Quién le teme a Sandra Morelli?
SEMANA, Sábado 14 Abril 2012
La funcionaria le ha devuelto a la Contraloría un papel protagónico en la lucha contra la corrupción. Mientras el Consejo de Estado estudia una demanda que busca tumbar su elección, sus decisiones le han granjeado fuertes enemigos.
Sandra Morelli ha dado muestra de un talante avezado como pocos que hayan dirigido la Contraloría General de la República. Una de las muestras más recientes de audacia se presentó con la decisión de adelantar un juicio fiscal contra 23 magistrados (entre auxiliares y titulares) por el posible detrimento patrimonial al Estado producto del aumento de las pensiones de 14 exfuncionarios de la Justicia.
Al abrir investigaciones a los magistrados y reclamar la competencia para hacerlo, la funcionaria se enfrentó a dos instituciones poderosas. Por un lado a un sector de la Rama Judicial que ve con recelo la posibilidad de terminar investigado por el ente de control y, por el otro, a la Comisión de Acusaciones, famosa por su falta de decisiones en los procesos, que arguye una usurpación de sus competencias constitucionales.
El pulso por quién debe investigar a los magistrados conti-nuó hasta hace dos semanas cuando la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura les dio la razón a los congresistas. El fallo del alto tribunal ordenó trasladar la investigación por el polémico carrusel de las pensiones de la Rama Judicial a la comisión parlamentaria. Ante esta sentencia, Morelli pateó el tablero. Anunció que no investigaría a funcionarios aforados hasta que no se aclare si esa es su competencia.
Con esta reacción dio a entender que estaba maniatada para investigar a otros personajes como el exministro Andrés Felipe Arias por el manejo de los subsidios del controversial programa Agro Ingreso Seguro, o al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por el manejo de los recursos del departamento durante su gestión. Además, aseguró que el paso de la investigación a esa célula legislativa era prácticamente una decisión "absolutoria".
Así consiguió el apoyo de sectores de opinión que se preguntan a la Justicia quién la ronda, y rechazan las pensiones inmerecidas en una sociedad caracterizada por la inequidad. También prevalece en el ambiente la idea de que lo más probable es que la investigación a los magistrados duerma el sueño de los justos y ratifica que hay poderes 'intocables'. Con su paso al costado, Morelli envió el mensaje de que, en últimas, la víctima es la Justicia.
Pero esta no es la primera vez que la contralora toma decisiones audaces. Tan pronto llegó a la entidad denunció a su antecesor por despilfarro. Su cruzada contra la corrupción siguió con la investigación contra las entidades territoriales y funcionarios del Ministerio de Hacienda por la presunta falta de controles en la aprobación de las vigencias futuras. Su posición, que al comienzo causó desconcierto entre funcionarios del Ejecutivo, obligó al Congreso a reglamentar esta figura para permitir el endeudamiento de los municipios.
Después vino el capítulo Bogotá. Morelli ordenó embargar las cuentas del entonces alcalde Samuel Moreno y de su predecesor Luis Eduardo Garzón, que hacían parte de la lista de investigados por su responsabilidad fiscal en la contratación. Y, después, suspendió de sus funciones en el cargo al entonces director del cuestionado IDU, Néstor Eugenio Martínez, por demorarse en entregar reportes sobre el desarrollo de la Fase III de TransMilenio en la calle 26.
En su paso por la entidad ha suspendido a tres gobernadores y varios exgobernadores están bajo su lupa. A finales de 2010 Morelli pidió la suspensión del entonces gobernador del Magdalena, Omar Díazgranados, por los sobrecostos en la compra de unos kits escolares. El cálculo del detrimento patrimonial por las irregularidades de ese caso fue de 2.500 millones de pesos y Díazgranados terminó sancionado por la Procuraduría con una inhabilidad de 15 años para ocupar cargos públicos.
