Por: Aurelio Suárez Montoya*
El Ministerio de Hacienda planea crear un holding con todas las empresas financieras del Estado. La propuesta traería graves secuelas económicas y sociales.
El Ministerio de Hacienda anunció que este
mes creará el llamado Holding Estatal de Servicios Financieros, con el
propósito de “optimizar” los recursos en su poder.
Este holding agruparía a las empresas estatales relacionadas con el sector
financiero, doce de ellas con participación estatal directa y siete con
participación indirecta. En total, los activos de estas empresas sumarían 80 billones
de pesos.
Las empresas que harían parte del holding y los respectivos patrimonios
aportados son:
- Bancos de segundo piso, como el Banco de Comercio
Exterior (Bancoldex); el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
(Finagro); la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN); y la Financiera de
Desarrollo Territorial (Findeter), que acumulan 11 billones.
- Bancos de primer piso, como el Banco Agrario y la
Financiera ARCO, que contribuirían patrimonialmente con 2,6 billones.
- Otras entidades estatales, como el ICETEX,
Enterritorio, el Fondo Nacional del Ahorro, el Fondo Nacional de Garantías
y Colpensiones, con 6 billones.
- Sociedades fiduciarias, como Fiduprevisora,
Fiduagraria y Fiducoldex, que suman cerca de medio billón de pesos.
- Y las aseguradoras estatales, como Positiva,
Segurexpo y La Previsora, así como la Nueva EPS que participan con 1,1
billones.
Con esta operación, el Gobierno busca un perfil bursátil que aporte al
mercado de capitales; que cumpla con los estándares de los emisores de valores;
y que no goce de ventajas de ningún tipo en las áreas donde se compita con
agentes privados. ¿Se trata de una privatización encubierta?
Las recomendaciones de la OCDE
Hace treinta años, se prometió que la privatización de empresas estatales
en países en vía de desarrollo iba a traer incontables beneficios. Pero la
realidad ha sido la contraria.
Un documento del Banco Mundial, reproducido en la revista Research
Observer de Oxford en marzo de 2018 recoge “las lecciones aprendidas”
sobre los procesos de privatización: no hubo mejoría en la eficiencia ni en el
desempeño de las empresas privatizadas; el efecto en materia fiscal fue
negativo y sus impactos sobre la distribución del ingreso fueron regresivos.
Además, estos procesos han conllevado altos riesgos de corrupción.
Como se ve, el balance no es satisfactorio. De hecho, los procesos de
privatización han mermado en el mundo a partir de la crisis financiera de 2008.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha
hecho un conjunto de recomendaciones para
las empresas estatales en Colombia. Aunque la OCDE se refiere a todo el entorno
empresarial, en lo que respecta a las empresas estatales dispone llevar a cabo
reformas en cuanto a sus objetivos, a su funcionamiento y a su relación con el
Estado, sin que implique venderlas.
Este holding agruparía
a las empresas estatales relacionadas con el sector financiero, doce de ellas
con participación estatal directa y siete con participación indirecta.
La OCDE enumera 102 empresas colombianas con propiedad pública total o
parcial. Entre ellas suman 116 mil millones de dólares en activos, equivalentes
al 32% del PIB, e ingresos por 5.300 millones de dólares en 2016. De dichos
activos:
- Ecopetrol tiene el 67% del total;
- Otras 17 compañías financieras y de seguros
tienen el 22%;
- 13 empresas en el sector de energía poseen el
7,6%;
- El resto, que reúne solo el 3% restante del patrimonio, son 22 empresas de los sectores: agrario, salud, transporte, telecomunicaciones y “otras”.
La OCDE también cataloga a la empresa Interconexión Eléctrica (ISA) dentro
de las “joyas de la corona”. Destaca que el Estado es dueño del 56,7% de esta
empresa y que en 2016 representó el 3,4% de la capitalización del mercado
bursátil del país. La OCDE igualmente resalta que en más de 140 requisitorias
que tiene el Código País para firmas que cotizan en bolsa, ISA obtuvo -en cada
una- calificaciones de cumplimiento por encima del 90%.
