viernes, 31 de julio de 2015

Diversificar exportaciones, compromiso del gobierno ante caída del petróleo

LAREPUBLICA.CO,  Viernes , Julio 31, 2015


Al rendir cuentas sobre la gestión del Ministerio de Comercio, Industria y el Turismo, el mandatario y la titular de esta cartera, Cecilia Álvarez-Correa, señalaron que impulsarán la micro-gerencia para darle un vuelco al empresariado colombiano. 

Para diversificar la economía el Gobierno se propuso como meta alcanzar exportaciones de bienes no minero-energéticos y servicios por 30 mil millones de dólares en el 2018. Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos durante una nueva jornada de la gira “Estamos Cumpliendo”.

“En los próximos tres años se va a determinar el futuro del país en muchos sentidos. No solamente la paz, sino en la parte comercial, en la parte industrial, en la parte económica. (…) Nos estamos proyectando como país a nivel mundial como nunca antes. Y de lo hagamos en los próximos tres años, ahí vamos a quedar posicionados por mucho, mucho tiempo, para que nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un mejor país”, fue el mensaje del jefe de Estado. 
En el balance Santos dijo que el pasado periodo se caracterizó por recomponer las relaciones y adoptar herramientas para apoyar a los empresarios, mientras que en el segundo se trabajará por remover las barreras que les impiden a las empresas crecer y competir con otros mercados. 
Precisamente en las exportaciones se alcanzaron cifras récord, pasando de Us$32.846 millones en 2009 a US$54.795 millones en 2014, logrando la cifra más alta en la historia en 2012 con Us$60.125 millones. Esto gracias a que el país cuenta actualmente con 10 acuerdos comerciales vigentes con más de 50 países que representan 1.500 millones de consumidores. 
En materia de inversión extranjera se pasó de Us$6.430 millones en 2009 a US$16.257 millones en 2014; adicionalmente, por tercer año consecutivo, Colombia se ubicó dentro de los 20 países que más IED recibe, según el World Investment Report de la UNCTAD. 
También a través de Procolombia, se facilitaron negocios cerrados por USD 8.360 millones, con 4.433 empresarios de 25 departamentos, mientras que 5.893 empresas generaron 64.631 nuevas oportunidades de negocios, y 891 de 23 departamentos participaron en misiones exploratorias a 19 países. 
En cuanto a la industria, desde agosto de 2010 hasta diciembre pasado, el sector no solo aumentó su PIB en 5,7%, sino que durante el periodo aportó a la generación de empleo del país con la creación de 255.000 nuevas plazas. 
Esto impulsó al Colombia como el país de América Latina donde es más fácil hacer negocios, subiendo 19 posiciones al pasar del puesto 53 al 34 entre 189 economías. 
Dicho factor va de la mano con la innovación, una apuesta del gobierno donde a través de políticas de emprendimiento, se creó iNNpulsa, una unidad que busca activar el crecimiento empresarial extraordinario, a través de la cual se asignaron más de $70.000 millones en proyectos de innovación y emprendimiento. 
Incluso cifras oficiales señalan que entre agosto de 2010 y junio pasado, más de 566 mil empresas de todos los sectores en 1.010 municipios del país, obtuvieron recursos de Bancóldex por 19,1 billones de pesos. 
El turismo no se quedó atrás pues de acuerdo con el balance, el país consolidó este sector como el segundo generador de divisas con US$1.450,8 millones entre enero y abril del presente año, además de generar 1,8 millones de empleos directos. 
En lo que respecta a infraestructura turística para las regiones, se han llevado a cabo 146 proyectos, de los cuales se han entregado 42 obras por valor de $55.670 millones. 

jueves, 30 de julio de 2015

Educación y defensa se salvaron del recorte en el presupuesto de 2016

ELTIEMPO.COM, 30 de julio de 2015

Radicado el Presupuesto General de la Nación 2016, Proyecto de Ley No 048 de 2015

Radicado el Presupuesto General de la Nación 2016, Proyecto de Ley No 048 de 2015

Pago de deuda se llevará el 22,5 % del total. Reducen asignación a agro, transporte y vivienda.

