La conclusión de un informe de Nora Lustig sobre incidencia fiscal en la distribución de la riqueza en varios países del tercer mundo es negativa para Colombia.
Acá, “la política fiscal incrementa la pobreza” pues los impuestos son predominantemente indirectos y las trasferencias del Gobierno no son suficientes para neutralizar los efectos negativos del recaudo tributario. Marcela Meléndez hizo el correspondiente análisis para el país.
El gasto social en Colombia alcanza a ser el 12% del PIB, distribuidos en salud (5%), educación (4%), pensiones (3%) y transferencia directas, como familias en acción (0.5%). Todos ellos, incluyendo pensiones que favorecen en especial a políticos y magistrados, logran mejorar ligeramente el coeficiente Gini de distribución de 0.57 a 0.53. El gasto en salud, tipo Sisben, tiene un impacto positivo, al igual que el ejecutado en educación en todos sus rubros, lo que va contra el consenso de este tipo de estudios de que las inversiones en educación terciaria tienen un impacto negativo sobre la distribución y la pobreza pues favorecen a las clases medias.
El recaudo tributario de Colombia alcanza a ser 17% del PIB. Su regresividad surge de la importancia que tienen los impuestos indirectos (tipo IVA y aranceles) que suman el 7% del PIB y 6% de impuestos directos que pagan las empresas más no sus dueños. Las contribuciones a la seguridad social, que abonan patronos y trabajadores, son 2% del PIB y el resto surge de la renta petrolera que en 2014 equivalía a 3% del PIB. Al igual que en Brasil, en Colombia la pobreza aumenta después de considerar el impacto de los pesados impuestos que recaen sobre los bienes que consumen los más pobres.
Lustig resalta el hecho de que las clases medias optan por los sistemas privados de educación y de salud en los países latinoamericanos, lo que conduce al deterioro de su calidad. La razón: las personas más pobres no tienen poder político suficiente para contrarrestar los bajos presupuestos y las malas prácticas de los que capturan el sistema público, mientras que las clases medias se rehúsan a pagar los impuestos requeridos para mejorarlo.
El comportamiento del sector azucarero revela el ápice de la injusticia tributaria y social que reina en Colombia. A este cartel el Estado le ha concedido el control de las importaciones que pueden competir con ellos, lo cual les permite exprimir a todos los consumidores, incluyendo a los más pobres que consumen demasiado azúcar en sus deficientes dietas alimenticias. Se le cobran además pocos impuestos directos, sobre todo a los dueños de los ingenios que controlan muchas otras industrias. Lo que es peor es que el Gobierno les concede subsidios pagados por todos los contribuyentes, al comprarle el etanol a un precio muy superior al que tiene en el mercado internacional ($ 3.500 de subsidio por cada galón), después de que se les han dado subsidios directos para que construyan sus plantas de refinación. Toman mucho más de lo que ponen, constituyendo una especie de socialismo a la colombiana.
Según Marcela Meléndez, “el 10% más rico de la población ve reducido su ingreso en solamente 1.9% por el pago de impuestos directos (donde se incluyen el impuesto de renta y el impuesto predial)”. Esto significa que hay un amplio potencial de este estrato social para que pague mayores impuestos progresivos, como el de los dividendos que hoy está totalmente exento.
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