Por: María Alejandra Medina C., En Twitter: @alejandra_mdn
Zona rural sería la prioridad.
Planeación Nacional recomienda fusionar empresas prestadoras de servicio de agua cuando sean ineficientes y reestructurar los subsidios en estratos 1, 2 y 3.
El 43 % del agua en el país se desperdicia por situaciones como tubos rotos o falta de facturación en el sistema. / Archivo
Colombia tiene cerca de 1.100 municipios, pero unos 2.800 prestadores del servicio de acueducto o alcantarillado registrados. Aun así, cerca del 30 % de la población rural no tiene acceso a ellos. Y, a pesar de que el consumo de agua promedio por hogar ha disminuido en los últimos años, al pasar de 30 metros cúbicos mensuales en los 90 a 20 metros cúbicos el año pasado, el desperdicio del líquido sigue siendo exorbitante. El 43 % del agua se pierde en promedio en el país por tubos rotos o falta de facturación. En casos críticos, por ejemplo en algunos municipios de la Costa, la cifra puede llegar al 70 %.
Hallazgos como estos fueron el resultado del estudio sectorial que la consultora Erica Ortiz, de la firma Caltiz, realizó para el Departamento Nacional de Planeación, en el marco de la Estrategia Nacional de Infraestructura, que pretende entregar recomendaciones de política pública de largo plazo en sectores como el agua, energía, gas, TIC, entre otros.
Una de las principales conclusiones es que en Colombia siguen siendo preocupantes las brechas de acceso a agua y saneamiento básico entre la zona urbana y la rural, pues mientras en las ciudades hay 97 % de cobertura de acueducto y 91 % de alcantarillado, en el campo esas cifras son 73 % y 70 %, respectivamente. Sin embargo, el censo nacional agropecuario, que cubrió sólo la zona rural dispersa del país, dio cuenta de que 42 % de las viviendas ocupadas tienen acueducto y 6 %, alcantarillado. La incompatibilidad de las cifras podrían deberse, según Ortiz, a diferencias en la metodología y a que la consultora tuvo en cuenta soluciones individuales de abastecimiento.
Ortiz llegó a la conclusión de que en el sector hay muchas empresas atendiendo mercados muy pequeños, pues se calcula que, además de las registradas, podría haber entre 8.000 y 14.000 prestadores no registrados. Por lo tanto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sugirió que los entes competentes, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) ejerzan sus facultades para ordenar la fusión de empresas prestadoras e “invitar” a otras a proveer servicios que, cubiertos municipalmente, incumplan las reglas de la CRA. Para lo anterior, es necesaria la elaboración de estudios técnicos que demuestren la necesidad de dar órdenes de ese tipo.
“Comparto que hay que buscar fusiones para ser eficientes”, aseguró el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. En últimas, se apunta a un modelo de acueductos departamentales o regionales. “El 58 % de agua no apta para consumo humano que recibe el campo es consecuencia de pequeños operadores que no tienen los recursos para hacer inversiones en mejorar el tratamiento”, de acuerdo con Simón Gaviria, director del DNP. “Al disminuir el número de operadores no se disminuye la competencia, porque igual cada municipio tiene un acueducto. Se trata de hacer inversiones para mejorar el servicio y de todas formas el costo de éste está regulado”.
Agregó que “hay que pensar redistribuir los subsidios, para que no subsidiemos el desperdicio de agua y mejorar la cobertura en zona rural”. De acuerdo con Gaviria, el subsidio que se les da a los estratos 1, 2 y 3 “es mucho más alto que el consumo promedio y hay que pensar en cómo vamos a tratar la zona rural. El modelo actual va a ser revisado, está sujeto a un estudio que estamos adelantando con la CRA”. Por su parte, Julio César Aguilera, director de la CRA, explicó que “dadas las reducciones de consumo, que han sido grandes, hay que pensar si la estructura de subsidio actual, que cobija hasta 20 metros cúbicos al mes por suscriptor, se requiere así, o si, con la reducción de consumo, se podría tomar otra medida: no subsidiar lo que no lo requiere”.
La meta es que haya cobertura universal de esos servicios públicos en el país en 2019. El objetivo, además de garantizar derechos ciudadanos, es para el ministro de Vivienda “generar incentivos para que la población se quede en el campo”. Para todo lo contemplado, como potabilización, conexiones y tratamiento, de acuerdo con la consultora Ortiz, se necesitan $44 billones en 10 años, de los cuales hay disponibilidad de $35 billones, es decir, hay un déficit de $9 billones. Según el director del DNP, en ese punto “el mecanismo de Asociaciones Público Privadas (APP) puede jugar un rol importante en el financiamiento”.
Mauricio López, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), aseguró que el gremio ve con buenos ojos las recomendaciones del DNP. “Hay que apostar por la regionalización del servicio y además por la protección de las cuencas abastecedoras, porque de nada sirve tener sistemas de acueducto si no hay agua. Asimismo, está el gran reto del tratamiento de las aguas residuales”, agregó, refiriéndose al dato según el cual sólo el 36 % del agua se trata antes de ser vertida a las fuentes receptoras. El fin, en ese sentido, es tratar el 50 % en diez años.
