Fallos judiciales elevarían costo de pensiones públicas a $37 billones: Gobierno
El crecimiento de las pensiones de la Rama Judicial y los organismos de control tiene un impacto fiscal significativo, dice informe. Advierten ‘agujero negro’ en sistema pensional
Las decisiones judiciales que han dilatado la unificación de los regímenes pensiónales como lo preveía la Ley 100 de 1993 han creado una situación “altamente gravosa e inflexible para las finanzas públicas”, advierte un informe del ministerio de Hacienda.
El estudio indica que los fallos judiciales “afectan además el objetivo de mejorar la sostenibilidad financiera del Sistema”, porque “pueden tener un costo actuarial de entre $11,7 y $20,1 billones a pesos de 2010, para la Rama Judicial, Ministerio Público, y Contraloría General de la República”.
Lo más preocupante del informe del ministerio de Hacienda tiene que ver con el costo final de las pensiones públicas si los beneficios obtenidos para la Rama Judicial y los organismo de control se extienden a los demás servidores públicos. “El impacto adicional estimado sería de entre $31.3 y $37.1 billones a pesos de 2010”, precisa el informe del Gobierno.
De acuerdo con el ministerio de Hacienda, “el crecimiento de las pensiones por la aplicación del régimen de transición especial de la Rama Judicial, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, la Fiscalía y Medicina Legal tiene un impacto macroeconómico y fiscal significativo”.
El impacto medido en valor presente varía entre 2,2% del PIB (producto interno bruto) y 3,8% del PIB, lo cual equivale a montos que se encuentran entre $11,7 billones y $20,1 billones a precios de 2010, remarca el informe revelado por el ministerio de Hacienda.
Recuerda el informe del Gobierno que el objetivo principal en materia fiscal del Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993 era la unificación de los regímenes pensiónales, en desarrollo del principio constitucional de universalidad del Sistema.
Este y otros objetivos no se han logrado “pues las decisiones judiciales que han venido expidiéndose desde los comienzos del nuevo sistema han prolongado la duración del régimen de transición y han extendido sus beneficios, más allá de lo originalmente previsto en la Ley 100”.
Desde su concepción inicial se consideró como uno de los principales objetivo del Sistema General de Pensiones, la unificación de los regímenes pensiónales, pues era no solo importante acabar con la enorme dispersión de reglas aplicables a los servidores públicos sino también incorporar gradualmente al resto de la población en este esquema de protección de la vejez, en desarrollo del principio constitucional de universalidad, indica el informe conocido como “Régimen de transición pensional de los servidores públicos, Sistema General de Pensiones”.
En cumplimiento de este propósito, el legislador estableció dos regímenes generales que serían de libre elección de los trabajadores públicos y privados y mantuvo un régimen mixto o de transición para las personas que no habían consolidado sus derechos pero estaban vinculadas a los regímenes públicos o al ISS.
El problema de los sobrecostos pensiónales afecta todas las entidades que tienen a su cargo el reconocimiento de pensiones de servidores públicos como Cajanal, ISS, Caprecon, al Fondo del Congreso, entre otros.
Tutelas y sentencias generosas
Las sentencias de tutela y las sentencias han venido otorgando a las normas básicas del régimen de transición un alcance que está lejos de la visión original de la Ley 100, explica el estudio.
Estas decisiones modificaron el alcance del régimen de transición en varios aspectos como el ingreso base de liquidación de la pensión, los factores salariales que se tienen en cuenta para este efecto y el tope de la pensión, para servidores públicos que se consideran beneficiarios de regímenes especiales.
“Las decisiones judiciales en esta materia plantean serios interrogantes sobre el futuro del Sistema General de Pensiones, tanto en la perspectiva institucional como en el de su viabilidad financiera”, advierte con preocupación el informe del ministerio de Hacienda.
Resalta el estudio que “es altamente preocupante que las modificaciones al Sistema por vía de interpretación judicial hayan beneficiado principalmente a la rama judicial y a los organismos de control”.
“No existen mecanismos que garanticen la neutralidad de las autoridades judiciales y de control cuando persiguen beneficios de sus propios servidores”, alerta el informe.
Para el Gobierno es claro que este tipo de decisiones favorables a los empleados de la Rama Judicial y de los organismos de control “han creado una situación altamente gravosa e inflexible para las finanzas públicas”, debido a que las prestaciones judicialmente reconocidas son derechos adquiridos y por lo tanto inmodificables.
Los sobrecostos fiscales generados por las decisiones judiciales “pesarán sobre las generaciones futuras en un monto actuarial estimado de entre $11,7 y $20,1 billones a pesos de 2010, para los casos de la Rama Judicial, Ministerio Público, y Contraloría General de la República”.
El informe va más allá al advertir que de llegarse a extender decisiones al resto de los servidores públicos nacionales, el impacto adicional estimado sería de entre $31.3 y $37.1 billones a pesos de 2010, pero si en virtud del “derecho a la igualdad” y del “principio de favorabilidad” esto se extiende al régimen de transición que administraba el ISS para los trabajadores del sector privado, el impacto adicional estaría entre el 15% y el 20% del PIB, concluye el estudio
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