La economía colombiana mantiene en el siglo XXI algunas instituciones anacrónicas cuya supervivencia es difícil de explicar sin acudir a la identificación de los intereses creados que las sostienen.
Una de ellas son las licoreras departamentales, monopolios sobre la producción y venta de aguardientes que, a nombre de la financiación de la educación pública, sobreviven como una fuente de corrupción, politiquería, daño a la salud de la población y mal ejemplo para la juventud. Semejante esperpento logró, a punta del eficaz lobby de sus beneficiarios, un lugar en la Constitución de 1991.
Otra institución anacrónica es la llamada parafiscalidad, por medio de la cual los productores de algunos bienes, la gran mayoría agrícolas, están obligados a pagar impuestos sobre sus ingresos, denominados contribuciones, cuyos recaudos se trasladan a ciertos gremios que supuestamente trabajan por su bienestar y progreso. Infortunadamente, la realidad es que, con frecuencia, con estos dineros se engordan, sin mayor control, burocracias y se hacen gastos difíciles de justificar. De esta forma, todos los años se transfieren cientos de miles de millones de pesos a un puñado de gremios, sin que exista una evaluación objetiva que muestre los beneficios de estas costosas exacciones.
Como está diseñada, la parafiscalidad adolece, en la práctica, de dos problemas aparentemente insolubles. Los productores no tienen mecanismos efectivos de control sobre el manejo de los recursos que trasladan a los gremios. Y, asimismo, carecen de instrumentos para exigir la rendición de cuentas por parte de sus dirigentes. En un gremio típico, como consecuencia del manejo de los recursos parafiscales, sus directivos tienen mucho más poder que los afiliados (usualmente atomizados y dispersos).
Muchas de las dificultades de los fondos del fondo del ganado y otros productos, que generan con alguna frecuencia discusiones públicas, se derivan de los problemas estructurales de estos esquemas parafiscales.
Lo que parece obvio, y que pocos se preguntan, es por qué se mantienen estos arreglos que tan pocos beneficios prestan. La mayoría de los productores, sobre todo los más pequeños, estaría mucho mejor si, simplemente, se eliminaran los aportes parafiscales y pudieran ahorrarse las contribuciones que poco o nada les aportan. La realidad es que una variedad de leyes y decretos, contrarios a sus intereses, soportan una institucionalidad cuyos beneficios son altamente dudosos. Mientras subsistan estas normas seguirán apareciendo problemas y conflictos en los distintos gremios, resultado inevitable de los defectos inherentes a los esquemas parafiscales.
En un esquema ideal, las afiliaciones y contribuciones gremiales deberían ser voluntarias. Los productores deberían aportar sus recursos sólo cuando obtengan la certeza de que, a cambio de sus contribuciones, recibirán servicios efectivos. Dentro de este esquema, los dirigentes entenderían que si no producen resultados, perderían a sus afiliados, sus puestos y demás privilegios. En cambio, cuando se obliga a los productores a pagar impuestos para transferirlos incondicionalmente a unos gremios distantes, con escasos controles, se observa que, con frecuencia, no se prestan servicios efectivos a los contribuyentes y, en ocasiones, no se sabe bien qué es lo que sucede con la plata.
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