Informe de la Contraloría destaca que en el 2014 se pactaron compromisos por esa cifra.
Aunque hoy existen más restricciones a la hora de comprometer los presupuestos de los gobiernos venideros a través de vigencias futuras, la figura sigue estando tan en boga que la Contraloría General detectó que, en el 2014, el Gobierno aprobó 109,8 billones de pesos (corrientes) para ser aplicados hasta el 2040”.
Esto significa que al menos seis de las próximas administraciones quedarán atadas a compromisos de gastos que les reducirán capacidad de endeudamiento para inversión, lo que no es muy acertado según algunos analistas, mientras que otros estiman que la contraprestación de este panorama es que el país se enrute por la vía de desarrollar proyectos bajo la premisa de que hay que hacer política de Estado y no política de Gobierno, es decir, solo lo que decida el gobernante de turno.
Una de las razones del incremento en el uso de esta figura, que viene creciendo a un ritmo de entre 8 y 9 por ciento desde el 2008, es la nueva herramienta creada para financiar grandes obras, conocida como alianzas público-privadas (APP) y que, como su nombre lo indica, implica que pone plata el Gobierno y ponen los privados.
Es para infraestructura
Según el informe de la Contraloría, por APP se aprobaron 91,2 billones de pesos, el 83 por ciento del total, con lo cual, el país aspira a financiar, de la mano con los privados, una mejor infraestructura educativa, de transporte y viviendas para los colombianos.
En este contexto, muchos de los proyectos viales son de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para hacer obras como la autopista de la Prosperidad en Antioquia, la vía Mulaló-Loboguerrero en Cauca o el corredor Honda-Puerto Salgar-Girardot se harán con vigencias futuras. Esto cuesta más de 85 billones de pesos, según señala el informe de la Contraloría.
“La cifra parece grande, pero se va pagando poco a poco. En el caso de los recursos para las vías 4G, en el 2003 se previeron 64 billones a 25 años, lo que implica menos de 3 billones por año”, explica Luis Fernando Andrade, director de la ANI.
Agrega que las vigencias comprometidas se recuperarán por la vía de los impuestos.
“Las concesiones son empresas que facturan y pagan impuestos. Se parte del principio de que, si uno hace una hipoteca y logra que esta produzca, la deuda no cuesta nada”, expresó Andrade.
“Las concesiones son empresas que facturan y pagan impuestos. Se parte del principio de que, si uno hace una hipoteca y logra que esta produzca, la deuda no cuesta nada”, expresó Andrade.
Entre tanto, otro de los aspectos que destaca la Contraloría es que, la mayor parte de los recursos comprometidos por APP, 88 billones de pesos, son vigencias futuras excepcionales, lo que significa que en el 2014, cuando pactaron dichas amarras, los proyectos no contaban con apropiaciones presupuestales para cubrir dichos ‘empeños’.
Tal situación no deja de ser preocupante, toda vez que “vigencia futura es un compromiso de gasto, diferido a varios años. No es un crédito, pero implica que parte del ingreso en los años comprometidos se destina al cubrimiento del gasto hecho con anterioridad”, explicó Carlos Ramírez, de la firma Ficht Ratings.
Para el experto, la Ley 1483 del 2011 estableció reglas de juego que han mejorado el uso de las vigencias futuras.
“Con la nueva norma, es como si una persona que tiene un ingreso mensual de 8 millones de pesos quisiera comprar un paquete turístico para ir a los Juegos Olímpicos, pero su salario ya está comprometido en 2 millones de pesos, lo que vale la pensión educativa de su hijo (esta es la vigencia futura).
“Con la nueva norma, es como si una persona que tiene un ingreso mensual de 8 millones de pesos quisiera comprar un paquete turístico para ir a los Juegos Olímpicos, pero su salario ya está comprometido en 2 millones de pesos, lo que vale la pensión educativa de su hijo (esta es la vigencia futura).
“Entonces, su margen de endeudamiento solo lo tiene sobre los 6 millones restantes. Esto ayuda a racionalizar las vigencias”.
Regiones, en desventaja
Por el contrario, para Ángel Ignacio Neyva, abogado especialista en derecho administrativo y hacienda pública, la nueva ley sobre vigencias futuras tiene sus vicios.
“En el caso de las regiones, no les permite comprometer presupuestos en el último año de Gobierno. Si no hay una adecuada planeación, gastos urgentes en seguridad social, servicios públicos, atención de la primera infancia pueden verse desfinanciados”, advirtió.
Adicionalmente, el análisis de la Contraloría también establece que, la mayor parte de las vigencias futuras por APP fueron autorizadas para inversión ($ 85,77 billones), pero también hay recursos, por 3 billones de pesos, que se destinarán para gastos de funcionamiento “(adquisición de bienes y servicios, servicios médicos, atención de desastres y emergencias, servicios personales, seguros, contribuciones inherentes a la nómina, planes complementarios de salud, bonos pensionales, entre otros)”, según el informe.
De igual manera, “0,01 billones cubrirán deuda (asesoría y asistencia profesional en operaciones de crédito público, asimiladas de manejo de la deuda pública y conexas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público)”, agrega el informe.
El debate no se detiene
El debate sobre la bondad de las vigencias futuras no ha concluido y, según la Contraloría “si el país quiere someterse a los estándares internacionales que plante la Ocde, debe pensar en una reorganización del gasto y en un mayor control de las vigencias futuras”.
De hecho, la Comisión Tercera de Cámara abordará el tema el próximo miércoles, en un debate de control político.
No hay que satanizarlas
Las vigencias futuras son un instrumento que puede ser utilizado para la realización de proyectos o actividades que requieren más de una vigencia presupuestal, ya sea por las características del proyecto, como la construcción de una carretera, pero no hay duda de que son una obligación que hay que pagar una vez se establece el compromiso. En ese sentido, Carlos Ramírez, de Fitch, advierte: “Si no se utilizan para hacer obras productivas, los gobiernos venideros quedan amarrados”.
La Contraloría también señala que “el manejo de las vigencias futuras requiere especial cuidado por cuanto constituyen un compromiso que impone rigideces a la política fiscal”.
MARTHA MORALES MANCHEGO
Redacción Economía y Negocios
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