jueves, 30 de marzo de 2017

¿OTRA REFORMA POLÍTICA?....

GES (GRUPO EDITORIAL EL SATÉLITE)
Director: Octavio Quintero



Sin equilibrio de poderes no hay democracia

Para proponer una reforma política-electoral hay que conocer, o al menos suponer, las causas por las cuales la política en Colombia se ha convertido en un asco nacional; y ese asco, hace que la gente del común la haya puesto como fuera de su vida, cayendo en lo que Maurice Duverger llama “democracia sin pueblo”, todo un  contrasentido de lo que tenemos establecido por democracia.

Según la encuesta Gallup de febrero – 2017, los partidos políticos eran la institución nacional de más alta desfavorabilidad del país con 85%, y el Congreso, su hábitat natural, con un rechazo popular del 79%.

En estos días se esbozó en los medios de comunicación la propuesta de la Misión Electoral Especial encaminada a producir una “gran reforma política” en Colombia, en desarrollo del respectivo acuerdo de paz del Colón, como debe decírsele correctamente, ya que, quienes siguen hablando del acuerdo de La Habana, ignoran que ese fue negado por el plebiscito del 02 de octubre del 2016.

Dominó la propuesta de aumentar en 34 el número de parlamentarios (de 166 a 200), y será suficiente esa idea central para generar un abierto rechazo a la propuesta.

¿Creen ustedes que lo asqueroso de la política tiene relación directa o indirecta con el número de parlamentarios? Si fuera tan fácil acabar con la corrupción política, bastaría con cerrar el Congreso, y punto. Sería tanto como sacarle el corazón a un enfermo para que se aliviara.

No, lo asqueroso de la política, al menos para la clase popular es, precisamente, que no le sirve de nada; es decir, no trabaja sino para beneficio de una selecta clase privilegiada compuesta por un buen número de políticos que copan el Congreso, más el gobierno central “dueño de la chequera” y los oligarcas “dueños del gobierno”, amén del poder judicial que es el que dictamina que todo lo que están haciendo es “legal”.

A propósito, en la misma encuesta, este poder judicial es otra de las instituciones más desprestigiadas popularmente, con una desfavorabilidad del 82%, casi igual a la de los partidos y superior a la del Congreso.

Una reforma política de fondo y estructural debe romper con ese contubernio; debe restablecer en Colombia la autonomía de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; y eso no parece tener cabida en el régimen imperante porque --es un principio de lógica-- nadie va en contra de sus propios intereses. Esa reforma política de la que estamos hablando no la puede hacer sino una constituyente o un referendo auténticamente popular.

Y ahí está el nudo a desatar: todos los caminos democráticos para convocar una constituyente o un referendo, pasan por el Congreso: artículos 376 y 378 de la constitución. ¿Qué hacer? No quedan más caminos que las elecciones,  la protesta pacífica y la desobediencia civil. Pero para ejercer sistemáticamente una alternativa o la combinación de las tres, se requiere de gran cultura política.

El momento político que se respira en la calle, según las encuestas, es favorable a una apertura democrática que restablezca en Colombia el equilibrio de poderes. Mientras tanto, cualquier reforma política en donde los poderes legislativo y judicial sigan siendo subsidiarios del ejecutivo, no hay nada qué hacer.
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Fin de folio.- Los auxilios parlamentarios (mermelada) y el sistema de elección indirecta de los magistrados de las altas cortes, ha concentrado todo el poder en Colombia en cabeza del Presidente que, a su vez, es un prisionero de los grupos económicos, nacionales y extranjeros,  dominantes.


Reflexiones al tema pensional

La serpiente de la corrupción se comió a Colombia..

 semana.com, 2017/01/29,
Colombia es uno de los países más corruptos del continente
 La serpiente de la corrupción se comió a Colombia

El país era uno de los menos corruptos del continente, ¿qué pasó ??


