sábado, 25 de febrero de 2017

El superintendente que no vio nada, ahora codirector del Banco de la República..

justiciatributaria.co, Miércoles, febrero 22, 2017



Gerardo Hernández como superfinanciero, no actuó con Interbolsa, Pacific Rubiales, el totazo de las libranzas y el crédito irregular del Banagrario a Navelena.
Es muy preocupante que el Banco de la República, responsable de la política monetaria del país, esté nombrando a sus miembros relajando los criterios técnicos. Hace pocas semanas asumió como gerente del Banco al ex jefe económico de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos y ahora nombran como Codirector a Gerardo Hernández, actual Superintendente Financiero desde 2010.
Vale la pena recordar que Gerardo Hernández fue suspendido de su cargo durante 10 meses por la Procuraduría en marzo de 2015, “por no adoptar las medidas tendientes a evitar el grave perjuicio a los inversionistas en el mercado de valores” en el caso de Interbolsa. Según el fallo, un simple “ejercicio juicioso y diligente” por parte Hernández, hubiera evitado el multimillonario desfalco. Hernández, sin embargo, regreso a su cargo como si nada.
El Superintendente tampoco actúo frente a la emisión descontrolada de acciones de Pacific Rubiales y sus actuaciones sospechosas, que la Red por la Justicia Tributaria denunció desde mayo de 2013 y que finalmente llevaron a la quiebra de la compañía en abril de 2016, tras haber provocado la pérdida del capital invertido a miles de accionistas.
En 2016 la Red también advirtió sobre el negocio de las libranzas, que causó pérdidas superiores a $ 1 billón. En septiembre de ese mismo año, José Roberto Acosta de Justicia Tributaria denunció un crédito del Banco Agrario por $ 120.000 millones a Navelena, del grupo Odebrecht, sin que la Superintendencia actuara, por lo que hoy esos recursos –que ya están en moratoria- tienen una alta probabilidad de perderse.
En ninguno de estos casos mencionados el Superintendente actuó ‘juiciosa y diligentemente’ para evitar que billones de pesos de recursos públicos y privados se perdieran en maniobras de especulación financiera, que justamente la institución a su cargo tenía la función de evitar.
*Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo, miembro de Justicia Tributaria y profesor del CESA y la Universidad Central. Twitter: @mariovalencia01

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Cartel de corrupción entre abogados y jueces..

kienyke.com, Por:  , Febrero 23, 2017

Abogados se están quedando con el dinero de sus clientes
Consejo Superior de la Judicatura advierte que esta "mafia" está creciendo.

Denuncia del Consejo Superior de la Judicatura

“Hay un cartel de corrupción entre abogados y jueces para defraudar en títulos de depósito judiciales que son dejados en los despachos”. Esta denuncia fue hecha por el Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Ovidio Claros Polanco.
El Magistrado, en diálogo con KienyKe.com , aseguró que  los depósitos judiciales o remates, están siendo utilizados por muchos abogados para beneficio propio y los dineros o propiedades no le son devueltos a sus clientes cuando se ganan los casos.
Según la ley, “estos depósitos judiciales corresponden a la guarda, custodia, conservación, administración, defensa y manejo de aquellos bienes o derechos que hayan sido entregados por orden de un Juez o de otra autoridad competente para decretar el secuestro, embargo, ocupación, comiso o  bienes”.
Para el presidente de la Comisión Disciplinaria, se debe tener en cuenta que estas “mafias” han ido aumento por la falta de denuncia de los clientes o el ocultamiento de los hechos por parte de los mismo jueces.

