El Ministerio de Hacienda Alberto Carrasquilla. FOTO COLPRENSA
La Ley de Financiamiento, aprobada el 28 de diciembre de 2018 y
que entró en vigencia desde el primero de enero de este año, no deja de generar
polémica en el país. A su atropellada discusión en el legislativo, hoy se suma
un estudio constitucional que amenaza con tumbarla definitivamente, lo cual
sembraría zozobra sobre la economía, por lo que pueda ocurrir a futuro.
La maratónica tarea le
corresponde a la Corte Constitucional, en la cual reposan 24 demandas que
tendrán que ser estudiadas por los magistrados del alto tribunal desde el
próximo miércoles, y donde prevalecen tres acciones legales que atacan la
totalidad de la normativa, las mismas que pueden darle un ‘jaque mate’ al plan
de salvación a los problemas económicos que atraviesa Colombia.
Por lo menos así lo ha
considerado el Gobierno Nacional, que en cabeza del ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, ha señalado en reiteradas ocasiones que la Ley de
Financiamiento es la solución a muchos de los factores que han venido afectando
el desarrollo económico del país, como la alta tasa de desempleo, el incremento
en la inflación y el propio crecimiento económico.
Por eso, la cita de este
miércoles en la Corte Constitucional es tan importante. Allí el alto tribunal
conocerá las siete ponencias de los magistrados Alejandro Linares (2), Cristina
Pardo (4) y Carlos Bernal (1), en donde argumentarán si finalmente esta norma
que se implementó hace menos de un año continúa vigente o si definitivamente el
Gobierno Nacional tiene que buscar nuevas alternativas.
Las 24 demandas que llegaron
fueron repartidas entre ocho de los nueve magistrados de la corporación, en
donde Pardo recibió en su despacho diez, Bernal y Linares, cada uno con tres; a
Diana Fajardo le correspondieron dos, al igual que Antonio José Lizarazo,
mientras que las restantes se asignaron a José Fernando Reyes, a Luis Guillermo
Guerrero y una más para los conjueces.
Uno de los demandantes es el
exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien personalmente radicó en la
secretaria de la Corte el documento donde exponía el motivo por el cual se
debía tumbar la totalidad de la ley, así como en las otras dos acciones
expuestas por ciudadanos que coincidieron que la aprobación de la norma tuvo un
vacío a la hora de ser legislada.
Como en estas tres acciones no se
estudiaron los artículos de fondo, sino en su totalidad, una negativa de la
Corte sobre cualquiera de ellas dejaría inmediatamente sin piso las 21
restantes que reposan en el alto tribunal, ya que no tendrían motivo de estudio
por que la Ley perdería vigencia. En caso contrario, la Sala Plena deberá prepararse
para conocer 17 ponencias que demandan los artículos 4, 10, 11, 66, entre
otros.
Sin
Ley de Financiamiento
Para la decisión final que tomará
el alto tribunal en los próximos días se pidieron diferentes conceptos de
sectores económicos y financieros, que daban cuenta de las ventajas y
desventajas que hasta el momento ha dejado la normatividad después de su
entrada en vigencia el pasado primero de enero.
Uno de los consultados fue el
centro de investigaciones de Fedesarrollo, que en cabeza de su director Luis
Fernando Mejía, consideró que el país una vez se implemento esta medida, y que
los costos asociados a declarar inexequible la Ley sobrepasan los potenciales
beneficios derivados de la misma.
Para Fedesarrollo, tumbar la ley
generaría un efecto negativo en cuanto a las expectativas y decisiones que
tiene el país frente a la inversión, puesto que fomentaría un impacto adverso a
nivel macroeconómico.
“En efecto, de reducirse el
crecimiento económico, los beneficios de un mayor recaudo desaparecerían, toda
vez que el debilitamiento de la actividad económica generaría menos ingresos
para empresas y hogares y, consecuentemente, llevaría a un menor recaudo
impositivo”, dice el concepto allegado al alto tribunal.
Los cálculos de Fedesarrollo dan
cuenta que si la Corte tumba la ley, el Producto Interno Bruto (PIB) para 2020
ya no sería del 3,5 %, como se viene pronosticando, sino del 2,7 %, es decir,
que el crecimiento económico tendría un impacto negativo del 0,8 %, lo que, a
juicio de Mejía, pondría en riesgo la sostenibilidad fiscal.
Para el Gobierno las cifras no
son descabelladas, pues el ministro Carrasquilla considera que si se cae la Ley
en la Corte se generarían dos escenarios: Uno, que tiene que ver con la
seguridad jurídica, debido a que “nadie va a volver a creer en una reforma
tributaria ni ley de financiamiento”, pues la ley aún no cumple el año de
entrada en vigencia cuando ya se está solicitando que sea tumbada.