En Colombia se vive en este momento lo que podría ser descrito como una histeria por la corrupción. No se habla de otra cosa. La indignación no es reciente, pero se ha intensificado en los últimos días con las revelaciones de los sobornos por 11 millones de dólares de Odebrecht. Esto se suma a otras, como el aumento de la condena a 24 años de cárcel para Samuel Moreno, por cobrar una comisión del 10 por ciento sobre un contrato de 67.000 millones de pesos de las ambulancias del Distrito, y la captura, el jueves, del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez, acusado de peculado. Para no hablar de la sucesión de escándalos de los últimos años: Saludcoop, Caprecom, Cafesalud, Reficar, etcétera.
Que haya corrupción no sorprende a nadie. La novedad es que se haya podido establecer en algunos casos concretos quién pagó esas comisiones, quién las recibió y a cuánto ascendieron.
Por ahora, solo se ha encontrado la punta del iceberg, pues la corrupción por lo general es muy difícil de detectar. En Colombia se ha convertido en endémica, pero curiosamente en el pasado no era tan indignante, a tal punto que el expresidente Julio César Turbay llegó a decir que “había que reducirla a sus justas proporciones”. Hasta que apareció el petróleo, Colombia era un país pobre donde había poco qué repartir. El gran cambio se dio por tres factores: 1) La elección de alcaldes y gobernadores aprobada en la Carta Política de 1991. 2) Las regalías producidas por las bonanzas de hidrocarburos. 3) La creación de la circunscripción nacional para el Senado.
Hasta 1986 el presidente nombraba a los gobernadores y estos a su turno, tras consultarle, nombraban a los alcaldes. Esto significaba que la responsabilidad política estaba claramente concentrada, y eso hacía que los funcionarios fueran más cuidadosos si querian darle un zarpaso al erario. No es que todo fuera perfecto, pero la corrupción, comparada con la de hoy, era mas controlada. Hoy en día el voto popular elige los alcaldes y gobernadores. En muchísimas ciudades y municipios se forman roscas alrededor de estos para la contratación, algunas veces respaldadas por dineros ilícitos. Esas roscas se perpetúan en el poder bajo la premisa de “hoy por ti, mañana por mí”. En otras palabras, el grupo que impone al gobernador o al alcalde espera recuperar sus esfuerzos y su dinero por medio de contratos. Ese es el núcleo de la corrupción a nivel estatal hoy.
El segundo factor que alteró las reglas del juego es que el Estado, que era pobre, se volvió rico. Cuando el país dependía principalmente del café, las bonanzas les llegaban esencialmente a los caficultores. Con los hidrocarburos todo cambió. Por medio de las regalías y de la descentralización, los municipios y departamentos tienen ingresos propios que no están sujetos al control del gobierno nacional. De ahí que regiones del país donde antes no había más que ganado hoy tienen urbanizaciones, centros comerciales y mansiones como las que solo se veían en Bogotá. Ese desarrollo producido por fenómenos como el boom del petróleo, sin embargo, ha sido con frecuencia acompañado de un nivel escandaloso de saqueo y despilfarro de los dineros públicos.
Otro tentáculo de la corrupción en la política son las elecciones al Congreso. Desde que nació la circunscripción nacional para el Senado, cada aspirante tiene que buscar votos en todo el territorio nacional. En el pasado, un senador solo podía buscar votos en su departamento. Esa era una operación artesanal comparada con lo que hay que hacer hoy. Como compiten candidatos con presencia nacional, cada curul para el Senado se convierte en una minicampaña presidencial. En algunos casos las cifras invertidas para ser elegido senador en departamentos como Córdoba o Meta han llegado a superar los 20.000 millones de pesos. Y, como son muy difíciles de precisar, hay estimativos aún más altos. Una financiación de ese nivel solo se hace sobre la base de recobrarla a través de contratos. Y recuperar 20.000 millones de pesos requiere muchos de ellos. La dura disputa por el poder en las entidades territoriales no solo busca el control político, sino apropiarse de la contratación, que en un círculo totalmente vicioso, termina a su vez asegurando la permanencia en el poder de verdaderas mafias locales.
