El "malestar" de gravar pensiones millonarias

Elespectador.com, Por: Héctor Sandoval Duarte

Polémica en el tema de las pensiones.

Gravar las pensiones que superen los $10 millones mensuales con una tarifa del 5%, como lo propone la reforma tributaria radicada por el Gobierno, no ha dejado de generar resistencia y malestar entre algunos de los congresistas que están analizando el proyecto desde hace varias semanas. Sin embargo, de hacerse efectiva la propuesta, este impuesto terminaría afectando a menos del 20% de los pensionados que existen en Colombia (aproximadamente, 200.000 entre poco más de un millón de personas).

“¿Quiénes tienen pensiones en Colombia? ¿La clase media? Me muero de la risa”, cuestiona el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega López, al recalcar que congresistas y magistrados (con pensiones superiores a los $15 millones) forman una gran parte de un caro subsidio que debe acarrear el Estado por $30 billones anuales (un 16% del Presupuesto General de la Nación para 2013).

“La propuesta de un gravamen del 5% está generando semejante lío; es una vergüenza y viola una norma básica que es la progresividad. Que exista la conciencia de que la pensión debe tributar es una discusión política”, comentó Ortega. Con este planteamiento, alguien que se gane una pensión de $10 millones estaría pagando la misma tarifa que una persona que devengue una mesada de $16 millones.

En Colombia, reconoce el jefe de la DIAN, el subsidio más regresivo que se da es el de las pensiones, en particular a las más altas, que han estado en el ojo del huracán, como algunas existentes en la Rama Judicial. “Ahí, el país tiene una desigualdad salvaje. Eso vale una cantidad de plata y una pensión de $10 millones jamás va a ser de clase media. Una mesada aquí en el país no tributa ni al gastarse ni al recibirse”.

Recordó un caso emblemático: el de una pensión de $30 millones mensuales que se le dio a un fotógrafo que trabajaba en la antigua Caja Agraria y formaba parte del sindicato. “Esto parte de una demanda que él ganó en 2005 por la vía del Tribunal de Cundinamarca”.

Otra historia similar, cuenta Ortega, fue la de unos empleados del Banco de la República que hace varios años demandaron al Emisor argumentando que los viáticos y el carro con conductor eran parte del mínimo vital para pensionarse. “Mire cómo funciona la solidaridad. Los tipos ganaron la demanda”. “Hubo un caso de una pensión en 1994 que valía $25 millones al mes y que se ganó un tipo de 49 años sin tener que pagar un peso sobre esos ingresos. ¿Qué tal que una pensión pague impuestos?”.

La conclusión de todo esto para Ortega es que durante décadas las empresas públicas y entidades estatales como Ecopetrol, el Banco de la República y las altas cortes han sido el fortín de las pensiones millonarias. Este círculo contrasta con un panorama donde el 80% de los pensionados del país —poco más de 800.000 ciudadanos— devenga mensualmente menos de cuatro salarios mínimos ($2’266.000).

Juan Mario Laserna, senador de la República, comentó que este impuesto que se propone a las pensiones altas es pequeño en comparación a lo que se paga en otras partes del mundo, teniendo en cuenta que un 30% de las mesadas que reciben los colombianos se conforman por los ahorros del empleado y el 70% restante se encuentra subsidiado.

Sin embargo, el representante a la Cámara David Barguil cree que imponer un gravamen a quien ya entró en edad improductiva “no tiene mucho sentido”. “Mi crítica en lo pensional es sobre el ahorro voluntario. Con el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) sobre los ingresos, el incentivo a ahorrar de manera voluntaria se vuelve ineficaz”.

En cambio, para el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Salomón Kalmanovitz Krauter, una pensión de $10 millones en Colombia constituye un ingreso muy alto que debería pagar impuestos de acuerdo a lo que propone el IMAN en el proyecto de reforma tributaria. “Esas pensiones deberían ponerse como ingresos normales, sin decir ‘pobres viejitos’”.

“Mire a ver si esos grandes negocios que se hacen en Colombia han pagado un peso de impuestos. Le digo: no. No han pagado”. Al afirmar esto, el director de la DIAN está convencido de que en el país estas grandes transacciones deberían tributar —como lo hacen en Estados Unidos, donde existe una tarifa del 35%—, y que esta problemática debería ser una de las discusiones de fondo de la reforma tributaria.

Muchos de los grandes negocios que se hacen en Colombia, según cuenta el jefe de la DIAN, se hacen en paraísos fiscales como Panamá, Islas Caimán, Islas Mann, Delaware (Estados Unidos) para evadir grandes sumas de impuestos. “Mire la venta de empresas como Lafrancol, Genfar, Promigas, Proenergía y la venta de acciones de la Drummond. La pregunta es: ¿deberían pagar? Hay gente que dice que no y creen inmoral que los pongan a tributar. Esto es un robo”.

Pese a que la guerra a los paraísos fiscales parece fortalecerse alrededor del mundo —a Suiza se le están imponiendo controles más fuertes—, el senador Laserna asegura que en el país persiste la cultura de llevarse los capitales al exterior para no tener que pagar impuestos. “Hay maneras de eludir tributos por vías legales. Muchas multinacionales lo hacen con precios de transferencia”. Conexo a esto, agrega, la reforma plantea una “amnistía tributaria para que se legalicen patrimonios que estén en paraísos fiscales”.

Según una fuente gubernamental consultada por este diario, “la parte más importante y menos mencionada de la reforma es toda la normatividad sobre vinculados económicos. Ésta busca que las transacciones que se realicen entre vinculados paguen los impuestos. Además, pretende que se revelen las empresas vinculadas en el extranjero”.

Para ponerle freno a la evasión de impuestos a través de estas transacciones, el funcionario consultado consideró que la reforma aborda el problema “de manera moderna e inteligente” y también da lugar a una rebaja considerable para la carga tributaria sobre las ganancias ocasionales (del 33% al 10%).

En medio del debate, Ortega concluye que el proyecto “da pasos pero no soluciona todo. De lo que nadie ha hablado es de las cláusulas antievasión y antielusión”.