El presupuesto del 2016 que planea manejar el Gobierno, aforado en 215,9 billones de pesos, según el proyecto radicado este miércoles en el Congreso, tiene un crecimiento de 2,5 por ciento con respecto al de la vigencia actual. 

Esto, si se compara con el monto de 210,5 billones de pesos (lo que quedó después del aplazamiento de 6 billones de pesos hecho por caída de la renta petrolera), porque en la ley como tal, el monto del 2015 era de 216,2 billones.
Pese a que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había anunciado que el apretón del cinturón en el presupuesto del próximo año, el cual lleva el rótulo de ‘austeridad inteligente’, aplicaría para todos, los sectores de educación y defensa se salvaron.

Luego de realizar ajustes de última hora, que prolongaron la espera de la divulgación de la repartición de la torta presupuestal para el 2016, el ministro Cárdenas indicó la cifra total, incluido el servicio de la deuda, que era el último pedazo que le faltaba a la carta financiera estatal. Es así como, para pagar acreencias, se dedicarán 48,7 billones de pesos (22,5 % del total), lo que implica un incremento de 3,1 por ciento frente al 2015, año en el que se están pagando 47,1 billones de pesos.
Tras la presentación en días pasados, ante el Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), se sabía ya que los gastos de funcionamiento del Estado durante el próximo año demandarán la suma de $ 126,6 billones (frente a $ 117,7 billones en este año), mientras que para la inversión se reservan $ 40,6 billones (en el 2015 son $ 45,8 billones).
Algunos analistas estiman que los gastos de funcionamiento del Estado se llevan todo el incremento en el monto del presupuesto. Entre tanto, se sacrifica la inversión.
Según el mensaje adjunto al proyecto de presupuesto 2016, del presidente Juan Manuel Santos al Congreso, el objetivo de esta propuesta es “asegurar un crecimiento sostenido de la economía con responsabilidad fiscal; mitigar efectos del choque externo de la caída internacional de precios del petróleo; mantener la senda de reducción del desempleo, y llegar a niveles cercanos a 8 por ciento al final de año”.
La asignación de recursos por sectores, que sin duda será una de las ‘papas calientes’ en el trámite para la aprobación del presupuesto 2016 en el Congreso, se convirtió en un ejercicio de quita aquí y pon allá.
La educación, que está propuesta en el Plan de Desarrollo 2014-2018 como una prioridad, para que se pueda lograr la meta de hacer de Colombia la más educada, pasará de tener 29,3 billones de pesos este año a 31 billones el próximo.
Con la misma suerte contó defensa, que incrementa su asignación en 8,3 por ciento, al pasar de $ 27,7 a $ 30 billones de un año a otro.
Al sector trabajo, entre tanto, no le fue igual. Es uno de los 14 sectores que caen en materia de asignación de recursos (hay 29 que tienen un pedazo en la torta presupuestal). Una de las caídas más estrepitosas la tiene la Registraduría, que pasa de contar con $ 946.000 millones en el 2015, a $ 466.000 millones en el 2016, lo que implica una reducción del 50,7 por ciento. Claro está, hay que tener en cuenta que este es un año electoral y el 2016, no.
El segundo lugar entre los ‘damnificados’ del recorte lo ocupan el deporte y la recreación, que pasan de disponer de $ 436.000 millones a $ 260.000 millones.
Les sigue un sector clave para la economía del país: el agro, que pasa de tener $ 3,9 billones en el 2015 a $ 2,4 en el próximo año, es decir, 38,5 por ciento menos.
Los favorecidos están por el lado de la protección social, pues salud se incrementa, de $ 18,8 a $ 20,8 billones, mientras que inclusión social y reconciliación se reducen ligeramente: de $ 10,5, pasan a $ 10,1 billones.
Sacrificados y ganadores mantienen la tendencia de siempre. Así, pierden plata cultura, ciencia y tecnología, ambiente, comunicaciones, minas, vivienda, comercio y transporte. Entre otros ganadores están la Rama Judicial, la Fiscalía, Hacienda y el Congreso.
ECONOMÍA

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Increíble:..¿Regalías enredadas por problemas informáticos?

elespectador.com,  ECONOMÍA 30 JUL 2015

Regalías:Mientras Planeación argumenta que por falta de información fue suspendido el giro de recursos, Fedemunicipios dice que hay fallas en la interface de la plataforma

¿Regalías enredadas por problemas informáticos?