Algunos remedios han resultado peores que la enfermedad. El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry acuñó el término “mermelada” para explicar que las regalías del sector minero se distribuirían de manera más adecuada. La ley que reformó la forma como se distribuyen esas regalías era sana y conveniente, pues la concentración de recursos en los departamentos ricos en minerales era inequitativa y se prestaba a gastos estrambóticos. Sin embargo, hoy la mermelada se ve como la versión del siglo XXI de lo que antes se llamaban auxilios parlamentarios. El gobierno nacional utiliza la aprobación de proyectos en las regiones, financiados con recursos de las regalías, para asegurar el respaldo de las bancadas en el Congreso. La debilidad y el desprestigio de los partidos y del Congreso impiden que estos cumplan su función natural de representar intereses, y relaciones clientelistas aprovechan esa ausencia.
La semana pasada se conoció un nuevo ranking sobre corrupción de la conocida ONG Transparencia Internacional. Las noticias no son buenas para Colombia. El país subió siete puestos frente a 2015 y ocupó el cuarto lugar en América Latina y el 90 en el mundo. Incluso Brasil, donde la corrupción arrasó con el gobierno de Dilma Rousseff, está en mejor lugar. Los autores de la investigación explican que los escándalos hicieron ver a los brasileños que las autoridades de vigilancia y control estaban funcionando. Y este trabajo mide la percepción de la gente sobre el fenómeno. Mejor localizados que Colombia están también Uruguay y Chile.
En vísperas de una nueva campaña electoral, todo indica que uno de los grandes temas de debate será la lucha contra la corrupción. Como mínimo, algunos aspirantes enfocarán en ese tema sus estrategias para ganar el apoyo del electorado. Por ahora picó en punta Claudia López, senadora de la Alianza Verde. Al lanzar su candidatura en diciembre, ella afirmó que busca una gran coalición contra ese problema. Parte de su propuesta es hacer un referendo para someter a los ciudadanos propuestas que, según ella, contribuirían a cortar las raíces de la corrupción relacionada con la política. Entre ellas, el deber de publicar las declaraciones de renta. También erradicar la mermelada, es decir, que los congresistas no participen en la definición y trámite de proyectos de inversión. Adicionalmente, penalizar la violación de los topes de gastos que la ley fija para las campañas electorales, que hoy en día nunca se cumplen.
Algunos de estos puntos ya están en la ley o han sido planteados en el pasado. Pero más allá del porvenir que pueda tener esta consulta popular, es un hecho que en la agenda pública, y en la inminente campaña, este será un tema crucial. El propio presidente Juan Manuel Santos volvió a sacar esta semana la fórmula de que la financiación de las campañas proselitistas sea totalmente estatal, para evitar que intereses privados puedan comprar compromisos de los candidatos. La receta ya se ha planteado y tiene aspectos positivos, pero también implica altos costos para el erario y no asegura que otros intereses sigan financiando campañas bajo la mesa.
Que el debate electoral gire en torno a la corrupción es una oportunidad para discutir propuestas útiles y adoptar ideas que han funcionado en otras partes. Pero también tiene el riesgo de que se hagan acusaciones sin fundamento que desborden los canales institucionales de la justicia, abonen el terreno para propagar mentiras o versiones interesadas, y desplacen la controversia sobre asuntos programáticos. Pero tanto la realidad como la percepción indican que los colombianos sienten que la corrupción los está asfixiando, y los dirigentes tienen la responsabilidad de dar soluciones efectivas y creíbles. 