A dos meses de la elección de alcaldes y gobernadores, en agosto de 2011, pidió suspender al entonces gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, por las rebajas que hizo la Empresa Departamental para la Salud a las transferencias que debía aportar la empresa de chance Susuerte. La investigación también terminó en la inhabilidad de diez años del exmandatario.
Y el caso más reciente fue el del recién posesionado gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, que fue sancionado fiscalmente por el detrimento patrimonial del departamento producto de la firma de varios contratos cuando él fue secretario de Salud del cuestionado Juan Carlos Abadía. Por ahora, la sanción contra Useche va en una multa por 2.000 millones de pesos.
Morelli también ha hecho varios controles de advertencia a empresas responsables de transporte masivo en varias ciudades, entidades encargadas de ejecutar presupuestos para mitigar el invierno, mineras y hasta a Ecopetrol por la falta de mantenimiento de los oleoductos. En la última semana no se escaparon los Ministerios de Trabajo y Hacienda, a los que les advirtió que debían tomar decisiones para evitar que la deuda pensional comprometa al patrimonio del Estado.
La cruzada contra la corrupción emprendida por Morelli ha sido apoyada por gran parte de la institucionalidad. Al comienzo de su gestión, la entonces fiscal, Viviane Morales; el procurador, Alejandro Ordóñez, y el propio gobierno se unieron en esa causa. Y el activismo de su gestión ha sido celebrado por analistas y columnistas.
Atrás quedaron los días en los que el fallecido congresista Víctor Renán Barco llamaba a hacer una enmienda constitucional para que el periodo de los contralores pasara de cuatro a ocho años: "Cuatro años en el ejercicio de sus funciones de máximo fiscalizador y los otros cuatro purgando las penas que le impongan los jueces por sus turbios manejos en el desempeño de las mismas". En la lista de contralores no faltan los que fueron a parar a la cárcel, como Julio Enrique Escallón, Aníbal Martínez y Manuel Francisco Becerra. El ente de control hoy en día goza de una buena imagen. En febrero pasado, en la encuesta bimestral de Gallup, la Contraloría sigue registrando un alto índice de favorabilidad (el 67 por ciento) al lado de instituciones como la Corte Constitucional y la Fiscalía.
Sin embargo, hay quienes consideran que la estrategia de abrir muchos frentes somete a Morelli a un riesgo muy alto. Y por eso en el mundo político, en el que las posiciones cambian a conveniencia, hay quienes la quieren frenar. La contralora ha tenido otras actuaciones que han dejado ver su carácter impulsivo, como cuando se enfrentó con el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, por las partidas para ampliar la nómina de la entidad para vigilar las regalías. En el caso de la investigación por las pensiones de los magistrados ya el procurador ha pedido mesura. Hay quienes consideran que ni son todos los que están ni están todos los que son. "¿Por qué la Contraloría no investiga el carrusel de la Procuraduría?", se preguntó el columnista Ramiro Bejarano.Y no faltan los críticos que consideran que a la contralora la asiste un afán de protagonismo y que se está convirtiendo una especie de Savonarola que no deja títere con cabeza.
Aunque ha mostrado que no les teme a los corruptos, la apuesta de la contralora ha sido arriesgada, pues ha tocado poderes tanto nacionales como regionales, que no están cómodos con sus actuaciones. Y sus adversarios están a la espera de que se equivoque en cualquiera de sus movimientos para bloquearla, pues el grupo de funcionarios que ha caído en su radar es amplio. "Cuando se quiere combatir la corrupción hay que hacerlo estratégicamente, identificar los frentes más importantes y actuar. Pero abrir muchos al tiempo es un error de cálculo", explicó el analista político Fernando Giraldo.
Ante el inminente fallo del Consejo de Estado, que estudia una demanda contra su elección por su presunta falta de cumplimiento de los requisitos legales para ocupar el cargo, y más allá de lo que opinen sus críticos, sería lastimoso que la Contraloría siguiera el camino de interinidad que agobió a la Fiscalía por tres años.
Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, insiste en que el gremio no busca que se acabe el régimen público de pensiones. / Archivo