Foto: Archivo El Espectador
Este miércoles se conoció que el giro de recursos de regalías a 59 municipios de 21 departamentos del país fue suspendido preventivamente por no reportar la información sobre el avance de ejecución de los recursos asignados a los proyectos.
Simón Gaviria, el director del Departamento Nacional de Planeación, informó que la decisión se tomó luego de que el pasado 9 de julio nuevamente omitieran el suministro de información sobre la ejecución de los recursos designados por Planeación para el desarrollo de proyectos en cada municipio, que debía ser reportada el año pasado para que la Dirección de Vigilancia a las Regalías del DNP pudiera monitorear el avance de dichas obras.
Gilberto Toro, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, se refirió al respecto y dijo que los municipios realizan 248 reportes anuales al gobierno nacional, es decir, uno cada día hábil del año.
Fedemunicipios ve con buenos ojos las medidas que tome el Estado para prevenir situaciones de riesgo en la ejecución de recursos públicos; no obstante, frente al anuncio de suspensión de giros de regalías a 59 municipios del país señaló la irracionalidad de instrumentos con que se construye información pública desde lo local hasta lo nacional.
“Muy a pesar de los avances del Formulario Único Territorial, para la vigencia 2015, los municipios deben cumplir con 248 reportes en un año. Cabe recordar que estos informes se presentan a distintas entidades, lo que es equivalente a un promedio de 20 reportes mensuales, o uno por día hábil”, explicó Toro.
“Este hecho se constituye en un verdadero obstáculo para equipos de trabajo que cuentan a penas con dos o tres personas por área de trabajo, y deficiencias en acceso a tecnología y conectividad”, agregó.
El alcalde de Caloto (Cauca), Jorge Edilson Arias, quien aparece en el listado de municipios afectados por la suspensión de giros de regalías; afirmó que la “problemática en el cargue de información se dio por problemas de estabilidad en el servicio de Internet así como errores al incluir los valores en la plataforma”.
De igual manera, los alcaldes de La Calera, La Peña y Nimaima, todos en el departamento de Cundinamarca, argumentaron fallas en la interface con el nivel departamental y dificultades en la ejecución de las actividades.
Para la Federación Colombiana de Municipios es claro que estos no son riesgos de corrupción, sino problemas operativos que tienen sus raíces en la debilidad institucional de los municipios más pequeños, y en las fallas de estructuración del estado Colombiano para construir un sistema único, integral, coherente y consistente de reporte de información desde los municipios.
Toro solicitó al Departamento Nacional de Planeación ampliar, en los casos puntuales de la suspensión, los plazos de reporte y aclaración de cifras; pues las comunidades locales no pueden pagar con la afectación a sus derechos por las deficiencias administrativas que existen en todos los niveles del Estado.
Asimismo, invitó al Gobierno Nacional a establecer espacios de diálogo para construir conjuntamente soluciones que faciliten la presentación de informes a las entidades nacionales por parte de las autoridades locales.
El director de Planeación Nacional indicó que “el país y la comunidad necesita saber con claridad en qué van las obras y cómo se están invirtiendo los recursos del Sistema General de Regalías(…) estamos comprometidos con el buen uso de los recursos y la ejecución eficiente de los proyectos, dado que la totalidad de las obras tienen un alto contenido social y son fundamentales para el desarrollo y progreso de cada una de las regiones donde se adelantan las iniciativas”.
Los departamentos afectados con la medida son Bolívar, Cundinamarca, Sucre, Chocó, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, Cesar, Cauca, Atlántico, Meta, Huila, Caldas, Vichada, Santander, Norte de Santander, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Arauca.