La marcha de los corruptos...

24 de marzo 2017


Enrique Santos Molano


De la guerra han nutrido sus fortunas durante años sin cuenta. ¿Cómo van a querer que se acabe?

Este jueves, como lo recuerda en este diario una crónica, excelente y conmovedora, se cumplieron veinte años de la constitución de los habitantes de San José de Apartadó en Comunidad de Paz, modelo para un programa semejante en aquellas regiones vapuleadas por la violencia y la guerra interminable que para entonces había rebasado ya el medio siglo, si la contamos desde 1946, o los treinta y cuatro años a partir de la insurgencia de las Farc en 1964.


La iniciativa de las comunidades de paz fue auspiciada por la embajada de Francia, y la ceremonia tuvo lugar aquel 23 de marzo de 1967 en su sede diplomática.



El embajador de Francia, esa noche, y el editorial de EL TIEMPO, el día subsiguiente, celebraron la decisión de los habitantes de San José de Apartadó como el advenimiento de una nueva era venturosa para un país que se estaba desangrando en una guerra inverosímil, en una guerra de las más criminales, bárbaras y cobardes que registre la historia moderna. Una guerra en la que el noventa por ciento de los caídos eran campesinos trabajadores indefensos, sus mujeres, sus niños, masacrados por la espalda, asoladas sus viviendas, obligados a huir de sus terruños y a presenciar impotentes la matanza perpetrada, con absoluta impunidad, por una serie de asesinos, cobijados como ‘autodefensas’ y financiados por terratenientes, ganaderos y otros bichos similares, en nombre de la ‘lucha contra la subversión’.


Las esperanzas, quizá apresuradas, puestas en el éxito inmediato de las comunidades de paz, y en su piloto de San José de Apartadó, tuvieron pronto una respuesta drástica de quienes no estaban dispuestos a tolerar que la paz viniera a estorbarles sus planes de apoderarse a sangre y fuego de las tierras de los campesinos, en uno de los actos más monstruosos de despojo colectivo jamás vistos antes en ninguna parte. No en balde, Colombia ha sido expuesta en muchos foros internacionales como un caso vergonzoso para la raza humana. Los futuros historiadores, al repasar las páginas de los periódicos, al revisar los documentos pertinentes en los archivos públicos y privados, que hoy no se atreven a dar la cara, no podrán escribir esos episodios de nuestro conflicto sin sentir constantes escalofríos de horror.

Todos estamos en la obligación de mirar hacia San José de Apartadó para seguir su ejemplo heroico en la defensa de la paz.
Pero los despojadores criminales, y su grupo de asesinos a sueldo, no intuyeron que los habitantes de San José de Apartadó, Comunidad de Paz, estaban resueltos a resistir pacíficamente las atrocidades de sus verdugos, como lo habían aprendido del modelo de Gandhi, de quien resultaron discípulos indomables. Y han resistido veinte años el acoso canallesco e incesante de las autodefensas mafiosas (véase la citada crónica de EL TIEMPO, 23 de marzo, 2017), a veces de la guerrilla insurgente (aunque pocas, por fortuna) y hoy desmovilizada, y señalan también la complicidad de Fuerzas Militares y de Policía. Nada de eso ha podido doblegar a la Comunidad de paz de San José de Apartadó, que ha debido ser la ganadora del premio Nobel de Paz. O debería serlo en el futuro.


Y todos estamos en la obligación de mirar hacia San José de Apartadó para seguir su ejemplo heroico en la defensa de la paz, ahora amenazada por los mismos corruptos que han querido acorralar a los habitantes de San José y quebrarles, castigarles, su inquebrantable voluntad de resistir la violencia y el terrorismo con la actitud pacífica de los seres buenos, honrados y decentes.

“El país está viviendo un momento muy peligroso, la paz con tanto trabajo lograda en los acuerdos de La Habana se encuentra al borde del abismo”, dijo una de las militantes ambientalistas que intervinieron en el homenaje del miércoles pasado, Día Mundial del Agua, al recientemente fallecido Rafael Colmenares, ideólogo del ambientalismo como derecho y deber de los ciudadanos. Yo agregaré a esas palabras apocalípticas, para nada exageradas, que si la paz rueda al abismo, nos arrastrará a todos con ella.