En noviembre de 2015, en el CONPES 3851, el Gobierno
Nacional, “acogió” las directrices de la OCDE y anticipó una política de
propiedad de empresas estatales del orden nacional. Dicha política:
- Las desvinculó de los ministerios o departamentos
administrativos a los que estuvieran adscritas;
- Excluyó a ministros y funcionarios del ramo de
sus juntas directivas y los reemplazó por miembros “independientes”,
beneficiados con una “remuneración competitiva”;
- Estableció un marco regulatorio para su
operación, funcionamiento, gestión y rendición de cuentas;
- Centralizó el ejercicio de la propiedad estatal
en cabeza del Ministerio de Hacienda;
- E incluyó otros cambios con un objetivo general:
dirigir “de manera efectiva a sus empresas hacia la creación de valor
económico y social”, sin dejar de considerar su “eventual enajenación”.
Puede leer: La venta de ISA: ¿sí o no?
Privatización por la puerta trasera
Pero, ¿cuáles son las consecuencias mayores de que estas entidades se
conformen en un solo centro financiero?
Un artículo de la edición 15 de la Revista Banca & Economía de la
Asociación Bancaria dice, por ejemplo, que el nuevo holding “se regirá por la
Ley de Conglomerados” y deberá acogerse “a las reglas de conflictos de interés,
límites de exposición y concentración de riesgos”.
Lo anterior quiere decir que el holding queda sujeto a las mismas reglas
que los otros trece conglomerados existentes en el país, entre los que vale mencionar:
El holding queda
sujeto a las mismas reglas que los otros trece conglomerados existentes en el
país.
- Grupo AVAL;
- Conglomerado Financiero (CF) Sura Bancolombia;
- CF Bolívar;
- BBVA;
- CF GNB Sudameris;
- CF Scotiabank;
- CF Itaú;
- Y CF Fundación Social.
De lo anterior, surgen preguntas sobre el holding y el papel que tienen las
empresas estatales en un Estado Social de Derecho:
- ¿Podrá el Banco Agrario condonar deudas, como lo
ha hecho en el pasado, a campesinos entrampados o concederles tasas de
interés o refinanciaciones favorables?
- ¿La población vulnerable tendrá especial trato en
la Nueva EPS?
- ¿Continuará la actual usura en el cobro de
intereses del ICETEX, en aras de “optimizar” recursos?
- ¿Se extenderá la flexibilización laboral en esas
entidades para crear un máximo valor y sinergias?
- ¿El manejo de los portafolios respectivos –como
el Fomag del magisterio en cabeza de Fiduprevisora– jerarquizará los
rendimientos y el apalancamiento de operaciones especulativas por encima
del pago cumplido de cesantías y prestaciones a los docentes?
- ¿Se abrirán en los mercados de capitales las puertas a inversores privados que concurran a lucrarse de las ganancias de las compañías del holding?
Le recomendamos: Unos en el paraíso, los demás
pagando impuestos
Como se ve, el holding financiero estatal abre una verdadera Caja de
Pandora. Esos y otros señalamientos nos llevan a inferir que su creación es la
privatización conjunta de las empresas estatales financieras. Si bien no hay
una venta a privados, estas empresas están más expuestas a su enajenación y,
además, se las obliga a desechar todo propósito social o económico que se salga
del interés de cualquier inversor particular, teniendo como meta primera la
maximización de su tasa de ganancia.
Es decir, el holding procederá como un Sarmiento Angulo con su Grupo AVAL,
con lo cual se concreta la mayor privatización de patrimonio público de la
historia, por la puerta de atrás.
Por eso se justifica que las centrales obreras y los movimientos sociales
incluyeran este adefesio, que se bautizará Grupo Financiero Nacional, como
motivo principalísimo para protestar el próximo 21 de noviembre.
*Analista, consultor en áreas públicas y privadas, columnista,
catedrático universitario y panelista de la cadena Blu Radio.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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