Ratones cuidando el queso

eltiempo.com, 27 de agosto 2017 

     Por: Guillermo Perry

Los partidos mayoritarios quieren reelegir la corrupción. Están a punto de cometer un suicidio. 

Los partidos políticos quieren seguir reeligiendo la corrupción. Esa es la conclusión que surge de la actual discusión en la Cámara. Con ello están jugando peligrosamente a la ruleta rusa: ¿no recuerdan que la percepción ciudadana de que los partidos políticos venezolanos estaban dedicados a la corrupción condujo al triunfo arrollador de Chávez en su primera elección? Además, le estarían poniendo conejo al acuerdo de paz, donde se pactó que habría una reforma electoral para hacer transparente el proceso y facilitar el surgimiento de agrupaciones políticas nuevas.

Es bien sabido que buena parte de la corrupción colombiana se origina en nuestro viciado proceso electoral: grandes contratistas financian campañas individuales y los elegidos les ‘retribuyen’ adjudicándoles contratos. Este círculo vicioso ha adquirido magnitudes enormes porque no se reportan los aportes, violando los topes establecidos. Y el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene la voluntad de investigar y sancionar estos delitos, porque sus integrantes son escogidos por los mismos partidos que violan la ley.

En el acuerdo de paz, con buen criterio en este caso, se convino conformar una misión de expertos que presentara propuestas para resolver la falta de transparencia y los problemas de representación que padece el proceso electoral, discutir sus recomendaciones con los partidos, buscar consensos y presentar un proyecto de acto legislativo al Congreso. Este proceso se surtió, pero en las discusiones previas y en las de la semana pasada en la Cámara los partidos de la Unidad Nacional castraron las propuestas de la misión. “Que todo cambie para que todo siga igual” (del ‘Gatopardo’).

La misión propuso un nuevo proceso para la designación de los miembros de la autoridad electoral que garantizara su independencia de los partidos. Pero la ponencia y las diversas proposiciones dejarían su nombramiento en manos del Congreso. Es decir, los ratones seguirán cuidando el queso y haciendo de las suyas impunemente.

La misión inicialmente planteó que la autoridad electoral tuviera una unidad especializada de investigación financiera, al estilo de la unidad del Ministerio de Hacienda que persigue el lavado de dinero a través del sistema financiero. El propio Gobierno se opuso. Así, aun si la autoridad electoral quisiera hacer investigaciones serias sobre el financiamiento de las campañas, no tendría la capacidad de llevarlas a buen puerto.

La misión y el Gobierno propusieron establecer penas para los partidos, candidatos y funcionarios que avalen y permitan la violación de topes y las prácticas corruptas de financiación. Los partidos de la Unidad Nacional se opusieron.

La misión propuso listas cerradas para acabar con las ‘microempresas electorales’ que incurren en esas prácticas y centrar así la responsabilidad en los partidos y movimientos. Esto sí lo han aceptado los partidos mayoritarios, pero al insistir en sus posiciones sobre los puntos anteriores se perdería la efectividad de esta medida.

En adición, los partidos mayoritarios quieren debilitar los procesos de pérdida de investidura y prohibir las candidaturas inscritas por firmas. Con esto último se dificultaría la emergencia de nuevas agrupaciones políticas.

Por todo lo anterior, Humberto de la Calle y otros muchos que quieren mejorar nuestra democracia han dicho que, como van las cosas, es mejor que se hunda el proyecto. El ministro del Interior, un político serio como pocos, está haciendo esfuerzos enormes para corregir el rumbo. Pero, si no lo logra, es mejor que lo retire.

Jamás pensé que los partidos mayoritarios tuvieran semejante vocación suicida. Uno diría ‘allá ellos’, si no fuera porque su autoinmolación puede causar la muerte de la democracia en Colombia. Así sucedió en Venezuela, y por las mismas razones.