Para el próximo primero de abril, han propuesto una marcha, dizque contra la corrupción, los más corruptos de los corruptos. Los que no han cejado en su empeño de acabar con la paz a como dé lugar, porque la guerra, y no la paz, es su negocio. De la guerra han nutrido sus fortunas durante años sin cuenta. ¿Cómo van a querer que se acabe?

Son los mismos que nos han alimentado la guerra, que jamás han protestado por el asesinato de los líderes sociales, ni reclamado por los derechos de los trabajadores ni dado la menor importancia al fortalecimiento de la vida democrática. Para qué, si se sienten los dueños del país y de las vidas de sus ciudadanos.

Esos son los corruptos, los corruptores y los corrompidos, que invitan, cínicos, a marchar contra la corrupción el próximo primero de abril. Tal vez muchos ciudadanos desinformados, que no son corruptos ni mucho menos, que sin duda están bien intencionados, asistan a esa marcha del mismo modo que tantos votaron por el No en el plebiscito movidos por la propaganda engañosa de sus promotores. Son ciudadanos honrados que les hacen el juego a los corruptos, convencidos ingenuamente de que por el camino del infierno van a llegar al cielo.

No me cansaré de aconsejarles que miren, una y otra vez, el ejemplo grandioso de la Comunidad de Paz de San José Apartadó. Que si han de marchar, lo hagan a favor de la resistencia civil contra los enemigos de la paz, contra los corruptos que, a punta de engaños habilidosos (el demonio es el más astuto y triunfador de los tramposos), quieren reconducirnos a la guerra. La marcha del 1.° de abril es la marcha de los corruptos.

ENRIQUE SANTOS MOLANO


Reflexiones al tema pensional

martes, 28 de marzo de 2017

Jugando con fuego..

elpais.com.co,  Marzo 26, 2017 - 
Por: Francisco José Lloreda Mera *
Francisco José Lloreda Mera

El crecimiento de los cultivos de coca es una amenaza para la paz. Para el éxito de la desmovilización -y no reincidencia- de las Farc, para la negociación que se inicia con el ELN, y el futuro de la seguridad nacional. Negarlo, soslayarlo o escatimar esfuerzos en introducir correctivos, es jugar con fuego; olvidar de dónde venimos y la incidencia del narcotráfico en la violencia de los últimos treinta años y en el auge de la guerrilla.


Quince países de América Latina tuvieron guerrilla; treinta y tres grupos, para ser más exactos. La única que sobrevivió tras la caída de la Unión Soviética y la consecuente disminución de la financiación cubana, fue la guerrilla en Colombia. Con excepción de Sendero Luminoso -en Perú- que aguantó unos años más hasta ser desmantelado (su famoso líder, Abimael Guzmán, está preso hace 25 años y purga una cadena perpetua).

La razón por la cual en Colombia subsistieron y proliferaron grupos armados ilegales de diferente tenor, ha sido el narcotráfico; combustible de distintos tipos de violencia (la de los carteles, la de los paramilitares, y las organizaciones criminales de variada denominación). Y la guerrillera, que en su prontuario ha combinado distintos tipos de financiación; secuestros, narcotráfico, extorsión, y recientemente la minería criminal.

En 1980 las Farc contaba con 10 Frentes y 980 hombres en armas y el ELN con sólo 70 integrantes; veinte años después -año 2000- las Farc contaba con 63 Frentes y 16,500 hombres en armas y el ELN con 33 Frentes y 4.500 hombres armados. Veinte años que coinciden con un incremento vertiginoso en los cultivos ilícitos (distintos estudios señalan la correlación entre los cultivos y el número de frentes guerrilleros). 

Lo anterior explica en parte por qué a las Farc y al ELN no les interesó un acuerdo de paz hace veinte años; tenían una capacidad militar robusta y creían poder alcanzar el poder por las armas. Lo anterior gracias a la injerencia creciente de esas guerrillas en el cultivo y comercialización de la coca; época en la cual llegó a representar el 50% de sus ingresos, cuando se señalaba que Colombia estaba cerca a ser un estado fallido.