Claros advirtió que hay una mayoría de abogados honrados y cumplidores de su ética profesional, pero preocupa el incremento de defensores que fueron sancionados en el 2016 por engaño al cliente al no devolver  los dineros.
Para Ovidio Claros, esta “corrupción” a nivel de un grupo de abogados se debe en su mayoría a la falta de preparación que les están dando a los jóvenes en las Facultades de Derecho.
El último reporte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura señala que en Colombia, 1161 abogados han sido investigados, de los cuales 1105 fueron sancionados por el inadecuado ejercicio de su profesión. 56 fueron absueltos.
Este acumulado de sanciones entregado por la Sala, corresponde al periodo comprendido entre enero a diciembre de 2016, en el cual 48 abogados fueron excluidos, 786  suspendidos, 270 censurados y 18 multados.
La exclusión es la falta más grave y se determina cuando el fraude por parte del abogado hacia su cliente es millonario y comprobado. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía.
La suspensión consiste en la prohibición de ejercer la profesión por el término señalado en el fallo. Esta sanción oscilará entre dos meses y tres años. Y  la Censura es la reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida.
De acuerdo con los informes del tribunal, en los últimos 23 años, desde su creación, han sido excluidos 388 abogados, 8.328 han sido sancionados y 6.853 han sido censurados.
La Corporación Excelencia de la Justicia reporta que en Colombia existen cerca de 280.000 tarjetas profesionales expedidas a abogados, sin embargo, no existe una estadística real que permita medir cuántas de ellas están activas. Colombia es el segundo país con más abogados del continente.

Los casos más comunes

 Según el Ministerio de Justicia los casos más comunes en los que se ven implicados los abogados son:
1. Cuando representan a un cliente en un proceso y no le informan que ya finalizó; de esta forma se quedan con el dinero.
Deja vencer los términos.
¿Qué puede hacer  una persona que es engañada por su abogado?
1. Trate de llegar a un acuerdo con su abogado para que, de ser posible, cumpla con las obligaciones pactadas o para que le repare por las actuaciones u omisiones que le generaron algún perjuicio.
2. De no llegar a un acuerdo o de no querer recurrir a esa opción diríjase a la Secretaría de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad donde se llevó a cabo los hechos para presentar una queja en contra del abogado. Esta deberá presentarse por escrito estipulando claramente que faltas disciplinarias cometió el abogado y la pruebas que sustenten las mismas.
3. Luego de presentar la queja, el Consejo Seccional de la Judicatura procederá a notificar al abogado para así asegurarle su defensa y a evaluar la queja y las pruebas presentadas. Dependiendo de esta evaluación decidirán si el abogado cometió una falta disciplinaria, la gravedad de esta, la sanción respectiva y ciertas medidas de reparación para el afectado, por ejemplo, revivir la oportunidad para presentar recursos.
4. El proceso ante el Consejo Superior de la Judicatura no tiene costo y no requiere de otro abogado.

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La sociedad inmoral..