GUILLERMO PERRY


Reflexiones al tema pensiones

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La ética renace o el país se derrumba

eltiempo.com, 7 de agosto 2017 

Por: Fernando Carrillo Flórez

No obstante las noticias de la paz, Colombia navega en un mar de escepticismo, incertidumbre y pesimismo. De un momento a otro, la confianza se evaporó y Colombia quedó postrada en el diván, pensando en qué momento se dio la metamorfosis que convirtió al país más feliz del mundo en víctima de una metástasis de sombras y frustraciones por culpa de una bancarrota ética epidémica.

Muchos se preguntan si habrá futuro, sin atreverse a preguntar lo que sucedió en el pasado. Los grandes males que hoy nos aquejan, estos sentimientos encontrados que alborotan el alma nacional, no nacieron ayer, sino que han estado ahí por décadas.

Para entender el origen del actual estado de incertidumbre, he reiterado que el humo de la guerra no dejaba ver la corrupción, que hoy irrumpe como una tragedia ética que estremece los cimientos de la nación y nos obliga a preguntarnos: ¿qué nos sucedió y cómo salir unidos del atolladero?

No hay que ser un chamán para entender que la crisis que hoy nos afecta surgió cuando la ética pública se desvaneció y dejó de ser esencial para formar nuevos ciudadanos: honestos, educados; dispuestos a hacer respetar la Constitución, fortalecer la democracia y promover la convivencia.

La ética pública se perdió cuando la gente prefirió resolver sus problemas usando la fuerza, obligados por la ausencia del Estado y la invisibilidad de la justicia, y ser pillo dio estatus. Cuando se multiplicaron por millones las víctimas, ante la impasibilidad de quienes debieron ser solidarios con ellas.

En los últimos años, los modelos de ciudadanía fueron cambiados por estereotipos de los nuevos ricos, que irrumpieron con sus impunidades y sus chequeras. La política se entregó al mejor postor, la deliberación pública fue tomada por las barras bravas de la política, la justicia fue permeada por los negociantes de expedientes, los órganos de control fueron neveras donde hibernó el imperio de la ley. Los medios no pudieron contener la posverdad, que hizo de la mentira una noticia creíble. La fe se pervirtió y el dinero fue el nuevo Dios de muchos.

Colombia ha vivido muchas guerras en las últimas décadas para ganar la paz. Hoy vive la más importante de sus batallas. Esta vez, contra los corruptos, que han promovido los antivalores que han pervertido la política y convertido la justicia en un trueque de favores; la iniciativa privada, en una feria de coimas; la democracia, en una nave que cruza tormentas azuzadas por el populismo; y la educación y la salud, en botín de los más avivatos. La corrupción es además una amenaza letal a la reconciliación.

Detrás de todo se encuentra lo que Walzer describe como un dilema ético central de la vida política: si alguien puede triunfar en ella sin ensuciarse las manos. O cómo ser buenos políticos sin convertirse en una mala caricatura de Maquiavelo, en busca del poder a cualquier precio.

La ética pública aparece como la tabla salvadora. El país, sin embargo, de manera mágica no va a amanecer un día convertido en un oasis de transparencia. Pero hay que despertarse todas las mañanas decididos a intentarlo. La lucha contra la corrupción no la ganarán superhéroes, sino ciudadanos que comiencen a ganar las pequeñas batallas diarias contra vicios que ya parecen virtudes.

Una tarea impostergable fundada en liderazgos capaces de inspirar a las nuevas generaciones. Una invitación a cumplir la Constitución es el primer mandamiento de esa cruzada.

La ética no es cuestión de matemáticas, pero multiplicar sus valores es cuestión de suma cero. Debe comenzar a imponerse una exigencia de pudor en el accionar de lo público. Esa es la invitación que hacemos a la ciudadanía. Menos carreta y más ética es el reclamo que debemos liderar. Porque la ética pública renace, o el país se derrumba en nuestras propias manos.

FERNANDO CARRILLO FLÓREZ

Procurador General de la Nación

Reflexiones al tema pensiones

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El lado oscuro de la política colombiana..

eltiempo.com, 19 de agosto 2017 
Por: Carlos Caballero Argáez, 

En la actualidad, el sistema político es más clientelista y más corrupto de lo que era hace décadas.

