razonpublica.com, por Hernando Gómez Buendía, Lunes, 26 Enero 2015
Constituyente, “congresito”, referendo, papeleta adicional....o no hacer nada. Qué hay detrás de las propuestas para que el pueblo refrende los acuerdos de paz, y por qué se enreda tanto nuestra clase dirigente.
Mala idea
Aun cuando faltan los puntos más difíciles (en especial el de perdón o cárcel para los ex guerrilleros) y aun cuando la firma puede demorar bastante, hoy casi todo mundo piensa que el gobierno y las FARC llegarán a un acuerdo “final” para acabar el conflicto. Pero entonces podría esperarnos el paso más complicado: la ratificación del acuerdo por parte de los ciudadanos.
Yo creo que ese paso no es en verdad necesario, y que las fórmulas posibles para darlo son conceptualmente erróneas y peligrosas para tirios y troyanos.
Yo creo que ese paso no es en verdad necesario, y que las fórmulas posibles para darlo son conceptualmente erróneas y peligrosas para tirios y troyanos. Entiendo sin embargo el atractivo conceptual y político que hay en pedir que el pueblo soberano – como repite al presidente Santos- “tenga la última palabra” sobre un asunto de tanta trascendencia. Y en todo caso el gobierno, las FARC, los partidos y la opinión coinciden hoy en que este paso debe darse, de manera que en este y en un próximo artículo me propongo ofrecer algunas luces sobre los qué, los por qué y los cómo de la refrendación popular del acuerdo de La Habana.
La derrota
Para quienes creemos en la paz negociada, para las FARC y (al menos en principio) también para el gobierno, una derrota del acuerdo en las urnas sería un revés supremamente duro. Salvo en el caso improbable de que las FARC dejen las armas antes de que el acuerdo “final” llegue a ser definitivo, esta derrota implicaría que la guerra prosiga con todos sus horrores, que los guerrilleros no pudieran volver a la política, y que se hundiera el proyecto histórico de Santos.
Y sin embargo el pueblo colombiano no parece dispuesto a refrendar el acuerdo:
· Por una parte está la minoría “dura¨ que simplemente se opone a negociar y cree que el camino es seguir la escalada militar hasta extinguir la guerrilla.
· También están los que ganan con la guerra, o los que tienen que perder con los puntos concretos del acuerdo (tierras, verdad histórica, apertura política…).
· Y sobre todo está la mayoría que muestran las encuestas, la que desea “paz sin impunidad” es decir, la que pretende negociar la paz sin costo alguno.
Ética, democracia e historia
En términos analíticos, estamos pues ante un problema complicado:
· Primero y ante todo, estamos ante el infantilismo moral de la mayoría de los colombianos. La ética de los adultos se basa en reconocer que los valores son diversos y no siempre compatibles (es el “pluralismo moral”, o incluso el “politeísmo axiológico” del que hablan los filósofos). La libertad, la responsabilidad y la dificultad de un juicio o una decisión ética consisten precisamente en sacrificar algo -o mucho- de un valor para logar otro valor (justiciaversus paz, en este caso).
· Segundo -y también de fondo- estamos ante el peor riesgo de la democracia: que la mayoría puede (y hasta suele) equivocarse, o que la gente vota por motivos que (al teórico) le parecen deleznables. Esta dificultad -tan vieja como Platón- es la crítica más seria que se ha hecho al sistema democrático y la mejor defensa del elitismo o del autoritarismo. Pero en el aquí y ahora de la política colombiana, este hecho justifica el temor de someter el acuerdo al voto popular -y explica las maniobras de todos los sectores para encauzar o pre-orientar ese voto hacia el “sí” o hacia el “no”.
· Tercero, estamos ante el desafío de traer al centro del sistema político un conflicto que siempre fue marginal al sistema político. Me explico: lo raro -y lo esencial- del “caso” colombiano consiste en que las FARC-EP son un “ejército del pueblo” al que detesta el pueblo o, como dije en otra parte, que “las FARC son un gigante militar y un enano político”. Este hecho (que explica la duración, degradación y dificultad para salir del conflicto) viene ahora a complicar la refrendación popular del acuerdo: (1) porque el repudio masivo de las FARC sesga de entrada a los votantes hacia el “no”, y (2) porque la mayoría de la gente no se siente representada o implicada en asuntos que afectan sobre todo a las “regiones apartadas” (combates, muertos, tierras, cultivos ilegales…); para apretarlo en otra frase: la refrendación popular implica que quienes decidirán no tienen mucho interés en el asunto.
Esa “rareza” del caso colombiano condiciona y afecta el alcance y las implicaciones de cada una de las fórmulas en boga para que el pueblo “diga la última palabra” sobre el Acuerdo de La Habana. Por razones de extensión, me ocuparé ahora de la constituyente y el “congresito” es decir, de la “refrendación” mediante un cuerpo colegiado. En una próxima edición volveré sobre el voto popular directo (referendo, papeleta adicional…), y sobre la opción que a mi modo de ver es la mejor: no refrendar el acuerdo.
 Puesto de votación en el departamento del Chocó. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil |
La propuesta de las FARC
El forcejeo sobre cómo hacer que el pueblo “tenga la última palabra” viene de mucho antes del proceso de La Habana.
Jacobo Arenas, cofundador de las FARC, habló a menudo de una constituyente, inspirada a su modo en la Asamblea francesa de 1789 o en la duma rusa de 1917, cuerpos estos que sirvieron como antesalas de aquellas revoluciones; y en 1993, durante su Octava Conferencia Nacional, las FARCformalizaron la idea de una Asamblea Nacional Constituyente que diera vida al “Gobierno de Reconstrucción y Reconciliación Nacional”.
