Cuando intentamos descubrir las razones que llevaron al desastre económico de Grecia siempre aparece como uno de los factores su propia realidad pensional.
Se trata de la excesiva generosidad en cuanto a años para la jubilación (pensiones desde los 50 años y oficialmente desde los 62); la falta de sostenibilidad de un sistema similar al de prima media colombiano (para toda la población) que hoy en gasto público representa el 18% del PIB de dicha nación; y un mar de inequidades en los beneficiarios de dichas pensiones.
Colombia en datos oficiales está lejos de dicha realidad griega, pero de no hacer una reforma pensional, rápidamente llegaremos a algo similar. La mezcla del inevitable aumento de la esperanza de vida, bajo crecimiento económico y creciente gasto público dedicado a las pensiones, parece el mejor camino para caer en la tragedia griega. Se ha estimado que en el 2050 o antes, Colombia tendrá proporcionalmente la misma población mayor de 65 años que Grecia y el gasto en pensiones se acercará al porcentaje griego, si queremos superar el drama actual de baja cobertura pensional en el modelo vigente.
Nuestra propia bomba pensional tiene varios detonantes. De un lado sufrimos de insostenibilidad de un modelo de régimen de prima media que insiste en calcular pensiones con base en los últimos diez años de servicio y no a lo largo de la vida de las personas o por lo menos los últimos 40 años de vida laboral (como sucede en países OCDE). Este modelo, que suena muy atractivo, termina alimentando mucha más inequidad porque suelen ser las personas de más altos cargos y por ende de más ingresos las que se benefician, pues a diferencia del grueso de la población son ellas las que logran que en sus últimos 10 años les aumenten los salarios y terminan recibiendo un subsidio injusto (al recibir una pensión más alta del sueldo promedio que tuvieron en su vida laboral), que terminamos pagando todos los colombianos con nuestros impuestos.
El segundo detonante es el de un modelo pensional que no ha reconocido el papel que juegan las pensiones como factores de equidad intergeneracional y con la población adulta. La realidad es que hoy sólo el 23% de la población en edad de jubilación recibe dicho beneficio y en el futuro se estima no será más del 10%. El resultado es que la tasa de pobreza en las personas adultas supere el 45% cuando en países como Argentina o Brasil no es mayor del 4%. De igual forma, de no hacer una reforma, el 75% de la población con ingresos inferiores a dos salarios mínimos no tendrán pensión. Mientras tanto, unos pocos aportantes de altos ingresos seguirán recibiendo subsidios que no tiene por qué financiar el sistema.
El tercer detonante es la falta de transparencia de un sistema pensional en el que conviven dos modelos que compiten inequitativamente y que es confuso para los usuarios. En Colombia cuesta trabajo tener certeza sobre cuál es el mejor camino para pensionarse, si el de ahorro individual o el de régimen de prima media.
Urge una reforma que precise el alcance de cada régimen o que piense en dejar sólo el de ahorro individual; que reconozca que la expectativa de vida productiva es superior; que fortalezca programas como el de Colombia Mayor en los próximos años; que elimine tantas inequidades y beneficios de jugosas pensiones para unos pocos y cero pensión para la gran mayoría; que invite a una reforma laboral que promueva la formalidad en el mercado del trabajo; que elimine tanta distorsión y poca transparencia en la forma como operan los dos regímenes y que se comprometa como política de Estado a que la población adulta tenga una vida digna en el futuro.
Un indicador del verdadero desarrollo de un país se mide por la dignidad con la que trata la vida de los adultos mayores, y lo que alcanzamos a anticipar, de no hacer una reforma pensional, sólo es expresión del más profundo subdesarrollo.
Bienvenido el debate sobre una reforma pensional que necesitamos más temprano que tarde, antes de que nos explote la bomba económica y social del régimen actual en nuestras manos.
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