Mejor: ¿Un Equilibrio de Responsabilidades ? o Equilibrio de Poderes ?

juan josé orrego lópez

Amigos Colombianos que será lo que buscamos:

¿Un Equilibrio de Responsabilidades  ? o  Equilibrio de Poderes  ?

Si lo cree conveniente Un Equilibrio de Responsabilidades, debemos promover por todos los medios, organizaciones, partidos políticos, sector empresarial y ante el Gobierno Nacional por lo menos estas inquietudes:

..Un congreso que labore, legisle y opere para el bien de la Nación, sus Instituciones, el sector Empresarial y la Comunidad:

A-  Laboren:desde el 16 de enero al 20 de junio y del 20 de julio    al 19 de diciembre

B-  Desde las 2 pm de la tarde de los lunes a los viernes  a las 12   del medio día, trabajando en las comisiones y plenarias.

C- Vacaciones justas:  más de 22 millones de colombianos    laboran 12 meses de día y noche, para recibir 15 días de  vacaciones los que tienen  derecho, mientras el Congreso  labora realmente 5 meses y le pagan como si laborara 12      meses….Justo o Injusto..? o será Atropello Laboral..?

D- Colombia a partir del 2015, vivirá con  dificultades por Falta De Recursos para el cumplimiento de sus programas de gobierno, Transferencia A Las Diferentes Regiones, ya sea por regalías o proyectos, entre otros, lo que hace necesario realizar ajustes en todo el presupuesto……Si Es Así, No Es Posible Que Al Congreso No Se Toque Esos Privilegios, Beneficios, Ventajas Y Preferencias Que Hoy Disfrutan, sabiendo que son billonarios y que los paga la nación, que de una u otra manera vale más aportar a una región, a la comunidad, empresarios,… que seguir pagando a ellos….Viáticos, Gasolina, Comidas, Vigilantes, Viajes Aéreos, Celulares, etc…acompañado de Nominas Altas De Asistentes De Trabajo Que No Sirven Para Nada..

E-  Si no se hace reforma al congreso por lo menos en estos puntos, …que son la Fuente y Cuna de la mucha indignación de Colombia,….seguiríamos peor  a lo que hoy se vive..

F-  Si somos 47 millones de colombianos, es para que exista más  Equidad, Justicia, Fomento Al Sector Empresarial y  Beneficio a la Comunidad, ya que esta, es la Verdadera Paz  que buscamos los colombianos.

Si le gusta :Equilibrio Y Concentración De Poderes..:..http://jujogol.blogspot.com/2015/03/le-gusta-un-equilibrio-de-poderes-y.html,

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Un abrazo,

Juan José

Twitter: ‏@orregojj

Le gusta,... Un Equilibrio de Poderes y Concentración de Poderes…?

Amigos Colombianos que queremos:

Un Equilibrio  y Concentración de Poderes…?

Si es así, entonces es posible que sigamos y conservemos una Constitución maltratada, un Congreso y Altas Cortes violadoras de las normas que los hacen, Intocables, Desestabilizadores, Ventajosos, Generadores De Micos y Prebendas Para  Beneficio De Ellos, Lleno De Guacas Millonarias Que Pagamos Los 47 Millones De Colombianos.., sin importar que existe un sector industrial y un campo con ganas de laborar, diversificar  y sin colaboración alguna...

Estos Apoyan y son los Generadores de las leyes de No Cárcel Para Evasores De Impuesto, No al conocimiento y Capacidad de los ciudadanos, Leyes Amplias Para El No Control De Las Regalías y Destrucción de los Recursos Naturales,  Apoyo A Los Del Cartel De La Contratación Puesto Que Serán siempre Los Grandes A portantes A Sus Campañas, Apoyo Al Contrabando y A Los Borrachos y otras actividades.