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Proponen limitar tiquetes aéreos para los congresistas

ELESPECTADOR.COM,  POLÍTICA 28 JUL 2015 

Proponen limitar tiquetes aéreos para los congresistas
Gastos del Congreso
La iniciativa, que propende por el ahorro de $10 mil millones, busca que en la próxima licitación esta compra se haga en la línea “flexi” y se elimine la adquisición en “clase ejecutiva”.

 La próxima licitación para contratar la compra de tiquetes aéreos de loscongresistas se debería realizar por medio de la categoría “flexi” y no por “clase ejecutiva”, con lo que el país se estaría ahorrando 10 mil millones de pesos al año, tal como lo propuso este martes el senador del Centro Democrático Alfredo Ramos Maya.

Su invitación se extendió a los demás legisladores para que se le exija a laDirección Administrativa que “se prefiera y determine que dichos tiquetes sean comprados en la tarifa ‘flexi’ y se elimine por completo la compra en ‘clase ejecutiva’ y con solo un cambio de tarifas en los pasajes, el Congreso estaría ahorrándoles 10 mil millones de pesos anuales a los colombianos”.

Este cambio tiene las mismas condiciones, solo tiene una pequeña diferencia en millas y en el equipaje que puede llevar el congresista, comentó el legislador antioqueño al aclarar que ello no implica unapenalización al Congreso por un cambio de horario, ya que se puede modificar a último minuto.

En consideración de Ramos y tras una exhaustiva revisión de dichas políticas, “es evidente que la única diferencia que existe entre una y otra opción tarifaria es un inmenso costo, una pequeña modificación en los equipajes”, esto sin contar con la acumulación de millas obtenida en los trayectos con la que únicamente se beneficia el legislador.

De ahí que la diferencia entre estos dos tipos de tarifas puede estar alrededor de 500 mil pesos por cada trayecto, lo que significa que semanalmente el Senado puede economizarse alrededor de 80 millones de pesos. Más aún, si se llevara también a la Cámara de Representantes“hablamos de un estimado de 230 millones de pesos de ahorro semanales”.

En otras palabras, “es nuestro deber ahorrar costos a la Corporación y al Estado, con ello somos coherentes y responsables con el gasto público y con los difíciles tiempos fiscales que vivimos”, comentó el senador del Centro Democrático.
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Gobierno no ejecutó $8,3 billones en 2014

ELESPECTADOR.COM,  ECONOMÍA 29 JUL 2015 -

En lo que va corrido del año no se han destinado $7,8 billones.
La Contraloría General alertó sobre este descuido del Ejecutivo. Al mismo tiempo prevé que la deuda pública aumente a 53,5% del PIB en 2016.