Después de las elecciones de 2014 se publicó un estupendo libro de Gloria Isabel Ocampo, que reseñé en esta columna: 'Poderes regionales, clientelismo y Estado'. La investigadora reconstruyó la trayectoria de las redes políticas en Córdoba y describió, en detalle, el funcionamiento del clientelismo en ese departamento. 

La detención del senador Bernardo Elías, el ‘Ñoño’ Elías, me llevó a releer apartes del libro, a lo cual contribuyó, además, la excelente columna de León Valencia en la revista Semana ‘El ‘Ñoño’ Elías o la perversión de la política’ (13 de agosto, 2017, p. 50). Y es que el caso Odebrecht, con todas sus ramificaciones, ha sacado a relucir, una vez más, los efectos destructivos del clientelismo y la corrupción en la relación entre el poder central y los poderes locales.

La interacción política entre centro y regiones tiene que cambiar si es que, en serio, en Colombia se quiere que estas últimas progresen y, de paso, combatir la corrupción. Desde hace tiempo el problema se ha diagnosticado, pero no se ha hecho nada para resolverlo. Por eso, en vez de debilitarse, se ha agravado. En la actualidad, el sistema político es más clientelista y más corrupto de lo que era hace 10, 30 o 50 años. Y los problemas sociales, la desigualdad y la pobreza en las regiones han aumentado.

Se cae de su peso que Córdoba está sobrerrepresentado en el Congreso Nacional. Nueve senadores y seis representantes, cuando hay departamentos que no alcanzan a enviar al Congreso un senador. Y las mayores votaciones.

El caso Odebrecht ha sacado a relucir, una vez más, los efectos destructivos del clientelismo y la corrupción en la relación entre el poder central y los poderes locales.

Gloria Isabel Ocampo cuenta que Elías (hijo de Jorge Ramón Elías Náder, gobernador, representante y senador de Córdoba) “llegó por primera vez a la Cámara en 2006 con 39.774 votos; en 2010, con el partido de ‘la U’, llegó al Senado con 74.247, y en 2014 fue reelegido con 140.143 (84.867 en Córdoba). Por su parte, Musa Besaile arribó a la Cámara en 2002 por el Partido Liberal (Mayorías Liberales) con 52.552 votos..., en 2006 abandonó Mayorías Liberales y se fue como fórmula a la Cámara de Zulema Jattin, cuando esta llegó al Senado por el partido de ‘la U’. Besaile obtuvo 74.000 votos, ocupando el primer lugar en la votación a la Cámara. En 2010 logró llegar al Senado... con 62.059 votos, y en 2014 fue reelegido con 145.402 (82.278 en Córdoba)”.

¿Por qué les fue tan bien a los ‘Ñoños’ en la elección de 2014? Ocampo afirma que ellos “fueron los candidatos más generosamente regalados con lo que se ha llamado la ‘mermelada reeleccionista’, o sea, la asignación de recursos bajo la figura de los cupos indicativos, que fue la figura de la transferencia de recursos estatales a las regiones a través de los parlamentarios, la cual reemplazó los auxilios parlamentarios cuando estos fueron prohibidos por la Constitución de 1991”. La fundación que maneja León Valencia estima que la inversión del ‘Ñoño’ Elías en la campaña de 2014 fue de ¡¡80.000 millones de pesos!!

Y no es solo el clientelismo, aberrante de por sí. Bajo la apariencia de un departamento y unas ciudades que se ‘modernizan’, “en el nivel subterráneo o en el mismo plano, aunque intermitentes en su visibilidad, se mueven la corrupción y la ilegalidad como canales de circulación de poderes y dinero, frecuentemente articuladas a la política, que es otro de los canales de acumulación y distribución”. Pues lo que ocurrió en el caso Odebrecht fue que lo invisible, “el lado oscuro de la política”, saltó a la luz.

