miércoles, 30 de septiembre de 2015

++ Inversión en las regiones será 17% menor para 2016

LAREPUBLICA.CO, Septiembre 4, 2015



El presupuesto de inversión para 2016 llega a $40,6 billones, es decir 17% menos que el de 2015 ($49,1 billones); 11% si se tiene en cuenta el descuento y aplazamiento que realizó el Gobierno este año de $6 billones por la caída de los precios del crudo y su impacto en las finanzas públicas.
Y es que según el presupuesto regionalizado del Departamento Nacional de Planeación, DNP, de la nueva austeridad inteligente del Gobierno solo se salva San Andrés, ya que es el único departamento que no tiene una caída en la inversión respecto al monto de 2015. 
Eso también lo aleja de casos como el de Tolima, Quindio, Vaupes y Putumayo, que tendrán en sus montos de inversión reducciones de 36,9%, 35,8%, 35,5% y 35,1%, respectivamente; las mayores de la lista.
Por lo que ahora lo fundamental, como explica Cecilia López, exdirectora de DNP, “es que el ajuste sea equilibrado y que no caiga sobre las regiones más pobres. Que haya un criterio de equidad al mismo tiempo que un esfuerzo de los gobernadores y entes territoriales para usar mejor las regalías, que son una fuente fundamental y en muchos casos se han dejado perder”. 
Opinión con la que coincide Amylkar Acosta, director ejecutivo de la FND, quien explica que “a pesar de que las regalías han bajado, compensan lo que va a dejar de invertirse vía presupuesto, ya que estos montos son la parte fundamental de la inversión de las regiones”. 
Siguiendo esa idea, y en el caso de la disminución de los montos de Tolima, Quindio o Antioquia, para López es importante resaltar que esto se verá compensado de alguna forma con los ingresos cafeteros y de otros productos agrícolas. “Estos departamentos tienen la ventaja de que el precio del café está bien y el dólar caro les conviene. Ahí el papel es de la Federacafé, para ser fuente de desarrollo. Es importante que puedan manejar la bonanza y no se pierdan los logros alcanzados hasta hoy”, concluyó. 
Sin embargo, este no es el caso de los departamentos petroleros, como Putumayo o Casanare que siguen en la lista de mayores caídas. Por lo que acá los expertos recomiendan que se vigile cuidadosamente las inversiones que se harán. 
Para la exdirectora de Planeación serán claves las decisiones se vayan a tomar en infraestructura, el cual es uno de los déficits más grandes de estas regiones. Y acierta, ya que según el documento, además de las inversiones en salud e inclusión social, el transporte será la tercera pieza clave en la región. 
Finalmente, en las cifras preliminares del DNP, se encuentra que en los planes de inversión del único departamento que mejoró su situación frente a 2015 con 3% (San Andrés), pasando de $314.509 millones a $324.159 millones, la idea es que el dinero se invierta en infraestructura estratégica, con la construcción y mantenimiento de las zonas aeroportuarias y varios corredores viales. Además de $64.092 millones destinados a subsidios eléctricos para la población. 
Bogotá cuenta con 9% de la inversión
Para la capital, a pesar de que el monto disminuyó cerca de 18%, la inversión continúa siendo la mayor del país con un plan de $3,8 billones para 2016. Acá los recursos se concentran en los sectores de inclusión social y reconciliación, al que se le destinarán $1,5 billones; trabajo con $547.637 millones y educación con $357.142 millones. No obstante, para muchos es preocupante que el presupuesto de transporte solo sea de $92.962 millones que serán destinados para el aeropuerto y gestión del espacio aéreo.
Las opiniones
Amylkar acosta
Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos
“La principal fuente en las regiones es el SGR, así que de algún modo con ese monto, aunque se ve menguado, se compensará lo que deje de invertirse vía presupuesto”.
Cecilia López Montaño
Exdirectora de Planeación Nacional Economía
“Cualquier reducción de inversión tiene un impacto negativo sin duda, pero hay que mirar la situación fiscal. No hay que crear pánico, sino priorizar mejor las necesidades”.
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Lilian Mariño Espinosa

lmarino@larepublica.com.co

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Maria Carolina Ramírez
mcramirez@larepublica.com.co

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Es necesaria una reforma pensional ante envejecimiento de la población

larepublica.co, Martes , Septiembre 29, 2015

Para 2050, casi la cuarta parte de la población colombiana será mayor a 60 años (frente a 10,8% que cumple hoy en día con esa condición). Esa es una de las conclusiones de un estudio de Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha.

