Ante la necesidad de una reforma tributaria estructural, el Gobierno creó la Comisión de Expertos tributarios en febrero de este año. Desde entonces, el grupo de especialistas se reunió cada lunes hasta entregar el informe final al Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el pasado 24 de este mes.
Integrada inicialmente por nueve expertos, la Comisión difundió dos informes anteriores, uno a principios de junio y el otro a medidos de septiembre. En cada uno de ellos, dos fueron los temas de mayor tratamiento: el porcentaje de aumento sobre el impuesto del valor agregado (IVA) y el control sobre las entidades sin ánimo de lucro, ambas apuntando al objetivo de obtener mayores recursos a través de las cargas fiscales.
Estas propuestas no resultan novedosas ni mucho menos sorpresivas, según algunos analistas, quienes consideran que el Gobierno está buscando recursos que le hacen falta para proyectos de gran envergadura en 2016 como por ejemplo, el financiamiento del posconflicto. En ese sentido, Horacio Ayala, ex director de la Dian, considera que “la Comisión propone elevar el IVA porque está en el mismo tono del Gobierno que sabe que es la manera más fácil y rápida de conseguir el dinero que necesita”.
Aunque el aumento del IVA se puede decretar de manera casi inmediata a través de la expedición de una ley que puede entrar en vigencia prácticamente al mes, lo cual no ocurre con otro tipo de impuestos como el de la renta que necesita un par de años para que entre en plena marcha, también es cierto que Ricardo Bonilla, ex secretario de Hacienda, había indicado que “el incremento debería darse porque el país tiene faltantes por la disminución de la renta petrolera y para atender las inversiones que requiera el posconflicto con la firma de un acuerdo de paz”.
Lo cierto es que la Comisión en su último informe propuso subir el IVA a 18%, aduciendo que este valor está más cercano al Impuesto de Valor Agregado promedio de América Latina y de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que tienen, justamente, un gravamen del 18% mientras en el Estatuto Tributario colombiano se mantiene en 16%.
Desde su primer informe, los expertos tributarios insistieron sobre la falta de recaudo del sistema tributario colombiano, aduciendo que aquí el monto por concepto de recolección de impuestos corresponde a solo 20% del producto interno bruto, en contraste con la región donde es más de 21% y en países de la Ocde que llega incluso por encima de 30%.
Al respecto, Javier Hoyos, especialista en gestión legislativa e impuestos de la Universidad de Antioquia, plantea que el enfoque del estudio de la Comisión no puede ser solo de carácter tributario y debe tener un componente de racionalización de gastos por parte del estado, pues “si se compara el gasto desde que empezó el presidente Santos del 2010 hasta el 2016, el gasto de funcionamiento ha crecido en más del 50% mientras que la inflación en ese mismo ha sido de alrededor del 22%, entonces me parece que está coja la propuesta si no se hace una revisión importante del gasto que ha crecido exageradamente y los mismo la deuda interna y externa del Gobierno”.
Adicionalmente, analiza que el escenario para la anunciada reforma tributaria tendrá limitaciones para avanzar, pues en su criterio es contraproducente llevar simultáneamente dos proyectos legislativos tan grandes como son este de carácter económico y otro más político como el relacionado con el plebiscito y la paz.
Durante su último informe, la Comisión de expertos precisamente habló de los dos caminos para corregir el hueco fiscal: aumentar los impuestos o reducir el gasto. Sin embargo, en consideración de los analistas, esta dependencia siempre ha discutido gravar a los productos en términos de consumo y a las personas en cuanto a sus ingresos y honorarios.
Pero no se tiene en cuenta el gravamen a rentas de capital relacionadas al sistema financiero, “por ejemplo, la utilidad en la venta de acciones en la bolsa que acá en Colombia está excluida de impuesto. Es decir, hay otras fuentes de ingresos que por razones políticas no se han utilizado y que son donde el Gobierno y Congreso deben conseguir recursos antes de cargar más a las personas”, puntualizó Ayala.
Sobre las entidades de ánimo de lucro, la Comisión había expuesto que hay 71.662, de las cuales 16.729 son no contribuyentes, y el resto (54.933) pertenecen al régimen tributario especial, pero dicho régimen tributario es muy laxo y hay falta de control por parte de la Dian, de ahí que proliferen entidades constituidas como asociaciones, fundaciones o corporaciones sin serlo.
Por eso, los expertos tributarios plantearon que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales debería incorporar en su plan anual de fiscalización un programa de control para este tipo de entidades que tendría que ser aprobado por un comité establecido. Pero, según Ayala, “a través de una norma no va a desaparecer el fenómeno, la Dian no está en condiciones de vigilar esas entidades porque comparativamente, si miramos alrededor, es la entidad más pequeña que existe de recaudación de impuestos en todos estos países y, por otro lado, estas entidades son de naturaleza muy diversa, lo cual dificulta su control”.
En contraste, existe otra preocupación en relación con la recomendación de la Comisión que habla sobre aquellas entidades sin ánimo de lucro que no logren clasificar como tal, entonces tendrían el tratamiento de entidades o sociedades limitadas, y eso implicaría que fueran objeto del impuesto de renta, el impuesto al patrimonio y a la renta presuntiva, entre otros.
“De cierta forma todas esas instituciones conservan un capital social y gravarlas con estos impuestos creo que llevaría a que muchas se acabasen, adicionalmente si una institución no clasifica como entidad sin ánimo de lucro, las donaciones que le hagan a esa entidad no pueden ser deducibles desde la renta de las empresas, entonces el efecto sería la concentración de las donaciones en muy pocas y llevaría a la desaparición de otras”, finalizó Hoyos. Para contactar al autor de esta nota:
Nathalia García Lesmes
ngarcia@larepublica.com.co,
Editor de esta nota: María Alejandra Sánchez
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