Amigo a pesar de que le gusta este estilo, lo invito para que piense en Colombia, donde mínimo debemos cambiar la forma como actúan Hoy en el congreso y las cortes, para ser de estas Instituciones lo que esperamos los ciudadanos, Pulcritud y Honradez.....Anexo al presente, hay unas propuestas donde debemos apoyar, para que se incluya en la Enmienda del Presidente y se apruebe, ....No un Equilibrio de Poderes, pero sino Un Equilibrio de Responsabilidades: entre:

http://jujogol.blogspot.com/2015/03/mejor-un-equilibrio-de.html,

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Juan José

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La realidad laboral del sector público colombiano

elespectador.com,  Por: Redacción Política, 21 MAR 2015 

Empleo en Colombia

Fuerza laboral envejecida, poco motivada y valorada negativamente por los ciudadanos es parte de la realidad que se vive en algunas entidades del Estado.

Archivo

Una investigación realizada por el Grupo Multidisciplinario de Políticas Públicas (GMPP) de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes advierte que la fuerza laboral actual del Estado colombiano, en muchas de sus entidades, está envejecida, poco motivada y valorada negativamente por los ciudadanos. Un diagnóstico que obliga a pensar en la implementación de una política pública que facilite la gestión estratégica del talento humano, con el fin de tener trabajadores efectivos, calificados, orientados al servicio, motivados y satisfechos.

Según el estudio, el sector público colombiano es hoy es visto como uno de los grupos que más desconfianza genera entre la gente, después de los congresistas. No en vano, el 76% de los colombianos  tiene poca o ninguna confianza en ellos, según el World Value Survey (2012). A esto se suman el clientelismo, las nóminas paralelas y decisiones con base en cifras incompletas que permean el sector.

Los funcionarios, por su parte, consideran que los concursos para proveer cargos en el Estado no profesionalizan la función pública y que dichas convocatorias no son transparentes (el 31% lo cree así). Tres de cada 10 trabajadores considera que estas no promueven condiciones de igualdad y una misma proporción percibe que el sistema de méritos no ha servido para mejorar el desempeño de su entidad.

En efecto, la investigación halló enormes brechas entre la ley y la realidad organizacional. En ese proceso de diagnóstico, se realizaron 28 grupos focales y 22 entrevistas a profundidad con actores y expertos de nivel central y regional; se encuestó a 61 expertos y jefes de talento humano de 16 organizaciones públicas de nivel central y se analizaron documentos oficiales de las 24 entidades cabeza del sector. Adicionalmente, se analizó la información proveniente de la Encuesta de Ambiente y Desempeño Institucional del DANE, que cubre a cerca de 25 mil servidores públicos cada año.

De hecho, el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 incluyó dos recomendaciones realizadas por el equipo investigador: en su artículo 126, relativo a los concursos y procesos de selección para la carrera administrativa en el sector público, se propone que el ICFES intervenga como ente elaborador de los exámenes de concursos para la selección de funcionarios de carrera. También plantea que los costos asociados a los concursos o procesos de selección sean determinados a través de acuerdos marco de precios, establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. 

Según los investigadores, hoy el sector no solo afronta el desafío de conformar una fuerza de trabajo que responda con calidad a las necesidades del Estado y de la sociedad, sino que tiene el reto de vincular a los mejores talentos, renovar su personal  --dado el envejecimiento de sus empleados--, retener a funcionarios de alto desempeño y desarrollar estrategias que visibilicen y valoren de forma positiva a los servidores y a las entidades. 

El estudio halló debilidades como la ausencia de información consolidada sobre el total de personas que trabajan en el sector, dificultades para alinear el diseño de concursos con el perfil del seleccionado y las necesidades de la entidad; problemas para desvincular a funcionarios con bajo desempeño, baja movilidad laboral de los servidores de carrera y falta de evidencia actualizada sobre la situación salarial de los servidores y sus efectos en diferentes aspectos organizacionales. 

