Según las cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane), la población joven de Colombia (edades comprendidas entre los 14 y los 28 años) es de 12.757.040 personas: 6.242.436 mujeres y 6.514.604 hombres.
Aunque los derechos políticos de elegir y ser elegidos pueden ejercerse en nuestro país a partir de los 18 años, ese dato poblacional es muy relevante porque, teniendo en cuenta que el actual censo nacional electoral es de 35.501.580 ciudadanos, ello quiere decir que la población joven apta para votar representa un porcentaje significativo (casi una cuarta parte) de los sufragantes habilitados.
Los espacios de participación de los jóvenes en la vida comunitaria, social, económica, laboral, deportiva, recreativa, cultural, etc., adoptan múltiples formas y manifestaciones propias de ese período vital en el que el inconformismo no siempre choca con las iniciativas y la capacidad de proponer y ejecutar por sí mismos cambios en el rumbo de la sociedad.
Hoy haremos referencia en especial a la participación política. Y de las variadas formas de hacer política, la que más consecuencias tiene no solo para los jóvenes sino para toda la sociedad es la participación electoral, sea como electores o como elegidos. Ha habido hitos de participación de los jóvenes, como cuando en 1990 promovieron el movimiento de la “séptima papeleta” que condujo finalmente a la integración de un proceso constituyente al año siguiente, que se tradujo en la Constitución de 1991 e introdujo normas específicas de políticas públicas en favor de la juventud.
El año pasado hubo un fenómeno similar, más incierto en cuanto a índices de participación y con una capacidad de movilización más bien efímera aun cuando logró hacerse escuchar: el de los jóvenes, principalmente universitarios y de centros urbanos, que marcharon para animar la suscripción de un acuerdo de paz con las Farc, a pesar de que este fue derrotado en las urnas el 2 de octubre. Fue importante la movilización, pero también el cuestionamiento de y a los mismo jóvenes, sobre si era mejor actuar sobre los hechos cumplidos o, siendo consecuentes, votar cuando correspondía para tener capacidad de decisión y no solo de lamento posterior.
Al igual que muchas sociedades contemporáneas, la juventud colombiana siente desencanto, cuando no abierto fastidio, por la política y por quienes la ejercen.
Si a eso se añade la omnipresente corrupción, las vacuas declaraciones gubernamentales sobre ella y las acciones casi siempre inanes sobre los gobernantes corruptos, el alejamiento de los jóvenes de la política y las instituciones públicas será cada vez mayor. Si bien en corporaciones como las acciones comunales, las juntas administradoras locales o los concejos la presencia de jóvenes es destacable y su desempeño es dinámico, en los otros ámbitos se topan con las inercias y mañas de un sistema político montado sobre una concepción corporativista de beneficio propio para quienes la integran, en perjuicio de la sociedad y del interés común.
No es, no debe ser, una minoría pasiva la de los jóvenes colombianos. Pueden y deben participar. Deben votar, deben debatir y proponer ideas. La capacidad electoral les otorga opción tangible de ser protagonistas en la elección de los responsables políticos. Con estudio y preparación pueden elevar el nivel de exigencia pública a los gobernantes y ser también copartícipes del manejo de las administraciones. Las universidades tienen aquí un papel esencial. Un liderazgo juvenil renovado sería una gran noticia para Colombia.
** LO RESALTADO ES DE REFLEXIONES AL TEMA PENSIONAL.
Reflexiones al tema pensional
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