Uno de los mayores riesgos del proceso
de paz que se inicia es que el Gobierno y el país no vuelvan a prestarles
atención a las otras prioridades. Una de estas áreas, como bien lo recuerda Carlos
Caballero en su columna del sábado pasado en el diario El Tiempo
de Bogotá, es la de infraestructura y obras públicas.
Caballero revive el debate iniciado por el exministro conservador Rodolfo Segovia, quien ha cuestionado públicamente si tiene sentido que el Gobierno les dé prioridad a las “Carreteras de la Montaña” (hoy de “la Prosperidad”) cuando esos recursos se podrían aprovechar para construir otras vías que también benefician a Antioquia, pero que en lugar de promover aún más el sentido de insularidad del departamento, contribuirían a desatollar esa región y las que se encuentran más al sur, creándoles vías alternas de salida al Atlántico.
Un destacado ejecutivo antioqueño, presidente de una gran firma de Bogotá, presentó en la ANDI, hace poco, un cuadro comparativo en el que mostraba que los costos de exportación en Colombia, desde el sitio de origen hasta que el producto salga del puerto o aeropuerto por donde lo hace, son 20 por ciento mayores que el promedio de América Latina y el Caribe y 78 por ciento superiores al promedio de países del mismo nivel de ingreso.
En el caso de importaciones las diferencias son mayores (47 por ciento y 123 por ciento, respectivamente).
El Ministerio del Transporte debería proponerse como meta de corto plazo rebajar estos costos al nivel promedio de la región, y a mediano plazo al de los países de ingreso medio.
Esto no se va a alcanzar construyendo carreteras entre pueblitos de la Montaña, sino emprendiendo un proyecto nacional de transporte que incluya carreteras y vías férreas, para conectar al centro del país, a Antioquia, el Valle y la zona cafetera con los principales puertos y con las fronteras.
La reforma de la salud no puede seguir posponiéndose ni se le puede dejar esa iniciativa al populismo, permitiendo que progrese la noción de que lo que le ha hecho daño a la salud pública es el sector privado y el ánimo de lucro.
Nunca antes en la historia del país se había visto un progreso comparable en cobertura y alcance al que ha emanado de la Ley 100.
Pero en la concepción original del nuevo sistema hizo falta prever que la Corte Constitucional haría valer el derecho de la población a tener acceso a los servicios de salud; y no se crearon mecanismos de control efectivos y formas de intervención del sector público.
Lo que se requiere ahora es dotar al sistema de órganos modernos y efectivos de control, inmunes a la interferencia de los políticos profesionales, y de herramientas que le permitan al Gobierno intervenir a entidades que se descarrilen o sean capturados por indeseables.
También hacen falta recursos y sincerar el problema que ha creado la universalización de derechos de atención, sin que exista una fuente cierta de recursos para responder por los gastos que se derivan de atenderlos
El sector minero es la tabla de salvación de la economía colombiana en el corto plazo, en vista del poco dinamismo de la industria y de que no se logra darle a la agricultura el impulso que provendría de hacer efectivo el potencial de la altillanura y de los cambios requeridos en el uso de la tierra.
Pero si no se quiere que la única locomotora que está operando también se detenga, el nuevo ministro de Minas y Energía tiene que tomar decisiones trascendentales que no puede tomar solo ni puede delegar en subalternos.
Caballero revive el debate iniciado por el exministro conservador Rodolfo Segovia, quien ha cuestionado públicamente si tiene sentido que el Gobierno les dé prioridad a las “Carreteras de la Montaña” (hoy de “la Prosperidad”) cuando esos recursos se podrían aprovechar para construir otras vías que también benefician a Antioquia, pero que en lugar de promover aún más el sentido de insularidad del departamento, contribuirían a desatollar esa región y las que se encuentran más al sur, creándoles vías alternas de salida al Atlántico.
Un destacado ejecutivo antioqueño, presidente de una gran firma de Bogotá, presentó en la ANDI, hace poco, un cuadro comparativo en el que mostraba que los costos de exportación en Colombia, desde el sitio de origen hasta que el producto salga del puerto o aeropuerto por donde lo hace, son 20 por ciento mayores que el promedio de América Latina y el Caribe y 78 por ciento superiores al promedio de países del mismo nivel de ingreso.
En el caso de importaciones las diferencias son mayores (47 por ciento y 123 por ciento, respectivamente).
El Ministerio del Transporte debería proponerse como meta de corto plazo rebajar estos costos al nivel promedio de la región, y a mediano plazo al de los países de ingreso medio.
Esto no se va a alcanzar construyendo carreteras entre pueblitos de la Montaña, sino emprendiendo un proyecto nacional de transporte que incluya carreteras y vías férreas, para conectar al centro del país, a Antioquia, el Valle y la zona cafetera con los principales puertos y con las fronteras.
La reforma de la salud no puede seguir posponiéndose ni se le puede dejar esa iniciativa al populismo, permitiendo que progrese la noción de que lo que le ha hecho daño a la salud pública es el sector privado y el ánimo de lucro.
Nunca antes en la historia del país se había visto un progreso comparable en cobertura y alcance al que ha emanado de la Ley 100.
Pero en la concepción original del nuevo sistema hizo falta prever que la Corte Constitucional haría valer el derecho de la población a tener acceso a los servicios de salud; y no se crearon mecanismos de control efectivos y formas de intervención del sector público.
Lo que se requiere ahora es dotar al sistema de órganos modernos y efectivos de control, inmunes a la interferencia de los políticos profesionales, y de herramientas que le permitan al Gobierno intervenir a entidades que se descarrilen o sean capturados por indeseables.
También hacen falta recursos y sincerar el problema que ha creado la universalización de derechos de atención, sin que exista una fuente cierta de recursos para responder por los gastos que se derivan de atenderlos
El sector minero es la tabla de salvación de la economía colombiana en el corto plazo, en vista del poco dinamismo de la industria y de que no se logra darle a la agricultura el impulso que provendría de hacer efectivo el potencial de la altillanura y de los cambios requeridos en el uso de la tierra.
Pero si no se quiere que la única locomotora que está operando también se detenga, el nuevo ministro de Minas y Energía tiene que tomar decisiones trascendentales que no puede tomar solo ni puede delegar en subalternos.
FORMIDABLE PARA LEER ....EXCELENTE POR SUS VERDADES Y DATOS QUE ORIENTAN UNA REALIDAD OCULTA Y POCO CONOCIDA POR MILES DE CIUDADANOS.....
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