Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2019
POR ALEJANDRO TORRES V
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL CONTRA LAS REFORMAS PENSIONAL, LABORAL Y DE SALUD
Compañeras y compañeros:
Desde comienzos del gobierno de
Santos se viene planteando otra reforma a la Ley 100 de 1993 en el aspecto
pensional. Este, en el Plan de Desarrollo de su primer mandato presentó un
artículo, que debió retirar, el cual elevaba la edad de las mujeres para pensionarse
a 62 años y la de los hombres a 65. Fracasada la intentona, anotó: “El Gobierno
considera que es un acto de responsabilidad con las futuras generaciones
plantear desde ya una reforma que garantice la viabilidad y sostenibilidad del
sistema pensional colombiano”. Viabilidad y sostenibilidad vocablos repetidos
hasta el cansancio por los interesados en acabar con lo que va quedando del
sistema pensional público colombiano luego de la ley 100 ya mencionada; la 797,
de 2002, y el acto legislativo 01 de 2005. Registremos que la llamada
polarización entre santistas y uribistas se desvanece cuando se trata de ceder
al interés de los magnates y esquilmar al pueblo.
Santos no dejó de intentarlo. Su
ministro Luis Eduardo Garzón, propuso llevar la reforma a la Comisión de
Concertación de Políticas Sociales y Laborales, luego de haber asistido a la
presentación del estudio “Misión Colombia Envejece” de Fedesarrollo y la
Fundación Saldarriaga Concha, mamotreto que contiene los lineamientos de las
agencias imperialistas para arrasar con las pensiones. Allí, el exdirigente
sindical, mencionó que retomaría la propuesta de su antecesor Rafael Pardo, la
cual, según lo plasmó la revista Semana, buscaría resolver los problemas de
“baja cobertura, alta inequidad y problemas de sostenibilidad”, pero, además,
no sería una reforma pensional sino “un nuevo modelo de protección para la
vejez”. ¿No se les parece, compañeros, idéntico el lenguaje eufemístico de la
ministra Arango y el del exministro Pardo? La propuesta también contenía
equiparar las condiciones de pensión de los dos regímenes, el de reparto y el
ahorro individual, eliminando los “privilegios” y “subsidios” del primero, con
lo que se acabaría la competencia desigual entre ellos. Idéntico a lo que lleva
varios años proponiendo Asofondos.
Decía la revista que la fórmula
del gobierno era compleja: “La idea es que la cotización hasta un salario
mínimo sea administrada bajo el modelo del RPM y los aportes por encima del
mínimo irían al RAIS. Así, todos los trabajadores recibirían el mismo subsidio
del Estado en lo que tiene que ver con la porción del mínimo, pero el resto del
capital ahorrado se comportaría como las cuentas individuales para formar la
pensión.” A esto lo llamaba Pardo Rueda “modelo de escalones”, conocido hoy con
el nombre de “pilares”, eje de la fórmula promovida por el centro
paragubernamental Fedesarrollo. Aducía, además, que era más equitativo porque
se reducirían a la mitad las pensiones de los trabajadores de ingresos
superiores al mínimo: profesionales, técnicos, jueces, profesores, etc.
Los gobiernos de Santos
concluyeron sin que ese propósito cuajara, y eso que gozó de condiciones
políticas favorables, pues, con el enmohecido argumento de que había que
ponerle contención a la derecha de la derecha, muchos de los voceros de quienes
resultarían afectados con la reforma le dieron su respaldo.
Desde esas calendas los
instigadores del arrasamiento han venido siendo casi los mismos: las agencias
multilaterales a través de las cuales el imperialismo y el capital financiero
trazan sus políticas (el FMI, el Banco Mundial, el BID, la OCDE); Asofondos,
que agrupa a las Administradoras de Fondos Privados de Pensiones (AFP),
presidida por el recalcitrante Armando Montenegro; Anif, el “tanque de
pensamiento” del grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento, por varioos lustros
dirigida por Sergio Clavijo, quien se pasó a Colpensiones para jubilarse, pero
recibe la paga del grupo Aval para promover la eliminación del fondo público;
Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, al mando de Jorge Humberto Botero,
otro pensionado de Colpensiones, y Fedesarrollo, la incubadora de tecnócratas
que ocupan las carteras económicas y el Departamento Nacional de Planeación, o
las sinecuras que les prodigan las agencias internacionales, en pago de su
contribución a postrar al país y al pueblo ante sus exigencias.