Así mismo, encontró que las demoras en los procesos de selección se deben a la gran cantidad y heterogeneidad de los puestos que se buscan proveer y a una desconexión entre el nivel implementador y el de formulación. Se hizo evidente, de igual forma, que los cargos más calificados en el sector público tienen rangos salariales menores a los del sector privado y que el método actual para evaluar el desempeño de los funcionarios tiene debilidades en su implementación, dado que no sirve para tomar decisiones sobre necesidades de capacitación ni para brindar estímulos a quienes sobresalen en su labor.

“La forma en que funciona actualmente la gestión de personas en el sector público es disfuncional. No sólo hay una brecha entre lo definido en la ley y su implementación, sino que hay múltiples aspectos que requieren acciones concretas más allá de los usuales esfuerzos normativos. Por otro lado, se le da un bajo valor a la gestión de personas dentro de la gestión de las organizaciones públicas colombianas”, afirmó Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes e investigador principal del estudio.

Según indicó, el marco normativo que actualmente rige al sector no solo requiere actualización sino que lo que existe se cumple parcialmente. La investigación también evidenció la desconexión entre los manuales de funciones y las necesidades de personal de las entidades y la baja utilidad de la evaluación de desempeño, que funciona más como una formalidad que como una herramienta de gestión que permita identificar bajos desempeños y corregirlos, o estimular a los servidores de alto desempeño.

“Las altas expectativas de la sociedad colombiana por un Estado más efectivo y cercano a sus necesidades implica repensar una política integrada desde la gente y las organizaciones encargadas de generar resultados para el ciudadano. La gestión del talento humano en Colombia requiere un componente estratégico a lo largo del ciclo de vida del servidor (reclutamiento, selección, capacitación, compensación, evaluación y desvinculación), pero  actualmente las oficinas responsables de la gestión del talento humano llevan a cabo tareas principalmente operativas y no existen los mecanismos suficientes para evaluar si la gestión del talento humano contribuye a alcanzar los objetivos misionales de las entidades”, agregó Sanabria. 

Los investigadores también consideran pertinente fomentar el uso de las tecnologías de la información y estrategias de gobierno abierto para mejorar la gestión del talento humano en las entidades y mejorar la percepción que se tiene de las oficinas públicas.

Por lo anterior, y con el propósito de alcanzar una visión global y articulada de la gestión del talento humano, los investigadores de los Andes proponen un modelo basado en la Carta Iberoamericana de la Función Pública y en los planteamientos de Francisco Longo, formado por cinco grandes subsistemas claves en la gestión de personas: planeación de la fuerza de trabajo,  gestión del empleo, gestión del clima organizacional, gestión del desempeño y gestión del desarrollo.

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¿Qué hacer con los paraísos fiscales?

larepublica.co, Luis Guillermo Vélez, 03/19/2015 

En un reciente foro promovido por este diario se discutió el alcance de lo que sería la reforma tributaria estructural promovida por el Gobierno Nacional.

Ya no queda duda de que la reforma es necesaria. La caída de los ingresos fiscales por el colapso en los precios de los commodities energéticos es mayor de lo pensado originalmente y el ciclo no tiene cara de reversarse en el corto plazo. 

Seguramente vendrán toda clase de propuestas; algunas novedosas, unas no tanto y otras políticamente imposibles. Por ejemplo, subir el IVA a 18% y ampliar la base, una favorita de los gremios, tiene todo el sentido fiscal del mundo pero toda la inviabilidad política posible. O gravar las pensiones y, aquí va una novedosa, gravar con una tarifa expropiatoria los fallos leoninos contra el Estado. 

En fin, habrá de todo como en botica.

Sin embargo, deberá tocarse un tema que para muchos resulta incómodo pero es esencial, si se quiere abordar seriamente el tema fiscal. Se trata de las normas relacionadas con transacciones internacionales, particularmente las que tienen que ver con los paraísos fiscales. 