Estamos ante el desafío de traer al centro del sistema político un conflicto que siempre fue marginal al sistema político.
Dado el peso obsesivo de la historia en su modo de pensar, no es extraño que las FARC sigan hablando de la constituyente como el “mecanismo para la refrendación de los acuerdos” previsto como punto 6.6 de su Acuerdo inicial con el gobierno Santos. En diciembre de 2013, la delegación de la guerrillapropuso que esa asamblea – de 141 miembros- estuviera integrada por
· Las FARC, con un número pre-asignado (y por supuesto elevado) de curules;
· Representantes elegidos en “circunscripciones especiales” por los campesinos, indígenas y afros, sindicatos, víctimas del conflicto, militares retirados, mujeres “organizadas”, estudiantes, LGTBI y colombianos “residentes, refugiados o exiliados en el exterior”, y
· “Los demás miembros escogidos a través de elección general y directa”.
Si añadimos que “la Constitución resultante de esta asamblea será el verdadero tratado de paz”, queda claro que las FARC siguen pensando en un cuerpo donde tengan mayoría -o por lo menos muchísimo poder- y que además pueda hacer reformas más allá de los acuerdos de La Habana. Solo que ahora la idea es todavía menos realista que en los tiempos de Jacobo Arenas:
· Porque las FARC están debilitadas, y no pueden aspirar a demasiados escaños;
· Porque la Constitución (artículo 376) expresamente exige que una constituyente sea “elegida por el voto directo de los ciudadanos”- no por las organizaciones sociales- y, sobre todo,
· Porque los acuerdos temáticos de La Habana precisamente sustituyen la Asamblea (vale decir que si los acuerdos son obligatorios sobra la constituyente, y si la constituyente es soberana sobran los acuerdos).
Las propuestas de Uribe
Pero sucede que en Colombia la oposición no es la izquierda sino Uribe, y que una asamblea constituyente le serviría mucho a él. Uribe también tiene su historia, que pasa por la propuesta de una constituyente para reformar la justicia y -de modo más directo- para que le autorice una nuevareelección presidencial. Por eso al senador le sonó muy bien la idea de una “asamblea libre para aprobar, improbar o modificar los acuerdos”- pero cargando los dados en contra del acuerdo y de las FARC, porque su constituyente:
· “Tomaría decisiones en salvaguardia de los valores democráticos”
· Sesionaría “siempre y cuando el grupo terrorista hubiera ya entregado las armas”- y, sobre todo,
· Sería elegida por el voto directo de los ciudadanos, quizá con un modesto cupo para los ex guerrilleros.
Lo de la nueva reelección puede esperar, pero ahora existe el riesgo de que una constituyente desbordara su mandato (como pasó con la de 1991), de manera que Uribe decidió cambiar la asamblea por un “un órgano legislativo transitorio, de elección popular, con la previa y verificada entrega de armas y desmovilización de la Farc, sin la posibilidad de que participen responsables de crímenes atroces, para la discusión, aprobación, rechazo o modificación de los acuerdos de La Habana”.
El “congresito” de Uribe mantiene pues las cargas en los dados, y les agrega otras dos:
· Que los acuerdos no podrán modificar ni conducir a cambios en la Constitución,
· Que las FARC no podrán incluir en su bancada a los autores de crímenes atroces.
Coincidencias y contrastes
La guerrilla y Uribe coinciden pues en buscar un escenario distinto de la mesa de La Habana para ampliar los acuerdos (las FARC) o para recortarlos (Uribe), de manera que su interés esencial es el mismo: tener la mayoría o el control de la constituyente o congresito.
· El cálculo de las FARC es evidente: sus delegados y los voceros de los movimientos populares tendrían la voz cantante (y la posibilidad de escribir otra Constitución);
· Los cálculos de Uribe son más sofisticados. El voto popular daría una gran mayoría a los partidos de centro-derecha. Lo que es más importante: la abstención sería altísima porque las maquinarias no se mueven por ideas (como se vio en 1991- la menor tasa de votación en la historia-), el “voto de opinión” decidiría, y la bancada de Uribe sería enorme. Con esta añadidura: que la abstención para un congresito sería aún mayor que para una constituyente, porque tendría poderes más limitados.
Uribe y las FARC también coinciden en que un grupo organizado, aún minoritario, pesa mucho en un cuerpo colegiado. Pero sus vías contrapuestas para agrandar o “inflar” sus bancadas respectivas reflejan la “rareza” del conflicto colombiano: las FARC tratando de cambiar su fuerza militar por el apoyo de los movimientos populares, Uribe pretendiendo que el sistema político siga impidiendo la solución negociada de un conflicto que desde siempre ha sido marginal al sistema político.
En su defensa de un cuerpo colegiado, las FARC y Uribe coinciden además en señalar que el texto del acuerdo es demasiado extenso, complejo e importante como para votarlo con un simple “sí” o “no”.
Lo cual nos trae a la coincidencia final entre la extrema izquierda y la derecha: que ambas quieren brincarse las reglas de juego y ambas quieren quedarse con toda la tajada. Para convocar la constituyente de las FARC o el congresito de Uribe habría que saltarse la Constitución; y tanto el uno como el otro aspiran a re-escribir el acuerdo, no a que el “pueblo” lo “refrende”.
Las vivezas o trampas de las FARC y de Uribe no implican por supuesto que Santos y su gente sean ciegos ni mansos. Pero este asunto amerita otro artículo.
*Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.
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