Y la retahila que esparcen para
llevar a cabo su misión depredadora se mantie prácticamente igual: la baja
cobertura y la inequidad; proteger a la vejez desamparada; quitarle los subsidios
pensionales al quintil más pudiente de la población, del cual hacen parte el 86
% de los pensionados, que se devoran más de 4 puntos del PIB, siendo ello una
de las causas principales del déficit fiscal; acabar con “privilegios”
inauditos como el desequilibrio entre el tiempo que se trabaja y el que vive el
pensionado, que se agrava en el caso de las mujeres, pues se pensionan más
jóvenes y viven más; o como la tasa de reemplazo que dizque es una de las más
altas del mundo, incluida la de quienes ganan el salario mínimo, que resulta
ser del 100 %, mientras la contribución (lo que se descuenta del salario) es de
las más bajas; que la coexistencia de los dos regímenes, el de prima media y el
de ahorro individual, resultó ser altamente regresiva, por el “arbitraje” en
favor del primero. Una sistemática embestida ideológica que busca poner en
cabeza de los asalariados, desde el operario de maquila o el cortero de caña o
la trabajadora de las flores hasta los sectores medios, tanto el desbalance de
las cuentas nacionales como el abandono de la ancianitud. En fin, que el
régimen pensional, desde luego el público, resulta demasiado generoso con unos
ricos desconsiderados que ganan desde un salario mínimo en adelante.
A pesar de tanta coincidencia en
el diagnóstico y en buena parte de las soluciones, cabe la pregunta de por qué,
luego de tantos años de plantear la necesidad de la reforma y por ministros de
colores tan diversos, el propósito hasta ahora no ha cuajado, siendo que, hay
que decirlo, de parte de los millones de afectados no se ha hecho sentir, como
debiera ser, un enérgico rechazo en las calles, única forma de detener el
anunciado atropello. En muy buena parte la explicación de esto se halla en que
entre quienes aupan las reformas no solo existen coincidencias sino también
diferencias de fondo. Basta ver la acritud del debate entre Asofondos y Anif,
de un lado, y, de otro, Fedesarrollo alrededor del sistema de pilares propuesto
por esta última entidad, pero ideado por el Banco Mundial en 1994. Si bien
ambos bandos coinciden en que se debe acabar o “marchitar” Colpensiones y en
reducir las garantías supérstites para los afiliados actuales, la diferencia
estriba en que Fedesarrollo promueve que todos los trabajadores estén afiliados
simultáneamente a los dos sistemas y sus aportes se dividan entre ambos. Al
Pilar 1, público y de reparto, irían todas los cotizaciones de los trabajadores
formales correspondientes hasta un salario mínimo, este otorgaría una pensión a
todos los afiliados con “un tope” de un salario mínimo, la cual decrecería
según el nivel de ingreso del afiliado. El pilar 2, de ahorro individual,
administrado por las AFP, recogería las cotizaciones de cada trabajador
correspondientes a los ingresos superiores al salario mínimo. Por descarte, se
entiende que los trabajadores de salario mínimo, que son más o menos la mitad
del total, solo cotizarían al pilar 1. La propuesta de este “tanque de
pensamiento” luce como representativa del capital financiero internacional, los
organismos multilaterales y las calificadoras de riesgo que, al parecer,
calculan que excluir de un plumazo al estado de la gestión pensional, como
pretenden los agentes del gran capital financiero nacional (Sarmiento Angulo y
el GEA), pondría en aún mayor riesgo la satisfacción de la regla fiscal, es
decir, el pago de la deuda externa. El plan reformista de Fedesarrollo tiene un
aliado incondicional en una institución clave del estado: el Banco de la
República —cuyo actual gerente también fungió como director del centro de estudios—
ente cuya fementida independencia lo es pero de los intereses de Colombia, ya
que su función básica consiste en ser el portavoz de los ucases del Fondo
Monetario Internacional.
Lo anterior, junto con que las
personas de ingresos superiores también deban dejar parte de la cotización en
el primer pilar es lo que hace montar en cólera a los fondos privados, que no
dudan en calificar tal propuesta de “reforma tributaria para darle caja al
gobierno”, mediante la eliminación de un 50 % del flujo (hacia sus arcas) del
ahorro pensional, con lo que se le da un golpe al mercado de capitales, según
ellos, principal motor del desarrollo económico. Asofondos y Anif tampoco se
resignan a aceptar que se les quiten los cotizantes de salario mínimo pues, en
dicho segmento, las AFP dominan abrumadoramente “el mercado”, dados sus
acuerdos venales con gerentes y directores de personal y la pasividad de
Colpensiones, lo cual convierte la fementida “libertad de elección” en una
caricatura, al igual que les sucede a los de abajo con todas las libertades en
la sociedad capitalista. Así, señalan que el sistema únicamente debe ser de
ahorro y capitalización, es decir, el de ellos, al que entrarían todos los
nuevos cotizantes. Para quienes no alcancen a jubilarse apoyan los BEPS.
