laorejaroja.com, 2018-12-04
POR: Armando López Upegui
Néstor Humberto Martínez Neira no es más que la punta de un monstruoso iceberg. Quienes están detrás de él, quienes lo sostienen, lo patrocinan, lo impulsan, lo aprestigian, son los dueños del capital.
¿Qué tanto podrán lograr los senadores Robledo, Petro y Lozano, entre otros, en su combate contra la corrupción empotrada en la Fiscalía General de la Nación y, concretamente, en cabeza del Fiscal Néstor Humberto Martínez Neira? Infortunadamente, no mucho. Dos premisas bastan para sustentar esta afirmación:
La primera: la corrupción en Colombia no solo no es nueva, sino que posee una larga trayectoria en las diversas esferas de la vida social, pero sobre todo en la política y, además, sus medidas son inconmensurables.
La segunda: Néstor Humberto Martínez Neira, Fiscal General de la Nación, es solo la punta de un monumental iceberg.
Empecemos por decir que la tan mencionada corrupción consiste en el hecho de sacrificar la satisfacción y salvaguarda de intereses sociales o colectivos, estando obligado a esa satisfacción y salvaguarda, en virtud del desempeño de una ocupación, cargo u oficio públicos; al tiempo que, abusando o aprovechándose de dicha condición, permanente u ocasional de servidor público, se opta por satisfacer y beneficiar intereses particulares.
Corrupto es, pues, quien estando obligado por su cargo o posición social a lograr la satisfacción de los intereses colectivos o sociales, desvía sus acciones con el único propósito de satisfacer sus intereses particulares, personales, familiares, de grupo, corporativos, o los de sus amigos o socios.
Pero no solamente por iniciativa de los servidores públicos, sino que, en más de una ocasión, los particulares son quienes corrompen literalmente a los funcionarios, mediante un sofisticado y mejor planificado proceso de acercamiento.
Este proceso inicia con la simple alabanza privada y luego pública del servidor y de sus calidades personales y profesionales; para pasar después a las invitaciones, cada vez más comprometedoras, los regalos para sus parientes, particularmente para los niños o cónyuges y, más adelante, para el propio interesado.
Luego vendrán las dádivas, las coimas y, finalmente, la propuesta abierta de asociación para la realización de negocios conjuntos que implican una coparticipación en empresas claramente criminales.
Muy eventualmente, y eso en el mejor de los casos, se concluye con la destitución y el encarcelamiento del empleado público, siempre que no se trate de un peso pesado, un expresidente de la República, un exmagistrado de alta corte, un exfiscal General, un exprocurador General de la Nación…
Casos en los cuales el sifón de tinta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se encargará de enturbiar suficientemente las aguas para que sea imposible la persecución del responsable. Aquí la corrupción no conoce límites de sectores, oficios u ocupaciones.
Hay corrupción en la Administración de Justicia, corrupción en las Contralorías, piénsese en Contralores como Aníbal Martínez Zuleta, Rodolfo González, David Turbay, Francisco Becerra, entre otros.
La corrupción campea en ministerios, departamentos administrativos, gobernaciones departamentales, alcaldías, secretarías de despacho, etc., etc. Y no voy a pretender aquí a realizar una historia de la corrupción en Colombia, pues este no es el lugar, ni el momento y porque sería cuento de nunca acabar.
Solamente quiero hacer resaltar en este caso cómo esa corrupción ha campeado en Colombia, desde los albores mismos de nuestra vida independiente, pues arranca, como mínimo, con los oscuros procedimientos realizados por el señor Francisco Antonio Zea delante de la corona británica, inmediatamente antes del logro de la independencia.
Y después, bajo el régimen del vicepresidente Santander del cual fue siempre muy cercano, como lo reseña el escritor Víctor Paz Otero en su obra “Las penumbras del general —Vida y muerte de Francisco de Paula Santander”—, publicado por Villegas Editores en 2009.
Esa precocidad de la corrupción colombiana se puede rastrear igualmente, en varias investigaciones como la realizada por los profesores investigadores Jacqueline Blanco Blanco y Román Francisco Téllez Navarro, llamada La corrupción y los funcionarios durante la República Neogranadina, aparecida en la Revista Prolegómenos, de la Universidad Militar Nueva Granada.
