razonpublica.com, Lunes, 13 Febrero 2017
Todos los días se sabe más sobre la enorme red de
corrupción en la que se ha convertido la contratación pública. ¿Es esto un
síntoma de que el problema se ha agravado o de que hay mejores controles? ¿Qué
se puede hacer para combatir el flagelo?
Sara
Piñeros*
De la indignación a la acción
La corrupción es el tema
de moda, sobre todo ahora que se viene la contienda presidencial de 2018.
Algunos de los candidatos han tratado con seriedad este problema desde hace
varios años, formulando propuestas claras para combatirlo, y otros lo han hecho
de manera oportunista.
Sin
embargo la corrupción está lejos de ser una moda, como lo demuestran los
indicadores de Colombia en los escalafones de entidades como Transparencia Internacional y el Foro Económico Mundial,
donde el país suele ocupar lugares desfavorables: por ejemplo en las últimas
mediciones Colombia ocupa respectivamente los puestos 90 entre 176, y 126 entre
140.
Pero debemos pasar de la
indignación y a las acciones concretas, tanto en el sector público como en el
privado.
Odebrecht y los pagos por contratos
Con el escándalo de los
sobornos realizados por Odebrecht, la firma constructora y de ingeniería más
grande de América Latina y con presencia en veinte países en el mundo, las
cosas se han puesto al rojo vivo en Brasil, Perú y Colombia.
Brasil y Perú ya han
visto afectadas sus proyecciones de crecimiento económico, y en el caso de
Colombia podrían establecerse precedentes negativos que dificultarían el cierre
financiero de la segunda y tercera ola de las concesiones de cuarta generación
(4G). Además – y dependiendo de los resultados de las investigaciones en curso-
es posible que se produzcan brotes de inestabilidad política en el estilo de
los que han sacudido a Brasil.
En 2015 pocos
vislumbraron que los casos de corrupción que empezaron a conocerse en Brasil y
que estaban relacionados con el pago a funcionarios de la petrolera estatal
Petrobras para obtener contratos sobrefacturados serían el inicio de un
vendaval que ahora estremece a la región.
Esta coyuntura puede
replicarse en países como Argentina, Ecuador, República Dominicana, Guatemala,
México, Panamá y Venezuela, donde Odebrecht utilizó el mismo sistema de pagos
(sobornos) a cambio de contratos de obras públicas.
La
corrupción se suele percibir como uno de los principales problemas de las
economías más grandes de América Latina.
Se sabe que América
Latina se caracteriza por la desigualdad de ingresos, riqueza y oportunidades,
y la corrupción es un fenómeno que tiende a profundizar esta situación,
limitando el alcance e impacto de las medidas para combatir la desigualdad, lo
que crea un círculo vicioso.
Las pruebas y decisiones
judiciales que se han presentado hasta el momento parecen indicar que los
recursos pagados por Odebrecht para obtener contratos con el sector público
llegaron no solo a funcionarios de nivel medio sino a los más altos
representantes de los Estados, lo cual pone en evidencia la dimensión y
profundidad del problema.
El sector de
infraestructura es donde hoy se manifiesta más claramente que el tamaño de una
entidad (medido principalmente por el volumen de su patrimonio) no solo es un
indicador de capacidad financiera, sino también uno de concentración de poder
y, por ende, de potencial de abuso para distorsionar las leyes del “mercado”.
El sistema de
licitaciones, que consiste en adjudicar las obras públicas a la entidad o
conjunto de empresas que ofrecen las mejores condiciones, no es precisamente el
ejemplo de un mercado en acción. Sin embargo este sistema se ha presentado como
la mejor herramienta para fomentar la competencia y la eficiencia en la
contratación pública.
Los problemas aparecen
cuando las instituciones, el Estado y la justicia son tan débiles que los
agentes privados pueden coludir o infiltrarlos a su conveniencia. El sistema
deja de funcionar en ausencia de mecanismos que eviten la colusión o el
favoritismo de ciertos proponentes y que garanticen parámetros totalmente
técnicos y objetivos.