No se trata de adivinar por cuál
propuesta se inclinaría el gobierno, pero parece claro que el proyecto de
Fedesarrollo es el que más complace a los organismos multilaterales
representantes del imperialismo.
Anif le agrega a lo planteado por Asofondos que hay que marchitar el régimen de
prima media; bajar, mientras exista Colpensiones, en al menos 20 % la tasa de
reemplazo; reducir la pensión mínima al 75 % del salario mínimo legal, y a la
de sobrevivencia reducirle un 25 %; todo esto en medio de una gran algarabía
sobre que si no se efectúa tal “reforma estructural pensional” nos harán trizas
las “bombas” fiscal y pensional.
Por su parte Mercer, empresa especializada en asesoría y gestión de sistemas
pensionales y de salud, y subsidiaria del conglomerado gringo Marsh &
MacLennan, presentó, conjuntamente con la revista Semana hoy propiedad del
grupo financiero Gilinski, una propuesta de la que ella misma señala que recoge
“lo mejor de los dos mundos”, una especie de mediación entre los bandos
enfrentados. Esta se basa también en “pilares”, pero, a diferencia de la de
Fedesarrollo, propone que todas las personas, incluidas las que tengan ingresos
de un salario mínimo, aporten tanto a un fondo global (pilar 1) como a una
cuenta de ahorro individual (pilar 2). Así, la cotización de 16 % de quien
devengue el mínimo ($828.116) se dividiría en un 60 % ($79.499) para el fondo
global y un 40 % ($53.000) para la cuenta de ahorro individual. Para quienes
ganen 1,5 SML la anterior relación se invierte: 40 % de la cotización para el
fondo global y 60 % para la cuenta de ahorro individual. De ahí en adelante va
decreciendo la parte correspondiente al fondo global (desde 4 SML en adelante
es tan solo del 15 %). Las tasas de reemplazo resultarían incluso inferiores a
las minúsculas existentes en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
(RAIS): los asalariados que hayan cotizado hasta por 4 SML obtendrían una
mesada apenas equivalente al SML. La gracia de la propuesta es, según ella
misma, que “los flujos de recursos hacia Colpensiones y los fondos privados se
mantienen, por lo que se respeta el ahorro pensional y su impacto en el mercado
de capitales”. Mercer señala que su propuesta también contempla que a las AFP
se les permite mantener en sus arcas el capital que han acumulado del ahorro
pensional de más de 15 millones de personas: unos $270 billones.
Desde hace pocos días ha empezado también a hacer carrera la posición expresada
por un grupo de altos funcionarios de la OIT, a la cual se le han atribuido más
méritos de los que tiene, incluso ha querido presentársele como la panacea
contra la privatización. En realidad es, cuando mucho, un registro de la
reversión de esta en varios países y bajo diferentes circunstancias, en tanto
se desestiman sus propuestas gravemente lesivas a los asalariados, que pueden
compendiarse en que so pretexto de que el sistema público sea sostenible hay
que hacerle variaciones paramétricas, que incluyen aumentos automáticos de la
edad para pensionarse, de los años sobre los que se computa el ingreso base de
liquidación, y hasta reducir a un 40 % las tasas de reemplazo, como se explica
en la ponencia sobre dicho documento, presentada por las compañeras del
extraordinario grupo de activistas que componen el colectivo Pensionadas por
Derechos.
Y recientemente también han salido a flote las recomendaciones de la Misión del
Mercado de Capitales que señala claramente que se deben emprender las reformas
necesarias para “perfeccionar” los “incentivos”, o sea las ganancias, a los
fondos de pensiones y de cesantías, ya que estos constituyen la “más importante
fuente” de ahorro para la economía.
Plantea la Misión en su informe
preliminar, entre otras cosas, que la vigilancia de estas entidades se base en
“los principos del hombre prudente” no en reglas claramente establecidas. Que
se reduzca “paulatinamente” el límite a las inversiones en entidades
vinculadas; para poner un ejemplo, que Porvenir pueda enriquecer con los
ahorros pensionales aún más a Luis Carlos Sarmiento, legalizando que aquellos
puedan invertirse en acciones de los 4 bancos del magnate o en los centenares
de empresas que controla por medio de Corficolombiana. Y, de otra parte, que se
“debe abandonar el esquema de reglas, cupos y límites vigentes, incluyendo los
relativos a la clase de activos, tipos de instrumentos, emisiones individuales
y compraventa de divisas.” Es decir, que las AFP, sin ningún control, puedan
dedicarse con la plata de las pensiones a la más desaforada bacanal
especulativa (lo propio del capital financiero) con lo que el peligro de que se
esfumen tales ahorros crecerá geométricamente. Para solo citar unas pocas más
de las recomendaciones, mencionemos que la Misión aconseja que se elimine la
calificación para el universo de activos admisibles para invertir; que se consideren
como nacionales las inversiones que hagan en la llamada Alianza del Pacífico,
es decir, en medio mundo; que debe suprimirse la exigencia de una rentabilidad
mínima, como rige actualmente; igual suerte debe correr la reserva de
estabilización de rendimientos; que se separe de la ya escandalosa remuneración
por administración que cobran las AFP el costo del seguro previsional, cuya
consecuencia será disminuir el ya pírrico 11, 5 % del salario que va a la
cuenta del ahorrador; que tal comisión de administración tenga un costo fijo y
uno variable; que el estado cubra los riesgos por decisiones judiciales; que el
ahorrador también pague los costos de las subastas de rentas vitalicias según
las nuevas segmentaciones de afiliados, y así sucesivamente.
