Entregó hace una semana el Consejo Privado de Competitividad las bases de un gran Pacto Nacional por la Productividad. Desde esta columna me sumo a esta cruzada, que posiblemente sea uno de los asuntos centrales en la agenda económica del gobierno que llega. Como lo demuestran estudios diversos, Colombia sufre de estancamiento productivo y competitivo en los últimos 20 años, con el agravante de que en los diez años recientes su aporte al crecimiento ha sido negativo, y que países vecinos y con quienes competimos, como Perú, nos llevan una distancia cercana a un 20 %.
En palabras del BID, Colombia y en general América Latina sufre en la baja productividad una enfermedad crónica que es el resultado de “fallas de mercado y del Estado que distorsionan los incentivos para innovar, impiden la expansión de las compañías eficientes y promueven la supervivencia y el crecimiento de empresas ineficientes”.
Se entiende esto como exceso de subsidios y exenciones tributarias ineficaces, regulaciones excesivas o incompletas, cargas de tributos altas, informalidad (en lo laboral, lo tributario, lo empresarial, en el uso excesivo del efectivo, entre otros), con el agravante de que cuanto más bajamos en el tamaño de las empresas, más baja es la productividad y más alta la informalidad, asunto que no es de poca monta en un país que es mayoritariamente de pymes.
Frente a esta dramática realidad, el Consejo Privado de Competitividad sabiamente ha identificado seis caminos a seguir, que debiesen ser la ruta crítica de las propuestas económicas de nuestros candidatos presidenciales. De un lado, construir confianza en el sector real y estimular las capacidades empresariales; en segundo lugar, hacer una gran apuesta por la formalización en nuestra economía (que no es sólo la formalidad en lo laboral); en tercer lugar, mejorar la coherencia y la articulación en las relaciones público privadas (a lo que yo agregaría también con la academia); en cuarto lugar, generar mercados más eficientes y competitivos; en quinto lugar, cerrar las históricas brechas de capital humano en cantidad, calidad y pertinencia formativa, y finalmente avanzar por fin a ser un país más competitivo en la logística del transporte (y ojalá asumir el costo político que esto implica, con la convicción de que no podemos seguir en el mismo camino).
Este puede ser el propósito más importante para lograr tasas de crecimiento superiores al 6 % en los próximos años, que es la única forma para preservar y construir empleo, seguir reduciendo la pobreza absoluta y relativa, y continuar generando mayores niveles de equidad en la economía. De lo contrario, seguiremos en senda negativa en la tasa de desempleo, deterioraremos los indicadores sociales y redistribuiremos pobreza y no riqueza.
Lograr lo anterior supone, entre otras, estrategias concretas y financiables de innovación, incluyendo el fortalecimiento con recursos para ciencia y tecnología, transformaciones en nuestro sistema de educación terciaria y en el rol del Sena, revisión completa del sistema impositivo para hacerlo sostenible, eficiente y competitivo, incluyendo el rediseño o fortalecimiento de la DIAN, y estrategias concretas para ordenar el sistema de transporte e incentivar la competencia en el transporte de carga.
Sin embargo, supone también la construcción de narrativas y estrategias que generen confianza entre el empresariado y la implementación de prácticas regulatorias que reduzcan el exceso de trámites, flexibilicen los mercados y logren un sistema tributario menos oneroso y sustentado en una base mayor de contribuyentes.
Viendo entonces el debate presidencial, y releyendo las propuestas económicas de cada candidato, afortunadamente se encuentra uno con estrategias, algunas interesantes y novedosas y otras conocidas, que requieren voluntad política para implementarse. No obstante, lo que poco ayuda en la dirección de mejorar la productividad son algunos mensajes que destruyen la confianza del empresariado y que han generado la reacción inmediata de los gremios empresariales al considerarlas peligrosas, así como también algunas iniciativas que van en la dirección de hacer más ineficientes e inflexibles los mercados y en especial en el mercado laboral.
Yo me sumo a este Pacto con la convicción de que para que opere necesitamos también mejorar en nuestra débil e ineficiente capacidad de gestión pública, tema este que por su complejidad requiere ser abordado en la próxima columna.
Reflexiones al tema pensiones
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