El anterior director de impuestos, Juan Ricardo Ortega, estimaba que el stock de capital controlado por colombianos en el exterior, la mayoría escondido en jurisdicciones ‘off shore’, era de unos US$70.000 millones. Ciertamente una cifra astronómica si consideramos que el tamaño actual de nuestra economía es de aproximadamente US$345.000 millones, lo que quiere decir que cerca de 20% está cómodamente parqueado en los paraísos fiscales. El mismo Ortega estimaba que esto le costaba al Estado colombiano unos $4 billones en impuestos dejados de pagar, una suma que equivale a 40% de las utilidades de Ecopetrol de este año. 

A decir verdad, este problema no es exclusivo de un país como el nuestro, con una arraigada cultura de ilegalidad. El uso y abuso de los paraísos fiscales es un problema mundial. La revista The Economist estima que hay por lo menos US$20 billones escondidos en estas jurisdicciones y millones de entes corporativos de papel que se utilizan por los ricos del mundo, desde compañías multinacionales hasta mafiosos rusos, para evadir impuestos.

Lo que empezó siendo un mecanismo para evitar la doble tributación, de quienes estaban domiciliados en un país y tenían actividades económicas en otro, acabó siendo un mecanismo para obtener la doble no tributación. Por cuenta de los paraísos fiscales y de la “planeación fiscal agresiva”, las grandes compañías del mundo ya no pagan impuestos en ninguna parte, o por lo menos no todos los impuestos que deberían en alguna parte. 

El sistema actual hizo agua en 2008 con la crisis financiera y obligó a los países a mirar seriamente el problema de evasión y de erosión de bases fiscales. El primero en actuar fue Estados Unidos con la ley Fatca, que obligaba al intercambio automático de información sobre las actividades financieras de sus ciudadanos sin importar el lugar de residencia.

En un principio la iniciativa gringa fue vista como otro típico exceso imperial pero pronto fue abrazada por la Comunidad Europea y de allí se trasladó al Foro Global de la Ocde. En 2017 se tendrá por fin un standard común de reporte (CRS), algo así como una versión global de Fatca, para intercambiar información fiscal entre todas las jurisdicciones con relevancia financiera en el mundo. Colombia será uno de los pioneros.

Por eso es que, para seguir avanzando en este tema, la reforma tributaria estructural debe asegurar financiación para la reestructuración de la Dian, actualmente estancada, paradójicamente, por el ajuste fiscal. Se requiere de un órgano en la entidad que tenga la capacidad técnica para meterle el acelerador a la cooperación internacional, algo que se viene haciendo de manera pionera por unos valientes funcionarios que hasta ahora han tenido que trabajar con las uñas. 

Con solamente traer un par de billonsitos de estos guardados en Panamá y en los otros paraísos fiscales, libramos cualquier inversión.

Y quién va a pagar por el posconflicto? ..Usted Altas Cortes, congresistas..o quien..?

LAREPUBLICA.CO,  Alberto J. Bernal-León, 03/16/2015 

El otro día en el nuevo programa de Hassan Nassar, “En Jaque”, el analista León Valencia hablaba de la necesidad de implantar un “plan de choque” muy agresivo una vez se firme “el papelito” en La Habana y entremos en el famoso posconflicto. El analista hablaba de la necesidad de invertir muchísimo dinero en los 280 municipios de Colombia que están en riesgo de volver a caer en un abismo de violencia en caso de que quede un vacío de poder, atado al negocio del narcotráfico, una vez las narco Farc se desmovilicen. El analista hablaba de la necesidad de construir carreteras, hospitales, acueductos, escuelas, poner más policía, etc, etc.   

Comparto totalmente la preocupación de León Valencia. Efectivamente Colombia necesita invertir fuertemente en las regiones más vulnerables, para eventualmente lograr que se disminuya a 0% la pobreza extrema y para lograr expulsar del país de una vez por todas a la plaga del narcotráfico. Ahora, decir todo esto es facilísimo. Lo difícil es decidir quién diablos va a pagar esa cuenta de cobro que se nos viene. Es importante tener en cuenta que ya de por si estamos entrando al posconflicto con una economía menos dinámica y una situación fiscal más complicada. Si la pérdida de recursos para el fisco mirando a 2016 por la caída del petróleo ya asciende a cerca de 2% del PIB, pues entonces recaudar aún más recursos va a probar ser una tarea titánica. 

