eltiempo.com, 06 de septiembre 2019
No es exagerado decir que la crisis de la salud es una de las principales
preocupaciones que tenemos los colombianos. Nos hemos acostumbrado a las ruedas
de prensa en las que se anuncia la intervención de una EPS, las imágenes de los
trabajadores de algún hospital público que reclaman el pago de sus salarios, o
las entrevistas a los usuarios a los que se les ha negado algún servicio o,
cuando menos, llevan meses esperándolo. Esto pasa todos los días. La salud está
en ‘cuidados intensivos’ es lo que se oye a diario.
Al mismo tiempo hay otra verdad. Una verdad que no parece posible en ese
mar de descontento. Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud de
América Latina, y probablemente del mundo en desarrollo. Suena como una frase
de cajón desconectada de la realidad. Pero lo interesante es que es
absolutamente cierta.
¿Cómo reconciliar estas dos verdades? ¿Es posible que algo tan bueno coexista con algo tan malo? ¿Podrá una de las dos narrativas acabar imponiéndosele a la otra?
En cualquier escenario internacional abundan los elogios al sistema de salud colombiano. La razón es que Colombia ha logrado en muy poco tiempo darle aseguramiento al 98 por ciento de la población, con un amplio plan de beneficios que es igual para todos, y además con un sistema que permite cubrir los tratamientos no incluidos en dicho plan si los médicos lo recomiendan.
"No es aceptable que una EPS cobre el doble por el mismo medicamento que
otra, pero eso no quiere decir que haya que refundar y estatizar el sistema,
como propone la izquierda en cada elección"
Muchos países avanzados, como Estados Unidos, todavía dejan a mucha gente
sin un seguro de salud porque no logran ponerse de acuerdo en el nivel de
solidaridad que esto requiere.
Y la verdad es que las cifras colombianas son impactantes. La cobertura universal se alcanzó en 2015. Pero, más impresionante aún, debido a una serie de decisiones judiciales, legales y, sobre todo, presupuestales, el plan de beneficios del régimen subsidiado –que reciben los colombianos de bajos ingresos– se equiparó al del régimen contributivo, que cubre a las personas con un empleo formal que aportan 4 por ciento de su salario a la salud.
Que cualquier colombiano tomado al azar pueda recibir la misma atención, incluyendo los tratamientos más avanzados, es algo digno de admiración en el mundo entero.
Llegar a este punto no ha sido fácil. No hace mucho, entre 2010 y 2012, cuando la cobertura no era universal y el plan de beneficios del régimen subsidiado era muy limitado, el aseguramiento en salud costaba aproximadamente 20 billones de pesos al año (en pesos de 2015). Este año costará 45 billones (también en pesos de 2015). Es decir, más del doble en menos de una década que no ha sido precisamente la de mayor holgura fiscal.
Además, este aumento tan significativo en los recursos asignados a la salud ocurrió justamente cuando –en virtud de la Ley 1607 de 2012– las empresas dejaron de pagar 8,5 por ciento del valor de sus nóminas para financiar la salud de los trabajadores. Esto se hizo para darle competitividad a la economía cuando los ingresos petroleros lo permitían. Lo admirable es que se haya podido sostener después de la caída del petróleo.
Es cierto que el sistema colombiano de salud es un ejemplo global. Y lo es también que está en crisis. Aunque el sistema es infinitamente mejor ahora que antes, las expectativas exceden con creces la capacidad. Prueba de ello es que, según la Defensoría, en 2018 se interpusieron 207.734 tutelas (34 por ciento del total), una cada 2,5 minutos, para asegurar la prestación de un servicio de salud. Esto quiere decir que los usuarios todavía tienen que apelar a una acción judicial para recibir un beneficio.
Entonces, ¿cuál es la solución? Esto se resuelve mejorando el funcionamiento de las EPS, que las hay buenas y malas, pero no cerrándolas ni interviniéndolas a todas. No es aceptable que una EPS cobre el doble por el mismo medicamento que otra, pero eso no quiere decir que haya que refundar y estatizar el sistema, como propone la izquierda en cada elección.
Y la verdad es que las cifras colombianas son impactantes. La cobertura universal se alcanzó en 2015. Pero, más impresionante aún, debido a una serie de decisiones judiciales, legales y, sobre todo, presupuestales, el plan de beneficios del régimen subsidiado –que reciben los colombianos de bajos ingresos– se equiparó al del régimen contributivo, que cubre a las personas con un empleo formal que aportan 4 por ciento de su salario a la salud.
Que cualquier colombiano tomado al azar pueda recibir la misma atención, incluyendo los tratamientos más avanzados, es algo digno de admiración en el mundo entero.
Llegar a este punto no ha sido fácil. No hace mucho, entre 2010 y 2012, cuando la cobertura no era universal y el plan de beneficios del régimen subsidiado era muy limitado, el aseguramiento en salud costaba aproximadamente 20 billones de pesos al año (en pesos de 2015). Este año costará 45 billones (también en pesos de 2015). Es decir, más del doble en menos de una década que no ha sido precisamente la de mayor holgura fiscal.
Además, este aumento tan significativo en los recursos asignados a la salud ocurrió justamente cuando –en virtud de la Ley 1607 de 2012– las empresas dejaron de pagar 8,5 por ciento del valor de sus nóminas para financiar la salud de los trabajadores. Esto se hizo para darle competitividad a la economía cuando los ingresos petroleros lo permitían. Lo admirable es que se haya podido sostener después de la caída del petróleo.
Es cierto que el sistema colombiano de salud es un ejemplo global. Y lo es también que está en crisis. Aunque el sistema es infinitamente mejor ahora que antes, las expectativas exceden con creces la capacidad. Prueba de ello es que, según la Defensoría, en 2018 se interpusieron 207.734 tutelas (34 por ciento del total), una cada 2,5 minutos, para asegurar la prestación de un servicio de salud. Esto quiere decir que los usuarios todavía tienen que apelar a una acción judicial para recibir un beneficio.
Entonces, ¿cuál es la solución? Esto se resuelve mejorando el funcionamiento de las EPS, que las hay buenas y malas, pero no cerrándolas ni interviniéndolas a todas. No es aceptable que una EPS cobre el doble por el mismo medicamento que otra, pero eso no quiere decir que haya que refundar y estatizar el sistema, como propone la izquierda en cada elección.
Lo que hay que hacer es seguir
perfeccionándolo, como afortunadamente se ha hecho hasta ahora. Así, la
narrativa del éxito acabará imponiéndosele a la de la crisis, al revés de lo
que ocurriría si regresamos al pasado.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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