El director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, indicó que esto, en vez de implicar un problema, “es el resultado de un avance muy positivo de la sociedad”. Sin embargo, también es un reto que implicará reformas. 
La principal de ellas, de acuerdo con Villar, es una reforma pensional que permita aumentar la protección de los adultos mayores. Esto, porque según datos de la Ocde, mientras la pobreza total en Colombia es de 19,54% de la población, este indicador en quienes tienen más de 60 años llega a 44,7%. Esto, en parte, porque se estima que solo entre 23% y 31% de la población en edad de estar pensionada lo hace.
Para corregir esta situación, Villar explicó que es necesario aumentar la cobertura y el beneficio de programas como ‘Colombia Mayor’ o los ‘Beneficios Económicos Periódicos’ (Beps). Adicionalmente, sería deseable que el sistema permitiera que temas como la edad de pensión o las semanas necesarias se ajustaran automáticamente de acuerdo con la esperanza de vida de las personas, y que se le reconociera a las mujeres el tiempo que pasan al cuidado de su familia.
Además, hay otro tema que preocupa y es que mientras el gasto en las pensiones “no contributivas” llega apenas a 0,14% del PIB, el gasto total en pensiones es de 4% del PIB. “Se gasta mucho en muy pocas personas”, indicó Villar. Para corregir esto, además de aumentar la cobertura, habría que evaluar cómo el sistema público de pensiones compite con el privado, ya que eso termina afectando las finanzas del Estado.
Para contactar al autor de esta nota:

Mario Chaves Restrepo

mchaves@larepublica.com.co

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Maria Carolina Ramírez
mcramirez@larepublica.com.co

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Preocupante panorama agropecuario