Mejor dicho, Colombia va a tener que tomar decisiones de calibre mayor en el corto plazo. Y atado a esto, me pregunto si la izquierda se decidirá a favor de apoyar al presidente Santos en la aprobación de la futura reforma tributaria estructural. Me parece que la cuestión no va a ser nada fácil, porque la reforma tributaria estructural necesariamente le va a tener que incrementar los impuestos a la clase media de Colombia y puede que la izquierda abandone a Santos si se presenta un proyecto cercano al que recomienda la Ocde. Que quede claro: la única forma de presentar una reforma tributaria estructural es siguiendo los lineamientos que nos ha presentado la Ocde desde hace ya un buen tiempo; y la izquierda ya nos contó que piensa de las ideas de la Ocde.

Por último, considero que es mejor que le contemos a la gente la verdad: el posconflicto no va a generar más crecimiento económico. Es mejor decirlo de una vez por todas, para no generar falsas expectativas dentro de la gente. La razón es la siguiente: el posconflicto, por lo menos basado en lo que se ha visto hasta ahora, NO ES consistente con la implementación de políticas pro mercado, pues la izquierda va a agarrar mucho más protagonismo en el diseño de las políticas económicas una vez la izquierda armada decida entregar las armas. Es muy probable que el país se tuerza más en el futuro, de la mano de la demagogia que van a utilizar muchos líderes para supuestamente lograr que haya “reconciliación nacional”.    

Como lo argumentaba en una conferencia en Perú hace unos días, ojalá me equivoque y la Colombia del futuro siga siendo derechista. Ojalá siga siendo un país que vote a favor de mantener una unión estratégica con EE.UU. Ojalá siga siendo un país abierto al comercio internacional, ojalá siga siendo un país que se comporte totalmente diferente a Brasil o a Ecuador. Ojalá siga siendo un país que consiente a los industriales y a la inversión extranjera, y ojalá que no se vuelva un país que decide echarles la culpa de sus males a “los ricos”. Mejor dicho, ojalá que el santismo traicione a la izquierda en el futuro.

La ética tiene todo que ver con el derecho

semana.com,  por MARIANA BERNAL FANDIÑO, PHD (*)

Las normas jurídicas deben reflejar una ética común que está basada en unos mínimos morales exigibles a una sociedad para convivir pacíficamente.

En días pasados un abogado afirmó que “la ética no tiene nada que ver con el Derecho” y posteriormente explicó a los medios lo siguiente: “el Derecho es una normatividad que busca regular la vida en comunidad, la ética es un código de conducta interno”.
  
Estas ideas están basadas en una frecuente confusión entre los conceptos de ética y moral.

Durante mucho tiempo me cuestioné sobre la relación entre moral y Derecho hasta que, gracias a la guía del profesor Guillermo Hoyos, leyendo a autores como John Rawls y Adela Cortina, la cuestión me pareció mucho más clara. Llegué entonces a la conclusión que mientras la moral es un asunto exclusivamente individual, razón por la cual el Derecho encuentra una frontera allí, la ética, muy por el contrario, es un elemento estructural del Derecho.

Efectivamente el Derecho pretende regular la vida en sociedad, y para lograrlo muchas veces se basa en las costumbres adoptadas por las personas que la integran. Tanto la ética como la moral también están basadas en las costumbres y buscan distinguir la bondad o malicia de los comportamientos humanos. Sin embargo, las personas en su fuero interno generalmente aspiran a unos máximos morales y el Derecho no puede regular basándose en ellos. Las normas jurídicas deben reflejar una ética común que está basada en unos mínimos morales exigibles a una sociedad para convivir pacíficamente.