Gobierno no ejecutó $8,3 billones en 2014

El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, aseguró que en el 2014 la devaluación afectó los saldos de deuda externa en $23,4 billones. / Archivo
En momentos en los que el Gobierno inicia un programa de austeridad en su presupuesto para el 2016 bajando los recursos a la inversión y recortando varios ceros a los cheques de algunos ministerios, un estudio de la Contraloría General de la República reveló que el Gobierno dejó de ejecutar $8,3 billones del presupuesto general de la Nación en 2014.
“Preocupa que en un país con tantas necesidades insatisfechas y con pobreza se hayan dejado de ejecutar estos recursos, y por eso hemos hecho un acuerdo con la Comisión Legal de Cuentas y con la Procuraduría para enfatizar la vigilancia a estos recursos y garantizar el buen uso”, dijo el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, agregando que en el primer semestre de este año se han dejado de ejecutar más de $7,8 billones. El dinero que no fue destinado no se pierde, por el contrario, en su mayoría se incorpora en el presupuesto del siguiente período.
De acuerdo con el informe del organismo de control sobre la situación de la deuda pública del año pasado, el saldo nominal de la deuda del sector público alcanzó los $377,95 billones, equivalente al 50% del PIB. “Si bien el nivel de la deuda sobre el PIB aumentó en 2014, este no alcanza los niveles que tenía en la recesión económica de fines de los noventa y comienzos del milenio, cuando la relación deuda/PIB se ubicó por encima del 60%”, agregó Villazón.
En cuanto a las proyecciones, la Contraloría considera que para este año la deuda del sector público va a seguir creciendo, al igual que en 2016, y podría alcanzar entre el 51,7% y el 53,5% del PIB, respectivamente. “Estas estimaciones se hacen teniendo en cuenta los vencimientos de la deuda para 2015 y 2016, el crecimiento económico y el superávit primario esperado por el Gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015”, puntualiza el reporte.
Maya anotó que “la coyuntura actual permite prever que la deuda aumentará ante la desaceleración económica y Ecopetrol seguirá sintiendo el efecto de la disminución en los precios del petróleo, lo cual afectará sus ingresos y las transferencias al Gobierno”.
El docente de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Édgar Jiménez, considera que de darse el escenario que plantea la Contraloría en un aumento de la deuda pública al 2016, las noticias no serían buenas: “Esto obliga a la Nación a realizar recortes de presupuesto para poder cumplir con sus obligaciones de préstamos y sería como cuando una persona paga su tarjeta de crédito y cuando sale del banco realiza un avance”.
Para la Contraloría, hasta el momento la administración de la deuda ha permitido cumplir con las metas establecidas por la regla fiscal. A eso se le suma que gracias al nivel históricamente bajo de las tasas de interés internacionales y a la estabilidad de la economía colombiana, se ha podido contratar más deuda para cubrir las necesidades de financiamiento en condiciones aún más favorables en cuanto a plazos y servicio.
“No obstante, la situación macroeconómica que se está dando en el primer trimestre de 2015 es frágil, pues no sólo depende de las decisiones del Gobierno, sino que será también determinada por la política monetaria y el desempeño económico en los países desarrollados”, cita el reporte.
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miércoles, 29 de julio de 2015

El salvavidas tributario de las empresas


POR: dinero.com

Santiago Rojas - Director de la DianJuan

Justo cuando se habla de una reforma tributaria que incluye la eliminación
 de beneficios, el Gobierno alienta una nueva ola de zonas francas.
Ecopetrol en la lista.
En momentos en que el país se prepara para una nueva reforma
tributaria, cuya espina dorsal es recortar beneficios y 
descuentos tributarios, empresas petroleras –con proyectos
de exploración costa afuera–, hidroeléctricas, ensambladoras, 
productoras de lácteos, plantas de cerámica, puertos y plantaciones
 de palma de aceite empiezan a hacer fila ante el gobierno nacional
 para convertirse en zonas francas.
El asunto abre el debate sobre la conveniencia o no de continuar con 
este tipo de beneficios tributarios creados hace años para incentivar 
la inversión y el empleo. La Cámara de Usuarios de Zonas Francas 
de la Andi calcula que en lo que resta del presente año se presenten
 entre 10 y 15 nuevas solicitudes ante el Gobierno. 
¿A qué se debe este viraje si el modelo estaba prácticamente agotado?

La respuesta parece sencilla, pero tiene mucho trasfondo político y versiones que develan un intenso lobby por parte del sector productivo. No hay que perder de vista que el panorama mundial cambió drásticamente desde el último trimestre del año pasado con la caída del precio del petróleo, haciendo que las empresas del sector entraran en crisis. A esto se suma la trepada del dólar que desencadenó que buena parte de la inversión internacional se fuera de países emergentes como Colombia.

Como los ingresos del país no son iguales a años anteriores, el Gobierno se ‘pellizcó’ en dos frentes: uno, el tema del contrabando cuya ley fue aprobada; y, además, les abrió la puerta a varios sectores para que se constituyan como zonas francas. La idea es atraer la inversión, crear más empleos y mantener a flote la economía.