elespectador.com, URIEL ORTIZ SOTO 29 SEP 2015 -

Uriel Ortiz Soto
La ola de calor que azota diferentes zonas productoras, arrasando con las cosechas como en el caso de los caficultores, sumado a los continuos incumplimientos del gobierno con los campesinos, y la reciente toma del Ministerio de Agricultura por parte de un grupo de indígenas y desplazados, es un campanazo de alerta sobre lo que puede ocurrir en próximos días.
Con el debido respeto por el señor ministro de agricultura y desarrollo rural, en lugar de ser tan romántico con la realidad del sector agropecuario, debería aterrizar, y más bien dejar sus ínfulas presidenciales para cuando haya cumplido la terea de ponerlo en orden, en línea de productividad y competitividad.
No olvide señor Ministro, que el hambre y la miseria cunde por varios departamentos, hay niños campesinos que están muriendo de desnutrición, puesto que sus progenitores no encuentran empleo, y debido a tanta inseguridad en el campo emigran a las áreas urbanas a fortalecer los cinturones de miseria.
El Censo Nacional Agropecuario que acaba de entregar el gobierno a través del Departamento Nacional de Estadística, “DANE”, es la preocupante realidad de lo que se vive, y se percibe para el inmediato futuro en el sector rural, con la clara advertencia que si no se toman medidas urgentes para conjurarlo, la crisis seguirá avanzando con diagnósticos insostenibles.
El gobierno debe saber que el éxito del proceso de paz, depende básicamente del posconflicto y que el único sector capaz de albergar con instrumentos de trabajo a toda la población desplazada y reinsertada que va a resultar después de firmado el acuerdo de paz, es el sector rural, para lo cual lamentablemente no estamos preparados.
Es inocuo hablar de posconflicto, cuando el sector rural está más que descuadernado y las pocas existencias que hay están en manos de los latifundistas y de las más de doscientas instituciones: federaciones, fundaciones, cooperativas y asociaciones, que viven a expensas de los subsidios que les otorga el Estado para impulsar al pequeño y mediano productor, pero que en últimas todo se va en burocracia, viajes al exterior y gastos suntuarios.
El censo al cual nos estamos refiriendo no se realizaba desde hace 44 años, el último fue en 1.970, con el censo actual queda planteada la hipótesis de varios expertos, en el sentido: que el campo hay que transformarlo, eliminando una serie de instituciones intermediarias entre el Estado y el campesino, que no dejan ver la realidad de lo que está pasando.
Más allá de estas preocupaciones existen otras de más valía, como es la de actualizar el censo de la población campesina con el fin de dotarla de todas las prebendas que constantemente anuncia el gobierno, pero que se diluyen en la misma forma que las anteriores: en promesas que no se cumplen, como es el episodio de los subsidios, y los préstamos hipotecarios, hay un caso bastante aberrante y es el de la Caja Agraria, que no obstante haber sido liquidada hace mas de treinta años, existen miles de pequeños y medianos productores, que no han podido liberar sus predios, puesto que para lograrlo tienen que cumplir una serie de requisitos tan abusivos, y absurdos, que nuevamente nos tendremos que referir al mismo tema, como lo hicimos en años anteriores, pero esta vez lo haremos con mayor contundencia en próxima columna denunciando con nombre propio a sus transgresores.
Pero lo más preocupante es que la población rural campesina, está llegando a la tercera edad, los jóvenes cuando cumplen sus 18 años, por falta de oportunidades, emigran a las ciudades en busca de mejores proyectos de vida, puesto que los primeros años los vivieron en sus veredas en medio de las afujías económicas debido a la desprotección del Estado a los cultivos de pan coger, los altos costos de producción, el encarecimiento de los insumos y a la falta de agro- industrialización de los mismos, con ausencia de canales de comercialización.
Otro dato preocupante, es que la población de menores de cinco años tan solo un 16% está asistiendo a la escuela, existe una total descompensación entre la educación rural y la del sector urbano, puesto que hay veredas con escuelas bien dotadas, pero sin estudiantes, o a la sumo con uno o dos alumnos, situación que no se compadece con los altos costos que esto genera, queriendo decir que los pequeños y medianos productores están migrando a las áreas urbanas o a las ciudades, dejando sus predios abandonados, puesto que no existen garantías para seguirlos trabajando.
En conclusión: el sector agropecuario hay es que reestructurarlo y la mayor prioridad debe ir orientada en dar al campesino verdaderas garantías para producir, consistente en otorgarle todos los beneficios sociales: seguridad, vivienda, salud, educación y que reciban del Estado, los beneficios para lograr al termino de su jornada una pensión que les permite vivir dignamente.
El gobierno no puede seguir jugando a la ruleta del sector agropecuario, puesto que con la crisis de frontera con Venezuela, queda demostrado que fueron miles los compatriotas que emigraron a dicho país, bajo el espejismo de un mejor mañana, pero que ahora regresan con una mano atrás y otra adelante, por lo tanto, se hace indispensable adoptar planes de contingencia para el sector rural, puesto que en su mayor parte los desplazados fronterizos, son campesinos.
Las posibilidades para el sector rural están abiertas, pero lo mas importantes es que nuestro ministro de agricultura sea más creativo, y más realista con lo que está sucediendo, no podemos autoengañarnos, puesto que es una bomba de tiempo que de una momento a otro puede estallar, los miles de compatriotas desplazados de Venezuela, en su mayor parte son campesino, que debido a los continuos incumplimientos del gobierno se fueron a probar suerte con los resultados que saltan a la vista.
Colombia en los actuales momentos tiene infinitas posibilidades de exportar productos agrícolas a varios países con los cuales se han firmado Tratados de Comercio vía: TLC.
urielos@telmex.net.co

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    Fronteras interiores y conflicto

    elespectador.com, SANTIAGO MONTENEGRO 27 SEP 2015 


    Santiago Montenegro
    A diferencia de otros países, en Colombia seguimos desde hace dos siglos con nuestro proceso de colonización interior.