En dicha investigación analizan diversas fuentes y publicaciones de prensa de los años 1833 a 1839,tales como los diarios El Cachaco de Bogotá y El Correo de la Razón, en los que se detallan varios casos que perfectamente podemos clasificar desde el derecho penal, como malversación de fondos, defraudación del fisco, cohecho, nepotismo e, incluso, prevaricato.
De donde llegan a concluir que tanto entonces como ahora:
“La defraudación al fisco nacional estaba asistida por un ejercicio político enmarcado entre burocracia y nepotismo, la repartición de los cargos públicos a los amigos y parientes más cercanos se convirtió en el método ideal para sostener las decisiones de “grupo” —familiar o social—, que estaban, por supuesto, alejadas de las necesidades y beneficios del Estado y de la totalidad de los gobernados…”.
En resumen, entonces, la corrupción en Colombia es de magnitudes gigantescas y, es por eso, por lo que Néstor Humberto Martínez Neira no es más que la punta de un monstruoso iceberg.
En efecto, el actual Fiscal General no es otra cosa que un abogado exitoso, hábil, recursivo, inteligente, que ha puesto todas sus innegables capacidades al servicio de su propio beneficio y el de la empresa privada a la que sirve desde adentro o fuera del Estado.
Pero él no es más que un calanchín, como se dice en la jerga delictiva. Quienes están detrás de él, quienes lo sostienen, lo patrocinan, lo impulsan, lo aprestigian, son los dueños del capital.
Particularmente, pero no únicamente, los propietarios del capital financiero, la burguesía financiera y comercial, que es dentro del sistema capitalista, el sector más retrógrado y más azaroso por su carencia total de falta de escrúpulos.
A individuos como Luis Carlos Sarmiento Angulo y sus socios y congéneres no les importan un bledo las personas, los sentimientos, los ideales. En su corazón, como diría León Trotsky, se ha entronizado la filosofía moral del dólar, de la ganancia, del logro máximo y nada más.
Se forma así una especie de régimen corporativo, que ha llevado a cabo una verdadera captura del Estado, por medio de la cual el beneficio y el interés colectivo es subordinado a los intereses privados y particulares.
Esto mediante el impulso y la promoción-colocación de manera estratégica de unos individuos sumamente capaces desde el punto de vista individual y profesional, pero carentes de moral, lo que los faculta para encontrar todos los vericuetos legales posibles que les permita evadir la acción de la Administración de Justicia, aunque con plena consciencia de que obran de manera corrupta e inmoral.
Entonces, cuando los aprendices de Hércules como los senadores Robledo, Petro, Lozano y otros, arremeten contra la corrupción, esa hidra de Lerma de múltiples cabezas del tipo Odebrecht y sus filiales, socias u homólogas, del tipo de Corficolombiana, Ruta del Sol, Navelena, Agro Ingreso Seguro, Saludcoop, entre muchas otras, solo están hiriendo una de las testas.
Y si por arte del azar, que no lo van a lograr, hicieran renunciar al cuestionado funcionario, los grupos económicos del sistema capitalista, el engranaje financiero y comercial, agroindustrial, los señores de la tierra y los amos de los medios, en boca de sus más destacados representantes, estarían al día siguiente levantando a otro Néstor Humberto, con las mismas características de idoneidad profesional y de impermeabilidad moral.
Esto con el fin de que continuara cumpliendo la misión de asegurar que los recursos públicos, los puestos públicos, las oportunidades públicas, quedaran en las manos privadas de los mismos individuos de siempre.
El problema de la corrupción, tenemos entonces que enfrentarlo todos y cada uno de los ciudadanos, en primer lugar, impulsando en los niños y jóvenes una educación de calidad, basada en la formación en valores ciudadanos, que les haga entender la importancia, el respeto y la intangibilidad que debe dársele a lo público.
En segundo lugar, asumiendo una posición de tolerancia cero frente a ella, lo que supone no aceptar ningún tipo de manejo turbio, inmoral, deshonesto. Denunciando los casos que conocemos, sin importar de quién se trate. Participando en foros y certámenes especializados.
Finalmente y, ante todo, tomándonos las calles, para exigir que el castigo real de la Administración de Justicia se aplique por igual a todos los implicados en sucesos de corrupción, así el anciano abarrotero del Ministerio de Guerra se patee las nalgas de la rabia.