Como puede verse, el sistema
privado de pensiones se orientará todavía más a la más desaforada especulación,
y sus víctimas crecerán como espuma, independientemente de hacia qué lado se
incline el gobierno en el proyecto anunciado para después de elecciones, si del
de acabar totalmente con Colpensiones y el RPM o por los pilares de
Fedesarrollo o Mercer.
Empero, la reforma ya ha dado
pasos de animal grande. El Plan Nacional de Desarrollo de Duque estableció en
su artículo 193 el llamado piso de protección social, del que también se
declaran fanáticos los tiburones financieros, los gremios y la OIT, y el cual
consiste en que los trabajadores que sean contratados por horas, o que
suscriban contratos de servicios o a destajo por menos del salario mínimo legal
sus patrones podrán inscribirlos en tal “piso” que consiste en que estos
aportan un 14 % sobre la paga estipulada para inscribir al trabajador en los
BEPS, una de las columnas vertebrales de esta reforma laboral y pensional, con
lo que tales asalariados serán condenados a recibir en la vejez una mísera
mesada de entre $40.000 y $80.000. Los patrones aportarán también un 1 %
para cubrir riesgos laborales, a la vez que se afilia al empleado al régimen
subsidiado de salud. Centenares de miles de trabajadores actuales serán
lanzados a esta nueva “formalización” de las relaciones laborales, y en las
nuevas plantas de personal predominará semejante régimen esclavista.
No hay sino una sola manera de
detener tamaños atentados contra los derechos laborales supérstites y la estafa
de las pensiones por el capital financiero —frente a la cual palidecen las
fechorías de todos los capos que en el mundo han sido—, y es lanzarse sin
demora y con denuedo a ejecutar el plan de organización y lucha que defina este
encuentro, el cual seguramente contemplará que los activistas se boten cada vez
en mayor número a las barriadas obreras, a las zonas francas, a los
establecimientos públicos armados de megáfonos y cabinas y hojas volantes, que
llamen a los jóvenes a entender que el problema es con ellos, que les digan a
los trabajadores de más edad que ningún régimen de transición es garantía de
nada, y a los propios pensionados que en semejante orgía especulativa ni
siquiera las mesadas o como dicen muchos “el derecho adquirido” estará seguro; que
persuadan a los dirigentes adormilados de que los trabajadores no perdonarán la
complacencia con tan grandes crímenes.
Y que se explique con claridad
no que “Colpensiones es mejor” como plantean algunos para no lucir tan
radicales exigiendo, como lo hacemos nosotros y lo seguiremos haciendo, la
erradicación de los fondos privados, es decir la desprivatización de las
pensiones, por un lado, y, por otro, el mantenimiento sin la más mínima
desmejora de los parámetros actuales del régimen de prima media y de los
regímenes especiales existentes, como el de los maestros. Y una condición más,
inexcusable, que todo el que quiera sumarse a esta batalla, persona u
organización, será bienvenido, pero sea cual sea la posición que ocupe en la
vida pública, este movimiento no aceptará que se le pretenda convertir en
comparsa. Por el contrario les aconsejaremos a nuestros compañeros de lucha que
pidan que como muestra de consecuencia con tan caros intereses de las masas se
inscriban en los programas de partidos y organizaciones que declaren
representar al pueblo las nítidas exigencias de nuestro movimiento en especial
las atinentes a la desprivatización de la seguridad social en pensiones y salud
y la radical negativa a la desmejora del régimen laboral y la lucha por un
salario mínimo que cubra, al menos, el costo de la canasta familiar básica.
Que no se equivoquen Duque y
Carrasquilla y Arango ni el imperialismo y sus intermediarios, pues están
empezando a aparecer signos de que el pueblo quiere dejar atrás la larga noche
del despojo, no otra cosa se vislumbra a través del resultado de este segundo
encuentro nacional contra las reformas laboral, pensional y de salud.
Muchas gracias.
Reflexiones al tema pensiones
Twitter: @orregojj
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