Mientras la moral es una cuestión de máximos, todos diferentes entre sí, la ética es una cuestión de mínimos, estos sí, comunes dentro del conglomerado social. Un acuerdo sobre los mínimos y no exigencias de máximos nos asegura una normatividad tolerante y abierta a la diferencia.

Lo que para una persona puede ser moralmente reprochable, desde un punto de vista ético puede no serlo dependiendo de la sociedad. Rawls lo explica a través del concepto del consenso traslapado, es decir, el punto de encuentro entre diferentes convicciones para llegar a un pluralismo razonable.

El derecho, así sea desde una visión positivista, y desde cualquiera de sus ramas, toma decisiones sobre lo que considera adecuado o no para la sociedad; decide sobre cuáles acciones se deben sancionar y cuáles no, y para hacerlo debe acudir a un criterio ético, que no es moral ni religioso, sino que es un criterio basado en unos mínimos de comportamiento aceptados en un conglomerado para poder convivir.

*Profesora investigadora de la Universidad Sergio Arboleda

¿Se deberían revocar las Cortes?

lasillavacia.com,  Por: Luis Guillermo Vélez Cabrera, Mar, 2015-03-10

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Algunos abogados conocedores de los vericuetos de la rama judicial han empezado a proponer una solución radical al problema de la justicia colombiana: la revocatoria de las Altas Cortes.

La idea no es del todo original. En Colombia cuando alguna institución no funciona y se resiste reiteradamente al cambio la solución es acabarla, liquidarla o revocarla. Hay muchos ejemplos: Ferrocarriles Nacionales, la Edis, el Seguro Social, la DNE, la Comisión Nacional de Televisión y por supuesto el Congreso de la República, que fue revocado en 1991 y casi revocado nuevamente en 2001.

Algunas veces este tipo de profilaxis institucional funciona bien. En este gobierno se acabó la DNE, el Seguro Social y la Comisión Nacional de Televisión y, salvo algunos políticos que se cebaban en ellas, a nadie le están haciendo falta. 

Otras veces la cirugía extractiva no es tan efectiva. Se liquidó Ferrocarriles Nacionales y ahora no tenemos ferrocarriles; ni buenos, ni malos ni regulares. Tenemos en cambio a Colfecar. Se liquidó la Edis y pasamos a un sistema de recolección privado que funcionaba y era legal. Ahora se monopolizó ilegalmente el servicio en cabeza de un operador público y los bogotanos estamos nadando en basura.

Y por supuesto tenemos el ejemplo del Congreso revocado de 1991, que es el mismo de 2001 y de 2011, el cual hasta los mismos parlamentarios reconocen que no es tan bueno como el de 1981 o 1971, que tampoco eran gran cosa. 

Sin embargo confieso que me gusta la idea revocar las Cortes.

Los escándalos de los últimos años son simplemente demasiados. Los expedientes de paseo en el crucero caribeño, el carrusel de pensiones que se resiste a parar, el yo-te elijo-tu-me elijes, las 200 votaciones por el presidente del Consejo de Estado, el planeta de los simios en la reforma a la justicia, el sancocho procesal (Código de Procedimiento Civil, Ley 1395 y Código General del Proceso, todos vigentes al mismo tiempo), 78 días de paro judicial, la renuncia Henry Villariaga, el “Diablo de Purificación”, las deudas de Alberto Rojas Ríos con la viuda olvidada, los 61 permisos del magistrado Francisco José Ricaurte y ahora su hermano traqueto, el “usted no sabe quien soy yo” del hijo del Presidente de la Corte Suprema y ahora lo que faltaba, la denuncia penal a Pretelt y el contrato de Escobar Gil.

Con razón que en las últimas encuestas la justicia colombiana se pelea el campeonato de impopularidad nacional con Nicolás Maduro y con las FARC.

