LA CRÓNICA DEL QUINDÍO
Autor: Jorge Iván Cuervo R.
La reforma a la justicia, tal y como fue aprobada por el Congreso de la República, es una muestra más de que la clase política legisla en su favor, sin pensar en las necesidades de los ciudadanos y contra el espíritu de la Constitución de 1991.
Más allá de entrar en los detalles de la reforma, es necesario tratar de preguntarnos cuál es el fenómeno político que se está incubando en la democracia colombiana detrás de esta rebelión política en contra de la ciudadanía, la decencia y la corrección política, porque no hubo poder humano que convenciera a los congresistas de que estaban votando una reforma que los beneficiaría directamente, lo cual en estricto sentido es contrario a la propia Constitución y a la mínima decencia, si bien ya se habían asegurado en una reforma anterior que en la votación de actos legislativos no puede haber conflictos de intereses.
Es necesario preguntarse qué fuerzas determinan el comportamiento de nuestros legisladores para que obren a contra corriente del sentir ciudadano con toda desfachatez e impunidad. Una hipótesis es que la gran mayoría de congresistas, y en general los políticos, no sienten que representen a nadie, y por esa razón no sienten que tengan que obrar para honrar los compromisos adquiridos con sus votantes. Una vez elegidos se comportan de acuerdo con las directrices de sus partidos, que son franquicias electorales y no instancias de representación, y de espaldas al mandato ciudadano.
En este caso coincide, por una parte, un ánimo de revancha del Congreso con la Corte Suprema de Justicia con ocasión de los juicios por parapolítica. No quieren que se repita ese espectáculo de congresistas desfilando por el recinto de la Sala Penal, y en esa medida primó el espíritu de cuerpo y el sentimiento de doncella ofendida en su dignidad y, por otra parte, está la actitud de un gobierno campeón en agenda legislativa que le ha apostado con todo para sacar esa reforma, aceptando prácticamente todo lo que le han agregado en el Congreso.
El gobierno ha permitido que los parlamentarios desplieguen toda su arrogancia en el trámite de esta reforma constitucional, y en ese trabajo ha jugado un lamentable papel el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien ha demostrado que no tiene el carácter ni el talante democrático que se esperaba de un ministro en estas circunstancias. Al presidente Santos el tema le resbala, porque su apuesta es lograr los consensos necesarios en todas las instancias del Estado para asegurar la reelección, razón por la cual decidió cambiar la estrategia de su antecesor de enfrentar a las altas cortes y ofrecerles caramelos envenenados como la prórroga del período de los magistrados y la extensión del tiempo de jubilación.
El resultado fue el de debilitar la posición de los representantes de las cortes sin cuyo concurso no hubiera sido posible tramitar la reforma, toda vez que muchos de los magistrados olvidaron su compromiso de defender la autonomía e independencia de la rama judicial a cambio de estas prebendas.
La oposición de los jueces de menor rango y de algunas organizaciones de la sociedad civil no fue suficiente en una democracia que se mueve al vaivén de la clase política.
Estamos notificados, los políticos tienen el poder político y económico para hacer lo que les venga en gana con esta democracia, y a nosotros solo nos queda la desobediencia civil.
Coletilla. Resulta paradójico que la sesión de la Cámara de Representantes en la que se aprobó esta contrarreforma política, haya sido presidida, con actitud mañosa, por el hijo de César Gaviria, uno de los artífices de la Constitución.
Más allá de entrar en los detalles de la reforma, es necesario tratar de preguntarnos cuál es el fenómeno político que se está incubando en la democracia colombiana detrás de esta rebelión política en contra de la ciudadanía, la decencia y la corrección política, porque no hubo poder humano que convenciera a los congresistas de que estaban votando una reforma que los beneficiaría directamente, lo cual en estricto sentido es contrario a la propia Constitución y a la mínima decencia, si bien ya se habían asegurado en una reforma anterior que en la votación de actos legislativos no puede haber conflictos de intereses.
Es necesario preguntarse qué fuerzas determinan el comportamiento de nuestros legisladores para que obren a contra corriente del sentir ciudadano con toda desfachatez e impunidad. Una hipótesis es que la gran mayoría de congresistas, y en general los políticos, no sienten que representen a nadie, y por esa razón no sienten que tengan que obrar para honrar los compromisos adquiridos con sus votantes. Una vez elegidos se comportan de acuerdo con las directrices de sus partidos, que son franquicias electorales y no instancias de representación, y de espaldas al mandato ciudadano.
En este caso coincide, por una parte, un ánimo de revancha del Congreso con la Corte Suprema de Justicia con ocasión de los juicios por parapolítica. No quieren que se repita ese espectáculo de congresistas desfilando por el recinto de la Sala Penal, y en esa medida primó el espíritu de cuerpo y el sentimiento de doncella ofendida en su dignidad y, por otra parte, está la actitud de un gobierno campeón en agenda legislativa que le ha apostado con todo para sacar esa reforma, aceptando prácticamente todo lo que le han agregado en el Congreso.
El gobierno ha permitido que los parlamentarios desplieguen toda su arrogancia en el trámite de esta reforma constitucional, y en ese trabajo ha jugado un lamentable papel el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien ha demostrado que no tiene el carácter ni el talante democrático que se esperaba de un ministro en estas circunstancias. Al presidente Santos el tema le resbala, porque su apuesta es lograr los consensos necesarios en todas las instancias del Estado para asegurar la reelección, razón por la cual decidió cambiar la estrategia de su antecesor de enfrentar a las altas cortes y ofrecerles caramelos envenenados como la prórroga del período de los magistrados y la extensión del tiempo de jubilación.
El resultado fue el de debilitar la posición de los representantes de las cortes sin cuyo concurso no hubiera sido posible tramitar la reforma, toda vez que muchos de los magistrados olvidaron su compromiso de defender la autonomía e independencia de la rama judicial a cambio de estas prebendas.
La oposición de los jueces de menor rango y de algunas organizaciones de la sociedad civil no fue suficiente en una democracia que se mueve al vaivén de la clase política.
Estamos notificados, los políticos tienen el poder político y económico para hacer lo que les venga en gana con esta democracia, y a nosotros solo nos queda la desobediencia civil.
Coletilla. Resulta paradójico que la sesión de la Cámara de Representantes en la que se aprobó esta contrarreforma política, haya sido presidida, con actitud mañosa, por el hijo de César Gaviria, uno de los artífices de la Constitución.
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