Eso cambió principalmente gracias al Plan Colombia que al tiempo que contrarrestó el narcotráfico fortaleció a las Fuerzas Militares y de Policía, alterando la ecuación de la confrontación armada; las Farc pasaron a tener 7.000 hombres en armas y el ELN 1.200 (una reducción del 57% y 73% respectivamente comparado con el año 2000) y 17.000 guerrilleros se desmovilizaron gradualmente, antes del actual proceso de paz. 

Ello ocurrió en parte debido a la disminución en los cultivos ilícitos. Entre 2001-2012 se pasó de 123.000 hectáreas a 48.000; una reducción del 60%. Desde entonces se ha incrementado hasta alcanzar 188.000 hectáreas en 2016. No pareciera una casualidad que los grupos disidentes de las Farc estén en zona cocalera y que el incremento del 37% en los cultivos en el último año coincida con la suspensión de la aspersión aérea. 

Coca y paz no cuadran; metámonos eso en la cabeza. Si queremos un país sin violencia guerrillera o proveniente de cualquier grupo u organización armada ilegal, debemos romper con los cultivos de coca, a las buenas o a las malas. Este no es un tema de salud pública, ambiental o moral; es de seguridad nacional, que debe primar. Salvo que prefiramos seguir conviviendo con la violencia y ver difuminarse el sueño de la paz.



Reflexiones al tema pensional

* Abogado y doctor en política de la Universidad de Oxford. Se desempeñó como Ministro de Educación, Embajador en La Haya, Alto Consejero Presidencial para la Seguridad Ciudadana, y Director de El País de Cali. Actualmente es Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, gremio de la industria de hidrocarburos.

En el Cauca destinaron regalías de ciencia y tecnología para asadero de pollos y spa

elpais.com.co, Marzo 21, 2017 Por: 
Colprensa
Malaria científico

La Contraloría General denunció este martes presuntas irregularidades en el uso de las regalías destinadas al desarrollo científico y tecnológico en las regiones del país, que entre 2012 y 2016 alcanzaron $3,8 billones.


Ejemplo de ello es que en un proyecto para el apoyo educativo a empresas de innovación o tecnología en el Cauca, que contaba con $16 mil millones de regalías, se terminaron destinando recursos al financiamiento de un asadero de pollos y un spa.


Situaciones similares ocurren en otros departamentos del país, señaló la Contraloría, mientras académicos e investigadores quedan subordinados a actores políticos que deciden esta clase de gastos o a los contratistas, muchas veces poco idóneos, quienes ejecutan los proyectos.

El jefe del organismo de control, Edgardo Maya, presentó los resultados que arroja una evaluación hecha por la Contraloría al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por mandato constitucional se financia con el 10% de las regalías que provienen de la explotación de los recursos naturales no renovables.

“Una tercera parte del valor de la contratación lo realizan entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan contratos por cerca de $600 mil millones”, aseguró Maya.

No hay proyectos regionales
Según el Contralor, la financiación a través de los recursos de regalías exige que los proyectos de ciencia y tecnología respondan a las necesidades específicas de las regiones y no está sucediendo así, pues a diciembre de 2015 sólo había 12 proyectos que integran dos o más departamentos, por valor de $135 mil millones.


La Contraloría consideró crítico que en la práctica existen 33 fondos de ciencia y tecnología y no uno; que el peso fundamental de las decisiones se concentra en los gobernadores; y que la inmensa mayoría de los recursos está en departamentos que no cuentan con las capacidades en ciencia y tecnología, que les permita invertirlos de manera pertinente y eficaz.


Piden correctivos
Al presentar las conclusiones del balance que hizo la Contraloría sobre el manejo de las regalías para la investigación en ciencia y tecnología, el Contralor consideró urgente que se imponga un nuevo arreglo institucional sobre el funcionamiento del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación.


