Si de algo podemos hablar mucho los colombianos es de la corrupción: cualquier conversación simple de pasillo da para alentar un debate hecho a ciegas: creemos que nuestros políticos (por los que votamos, en un remedo de círculo vicioso de la opinión) ejercen una corrupción transversal en sus gestiones.
Pensamos, también, tal vez de una forma mucho más acertada y precisa, que las conductas mínimas de violación de normas van ascendiendo en la sociedad, no solamente en los cargos de las personas sino en el nivel de responsabilidad.
El “Índice de transparencia nacional 2013-2014”, elaborado por Transparencia por Colombia, podría ayudarnos a centrar el debate en algo más oficioso: podría generar mucho más provecho que una simple queja reiterada y vacía. Harto es lo que hay en el estudio para usar de aquí en adelante en las políticas públicas: midió el riesgo de corrupción en 85 entidades del orden nacional y 62 de educación superior.
Los datos ayudan. El promedio general de estas calificaciones alcanzó unos preocupantes 67,4 puntos de 100, lo que da a entender un nivel de riesgo medio de corrupción, siendo menor en organismos autónomos que se encargan de controlar y vigilar (acá podemos contar a la Procuraduría, la Contraloría, el Banco de la República) y mayor en las ramas Judicial y Llegislativa. Si la primera preocupa (59,1 sobre 100), la segunda da vergüenza (34,9 sobre 100).
Vamos por más. En el fondo del sondeo se encuentran las entidades que, con nombre propio, tienen un alto riesgo de corrupción. A saber, la Cámara de Representantes (24,3), el Senado (45,4), el en buena hora eliminado Consejo Superior de la Judicatura (49,8), el Ejército Nacional (51,2), la Agencia Nacional de Contratación Pública (52,0), el Ministerio de Agricultura (52,1), la Agencia Nacional de Minería (52,9), el Bienestar Familiar (53,8), el Instituto Nacional de Salud (55,6) el Incoder (56) y el Inpec (57,7).
Cosa que se transforma en palabras de la siguiente manera: quienes hacen nuestras leyes, protegen la seguridad nacional, adjudican los contratos públicos, definen las políticas para el agro, otorgan licencias mineras y protegen a los menores de edad, entre otros deberes, tienen un alto riesgo de cometer conductas corruptas en el día a día. Y eso es grave. Es todo un abanico de entidades que hacen cosas fundamentales para el desarrollo de un Estado.
No queremos decir con esto que, como al Consejo Superior de la Judicatura (que es un caso muy especial, con particularidades propias), a todas las demás entidades haya que eliminarlas de un plumazo para dar paso a unas nuevas. Lo que hay que acabar es la cultura institucional que las rodea, esa que se les pone encima como un lastre. Dicho de otro modo: el esquema debe ser diseñado a prevención, evitando cualquier tipo de sospechas.
Para ello son necesarias al menos tres cosas básicas: hay que generar una capacidad institucional para hacer públicas (y comprensibles, y de fácil acceso) las políticas, los procedimientos y las decisiones que toman estas entidades a la hora de contratar gente. Hay que responder al ciudadano sus quejas y sus derechos de petición de forma oportuna, porque se trata de un derecho fundamental. Hay que capacitar a los funcionarios de todos los niveles en temas como planificación, participación ciudadana, lucha contra la corrupción y talento humano.
El riesgo latente apremia: manos a la obra.
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