    El censo agrícola que acaba de publicar el DANE señala que un 50 % de nuestro país está aún cubierto de bosques y selvas, otro porcentaje considerable tiene una densidad de población muy baja y existen también grandes áreas montañosas muy escarpadas, cubiertas de bosques y escasamente pobladas. La película Colombia Magia Salvaje, de gran éxito artístico y comercial, es una excelente muestra visual de una parte de nuestras fronteras interiores.
    A diferencia de otros países de la región, que también cuentan con selvas y montañas, en Colombia muchos centros urbanos se enfrentan con las fronteras en varias direcciones y a muy corta distancia. En otras partes no sucede lo mismo. Chile, por ejemplo, tiene a los Andes en su costado oriental y durante el invierno esas montañas son prácticamente inhabitables. Las selvas del Perú están también situadas solo al oriente y la franja costera occidental es un desierto, al igual que sus Andes majestuosos. Algo parecido sucede con las selvas de Bolivia, situadas al oriente, y con sus imponentes montañas que son unos peladeros interminables.
    Desde el punto de vista de la gobernabilidad, el punto crucial a entender es que, en países con territorios geográficamente amigables, existen economías de escala en la provisión de bienes públicos, como seguridad y justicia. En dichas condiciones, el costo per cápita de proveer seguridad cae con el aumento de la población, lo que facilita que el Estado tenga el monopolio de la fuerza legítima. En países con las condiciones territoriales como la nuestra, se alcanza un punto en que, dados los activos existentes del Estado, en lugar de caer, el costo por persona de proveer los bienes públicos sube y puede alcanzar un punto en donde el Estado deja de contar con el monopolio de la fuerza.
    No es de sorprender, entonces, que la mayoría de las veces las fronteras interiores sean también zonas de conflicto, como lo fue la expansión de la frontera hacia el oeste, durante el siglo XIX, en los Estados Unidos, o como fue la larga y violenta confrontación del Estado chileno contra los araucanos. Por supuesto, estas condiciones pueden agravarse cuando un Estado ha sido históricamente débil, como el nuestro, o cuando en zonas de frontera y colonización aparecen tecnologías que proveen recursos a grupos rebeldes o delincuenciales. En países con altos aranceles a las importaciones, el contrabando es una de estas fuentes, pero en el caso de Colombia el narcotráfico ha sido desde hace más de 30 años una fuente casi inagotable de recursos a todo tipo de grupos al margen de la ley.
    Estas han sido las verdaderas condiciones objetivas que explican el largo conflicto interno de nuestro país. Por supuesto, la pobreza y la desigualdad pueden agravar los conflictos, pero si la explicación fuese sólo estas condiciones o unas élites malvadas, como argumentan algunos, toda América Latina habría estado siempre poblada de violencia armada.
    Para el posconflicto, es necesario extender servicios sociales a las zonas de colonización, pero es crucial comprender también que las peores violaciones a los derechos humanos se producen cuando un Estado es débil y no es capaz de asegurar el monopolio de la fuerza legítima. Este es el verdadero reto que enfrentamos los colombianos para alcanzar la paz.
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      lunes, 14 de septiembre de 2015

      109 billones de pesos de presupuestos futuros ya están comprometidos

      ELTIEMPO.COM, Por:  , 28 de agosto de 2015

      Obras de gran envergadura como la autopista de la Prosperidad, que conectará a Medellín con Buenaventura, solo la puede financiar un país de ingresos medios como Colombia, con vigencias futuras.


      Informe de la Contraloría destaca que en el 2014 se pactaron compromisos por esa cifra.

      Aunque hoy existen más restricciones a la hora de comprometer los presupuestos de los gobiernos venideros a través de vigencias futuras, la figura sigue estando tan en boga que la Contraloría General detectó que, en el 2014, el Gobierno aprobó 109,8 billones de pesos (corrientes) para ser aplicados hasta el 2040”.
      Esto significa que al menos seis de las próximas administraciones quedarán atadas a compromisos de gastos que les reducirán capacidad de endeudamiento para inversión, lo que no es muy acertado según algunos analistas, mientras que otros estiman que la contraprestación de este panorama es que el país se enrute por la vía de desarrollar proyectos bajo la premisa de que hay que hacer política de Estado y no política de Gobierno, es decir, solo lo que decida el gobernante de turno.

      Una de las razones del incremento en el uso de esta figura, que viene creciendo a un ritmo de entre 8 y 9 por ciento desde el 2008, es la nueva herramienta creada para financiar grandes obras, conocida como alianzas público-privadas (APP) y que, como su nombre lo indica, implica que pone plata el Gobierno y ponen los privados.
      Es para infraestructura
      Según el informe de la Contraloría, por APP se aprobaron 91,2 billones de pesos, el 83 por ciento del total, con lo cual, el país aspira a financiar, de la mano con los privados, una mejor infraestructura educativa, de transporte y viviendas para los colombianos.
      En este contexto, muchos de los proyectos viales son de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para hacer obras como la autopista de la Prosperidad en Antioquia, la vía Mulaló-Loboguerrero en Cauca o el corredor Honda-Puerto Salgar-Girardot se harán con vigencias futuras. Esto cuesta más de 85 billones de pesos, según señala el informe de la Contraloría.
      “La cifra parece grande, pero se va pagando poco a poco. En el caso de los recursos para las vías 4G, en el 2003 se previeron 64 billones a 25 años, lo que implica menos de 3 billones por año”, explica Luis Fernando Andrade, director de la ANI.
      Agrega que las vigencias comprometidas se recuperarán por la vía de los impuestos.

