por: Óscar Rodríguez Salazar
Se trata nada menos que de quién maneja el ahorro nacional, y de cuánto cotizan y reciben los millones de afiliados a los fondos privados o al subsistema público. Es un asunto que parece técnico y que en efecto nos afecta a todos.
Óscar
Rodríguez Salazar*
Privatizar, privatizar
La
reforma pensional siempre ha estado en la agenda del gremio que aglutina a los
fondos privados de pensiones (Asociación Colombiana de Administradores de
Fondos de Pensiones y Cesantías, Asofondos)- así como en la de la Asociación de
Instituciones Financieras (ANIF) y en la de la tecnocracia del Ministerio de
Hacienda y de algunos centros de investigación que han convertido en credo la
idea de que lo financiero debe funcionar de manera libre y globalizada.
Los
congresos de los gremios vinculados con el “negocio de las pensiones” suelen
concluir con un llamado a privatizar completamente el ahorro pensional y a
liquidar el sistema público encomendado a la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones).
Las
conclusiones de estos congresos son difundidas por los medios de comunicación
que contralan los mismos grupos económicos que gestionan el Régimen de Ahorro
Individual. Pero en cambio las protestas sociales contra este tipo de ahorro no
son registradas por esos medios de comunicación.
Una
muestra significativa de dicha ausencia son las protestas sociales ocurridas en
Chile, como por ejemplo la registrada con el título “Miles de chilenos
protestan contra el sistema de pensiones impuesto por Pinochet” en el periódico El País del 22 de
agosto de 2016, en la que se afirma que un millón de personas, en 50 ciudades y
250 municipios, protestó contra el sistema privado de pensiones; o las
movilizaciones lideradas por el movimiento ciudadano “No más AFP”, que revela
que el 90% de los jubilados en Chile recibe pensiones inferiores a $233 dólares
mensuales -lo que representa la mitad del sueldo mínimo establecido en ese
país- y que las AFP aumentaron sus ganancias en 71.4% en los diez primeros
meses del 2015. Esta información no se divulga en los medios colombianos porque
daría pie a cuestionar los intentos de monopolizar el ahorro pensional de los
colombianos.
Pensiones, pocas y mal repartidas
Dudas sobre la nueva Reforma Pensional.
Foto: Anyelik
El sistema de aseguramiento de
Colombia no les garantiza a los trabajadores que dispondrán de ingresos para
una vejez digna. Según las proyecciones disponibles, más del 70 por ciento de
los ocupados tendrán que enfrentar la vejez en condiciones de pobreza y con la
sola protección derivada de la solidaridad de sus hijos.
Uno
de los mayores desafíos del actual sistema de protección social es el
crecimiento acelerado del grupo de los adultos mayores dentro del total de
población. En el proyecto SABE (Estudio
Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento) que adelantaron el Ministerio de
Salud y Colciencias en 2015 se calculó que los adultos mayores representan el
11 por ciento de los colombianos y se espera que para el año 2020 haya 50
mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años.
En
ese estudio también se encontró que los adultos mayores trabajaron durante 36,6
años en promedio, y que el 60 por ciento de los que siguen trabajando lo hace
por la necesidad del dinero. El 29,1 por ciento manifestó que sus ingresos
provienen de mesadas pensionales, el 29,2 por ciento de aportes de familiares
que viven en Colombia y el 30,9 por ciento del ejercicio de una actividad
laboral.
Más del 70 por ciento de los ocupados tendrán que enfrentar la
vejez en condiciones de pobreza.
La
baja cobertura pensional está asociada con el comportamiento del mercado
laboral colombiano, donde predominan la informalidad, la precariedad y la
elevada rotación en los puestos de trabajo:
- Según el DANE,
la informalidad en las 13 ciudades mayores durante el trimestre
octubre-diciembre de 2016 fue del 47,5 por ciento. En otras 23 ciudades y
sus áreas metropolitanas fue del 48,7 por ciento.