elnuevosiglo.com.co, Carlos Martínez, Febrero 25, 2017 -

En las páginas finales de su ensayo ¿Qué es la Democracia? (Ed. Altamira 1994) Giovanni Sartori plantea el interrogante: ¿Fin de la Ética? Y, tras minucioso examen de las vicisitudes político-sociales contemporáneas, afirma que “el hombre occidental se convierte cada vez más en un animal económico”. Son los efectos dramáticos de la primacía del neoliberalismo y de la captura de la democracia por el capitalismo salvaje, con la consiguiente crisis de ideales que, a decir de Sartori, es fundamentalmente una crisis moral.
Cuando una empresa como Odebrecht, que en su campo era la voz del grande y orgulloso Brasil, organiza una División de Operaciones Estructurales dedicada exclusivamente a los sobornos, a la compra de conciencia de los detentadores del poder en todo el mundo conocido (faltan datos de Europa y Asia) está probando que la sociedad del siglo XXI, en la cual vivimos, es una sociedad inmoral y que la ética ha dejado de ser el faro del accionar público y privado. Muy lejanos están los días de la utopía cuando creíamos que la política “es la única actividad capaz de asumir la dura y maravillosa tarea de lidiar con la condición humana para construir una sociedad más digna”.
En Colombia, el caso Odebrecht saca a la luz una práctica perversa extendida por todas partes. Por ejemplo, el carrusel de la contratación en Bogotá y el robo de la Guajira muestran lo que sucede en el país y focaliza la ausencia de controles que impidan los latrocinios. Lo cierto es que los organismos de control no se adecuaron a la elección popular de Alcaldes y Gobernadores y, por eso, son impotentes ante la desmesura de la corrupción. Es bien sabido que hay oportunidades sin límites para los traficantes de contratos quienes descaradamente compran administraciones por cuatrienios. Es entonces cuando los funcionarios, ya con los bolsillos llenos, ejercen imperialmente sus mandatos ajenos a las necesidades de sus comunidades.
El oscuro escenario se complementa con partidos políticos que han renunciado a la intermediación entre la ciudadanía y las autoridades, uno de los fundamentales de toda organización  política. Asistimos a la ilegitimidad de la representación. Se ha cambiado proselitismo por clientelismo y, para colmo de males, el clientelismo se ha convertido en un fenómeno de doble vía debido a que acostumbraron tanto al elector a la dádiva, que ahora la exige y juega al mejor postor. Estamos en una democracia de electores no en una democracia de ciudadanos.
En fin, la esperanza de las multitudes luego de la victoria de la democracia sobre el totalitarismo se ha ido tornando en escepticismo e indignación. La decepción de las masas ha estremecido los cimientos de la democracia representativa y abrió la puerta de la incertidumbre, presente hasta en la mayor potencia del mundo. ¿Podrá el imperio del dinero fácil asegurar un futuro democrático o arrastrará en sus perversidades la democracia occidental? Sartori afirma que el comunismo desapareció fácilmente de la historia porque perdió la fe en sí mismo. ¡Cuidado! Ese virus letal se expande con la fiebre de la corrupción. La situación exige a los adalides de la democracia que los principios éticos rijan la Sociedad y el Estado para que el sistema que tutela la libertad del hombre nunca desaparezca de la faz de la tierra.

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viernes, 24 de febrero de 2017

Eliminación del CREE deja sin respaldo la discriminación de aportes a salud

GRUPO EDITORIAL EL SATÉLITE (GES), 
Director: Octavio Quintero
Álvaro Yarce colaboró en la confección de este editorial

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Referencia: Reducción de aportes a salud del 12 al 4%

En la pasada reforma tributaria (ley 1819 del 2016), se eliminó el impuesto sobre la renta para la equidad, denominado Cree (Artículo 376), creado por ley 1607 de 2012 que exoneró a algunos empleadores de la obligación de pago de aportes parafiscales a favor del Sena, ICBF y por concepto de salud.

El hecho de que la exoneración de aportes parafiscales se hiciera coincidir con la creación del CREE (art. 25 de la ley 1607/12), se tomó como que a las empresas y los empleadores exonerados se les cambiaba el aporte a salud (8%) que hacían a nombre de sus trabajadores por el impuesto CREE. Así se dijo y reiteró en su momento por parte del gobierno en los diferentes medios.

Fue entonces cuando varias personas pusieron tutelas reclamando el derecho a la igualdad, pues, como pensionados o como trabajadores independientes aportaban el 12% a la salud,  mientras los trabajadores de empresas solo aportaban el 4%.

La Corte Constitucional negó esas tutelas bajo el argumento de que, aunque los trabajadores de las empresas no aportaban sino el 4%, el 8% restante era aportado por las empresas a través del impuesto Cree, y por consiguiente, no se violaba el derecho a la igualdad por estar aportando todos los trabajadores lo mismo, aunque en diferente forma.

En la sentencia C-289/14, la Corte dice:

(…) La exención parcial de aportes parafiscales, tiene como efecto relevar de una parte del pago del aporte al contribuyente empleador, lo que en efecto, implica una reducción del volumen de contribuciones parafiscales que en adelante reciban (…) el Sistema de Seguridad Social en Salud. Esta reducción se compensa con los recaudos provenientes del CREE…

Si la reforma tributaria del 2016 eliminó el Cree, y ciertos empleadores siguen exentos de aportar a la salud por cada trabajador a su servicio, eso quiere decir que ahora  nadie está poniendo ese 8% que falta para completar el 12% que aportan todos los demás que no tienen de patrón una empresa formal.