      “Las concesiones son empresas que facturan y pagan impuestos. Se parte del principio de que, si uno hace una hipoteca y logra que esta produzca, la deuda no cuesta nada”, expresó Andrade.
      Entre tanto, otro de los aspectos que destaca la Contraloría es que, la mayor parte de los recursos comprometidos por APP, 88 billones de pesos, son vigencias futuras excepcionales, lo que significa que en el 2014, cuando pactaron dichas amarras, los proyectos no contaban con apropiaciones presupuestales para cubrir dichos ‘empeños’.
      Tal situación no deja de ser preocupante, toda vez que “vigencia futura es un compromiso de gasto, diferido a varios años. No es un crédito, pero implica que parte del ingreso en los años comprometidos se destina al cubrimiento del gasto hecho con anterioridad”, explicó Carlos Ramírez, de la firma Ficht Ratings.
      Para el experto, la Ley 1483 del 2011 estableció reglas de juego que han mejorado el uso de las vigencias futuras.
      “Con la nueva norma, es como si una persona que tiene un ingreso mensual de 8 millones de pesos quisiera comprar un paquete turístico para ir a los Juegos Olímpicos, pero su salario ya está comprometido en 2 millones de pesos, lo que vale la pensión educativa de su hijo (esta es la vigencia futura).
      “Entonces, su margen de endeudamiento solo lo tiene sobre los 6 millones restantes. Esto ayuda a racionalizar las vigencias”.
      Regiones, en desventaja
      Por el contrario, para Ángel Ignacio Neyva, abogado especialista en derecho administrativo y hacienda pública, la nueva ley sobre vigencias futuras tiene sus vicios.
      “En el caso de las regiones, no les permite comprometer presupuestos en el último año de Gobierno. Si no hay una adecuada planeación, gastos urgentes en seguridad social, servicios públicos, atención de la primera infancia pueden verse desfinanciados”, advirtió.
      Adicionalmente, el análisis de la Contraloría también establece que, la mayor parte de las vigencias futuras por APP fueron autorizadas para inversión ($ 85,77 billones), pero también hay recursos, por 3 billones de pesos, que se destinarán para gastos de funcionamiento “(adquisición de bienes y servicios, servicios médicos, atención de desastres y emergencias, servicios personales, seguros, contribuciones inherentes a la nómina, planes complementarios de salud, bonos pensionales, entre otros)”, según el informe.
      De igual manera, “0,01 billones cubrirán deuda (asesoría y asistencia profesional en operaciones de crédito público, asimiladas de manejo de la deuda pública y conexas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público)”, agrega el informe.
      El debate no se detiene
      El debate sobre la bondad de las vigencias futuras no ha concluido y, según la Contraloría “si el país quiere someterse a los estándares internacionales que plante la Ocde, debe pensar en una reorganización del gasto y en un mayor control de las vigencias futuras”.
      De hecho, la Comisión Tercera de Cámara abordará el tema el próximo miércoles, en un debate de control político.
      No hay que satanizarlas
      Las vigencias futuras son un instrumento que puede ser utilizado para la realización de proyectos o actividades que requieren más de una vigencia presupuestal, ya sea por las características del proyecto, como la construcción de una carretera, pero no hay duda de que son una obligación que hay que pagar una vez se establece el compromiso. En ese sentido, Carlos Ramírez, de Fitch, advierte: “Si no se utilizan para hacer obras productivas, los gobiernos venideros quedan amarrados”.
      La Contraloría también señala que “el manejo de las vigencias futuras requiere especial cuidado por cuanto constituyen un compromiso que impone rigideces a la política fiscal”.
      MARTHA MORALES MANCHEGO
      Redacción Economía y Negocios

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