El primer salvavidas que lanzó el Ejecutivo se produjo el 23 de diciembre de 2014, cuando expidió el decreto 2682, el cual permite que las petroleras –en exploración costa afuera– se constituyan como zonas francas, previo cumplimiento de requisitos, como generar 30 empleos directos e inversiones mínimas de $96.000 millones.

Dinero conoció que la tercera semana de julio se llevó a cabo una reunión en la sede del Ministerio de Comercio y en la que participó el Ministerio de Minas. El propósito de dicha cita era tratar la intención de Ecopetrol para constituir una zona franca de sus operaciones costa afuera. La idea es modificar el decreto 2682 para integrar varios contratos petroleros en una sola zona franca.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que “actualmente se discute una modificación del decreto, que facilitaría la creación de las zonas francas permanentes costa afuera para los operadores comunes de varios contratos”. La entidad explicó además que ha conocido verbalmente la intención de algunas compañías para constituirse en zonas francas. “Sin embargo, no ha sido notificada oficialmente del inicio de este trámite ante la autoridad competente”.

El interés de otras petroleras internacionales fue confirmado por la Andi al anunciarse que algunas preparan solicitud para configurar sus operaciones bajo esta figura. Habría firmas de Brasil, Estados Unidos y Chile. Todo ello sin pasar de vista que las clínicas están muy activas en ese frente, al igual que empresas palmicultoras y de servicios (ver cuadro).

El otro flotador enviado al sector productivo es el nuevo Estatuto Aduanero, que no solo buscará facilitar las operaciones de comercio exterior, sino que traerá beneficios para acogerse como zona franca. La Dian calcula que dicha normatividad podría salir a finales de este mes o en agosto.

No obstante, es necesario medir bien los beneficios. Un buen termómetro para determinar la conveniencia de las zonas francas es contrastar el recaudo tributario versus lo que pagan las empresas ‘convencionales’. Un análisis de la Dian indica que las cerca de 100 zonas francas del país pagaron por impuesto de renta alrededor de $193.000 millones en 2014, mientras que en 2013 la suma por este concepto llegó a $167.000 millones. Si se cobrara 25% y no 15%, el recaudo por este impuesto habría sido de unos $330.000 millones el año pasado. La diferencia es de unos $130.000 millones. En conclusión, no parece muy alto el hueco que deja el beneficio tributario, teniendo en cuenta que las zonas francas contribuyen con cadenas productivas como la construcción, la logística y el pago de otros impuestos indirectos.

El director ejecutivo de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, Edgar Orlando Martínez, defiende el modelo y considera que este tipo de inversiones ha permitido atraer inversión y generar empleo. A marzo del presente año se habían completado inversiones superiores a los $32 billones en las más de 100 zonas francas del país. En cuanto a generación de empleo, las cifras hablan de más de 59.000 empleos directos y 167.000 indirectos”, explica.

Sin embargo, la discusión puede tomar otra temperatura al momento que más y más empresas entren al ‘club’ de gabelas.

Mediante la expedición de otros decretos, el Gobierno sigue allanando el camino para atraer más empresas. El 18 de junio pasado expidió el decreto 1300 mediante el cual se crea un nuevo procedimiento para que la declaratoria de zonas francas se reduzca de 18 a seis meses. Al mismo tiempo, le entregó más competencia al Ministerio de Comercio para facilitar estos trámites. En otras palabras, deja a la Dian la responsabilidad para recaudar los impuestos y al Mincomercio para tramitar las solicitudes y revisar la parte administrativa.

La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, dijo hace unas semanas que, con el traslado de las competencias a esta cartera, se sistematizará la operación para reducir los plazos de autorización de siete a un mes, y se podrá realizar seguimiento de los compromisos de exportación.

Las zonas francas se convierten en uno de los procesos de ajustes para enfrentar la desaceleración de la economía, pero también para incentivar la inversión en épocas de vacas flacas. ¿Será suficiente?