- Al examinar la
información de la Superintendencia Financiera sobre los cotizantes al
sistema de ahorro individual, se encuentra que de un total de 13.220.580
afiliados en diciembre de 2016, solo el 12 por ciento correspondía a
trabajadores independientes. En otras palabras: la seguridad social se
concentra en el llamado “sector formal” de la economía.
- Por otra parte,
de las 13.347.910 personas afiliadas al llamado “fondo moderado” de
la aseguradoras privadas durante el trimestre octubre-diciembre de
2016, el 53 por ciento eran miembros activos o que habían cotizado
alguna vez durante los último seis meses, pero el 47 por ciento restante
eran inactivos o sea que llevaban más de medio año sin cotizar. Y también
en Colpensiones, de los 6.423.996 afiliados durante el mismo trimestre, el
47 por ciento eran inactivos. Este es otro indicador de la inestabilidad
de los ingresos de los trabajadores colombianos y de la alta rotación que
se presenta en los puestos formales existentes.
- Los afiliados
también pueden ser clasificados como cotizantes o como no cotizantes
(personas que no depositaron la cotización obligatoria en el mes para el
cual se reporta). Pues bien: en los fondos privados, solo el 33 por ciento
de los afiliados eran cotizantes; y en Colpensiones solo lo era el 35 por
ciento.
- Peor todavía,
entre las mujeres afiliadas a los fondos privados el 59 por ciento eran
inactivas y el 57 por ciento eran no cotizantes; y las no cotizantes entre
las afiliadas a Colpensiones ascendían al 65 por ciento. La inestabilidad
en el empleo y en el ingreso también es una cuestión de género.
Propuestas interesadas
Los
voceros del sector financiero privado insisten en suprimir o extinguir el
sistema de prima media que administra Colpensiones y en llevar a cabo una nueva
reforma laboral como maneras de ampliar la cobertura del sistema de pensiones
en Colombia.
El
presidente de la ANIF, Sergio Clavijo, habla a menudo sobre la necesidad de
privatizar el sistema pensional. Asofondos y el Ministerio de Hacienda
coinciden en defender la reducción del salario mínimo y la flexibilización del
mercado laboral como estrategias para crear empleo y prevenir la llamada “bomba
pensional”:
- por una parte el
aumento del empleo en el sector formal disminuiría la informalidad (y
aumentaría el número de cotizantes a fondos pensionales);
- por otra parte
un menor salario mínimo reduciría el costo de las pensiones que por ley se
reajustan con los reajustes anuales en aquel salario básico.
Los
dos últimos congresos de Asofondos han coincidido en recomendar que primero se
lleve a cabo una reforma laboral y después se ajuste el sistema pensional. En
la clausura del congreso realizado en febrero de 2014, dijo Mauricio
Cárdenas que “como ministro de Hacienda y Crédito Público, celebro que la industria
de las AFP haya asegurado que la mejor reforma pensional es una reforma
laboral”.
La
Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE) comparte esta
apreciación. En un informe de 2015 esta entidad propuso “reformar a fondo el
sistema de pensiones para reducir la desigualdad y la pobreza en la tercera
edad”.
- Una de las
medidas sugeridas fue suprimir la competencia entre los llamados “régimen
de prestaciones definidas” y “régimen de cotizaciones definidas” (en el
primero se fija de antemano el valor de la pensión mensual y las
cotizaciones del trabajador respectivo van cambiando de manera que
cubra aquel valor; bajo el sistema de cotizaciones definidas ocurre lo
contrario). Esta propuesta de la OCDE en la práctica implica eliminar el
subsistema público de pensiones.
- Otra prepuesta
de la Organización fue suprimir el umbral o el valor mínimo mensual de las
pensiones en Colombia porque, en su opinión, había un “elevado salario
mínimo, lo cual resulta costoso”.
Dos bases del sistema
Pensión para adultos mayores.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Las propuestas de privatización
completa de las pensiones hacen eco y hacen juego con dos rasgos del modelo que
hoy existe en Colombia: la monopolización del sistema pensional, y la baja tasa
de reemplazo entre salario y valor de la pensión.