Los escándalos de corrupción
La salida a la luz
pública de los casos de corrupción provoca un renovado rechazo hacia la clase
política, mina la credibilidad de las instituciones y debilita la confianza de
los ciudadanos en lo público, que es la base del principio de representación
del cual depende la legitimidad de la democracia.
A raíz de esto se
produce un estado de desilusión, de baja participación y compromiso ciudadano,
así como un pesimismo generalizado, lo cual debilita uno de los componentes más
importantes del gasto agregado: la inversión. No cabe duda de que el
conocimiento público de los escándalos de corrupción tiene graves
repercusiones, aun sin tener en cuenta el efecto directo del desvío de los
recursos que se canalizan para suplir las necesidades de la población, pero que
acaban por beneficiar indebidamente a los particulares.
De hecho, en las
diferentes encuestas entre los funcionarios públicos, los ciudadanos, el sector
empresarial y los analistas, la corrupción se suele percibir como uno de los
principales problemas de las economías más grandes de América Latina. Y esta percepción
socava la cultura de cumplimiento dentro de una sociedad, un factor esencial
dentro de un universo basada en los contratos.
Sin embargo, también
existe una visión optimista según la cual los escándalos son necesarios para
empezar a fortalecer el sistema, es decir, son un costo necesario para poder
poner la casa en orden. Así entendidos, los escándalos son una señal de que es
posible detectar esquemas de corrupción que antes pasaban desapercibidos e
iniciar nuevos hallazgos en las investigaciones.
Lo anterior puede ser
cierto. No obstante, más allá del aprendizaje que deja la experiencia, la
oportunidad y el momento hacen aquí toda la diferencia. Por ende, debe pasarse
de un sistema reactivo como el actual a uno preventivo basado en alertas
tempranas, para lo cual es fundamental hacer seguimiento a las variables
relacionadas con la corrupción.
Colombia
cuenta con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y con
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional (Ley 1712 de 2014). No
obstante, el problema de la corrupción va más allá de las leyes y requiere un
abordaje que tenga en cuenta al sector privado y su interacción con lo público.
Las preguntas y las tareas pendientes
Entre las preguntas para responder están:
·
¿Cómo consiguen ser tan rentables las prácticas corruptas?
·
¿Son tan amplios los márgenes de rentabilidad en las concesiones
que permiten asumir el alto costo de los pagos por corrupción?
·
¿Cuáles son los escenarios y las áreas de lo público más
propicias para la corrupción?
Responder estas dudas
exige un gran trabajo entre el sector público y privado, así como la acción
decidida para cerrar los escenarios de favoritismo, soborno y clientelismo. Y
este es el mayor activo que se puede construir para la sociedad.
Está
en las manos de todos limpiar de una vez por todas la casa.
En
este sentido son bastante adecuadas las recomendaciones del Consejo Privado de
Competitividad en el Informe Nacional de Competitividad
2016-2017, las cuales consisten principalmente en adoptar las
tecnologías para lograr las prácticas de gobierno abierto y de transparencia en
la gestión del gasto fiscal tanto a escala nacional como territorial, así como
en desarrollar plataformas para que el proceso de contratación pública se
realice en línea.
Por
otro lado se propone modificar el Estatuto de Contratación (Ley 80 de 1993) para que
sea obligatorio el uso de pliegos-tipo, es decir, de condiciones estandarizadas
que no puedan modificarse o adecuarse para favorecer directamente a ninguno de
los participantes de las licitaciones públicas.
Por su parte, en el
sector privado se necesita despertar la conciencia de que con la corrupción
pierde toda la sociedad, incluidas las empresas. Para ello debe fomentarse la
competencia en la adopción de las mejores prácticas anticorrupción, así como en
entenderlas como un mecanismo de diferenciación entre los distintos sectores
productivos. También es importante fortalecer los canales de denuncias de
corrupción dentro de las empresas.
La sociedad en su
conjunto debe pasar de la indignación a la acción propositiva, innovadora y
constructiva. Es natural que ante los escándalos de corrupción la reacción
inmediata sea de desaprobación y desconfianza, pero está en las manos de todos
limpiar de una vez por todas la casa, sin perder de vista que es una labor de
largo aliento.
* Economista y Máster en Finanzas Corporativas. Profesora
Universitaria.
Reflexiones al tema pensional
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