Sostuvo también que “es el momento de debatir de una vez por todas cómo poner solución a los problemas de despilfarros y malos usos que afectan los objetivos del nuevo Sistema General de Regalías, que se generan a partir de la dispersión de los recursos, la financiación de muchos proyectos poco pertinentes, y la lentitud en la ejecución los problemas de corrupción que siguen detectándose”.

EDITORIAL:..Sacar la política de la ciencia..

http://jujogol.blogspot.com.co/2017/03/editorialsacar-la-politica-de-la-ciencia.html



Reflexiones al tema pensional

EDITORIAL:..Sacar la política de la ciencia..



24 de marzo 2017 

Regalías para la ciencia no pueden seguir sujetas a milimetrías políticas de gobiernos regionales.

Un nuevo y urgente llamado hay que hacer para que cambien las normas que hoy rigen la asignación de recursos provenientes de las regalías y destinados a la ciencia y la tecnología.


El informe que sobre el asunto reveló la Contraloría esta semana es demoledor. También, desolador. Más allá de aspectos tragicómicos como los dineros desviados que terminaron financiando la construcción de un asadero de pollos y un spa, la atención debe concentrarse en los factores estructurales que facilitaron tan impresentable despilfarro.
Y es que son 3,8 billones de pesos los que debieron haber impulsado iniciativas con impacto en la calidad de vida de la gente, en la competitividad del país, en el bienestar de las futuras generaciones, pero que acabaron en proyectos que, según el ente de control, poco tienen que ver con desarrollos tecnológicos o promoción del conocimiento científico, como debería ser.


Lo que está en la raíz del problema ya fue expuesto recientemente en su columna de este diario por el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman. Para este conocedor de la cuestión, la creación de fondos nuevos en manos de los gobernadores, para que estos decidan el destino del 10 por ciento del total de las regalías que les corresponden a las regiones del país, es un factor clave a la hora de explicar tales anomalías. Ello llevó a que, en pocas palabras, las decisiones acerca de estos asuntos quedaran sujetas a la inefable milimetría política. Dicho de otro modo: se llenó de política un campo en el que el papel de esta debería estar estrictamente delimitado.

Se debe considerar la posibilidad de un único fondo nacional en el que Colciencias desempeñe un papel mucho más relevante que el que hoy le compete en los Ocad.
Ante un diagnóstico tan crudo como el que hace la Contraloría, es necesario replantear el diseño institucional que hoy determina cómo se asignan estos recursos. Es tan lamentable el panorama que, ante la decisión del Ministerio de Hacienda de destinar un billón de pesos –que no fueron ejecutados– a la construcción de vías terciarias, procede apelar a la sabiduría popular en cuanto a que lo mejor es enemigo de lo bueno y que, mientras no se dé un revolcón en la materia, este destino para la mencionada suma resulta más indicado.


Para que tal cambio estructural tenga lugar, se debe comenzar por considerar la posibilidad de un único fondo nacional en el que Colciencias desempeñe un papel mucho más relevante que el que hoy le compete en los distintos Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad). Deben ir, por supuesto, a proyectos con impacto positivo en cada uno de los territorios, pero siempre en la esfera de la ciencia y la tecnología. Para ello es fundamental que su desarrollo esté bajo la batuta de los investigadores, no de contratistas que, en muchos casos, son cercanos al respectivo gobernador.

Detrás de todo está el reto de poder dimensionar la importancia de apostarle a este campo. El actual gobierno acertó al destinar el 10 por ciento de las regalías, pero ha fallado en la ejecución del propósito. Para que cambien las cosas, hay que partir del principio de que los frutos de las acciones e inversiones en ciencia y tecnología no se pueden contar en votos, sino en el grado de bienestar y calidad de vida de las próximas generaciones. Es un acto de fe, y claro que vale la pena.

En el Cauca destinaron regalías ciencia y tecnología para asadero de pollos y spa

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Reflexiones al tema pensional