elnuevosiglo.com.co/, Diciembre 24, 2019
Amylkar Acosta
El Ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el gobierno del Presidente Duque se salieron
con la suya. Contra todos los pronósticos, en medio del rechazo ciudadano y la
opinión adversa de los expertos, así como de reconocidos centros de pensamiento
como Fedesarollo y Anif, se las apañó para lograr los votos para la aprobación
de reforma tributaria 2.0.
Esta, al igual que
las otras, acentúa el carácter regresivo del Estatuto tributario, como lo
constató la Comisión del gasto público creada por mandato de la reforma
tributaria de 2016, “el esquema tributario colombiano no cumple con los
principios de eficiencia y equidad característico de un sistema fiscal
exitoso”, como lo manda la Constitución en su artículo 363.
En este caso, como
ocurría con las Cédulas reales, aquí en Colombia se obedece la Constitución
pero no se cumple (¡!).
Esta vez, sin
embargo, les tocó ceder en algo para lograr su cometido. En procura de
atemperar y apaciguar los caldeados ánimos, que se puso de manifiesto el 21N,
se doró la píldora accediendo a incluir en la ponencia algunas concesiones
menores. Como en la parábola del rico Epulón, a los pobres les tocará recoger
las migajas que caerán de la mesa.
Como afirma el
Presidente ejecutivo de Tributar Consultores, Carlos Lizcano, la mal llamada
Ley de financiamiento, que ahora se revive, “descarga toda su fuerza y
contundencia sobre la clase media colombiana, la cual, bajo estas
circunstancias, se convierte en una población vulnerable”. Y, como es
consabido, en Colombia gran parte de esa clase media está en condiciones de
vulnerabilidad, con un pie adentro y otro afuera de la clase media, en riesgo
de volver a caer en la pobreza.
En este contexto,
la propuesta del Presidente Iván Duque, a última hora, en respuesta a la
indignación de los marchantes desde el pasado N21 y de los cacerolazos, de
introducir en la reforma tributaria 2.0 tres disposiciones que aliviarían la
suerte de los más vulnerables no pasan de ser paños de agua tibia.
Sumados
todos estos beneficios, según la Dian, al cuantificarlos tendrán un costo
fiscal de $3 billones para muchos, que contrasta con los más de $9 billones
para unos pocos. Bien dice el Director del Observatorio Fiscal de la
Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, “estas son concesiones bien pequeñas
para seguir justificando $9 billones en recortes tributarios a las empresas y
personas de más altos recursos del país”.
El Gobierno
Nacional y el Congreso de la República deben tomar atenta nota para profundizar
el diálogo social propuesto por el Presidente Duque, del llamado reciente de la
Secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en el sentido que “la
superación de la pobreza en la región no exige solamente crecimiento económico;
este debe estar acompañado por políticas redistributivas y políticas fiscales
activas” y remata diciendo: “el llamado es a construir pactos sociales para la
igualdad”. Así de claro.
www.amylkaracosta.net
*Miembro de Número
de la ACCE
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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