Por: Rudolf Hommes
En el foro de aspirantes a la presidencia, en La W, el miércoles pasado, hubo un acuerdo tácito de que lo prioritario es promover crecimiento. Todos ellos coincidieron en que se deben diversificar las fuentes de crecimiento, disminuyendo la dependencia de la exportación de petróleo, carbón y otros productos básicos, y promover mayor desarrollo de la agricultura y de la industria. Nadie se refirió a la forma como se propone hacer esto, excepto los que quieren rebajar impuestos; pero, en medio de la pelotera política en curso, por lo menos hay consenso sobre la urgencia de poner la economía a crecer, procurando que los beneficios se distribuyan ampliamente.
La financiación y ejecución efectiva del plan plurianual de inversiones del posconflicto contribuirían definitivamente a este último objetivo no porque esté en el acuerdo de paz, sino porque es lo mínimo que Colombia debería hacer para elevar el nivel y la calidad de vida del sector rural, enmendar siglos de desatención al campesino y dejar atrás el conflicto endémico.
Las implicaciones fiscales de este plan, que se estimaron en un estudio de Fedesarrollo, comprenden la inclusión social de la población rural, la construcción de vías terciarias, la compra de tierras, la creación del catastro multipropósito, la normalización de la propiedad rural, planes de desarrollo con enfoque territorial, un sistema de asistencia técnica para campesinos y el plan de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno (Roberto Junguito, Juan José Perfetti, Martha Delgado, ‘Acuerdo de paz: reforma rural, cultivos ilícitos, comunidades y costo fiscal’, febrero del 2017).
El mismo estudio concluye, por otra parte, que este plan “no parece presentar una amenaza a la estabilidad fiscal” y que su financiación está dentro de las posibilidades del Gobierno. Tiene un costo anual estimado un poco superior al 1 por ciento del PIB, y lo que hace falta por financiar es del orden de 0,6 por ciento del PIB. Dejarse alarmar por el costo fiscal de los compromisos emanados del acuerdo de paz es como asustarse con el cuero de un tigre que mataron otros. Además, se debe tener en cuenta que este gasto adicional genera crecimiento por su impacto sobre la productividad y el bienestar. Hace falta que el Gobierno y los alcaldes se pongan de acuerdo en un plan equivalente para las ciudades.
Otra prioridad discutida por los candidatos en La W es el desarrollo más acelerado del sector agropecuario. Es necesario que el siguiente ministro no tenga impedimentos e ingrese con el compromiso de hacer algo verdaderamente relevante. Una prioridad es lograr que antes de agosto del 2018 estén montados y operando el Fondo de Tierras y la asistencia técnica rural y sea efectivo el mayor acceso de los campesinos a tierra y a otros medios de producción. También sería deseable que promueva un consenso sobre el uso de la tierra baldía para que pueda ser arrendada a empresarios y esos ingresos financien las vías de acceso y la infraestructura. Esto permitiría incorporar gradualmente la región de la Orinoquia y sustituir una proporción importante de las importaciones de cereales y de soya. El ministro podría hacer una contribución histórica si le presta atención al estudio de Fedesarrollo y Eafit sobre proteccionismo, al cual se refiere Rodrigo Botero en su artículo del jueves pasado en ‘El Colombiano’.
A María Lorena Gutiérrez se le presentan oportunidades similares en el ministerio a su cargo. Hay tres frutas bajitas que están listas para recoger: el desarrollo del sector petroquímico, que ha hecho posible la existencia de Reficar; el del sector oleoquímico y la consolidación de Bancóldex como agencia de desarrollo productivo más allá de su función financiera.
RUDOLF HOMMES
Reflexiones al tema pensiones
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