De todas formas la idea de revocar las Cortes, aunque atractiva, puede generar muchos más problemas de los que pretende resolver.  Para empezar las Cortes no se pueden revocar. Es decir no existe un procedimiento legal de revocatoria de la rama judicial, algo que sería exótico en un estado de derecho. Supone uno que la revocatoria sería vía referendo, que requiere de una ley, o sea tránsito por el congreso. Luego debe pasar por la validación de la Corte Constitucional, la cual difícilmente se auto suicidaría, en palabras del filósofo de Miraflores.

Lo otro es acceder a la petición de las FARC y de Uribe de convocar una asamblea constituyente. Barajar y repartir de nuevo los naipes institucionales puede que le atraiga a los polos antagónicos de la política colombiana pero generaría una profunda incertidumbre jurídica con serias consecuencias económicas.

En todo caso, el precedente sería nefasto. Dios nos libre, pero el día de mañana, de tener un presidente sin las credenciales democráticas de Juan Manuel Santos, el aprendiz de Chávez que llegue al poder tendrá la tentación de acabar con la independencia de la rama judicial, vía una revocatoria, para empaquetarla de sus esbirros.

Queda la reforma al equilibrio de poderes. Esta importantísima iniciativa ha sido criticada por quienes desean una solución maximalista al problema. Prefieren jalar el mantel. Sin embargo, la historia enseña que es mejor el cambio incremental, como el que plantea al acto legislativo promovido por el gobierno.

No es poca cosa acabar con todas las reelecciones; la de presidente, procurador, fiscal, registrador, contralor, etc.  Tampoco quitarle las funciones electorales a las Cortes, que como lo reiteran el comunicado de los magistrados de la constitucional supérstites, han sido la madre de todos los males.  Y derogar el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por un administrador de la rama y por la colegiatura de abogados.

Son cambios sensatos y políticamente posibles. Quienes creen que es cambiar para que todo siga igual se equivocan. Más bien, cuando las cosas parecen que no cambian en realidad nunca vuelven a ser iguales. 

Atrapados y sin salida: el caso de varios candidatos

CRONICADELQUINDIO, Por Óscar Jiménez Leal,  Marzo 15 de 2015

Si los actores políticos no son democráticos en su interior, carecen de la autoridad moral  para ser agentes de esa necesaria ampliación y profundización.

Cuando los consejeros electorales en 1995  postulábamos ante el Congreso de la República,  la necesidad de reorganizar  los partidos políticos para adaptarlos a las corrientes modernas,  pensábamos en la ampliación y profundización de la democracia colombiana. Al fin y al cabo, si los actores políticos no son democráticos en su interior, carecen de la autoridad moral  para ser agentes de esa necesaria ampliación y profundización.

Por ello, defendimos la propuesta de que estos debían escoger en forma democrática sus directivas y  candidatos a los cargos de elección popular, lo mismo que su plataforma política y el programa a ejecutar. En esa misma dirección impulsamos la consagración de la libertad ciudadana para afiliarse o no, de manera voluntaria,  a un partido político o movimiento político;  pero solo a uno. 

En consecuencia, se prohibía la doble militancia para combatir,   de una vez por todas,  la infidelidad partidista que posibilitaba   a los parlamentarios crear su propio movimiento político dentro de cada partido y a estos postular candidatos a granel, pues  existían   tantos movimientos políticos cuantos parlamentarios eran elegidos. Y como si no fuera bastante,  para los cargos de elección uninominal los partidos otorgaban avales a varios candidatos y para las corporaciones solían avalar más del doble de candidatos que podían acceder al limitado número de curules.  Era el caos electoral institucionalizado. Para poner coto a tanta desorganización se propuso que los partidos o movimientos políticos no pudieran  postular un número mayor de candidatos al número de puestos a proveer.

Aun así, muchos partidos o movimientos, se constituían  para vender avales,  a cambio de cobrar un alto  porcentaje de la reposición de los votos obtenidos por sus candidatos en las urnas y  tal fin protervo constituía la única razón de su existencia. Por eso fueron  llamados partidos de garaje.