Pero la cosa no puede quedarse en un ‘Ñoño’ en la cárcel junto con sus compinches. Hay que agudizar la imaginación para cambiar la relación política entre el Gobierno central y las regiones. El clientelismo y la corrupción no deberían caracterizar el sistema político colombiano en el siglo XXI.

CARLOS CABALLERO ARGÁEZ

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Quienes hayan cotizado durante 20 años continuos tienen derecho a pensión

extranoticias.com.co,  6 Agosto, 2016

La Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon) reconocer la pensión de jubilación por acumulación de aportes al exsenador y exdiputado, Nicolás Segundo Badrán Castro.

La corporación judicial argumentó que fue desconocido su derecho adquirido, porque aunque cotizó 1.059.14 semanas, que equivalen a la prestación del servicio por 20 años, 7 meses y 4 días y superó la edad de 60 años, no le fue reconocida la totalidad del tiempo de servicio.

Para ello recordó el alto tribunal que “los empleados oficiales y trabajadores que acrediten 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan 60 años de edad o más si es varón y 55 años o más si es mujer”.

A juicio del Consejo de Estado el exsenador sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación con el 75% de los factores devengados en el último año de servicios, incluida la asignación básica, la bonificación por representación y las doceavas partes de la prima de servicios y de navidad con la actualización correspondiente.

“El reconocimiento de su pensión de jubilación por aportes a partir del momento en el que consolidó su status pensional, que lo fue el 17 de junio de 2006 cuando cumplió los 60 años de edad, en el 75% del salario base de liquidación incluidos todos los factores devengados en el último año de servicios -18 de julio de 2001 a 19 de julio de 2002” precisa el fallo.

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Ni cambiaron ni los cambiamos

eltiempo.com,  23 de agosto 2017

Por: Vladdo

El problema no son las instituciones ni las normas, por complejas que sean; son las personas.

¿Cuántas veces habrá tocado fondo este país? ¿Cuántas veces nos hemos cogido la cabeza a dos manos al conocer las noticias de corrupción? ¿Cuántas veces hemos soltado frases como: “esto se lo llevó el diablo”, “hasta aquí llegamos” o “ahora sí; apague y vámonos”...? Sin embargo, al final las cosas se enfrían, los reflectores de los medios se apagan y todo vuelve a la ‘normalidad’ hasta que otro desfalco, otro prevaricato, nos haga indignar de nuevo.

Lo más triste –o vergonzoso, mejor– es que los escándalos no duran nada, porque cada caso es opacado por otro más grave; el nombre de un implicado es eclipsado por el de otro más encopetado y así sucesivamente. 

Lo que está pasando con Odebrecht ya lo (vi)vimos con Cajanal, con Invercolsa, con Corfipacífico, con el proceso 8.000, con Foncolpuertos, con Dragacol, con Agro Ingreso Seguro, con el DAS, con la ‘parapolítica’, con las notarías, con el carrusel de la contratación, con Interbolsa, con Saludcoop, con Reficar, entre un número incontable de ejemplos que en su momento llevaron a muchos a rasgarse las vestiduras, con un coro de fondo donde unos cantaban: “¡Que me investiguen!”, mientras otros entonaban la conocida letanía: “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”.

Como es obvio, cada fraude, cada robo, cada soborno vienen acompañados de las lágrimas de cocodrilo de los políticos que anuncian frentes comunes contra la corrupción, erradicación de las malas costumbres y otra serie de buenas intenciones que de antemano saben que no van a cumplir, pero que suenan bonito para la galería.

Seguimos eligiendo a: 

"los mismos de siempre; a veces con distinta cara, pero con las mismas mañas, las mismas zancadillas a la ley y las mismas faltas a la ética"

Incluso, otros van más allá y, como buenos fariseos, se lapidan en público y se dan golpes de pecho en primera fila para que todo el mundo los vea, tal y como lo hizo el 7 de agosto de 1998, en la posesión presidencial de Andrés Pastrana, el flamante presidente del Congreso, Fabio Valencia Cossio, quien se fajó un discurso en el cual acuñó una frase histórica. “O cambiamos o nos cambian”, dijo sin sonrojarse, pero a sabiendas de que no iba a pasar ni lo uno ni lo otro. Como era previsible, la frase quedó como un llamativo titular de prensa y pare de contar: ni ellos cambiaron ni nosotros los cambiamos. En elecciones nacionales, regionales y locales seguimos eligiendo a los mismos de siempre; a veces con distinta cara, pero con las mismas mañas, las mismas zancadillas a la ley, las mismas faltas a la ética y la misma falta de compromiso con la transparencia.

