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Por Nelson Bocanegra, JUNE 12, 2020
La peligrosa tentación de tocar el ahorro pensional en
Colombia.
BOGOTÁ, 12 jun (Reuters) - La semana pasada los
mercados de Colombia sintieron escalofrío cuando se conoció que el Gobierno
preparaba un decreto para ordenar a las administradoras de fondos de pensiones
(AFPs) el traslado de unos 7.346 millones de dólares de cotizantes hacia el
gestor público Colpensiones.
La iniciativa, que permitía a unas
350.000 personas a menos de 10 años de pensionarse movilizar sus recursos para
financiar a Colpensiones, fue archivada ante críticas de que el Gobierno
pretendía usar los recursos para liberar caja y atender necesidades de la
crisis económica ocasionada por el COVID-19.
“Es verdad que ahora en la emergencia
económica analizamos esa posibilidad y la descartamos”, admitió el viceministro
de Hacienda, Juan Alberto Londoño. “Hay que reconocer que todos tenemos en este
momento un problema de caja, los ingresos se han caído y hemos tenido mayores
gastos”.
Según estimaciones de expertos, la
medida hubiera ocasionado un golpe fiscal al Estado de unos 6.258 millones de
dólares a futuro, debido a que las pensiones en el régimen público son más
altas porque gozan de unos subsidios onerosos que no tiene el sistema privado.
Aunque el decreto no vio la luz, la
incertidumbre se mantiene porque el Congreso tramita un proyecto de ley que busca
el mismo objetivo de trasladar cotizantes del sistema privado al estatal,
aunque con otro argumento y de manera voluntaria.
La ponente del proyecto de ley, la
representante a la Cámara María Soto, explicó que la iniciativa busca corregir
un error de asesoría insuficiente a las personas en que se incurrió hace un
poco más de dos décadas cuando se crearon las AFPs, que ha derivado en demandas
contra el Estado.
“Llegamos a lo mismo, pero por otro
camino”, dijo Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región
andina. “Lo que me demuestra eso es simplemente el grado de necesidades de caja
que se van a presentar y que ya inclusive se le están presentando al Gobierno
Nacional, que los lleve a pensar en ese tipo de forma de conseguir fondeo”.
¿CAMINO A ARGENTINA?
Ya de por sí, el Gobierno debe destinar
unos 11.700 millones de dólares de su presupuesto de gastos este año para el
pago de pensiones en el desfinanciado sistema público.
Las recientes propuestas han atemorizado
a los agentes del mercado local por las implicaciones sobre los fondos privados
de pensiones, los mayores inversores en deuda pública del país y del mercado de
renta variable, en donde tienen invertidos gran parte de los 71.600 millones de
dólares que administran.
“Desde el punto de vista del mercado
este tipo de propuestas no ayuda para nada porque habría que hacer las cuentas
de cuánto dinero debe salir de los fondos privados (...) tendrían que salir a
vender sus posiciones o trasladar los títulos al Gobierno, al final es un
impacto nada positivo”, dijo Daniel Velandia, economista jefe para Colombia de
Credicorp Capital.
Además, expertos alertaron sobre el
peligro de que esas propuestas deriven en lo que hizo Argentina en 2008, cuando
el Congreso aprobó que los fondos privados de pensiones quedaran bajo el
control del Estado, lo que le permitió disponer de casi 24.000 millones de
dólares.
“El afortunado reversazo del Gobierno
(...), nos evitó iniciar el nefasto camino que siguió Argentina hace algunos
años: nacionalizar las pensiones”, escribió en su cuenta de Twitter el
exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo.
“Lamentablemente tiene ciertos
parecidos, ciertas similitudes”, aseguró por su parte Jalil de BTG Pactual.
REFORMA URGENTE
Pero todo no para ahí. El ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo esta semana que el Gobierno analiza la
posibilidad de que las personas puedan retirar parcialmente sus ahorros
pensionales ante la crisis económica que originó la pandemia y el elevado
desempleo urbano de 23,5%, abriendo otro frente de preocupación entre los
agentes.
Pero ante las críticas, un día después
el presidente Iván Duque rechazó la idea.
Los expertos coincidieron en la
necesidad de acelerar una reforma al sistema de pensiones para acabar
distorsiones entre los dos regímenes existentes y eliminar subsidios a las
mesadas más altas para aliviar las presiones fiscales.
“Esto lo que muestra es una de las
deficiencias del sistema y hace más urgente una reforma pensional estructural,
porque si todos se pasan a Colpensiones puede traer una bomba pensional ya que
los subsidios son muy altos”, dijo Mauricio Olivera, director de la consultora
Econometría.
“Para el Gobierno es muy complejo porque
además de todo lo que va a tener que endeudarse por el COVID-19 también va a
asumir en últimas una deuda de pensiones, por eso la reforma es tan urgente”,
concluyó.
Reporte de Nelson
Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta
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