Hablemos claro sobre valorización....en Armenia

CRONOCADELQUINDIO, jorge arango mejia,Marzo 15 de 2015

Jorge Arango Mejía

Durante varios años he criticado el hecho de que los administradores de Armenia hayan abandonado la contribución de valorización, principal herramienta para el progreso de las ciudades. Aún recuerdo el caso de un alcalde que, al aconsejarle que restableciera este tributo, me contestó que nunca lo haría, porque temía que le revocaran el mandato. Hoy pienso que le habría ido mejor si me hubiera hecho caso: acaso hoy no estaría en la penosa condición a que le condujeron otras faltas.

Ahora, casi al término de su infortunado paso por el cargo al que nunca debió llegar, la señora Valencia ha adoptado al fin una decisión acertada: imponer la contribución de valorización para financiar un plan de obras que, según sus autores, impulsará el crecimiento urbano y facilitará el progreso incontenible que resulta de la acción de los particulares.
No he analizado el plan y tampoco se cómo se hará el derrame de la contribución. Sin embargo, sostengo que éste es un paso definitivo en el devenir de la ciudad.

Tiempo y oportunidad habrá para examinar la conveniencia de los diversos proyectos. Todos los obligados al pago del tributo, podrán hacer uso de los recursos y las acciones que la ley prevé. Cualquiera que sea el resultado de esas controversias, el paso importante ya se ha dado: Armenia ha recuperado el instrumento que le permitió, en la segunda mitad del siglo pasado, dejar de ser una aldea y convertirse en una pequeña ciudad. Las pruebas visibles de esa época fecunda  están a la vista: construcción de la Avenida 19 de enero; ampliación de las calles y carreras del centro; parque de los Fundadores; pavimentación de innumerables kilómetros de vías urbanas…

Pero como el Quindío, “mi dulce y tremenda tierra”, es teatro de comedias increíbles, a esta iniciativa le ha surgido una enemiga inesperada y poderosa: la gobernadora del departamento. Enarbolando la bandera populachera y mentirosa de “defender a mis pobres”, la funcionaria se ha dedicado a luchar con todas sus armas –algunas ilícitas-  para que la ciudad siga estancada, mendigando auxilios nacionales para hacer obras que se pagarían fácilmente por el sistema de valorización. Está equivocada, gravemente equivocada. La verdad es ésta: Es falso que la contribución de valorización empobrezca a los más pobres: por el contrario, impide que unos pocos se enriquezcan al no devolver a la comunidad parte del mayor valor que adquieren sus predios a causa de diferentes obras públicas. 

Permite la creación de frentes de trabajo, en la ciudad más castigada por el desempleo en Colombia.

Cumple la Constitución, pues desarrolla el mandato imperativo del artículo 82 de ésta: “Las entidades públicas participarán de la plusvalía que genere su acción urbanística”.
Impide la injusticia de construir, con dineros pagados por todos, obras que solamente aumenten el valor de los dueños de unos predios, como ocurrió en Armenia en la Avenida Centenario y en el Centro Comercial de Cielos Abiertos (carrera 14 o “calle real”). 

Y como la gobernadora ha puesto a la persona a quien ha señalado como sucesora suya (Sandra Milena Gómez Fajardo, “para no mentar persona”) a encabezar un supuesto grupo de defensores de “sus pobres”, grupo que promueve un referendo derogatorio de las normas municipales del mencionado plan de valorización; pienso que es conveniente que todos sepan lo siguiente:

El referendo derogatorio no puede tener por objeto la modificación (o derogación) de acuerdos que sean de iniciativa exclusiva  de los alcaldes,  o que versen sobre materias presupuestales, fiscales o tributarias, por expresa prohibición de los artículos 29, 35 y concordantes de la ley 134 de 1994. Todo lo relativo a valorización encaja perfectamente en esta prohibición. Pierden, en consecuencia, su tiempo la aspirante a gobernadora y sus seguidores.  

De otra parte, habría que estudiar si al intervenir públicamente en un asunto que no es de su competencia, la señora gobernadora incurre en una falta disciplinaria. En principio, creo que sí.

Finalmente, cabe preguntarse: ¿por qué la señora gobernadora, al revisar los acuerdos que ahora intenta derogar por tan extraño camino, no los  envió al Tribunal Administrativo del Quindío, competente para decidir sobre su inconstitucionalidad o ilegalidad, de conformidad con el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución?
Sólo queda un interrogante: ¿será buena candidata a la gobernación una persona que promueve descaradamente una iniciativa ilegal, contra los intereses de Armenia? 

zipa36@yahoo.com