Desde ese célebre discurso ya han pasado casi veinte años, un rosario de denuncias, una infinidad de investigaciones, ríos de tinta en la prensa, un montón de juicios, algunas condenas y no pocas absoluciones, al final de lo cual regresamos al punto de partida, y nos estrellamos de frente con la crisis de la Corte Suprema de Justicia, tras lo cual tenemos que volver a cogernos la cabeza. Esto se lo llevó el diablo. 

“¿Y entonces, qué hacemos?”, me preguntaba el lunes un amigo. “¿Será que se necesita una constituyente?”. Desde luego, no tengo una respuesta, pero, por si acaso, prefiero no hacerme muchas ilusiones. ¿Cuántas leyes, decretos, reglamentos y estatutos anticorrupción se han expedido en los últimos años? ¿Y para qué han servido? Ni siquiera una nueva constitución, como la del 91, fue suficiente para neutralizar el poder corruptor del dinero ni para resistir la tentación del enriquecimiento ilícito.

¡Pellizquémonos! El problema no son las instituciones ni las normas, por complejas que sean. En este país, donde lo mejor es la gente, lo peor también es la gente; y no me cansaré de repetirlo. Y mientras nuestra mentalidad no cambie y la trampa siga siendo vista como astucia; la plata fácil, como símbolo de estatus; y los corruptos, como gente exitosa, seguiremos en la inmunda. 

VLADDO

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Optar por devolución de saldos no es obstáculo para acceder a pensión de sobrevivientes

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La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al resolver un recurso de casación, aseguró que así los beneficiarios opten por la devolución de saldos o la acepten y reciban no constituye un obstáculo para que posteriormente accedan a la prestación periódica por muerte (pensión de sobrevivencia) si demuestran que tenían derecho a ella, lo cual puede ser discutido incluso en instancias judiciales. (Lea: Convivencia para acceder a pensión de sobrevivientes debe determinarse según particularidades de cada caso)

En tal circunstancia, el fallo precisó que ha de tenerse la devolución de saldos como un pago hecho con carácter provisional, con el fin de darle vigencia al principio de irrenunciabilidad de los derechos adquiridos relativos a la seguridad social, acorde lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política.

A esa conclusión llegó la Sala luego de explicar que el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, instituido por la Ley 100 de 1993, tiene como sustento que el afiliado cumpla con una densidad de cotizaciones que son las que le garantizan el acceso a la protección de las contingencias de vejez, invalidez y muerte. (Lea: Para la pensión de sobrevivientes se debe analizar fecha de desaparecimiento y no de muerte presunta)

También, afirmó que ese capital destinado a la financiación de las prestaciones en el régimen de ahorro individual con solidaridad, frente a la devolución de saldos, debe entenderse efectuado a título temporal hasta que se defina si se tiene o no derecho a la pensión. En el último evento procede la restitución para que se financie, agregó.

Con todo, la corporación advirtió que en los eventos en que se demuestre el derecho a la pensión de sobrevivientes si a los beneficiarios se les ha efectuado esta devolución lo que procede es la restitución de los valores recibidos a manera de compensación o descuento. (Lea: Condición más beneficiosa, fundamento para acceder a la pensión de sobrevivientes)

Por ello, si se reconoce y se ordena el pago de la pensión de sobrevivientes, una vez cumplidos los requisitos exigidos en los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 del 2003, se debe autorizar a la administradora de pensiones a descontar del valor de las condenas lo pagado por concepto de devolución de saldos (M. P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz).

Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sentencia SL-65582017 (48429), May. 10/17

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