Hace pocos días se aprobó en
último debate de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que permite el
regreso de la Historia como clase obligatoria. La noticia entusiasma, al tiempo
que abre importantes espacios de reflexión de cara al momento que vive el país
y al tipo de historia que se enseñaría en dicha asignatura.
El
proyecto de ley fue presentado por la senadora del Partido Liberal, Viviane
Morales, y recoge no sólo una exigencia manifestada durante años por parte del
magisterio, sino que también aborda, de manera crítica y sustentada, los
principales debates que se han dado alrededor de este tema. En este sentido,
resulta importante destacar los aspectos más relevantes del proyecto, así como
sus retos.
Por
un lado, entre los aspectos más relevantes del proyecto propuesto por la
senadora está la autonomía que tendrá la asignatura de Historia en relación con
la actual clase existente de Ciencias Sociales. Adicionalmente, establece
contenidos que resultan fundamentales en relación con el posconflicto, como la
memoria histórica, pues entre los tres objetivos que se establecieron en el
artículo 1, se plantea que esta materia debe: “Promover la formación de una
memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país”.
Y más adelante plantea que: “Los estudios históricos pondrán énfasis en la
memoria de las dinámicas de conflicto y paz que ha vivido la sociedad
colombiana, orientados a la formación de la capacidad reflexiva sobre la
convivencia, la reconciliación y el mantenimiento de una paz duradera”.
Ahora
bien, este énfasis en la relación entre los contenidos y los objetivos que debe
tener la nueva clase de Historia debería suprimir la Cátedra de la Paz
reglamentada en mayo de 2015 y que entró en vigencia en enero de 2016. Pues
durante años ante la ausencia de una clase que abordara la historia nacional,
se fueron creando un importante número de cátedras que deberían contenerse de
manera concreta y no transversal en la nueva asignatura.
Por otro lado, el artículo 8, del proyecto de ley,
crea la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la
enseñanza de la Historia, que será un órgano consultivo en relación
con el currículo y tendrá una composición de amplios sectores del sector
educativo y académico. Esta comisión es fundamental para que el currículo de
una clase de Historia no se congele en el tiempo, sino que responda a las
dinámicas de una realidad nacional cambiante.
Después
de los ocho artículos que hacen parte del proyecto de ley, el documento
presentado por la senadora liberal tiene cerca de 30 páginas, en las que
justifica de manera rigurosa el porqué de la necesidad de la nueva asignatura.
Entre los elementos destacados, se encuentra una mirada novedosa sobre “la
Historia como memoria del conflicto para la construcción de paz”. En este
apartado se incluyen conceptos novedosos como el perdón, la verdad y su
relación con la justicia, así como una comprensión amplia de las formas de
dicha justicia en términos de restauración.
En este orden, la noción de historia planteada en el proyecto de ley se
ubica de acuerdo a las necesidades que reclama el posconflicto, en donde los
estudiantes no ven la historia como algo distante, inmodificable y en donde los
ciudadanos no tienen agencia, sino que los ubica como actores y responsables de
la misma historia.
Quedarán muchos temas por discutir sobre esta implementación
en relación con las prácticas pedagógicas, los recursos didácticos que
materialicen estas prácticas y, sobre todo, la responsabilidad de los docentes
que no deben hacer de la enseñanza de la historia en los colegios un campo de
disputa de carácter ideológico.
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