En la última reforma tributaria se dice que de nuevo el impuesto de renta para las empresas será del 33%, o sea, el mismo impuesto del año 2012, pero en esa época aparte del 33%, pagaban la diferencia del 8% como aporte a la salud de sus trabajadores.

Ahora dicen que de ese 33% de impuesto a la renta, el 9% tiene una destinación específica, entre ella está la salud que de ese 9% le toca un 4.4%.

La pregunta a resolver sería….

¿Ese 4.4% es para la salud de todos los colombianos, o solo para suplir el aporte de los trabajadores al servicio de empresas formales? Se recuerda que, según la ley, el impuesto de renta se debe utilizar para el gasto de la nación en general, no solo para algunos en particular.

Entonces la idea sería que eliminado el CREE como impuesto sustituto de los parafiscales que se orientaban a la salud como aporte de las empresas en beneficio de sus trabajadores, ahora sí podría configurarse una desigualdad entre los trabajadores que solo aportan el 4% a salud frente a los que aportan el 12%, incluyendo a los pensionados y, en consecuencia, ha quedado el camino abierto para considerar una nueva demanda ante la Corte Constitucional de restablecimiento del derecho de igualdad, bajo estos nuevos parámetros.

¿Ustedes que opinan?

Fin de folio.- Un gran debate se abrió en el 2012 cuando se eliminaron los parafiscales con destino al Sena, ICBF y salud. Eliminado el CREE, la exoneración a las empresas se mantiene, pero ahora sin compensación tributaria por ningún lado… Fue una jugada perfecta del establishment contra los gastos destinados a la seguridad social.

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jueves, 23 de febrero de 2017

Cómo disimular la podredumbre...

Por: Reinaldo Spitaletta


Puede ser una cortina de humo sobre la bazofia de la corrupción colombiana (cáncer de vieja data). O un desesperado intento oficial para valerse de la “vía rápida” o Fast Track, que ha tenido en vilo a la institucionalidad, con el fin de reformar el sistema electoral. Puede ser, también, un modo muy cómodo de “buscar la fiebre en la sábanas”.
El caso es que ante las monstruosas revelaciones de los sobornos de Odebrecht en las contrataciones públicas, pero, a su vez, la injerencia en las campañas electorales, parece una distracción la del ministro del Interior, vocero del presidente Santos, con la propuesta de una reforma que ponga a votar a los mayores de dieciséis años, además de modo obligatorio, y que reduzca los altos índices de abstención.
Las denuncias implican en hechos de corrupción en contrataciones como la concesión Ruta del Sol II; la recuperación de la navegabilidad del rio Magdalena; y el Otro Si a la Ruta del Sol II para adicionar la carretera Gamarra-Ocaña. Además, a las campañas presidenciales de 2014 de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga; a las ex ministras de Comercio y de Educación de Santos, Cecilia Álvarez y Gina Parody; a las directivas del Banco Agrario, al grupo Aval y Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que trabajaba para el grupo financiero de Sarmiento Angulo.
Y ante ese panorama, lo único que se le ocurre al gobierno es una reforma electoral. Nada de fondo. Nada que afecte las raíces y causas de la corruptela, del denominado clientelismo, de las mafias burocráticas, de los caducos partidos políticos. Ah, y el ministro Juan Fernando Cristo, sin dársele nada, advierte que puede ser por la “vía rápida”, la misma que ha puesto nocáut a la Constitución colombiana y los procesos legislativos que ella establece.
Proponer, por ejemplo, voto obligatorio, cuando se trata del derecho al sufragio, es ir en contravía de las conquistas democráticas. Lo que se requiere es que haya una democracia de verdad y no de imposturas y negaciones. Que al ciudadano, al pueblo, se le escuche, se le tenga en cuenta en sus necesidades y haya una auténtica participación. No para la domesticación ni la servidumbre voluntaria, sino para la ampliación de la libertad y los cuestionamientos al poder.
Que los funcionarios y los políticos en general den muestras fehacientes de transparencia; que se destierre el fraude electoral; que la democracia se torne verdadera y no una farsa; esos, entre muchos otros aspectos, son los que habría que discutir e implementar. Claro, no deja de ser una utopía, en particular en un sistema pútrido como el colombiano, con una larga historia de barbarie y antidemocracia.
Los paniguados del gobierno dicen que hay que poner el voto obligatorio como una fórmula contra el abstencionismo crónico. Además de ser una suerte de desafuero el de obligar a votar, podría ser una estupidez. El ciudadano que se abstiene lo hace por muchas razones, pero de las principales está porque no encuentra por quién hacerlo, no tiene confianza en unas instituciones que lo han excluido y puesto de carne de cañón. Qué pereza, dirá, votar por los que han estado en mi contra y me han usado como toalla higiénica o papel toilette.
Una reforma electoral, digamos, debía ir acompañada de hondas reformas sociales y económicas a favor de los condenados a la postración y las miserias. ¿Mandatarios virtuosos, políticos virtuosos? Lo dicho. Son premisas que hacen parte del deber ser, pero, además, de los territorios utópicos, que son los que permiten que se luche contra los desmanes y las barbaridades.
Aquí, como en otras geografías, se ha apelado al recurso maquiavélico de embrutecer a los súbditos, de telenovelarlos y presentarles payasos. Modos de la enajenación y el sojuzgamiento mental. Una genuina reforma electoral tendría que estar vinculada con la educación, el impulso de la cultura, el aprendizaje de quiénes son los que sí se pueden elegir y a cuáles hay que botar al tacho del desprecio popular.
El cuento es que en vez de estar proponiendo dudosas y oportunistas reformas electorales (o electoreras), el gobierno, además de otras instancias, debería estar preocupado por investigar hasta sus últimas consecuencias las denuncias sobre la corrupción oficial y privada. Claro que es como pedir peras al mango.
Como es fama, las denuncias sobre sobornos y otros delitos comprometen a los partidos que desde hace tiempos han convertido al país en una tierra de atraso, inequidad y antidemocracia. Así que no habrá que esperar punición para los responsables de la podredumbre.
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Por corrupción en obras públicas, contralor pide decisiones de fondo..

