No se pueden hacer las reformas que el país necesita con el actual sistema político. Hay que enfrentar el bloqueo institucional con una nueva Asamblea Constituyente.
Desde su promulgación en 1991, la Constitución ha sufrido 35 reformas, una cada siete meses.
Y no estamos incluyendo textos, como el mal llamado Marco para la Paz, el fuero militar, el derecho a no sentir hambre y otros actos legislativos que hacen trámite en el Congreso.
En los últimos meses, el Gobierno ha considerado que, para darle estabilidad a las normas debe incluirlas en la Constitución, lo que explica la proliferación de actos legislativos sobre cuestiones que serían objeto de simples leyes o decretos.
Esta es la mejor prueba estadística de que nuestra Carta Magna no ha podido ofrecer la estabilidad legal que un país necesita para progresar.
Pero lo más grave es que el actual sistema político no permite que las reformas se adelanten sin ser cooptadas por los grupos de interés. El Congreso ha demostrado hasta la saciedad que es muy vulnerable a las presiones. En una época el narcotráfico ejercía su influencia y tuvimos el proceso 8.000.
Luego, los paramilitares y su larga secuela de ‘parapolítica’. La corrupción y el clientelismo controlan el nivel territorial, lo que se traduce en los carruseles de contratación, cuyos tentáculos llegan al Legislativo, como lo confirman el escándalo de los Nule y tantos otros que florecen en la ciudades y departamentos.
Sin desconocer que los grandes grupos económicos ejercen una influencia determinante en muchos temas para favorecer sus negocios.
El país requiere reformas de fondo que mejoren la calidad de su sistema educativo, modernicen su infraestructura, redefinan las relaciones laborales, actualicen su régimen tributario y sacudan a la justicia de la impunidad.
Pero esto no se podrá hacer en el Congreso, porque los sindicatos de maestros no lo permitirán, los contratistas de obras –grandes financiadores de las campañas– no les interesa que les exijan, los grupos económicos utilizarán los medios contra los políticos, las centrales sindicales bloquearían la economía y las altas cortes protegen sus privilegios.
Álvaro Gómez describía este entremallado de intereses como “el régimen”, que tiene el poder de bloquear las soluciones que el país reclama.
Los únicos que pueden hacer saltar este cerrojo son los ciudadanos con una ola renovadora. Por la vía institucional terminamos en discusiones como la reforma a la Justicia, donde el objetivo inicial era modernizar el sistema judicial y se convirtió en un acuerdo para reforzar la impunidad de los altos funcionarios del Estado.
El incidente de esta reforma es el ejemplo patético del régimen que actúa contra los intereses nacionales y en favor de los particulares.
Algunos dirán que una nueva Constituyente es un riesgo para el país. Pero un riesgo mayor para la democracia, las libertades y el anhelo de progreso de los colombianos es mantener un régimen político bloqueado, inservible y corrupto.
Miguel Gómez Martínez*
Profesor del Cesa
representante@miguelgomezmartinez.com
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