda.
La caída de los precios del petróleo se conocía desde hace por lo menos dos años. La llamada reforma tributaria integral debió haber sido presentada desde entonces. Pero no se hizo así. Lo que se hizo en el 2014 fue tramitar una reforma improvisada y facilista que elevó los niveles corporativos de tributación a niveles exorbitantes. Ahora, tardíamente, se prepara a las carreras una reforma tributaria que, además, va a coincidir cronológicamente con la votación del plebiscito y de la legislación complementaria del llamado “fast track”.
Pésimo coctel para la ciudadanía: paz y reforma tributaria al mismo tiempo
Unos pocos datos ilustran, entre otros muchos, la debilidad presupuestal con que nos sorprende la iniciación del cumplimiento de los compromisos financieros que se derivan de los acuerdos de La Habana:
- Un estudio de Fedesarrollo para la Misión Rural sobre el costo que puede llegar a tener un programa agrario muy similar al acordado en el punto número uno de La Habana, indica que su valor ascendería a un punto del PIB por año (adicional a lo que hoy se está ejecutando), es decir, unos 8 billones de pesos anuales: no hay por el momento un solo centavo presupuestado para tal efecto durante el primer año del posconflicto que es clave.
- En el proyecto de presupuesto para el 2017 que radicó recientemente el gobierno ante el Congreso el sector agropecuario -en vez de ver aumentadas sus apropiaciones para el año en que comienza el posconflicto, en el cual deberá ser un protagonista de primera línea- recibe un despiadado e incomprensible recorte del 41 por ciento con relación a las apropiaciones que se le habían asignado en el 2016.
- Uno de los compromisos en el Acuerdo de La Habana es el de montar el llamado catastro multipropósito. Necesidad esta inaplazable para actualizar el catastro rural que tan atrasado está en Colombia, lo mismo que para ejecutar unas políticas públicas de formalización de tierras (7 millones de hectáreas a lo largo de los próximos diez años, según reza el Acuerdo). Según planeación nacional el montaje de este proyecto tiene un costo de 2,5 billones de pesos. Pero no hay un solo centavo previsto para tal efecto.
- Las agencias encargadas de jalonar el desarrollo rural en los próximos años (la agencia de tierras y la del desarrollo del agro) sucesoras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), nacen a la vida institucional con unas disponibilidades presupuestales irrisorias para la magnitud de la tarea que les corresponde liderar.
- Montar el solo aparataje de la justicia especial de la paz, y sin contar los costos que para el erario público demandará el resarcimiento de las víctimas, puede llegar a tener un costo, según la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, del orden de dos billones de pesos. Ni un centavo de los cuales está previsto hasta el momento, a pesar de que, aprobado el plebiscito, su organización debe empezar inmediatamente.
Y así podríamos seguir enumerando infinidad de puntos de los acuerdos de La Habana cuya financiación está en el aire.
Plata del gringo
Y algunos dirán: es que con la cooperación internacional vamos a financiar el posconflicto. Nada más alejado de la realidad.
Según declaraciones que hace algunas semanas ofreció Rafael Pardo a El Espectador, en el mejor de los casos la ayuda internacional que se ha venido solicitando con ahínco no cubrirá más allá del 5 por ciento de los costos del posconflicto. Será apenas una fracción, útil desde luego, pero una fracción menor de dichos costos.
Lo cual además está bien que así sea: por razones de dignidad nacional no podríamos aceptar que después de una paz tan arduamente trabajada para Colombia, la financiación del posconflicto que ella comporta fuera a ser atendida en su totalidad por los extranjeros.
En suma: además de otros serios interrogantes en que nos ha sumido el deterioro de las finanzas públicas en que hemos caído por no haber tramitado a tiempo una reforma tributarias, ahora nos vemos frente al grave predicamento de que los recursos para financiar el posconflicto están en veremos. Y un “veremos” altamente incierto.
La reforma anunciada
¿Qué elementos contendrá la nueva reforma tributaria? No lo sabemos aún con certeza. El gobierno no ha destapado sus cartas. Sin embargo, si juzgamos por los informes que ha recibido el gobierno (de la comisión de expertos, del BID, del Banco Mundial y de la OCDE) el menú de la próxima reforma incluirá: rebaja de las tarifas empresariales que quedaron fijadas a niveles inconvenientemente altos en el 2014, elevación de tarifas para personas naturales, más IVA tanto en tarifa promedio como en ampliación de base, gravar dividendos, meter en cintura ciertas entidades sin ánimo de lucro, mejor control de la evasión con una reestructuración profunda de la Dian.
Los niveles de evasión, según el informe de la comisión de expertos, están llegando al escandaloso 40 por ciento tanto en renta como en IVA. Y si es posible, también debería incluir una reforma profunda a la tributación de departamentos y municipios que hace más de 30 años no se actualiza.
No es una reforma fácil ni políticamente pacífica. Tendrá, si es seria, que pisar muchos callos y requerirá de mucho coraje político para imponerla. ¿Habrá ese coraje político?
Se ha dicho que la reforma se presentará durante la primera quincena de octubre, inmediatamente después de que se haya votado el plebiscito. Y el presidente Santos ha prometido que no se “pupitriará” en el debate parlamentario. Ojalá que así sea. Está mucho en juego.
Igualmente, el Congreso debería entender que es el momento, como decía “el cofrade” Alfonso Palacio Rudas, de no tragar entero. Está de por medio la estructura fiscal del país, algo muy serio. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿habrá tiempo para discutir y tramitar algo serio; o el gobierno acabará por solicitar solidaridades políticas para que le aprueben la reforma sin mayor discusión? Sería muy grave que no lo hubiera.
Lo que es evidente es que la reforma tiene forzosamente que ser aprobada en el último trimestre del 2016 para que pueda ser recaudada en el 2017. De no ser así su recaudo se quedaría para el 2018, cuando ya sería muy tarde. Repito que el origen de toda esta inconveniente confluencia de tiempos entre plebiscito y lo tributario viene de la equivocada percepción del Ministerio de Hacienda que dejó las cosas para última hora. Pero no hay infortunadamente otra alternativa.
Vendrá pues, precipitadamente, una reforma tributaria para ser discutida y aprobada en el último trimestre del 2017. ¿Alcanzará su producido para colmar el déficit fiscal que sigue creciendo; para recomponer los niveles de inversión pública que el país requiere para que no se paralice como los que aparecen en el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2017; y para empezar a atender los compromisos adquiridos en La Habana?
Tales son los interrogantes mayúsculos que plantean las finanzas públicas del país en estos momentos.
Infinidad de puntos de los acuerdos de la Habana cuya financiación está en el aire.
*Cofundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
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