elespectador.com, Economía, 22 Feb 2017 

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“No más pañitos de agua tibia, hay que tomar decisiones de fondo”, pide el contralor, Edgardo Maya Villazón.

Hay que tomar una decisión de fondo, radical y terminante con respecto a la firma Odebrecht y las compañías nacionales involucradas en casos de corrupción y no aplicar pañitos de agua tibia, pidió en forma tajante el contralor Edgardo Maya Villazón. 
“Hay funcionarios ya confesos de haber recibido los sobornos. Hay que tomar entonces una determinación firme y no comenzar con las consideraciones: que si se paraliza la obra y que vienen unas consecuencias”, señaló el jefe del organismo de control, en un comunicado de prensa de la entidad.
El pronunciamiento de Maya Villazón se conocieron en el foro Internacional  Responsabilidad Pública y Lucha Anticorrupción, organizado por la Universidad Javeriana. “Que se paralice lo que se paralice y que pase lo que pase, pero hay que tomar una decisión. Hay compañias multinacionales y nacionales involucradas en casos de corrupción y no  se pueden seguir aplicando pañitos de agua tibia”, dijo.
Advirtió que la Contraloría está mirando todos los frentes del tema en el caso de Navelena, donde la empresa brasileña Odebrecht cuenta con una participación mayoritaria: como las condiciones del crédito de $120 mil millones que le otorgó el Banco Agrario, el incumplimiento del contrato, la quiebra del contratista, la compra de cartera de libranzas a Estraval e igualmente la remodelación de la sede de esta entidad, destaca el informe de prensa.
El contralor General reconoció que las investigaciones fiscales no tienen el mismo ritmo de las diligencias disciplinarias y penales, y desafortunadamente la Contraloría ejerce un control posterior. Sin embargo recalcó que la entidad de control "está adelantando todas las actividades que se requieren y la pretensión es hacer un control en tiempo real sobre estos casos de corrupción relevantes", dice el comunicado. 
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Rompiendo las reglas de la corrupción