El segundo escenario que expuso
el jefe de la cartera económica fue los efectos de crecimiento inherentes a la
Ley de Financiamiento, pues estos desaparecerían. “Ese segundo efecto de
crecimiento también tiene un costo y si sumamos, el efecto combinado, año tras
año, hasta 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos
el 10 % de nuestra capacidad de generación de ingreso de un tanganazo”.
Otro que se pronunció en el mismo
sentido fue el nuevo codirector del Banco de la República, Roberto Steiner,
quien advirtió que “ojalá la Corte no tumbe la Ley de Financiamiento”, ya que
para el economista las expectativas de crecimiento para Colombia apuntan a una
cifra mayor de 3%.
“No todo el mundo tiene la misma
expectativa para este año, pero lo interesante es que todas las instituciones
las han ido corrigiendo al alza”, señaló Steiner, quien ratificó que el país va
en el camino correcto, con inflación da tranquilidad y unas expectativas que
siguen afianzándose, pese que a hay incertidumbres a mediano plazo.
Otros analistas, como José
Roberto Acosta, miembro de la Red de Justicia Tributaria, consideran por el
contrario que los efectos si se llega a tumbar la Ley no serían tan graves.
Precisamente, Fedesarrollo habla que una declaratoria de inexequibilidad podría
en principio conducir a un mayor recaudo.
En todo caso, el Gobierno
Nacional tendría que optar por presentar una nueva reforma tributaria que logre
financiar el presupuesto para el próximo y plantear nuevas medidas, como las
que se vienen anunciando en materia laboral, para recuperar el mercado
colombiano frente a las altas tasas de desempleo y la informalidad.
Con
Ley de Financiamiento
Si se declara la exequibilidad de
la ley, el país continuará con un buen comportamiento económico y con la
posibilidad de mantener las proyecciones de crecimiento para los próximos años,
como lo ha venido pronosticando el Gobierno Nacional.
En ese sentido, el Consejo
Gremial Nacional señala que la normativa ha dejado avances positivos en el país
una vez fue implementada, dado que se han materializado en hechos concretos que
ha servido para sostener la economía, pese la “crisis económica mundial”.
Cifras del Banco de la República,
que trajo a colación el Consejo Gremial, dan cuenta que “entre enero y junio de
2019 la llegada de la Inversión Extranjera Directa a Colombia creció en un 24,4
%. Es decir, el flujo de inversión en el primer semestre de este año fue de
7273 millones de dólares, monto superior a los 1425 millones recibidos en el
mismo periodo de 2018”.
El concepto del Consejo Gremial
fue allegado a la Corte con el fin de evidenciar que además de estas cifras,
también se ha reportado mayor inversión en sectores diferentes a la minería y
el petroleo (40,3 %), como los financieros y empresariales (17,1 %), industria
manufacturera (14,9 %), comercio y hoteles (7,9 %), transporte y comunicaciones
(7,2 %), electricidad (2 %) y el resto de sectores (10,6 %).
El Consejo Gremial también
destacó que con la Ley de Financiamiento también se implementó el Régimen Simple
de Tributación, que tiene como objetivo impulsar la micro, pequeña y mediana
empresa, así como promover la generación de nuevos emprendimientos para
incentivar mayor número de empleos en el país y garantizar ingresos a la clase
trabajadora.
Para la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia (ANDI), la estimación de recaudos en razón al impuesto
de renta con la ley de financiamiento en 2019 es de 67 billones de pesos,
mientras que en 2020 ascendería a 69 billones. La ANDI señala que el recaudo
ascendería de 6,4 % en 2019 a 6,7 % en el próximo año.
Twitter: @orregojj
...Es tanto lo que se ha mencionado el problema de la Ley de financiamiento, que parece ser que el gran problema no es para los colombianos, pues esas perdidas esta mas representada en unos poderosos, que acompañados por sus amigos en el congreso y gobierno, efectuaron todo lo posible para aprobar, aunque ellos sabían en su interior del riesgo y daño posible por sus actuaciones ilegales, donde hoy culpan a la corte y ellos lavándose las manos. Pregunta: Colombia debe conocer quienes son los que provocaron este posible daño ? Y contra ellos que pasará,.? Porque guardan silencio de estos posibles culpables ? O es que la ley 5 del 92 regula el procedimiento interno, esta vieja, obsoleta y no les interesa o no la quieren revisar o eliminar ? Increíble el silencio de los auténticos culpables...Quien o porque los protegen ?
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