Cecilia López Montaño
Cualquier gobierno que decida emprender una reforma tributaria, así la bautice con otro nombre como ley de financiamiento, se enfrenta a una tarea muy compleja. En nuestro país hay una serie de factores adicionales que hacen que este proceso sea aún más difícil. Uno de ellos es que la nuestra es una de las dos naciones más desiguales de América Latina, al lado de Guatemala, y la séptima más injusta del mundo, según el Banco Mundial.
Esta realidad, que se evidencia permanentemente, la viven todos y cada uno de los ciudadanos aquí. Frente a este contexto innegable, cualquier decisión del Gobierno que muestre el más mínimo desequilibrio y acentúe esta desigualdad, obviamente genera rechazos de los afectados, es decir, la mayoría de colombianos.
El tema del nivel de ingresos de la población también aparece como una preocupación. El gobierno actual, que tiene a su disposición la última encuesta de ingresos y gastos del Dane, 2015-2016, parece ignorar las consecuencias de esta reforma sobre los ingresos de la población.
Señores del Gobierno, este no es un país de clase media, el 66,8 %, es decir, 2/3 de la población, es pobre y vulnerable, según cálculos del 2018 del DNP; 26,9 % son pobres y 39,9, vulnerables.
Este 39,9 % puede caer nuevamente en la pobreza si se deterioran sus ingresos. Adicionalmente, se debe destacar que Colombia es una nación de ingresos muy pero muy bajos, donde solo un 2,3 % de la población gana muchísimo.
Un pobre tiene un ingreso per cápita mensual de $ 250.620; un vulnerable, de entre $ 250.620 y 590.397; la clase media, de entre $ 590.398 y 2’951.990, y la clase alta, más de 2’951.990, y allí entran los millonarios y supermillonarios de Colombia. Estos son datos muy recientes del DNP. ¡Cómo pudieron ignorar esta realidad antes de proponer la ley de financiamiento, por favor!
Solo un gobierno como el actual, que hace caso omiso de estas realidades, pudo haber impulsado esa primera propuesta de ley de financiamiento que se ha caído como un castillo de naipes, dejando muy mal parada a esta administración. Se cumple claramente la premisa de que en semejante tema tan crucial como las finanzas públicas, el gobierno Duque sigue demostrando que va del ‘timbo al tambo’. Sin conocer en este momento cómo quedará esta ley, lo que resulta claro son los costos inmensos que se derivan de este pésimo manejo del Gobierno y de sus pocos apoyos en el Congreso de la República.
En un primer momento, lo que se ve es un inmenso costo político que no se le puede adjudicar solo al ministro de Hacienda, porque es el Presidente quien toma las grandes decisiones. Este proyecto de ley pasará a la historia como uno de los peores errores de economía política de un gobierno. Este desacierto explica parte del bajo apoyo que tiene esta administración. Segundo, una incertidumbre muy grande que afecta negativamente una de las variables claves para la inversión: las expectativas. Especialmente aquellas respecto al futuro de la financiación del gasto público y su impacto sobre distintas actividades. Tercero, un golpe muy duro a la credibilidad sobre las decisiones gubernamentales. Así se le abonen puntos al Gobierno por no gravar con el IVA toda la canasta familiar, sus actuaciones generaron un clima de incertidumbre que debilita la confianza sobre él.
¿Cómo podrá reparar el presidente Duque el impacto negativo en la opinión pública en un tema tan crucial? Eso es difícil de establecer. Cuando un país pierde la confianza en las decisiones de sus líderes, la gobernabilidad se va al piso. Lo que sí es indudable es que salir de este clima de frustración generado entre quienes lo apoyaron en la campaña presidencial y quienes no lo apoyaron por las profundas dudas que generaba su poca experiencia y trayectoria pública requiere unos análisis muy profundos en el Gobierno para reconocer sus fallas, y no una saturación de shows mediáticos que resultan contraproducentes.
cecilia@cecilialopez.com
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