dinero.com, 2/22/2017, por GUILLERMO VALENCIA

Guillermo Valencia, columnista online

“Lo que importa acá es el efectivo. Un líder necesita dinero, oro y diamantes para gobernar sus cientos de castillos, alimentar cientos de mujeres, comprar carros y casas a millones de lagartos, necesita dinero para reforzar el ejército y terminar con dinero suficiente para depositarlo en la cuenta bancaria en suiza”. -MOBUTU SESE SEKO DE ZAIRE
El colombiano trabajador está cansado de ser castigado con altos impuestos, mientras que quienes nos gobiernan se ven envueltos en un sinnúmero de escándalos de corrupción: Agro Ingreso Seguro, Transmilenio Calle 26, SaludCoop, Reficar, Odebrecht entre muchos otros.
La corrupción es transversal a las ideologías políticas. Este cáncer social, que es la verdadera causa de la violencia, ha estado presente tanto en la izquierda como en la derecha y se ha perpetuado en nuestra historia política.
Y es que la verdadera causa de la corrupción no yace en la ideología sino en arquitectura organizacional del poder.  Me refiero puntualmente a las reglas del juego.
La historia y la evidencia empírica muestra que entre más concentrado esté el poder, existe  una mayor propensión a la corrupción de dicho sistema político.
Figura 1. Arquitecturas del poder político
La figura 1 muestra tres  tipos de arquitecturas organizacionales del poder.  La primera es una arquitectura autocrática, la segunda es el gobierno biopolar y la tercera es una democracia representativa.
 Gobierno autocrático
En un gobierno autocrático el líder debe estar decidido a oprimir, matar y silenciar a todos aquellos que no estén alineados con sus ideales. Dicho líder debe pagar un alto precio para que un grupo de personas que lo respalda haga el trabajo sucio por él. Si no está dispuesto a hacerlo, van existir otros líderes que sí están dispuestos a pagar dicho precio amenazando su supervivencia política.
Autócratas como Genghis Khan, Catalina la grande, Henry V, Stalin, Pinochet, Mobutu, Gadafi, Chávez, Kim Jong-un no gobiernan  solos, ellos necesitaron tener contenta una coalición, que reprima la oposición y  asegure su perpetuidad en el poder.
Gobierno bipolar
Este es el caso de un gobierno representado por dos coaliciones dominantes y donde una de las coaliciones se impuso en el poder. Para permanecer en el poder, el líder debe acceder a dar contrataciones, licitaciones y beneficios privados a  los grupos que lo respaldaron.
Esta arquitectura del poder no está diseñada para que nuestros dirigentes políticos honren el contrato social con sus electores, sino que honran un contrato con los grupos de interés y coaliciones que perpetúan al líder político en el poder.  Esta estructura de poder es la que prevalece en Colombia.
Democracias representativas
Son sistemas democráticos que se encuentran representados por diferentes grupos de interés. Democracias donde los diferentes grupos de poder son independientes y representan múltiples nichos de necesidades de la sociedad.
Figura2. Mapa de corrupción mundial. Fuente Transparency.org
El mapa muestra en rojo los países más corruptos. Dichos países están gobernados por un dictador o un teócrata: este es el caso de Venezuela, Irán, Sudán, Libia.  En el punto medio de corrupción en naranja están los  países donde la democracia está determinada por muy pocos grupos de interés. Este es el caso de Colombia, Brasil, México, Rusia, India y China. El último grupo están los países  donde los pueblos se encuentran mejor representados en múltiples grupos de interés.
Si bien, este sistema  es mucho mejor que los anteriores, también corruptible. Países como Suiza, Suecia, Alemania, Noruega, Australia pertenecen a este tipo de democracias representativas.
En nuestra próxima columna, mostraremos cómo la redes sociales y diferentes plataformas de internet crean oportunidades para reestructurar nuestro sistema democrático. La tecnología nos da la oportunidad de redefinir la arquitectura del poder en un contrato social donde los líderes realmente son premiados para hacer bien su trabajo de maximizar el bienestar social y económico de sus votantes.
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