1.
La cobertura del sector privado está altamente concentrada en los fondos
Protección y Porvenir, que acumulan el 87,3 por ciento de los afiliados.
Se efectuaron 149.986 traslados al fondo estatal, mientras que a
los fondos privados se pasaron apenas 24.064 personas.
El
grupo de Luis Carlos Sarmiento (Porvenir) controla el 45,6 por ciento de los
recursos por concepto de pensiones, y el sindicato antioqueño (Protección)
controla otro 35,4 por ciento, es decir que entre los dos manejan el 81 por
ciento de los ahorros de estos millones de trabajadores colombianos.
Esta
cifra es importante porque según el Plan de Desarrollo (2014-2018) Todos
por un nuevo país, “el ahorro en los fondos de pensiones en 1996
era del orden del 4,4 por ciento del PIB mientras que en el 2010 alcanzó el
19,5 por ciento y en el 2014 el 19, 6 por ciento".
2.
La “baja tasa de reemplazo” sencillamente significa que la pensión es bastante
menor que el salario que recibía el jubilado. Y esta diferencia es mayor para
los afiliados a los fondos privados.
En
efecto, la Contraloría General de la República (Documento CGR—CDCSS. Número 78 mayo
2014) estableció la diferencia entre el valor promedio de la
pensión recibida de Colpensiones y la que paga un fondo privado. Las cifras
muestran la inequidad entre los dos regímenes
- Los hombres con
un ingreso base de liquidación (IBL) entre 5 y 6 salarios mínimos
recibirían en el régimen privado el 67 por ciento de lo que habrían
percibido en Colpensiones; y entre quienes tienen un IBL de 6 o
7 salarios mínimos este porcentaje sería del 61 por ciento.
- La
discriminación contra las mujeres vuelve a ser evidente porque -salvo en
el primer rango del IBL- reciben una suma inferior a la de Colpensiones.
Esto
explica por qué están los afilados a los fondos privados están regresando a
Colpensiones. Según el informe de gestión de esta entidad, en 2016 se
efectuaron 149.986 traslados al fondo estatal, mientras que a los fondos
privados se pasaron apenas 24.064 personas. Tal vez para evitar que siga este
desangre se multiplican hoy las voces que piden marchitar el subsistema público
de pensiones.
Los
cálculos de la Contraloría en 2013 mostraban que para tener derecho en el
sistema privado a una pensión igual a un salario mínimo un hombre de 62 años
debía tener en su cuenta de ahorro individual 153.565.721 pesos, y una mujer de
57 años, 124.493.490 pesos. Estas sumas solo son alcanzadas por el 2 por ciento
de los afiliados en edad de pensión, de suerte que al 98 por ciento le deberán
devolver los saldos y apenas el 1,5 por ciento tendrá derecho a la garantía de
pensión mínima (GPM).
Entre
1996 y 2013 bajo el sistema privado se pensionaron 45.941 personas y se les
devolvieron los saldos a 46.251. En 2012 se pensionaron 5.707 afiliados y les
devolvieron saldos a 9.319 esto es, al 62 por ciento de los afiliados. En
Colpensiones, por ser un régimen de prestaciones definidas, se puede garantizar
que la pensión no sea muy distinta del salario, mientras que en el sector
privado el valor y duración de la cobertura pensional están sujetos al valor
que se alcanzó a ahorrar en la edad productiva.
Este
panorama crea muchas inquietudes sobre la privatización total del sistema
pensional, dado el gran interés del capital financiero en aumentar su
participación en el PIB.
La
importancia realmente enorme de este tema hace necesario asegurar la
transparencia en los órganos de control. Por eso es importante que la
Superintendencia Financiera brinde información suficiente y oportuna en temas
como el índice base de cotización y el nivel pensional de los 108.444 afiliados
de los fondos privados que han tenido derecho a una pensión.
*Profesor de la Universidad
Nacional, integrante del Grupo de Protección Social.
Reflexiones al tema pensiones
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