Las reformas políticas

Todo ese proceso constitucional de reforma tuvo su consolidación en los  años 2003 y  sobretodo en el 2011 cuando se expidió la Ley Estatutaria 1475 de ese año, en virtud de la cual se adoptaron reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales. Allí se reiteró la regla según la cual “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político…”

También se consagró la disposición merced a la cual los directivos de los partidos y movimientos que aspiren a ser elegido en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimiento o grupo significativo de ciudadanos, deberán renunciar al cargo 12 meses antes de la postulación o de la inscripción como candidato. Igualmente se consagró que quienes desempeñen cargos de elección no pueden presentarse por otros partidos o movimientos si no renuncian antes de los 12 meses anteriores al primer día de inscripción como nuevo candidato.

Una grave equivocación

Aunque sin duda alguna los propósitos de la reforma se encaminaban a obtener la fidelidad, disciplina y sentido de pertenencia de los militantes con sus partido, se incurrió en la grave equivocación de equiparar a las personas elegidas por votación popular con los directivos de los partidos a efecto de darles el mismo tratamiento siendo sus situaciones diferentes, pues mientras aquellos ostentan la representación popular estos son elegidos de conformidad con sus estatutos internos. 

Además, con el fin de evitar el fenómeno del transfugismo, lógico en los sistemas parlamentarios, incurrió en la omisión de no consagrar excepciones que expresaran la oportunidad de cambiar de divisa política en cualquier época cuando quiera  exista disenso sobre materias fundamentales  no contempladas en el programa del partido o cuando no se ha ejercido efectivamente el cargo directivo, en cuyo caso se debía permitir que el candidato pueda ser avalado por un grupo significativo de ciudadanos mediante la recolección de firmas, dándole así prevalencia a caros principios constitucionales como la realidad material sobre la apariencia y la voluntad popular ciudadana sobre la literalidad de las normas o la completa y  voluntaria libertad de afiliación.

Por eso resultan al menos paradójicos los casos puntuales,  relacionados por los medios de comunicación, del exvicepresidente Angelino Garzón, aspirante  a la alcaldía de Cali y de Carlos Fernando Sánchez, aspirante a la gobernación de Santander —y quién sabe cuántos más—, que,  a pesar de nunca haber militado ni efectivamente  ejercido cargos directivos en los partidos que los tienen atrapados, en contra de su voluntad, no haya habido instancia electoral competente que les reconozca su libertad a no pertenecer al partido en donde simplemente aparecieron a sus espaldas. Por ello se encuentran en una absurda sin salida política.

Por Óscar Jiménez Leal
Ex magistrado del Consejo Nacional Electoral

Hablemos claro sobre valorización....en Armenia

CRONOCADELQUINDIO, jorge arango mejia,Marzo 15 de 2015

Jorge Arango Mejía

Durante varios años he criticado el hecho de que los administradores de Armenia hayan abandonado la contribución de valorización, principal herramienta para el progreso de las ciudades. Aún recuerdo el caso de un alcalde que, al aconsejarle que restableciera este tributo, me contestó que nunca lo haría, porque temía que le revocaran el mandato. Hoy pienso que le habría ido mejor si me hubiera hecho caso: acaso hoy no estaría en la penosa condición a que le condujeron otras faltas.

Ahora, casi al término de su infortunado paso por el cargo al que nunca debió llegar, la señora Valencia ha adoptado al fin una decisión acertada: imponer la contribución de valorización para financiar un plan de obras que, según sus autores, impulsará el crecimiento urbano y facilitará el progreso incontenible que resulta de la acción de los particulares.
No he analizado el plan y tampoco se cómo se hará el derrame de la contribución. Sin embargo, sostengo que éste es un paso definitivo en el devenir de la ciudad.

Tiempo y oportunidad habrá para examinar la conveniencia de los diversos proyectos. Todos los obligados al pago del tributo, podrán hacer uso de los recursos y las acciones que la ley prevé. Cualquiera que sea el resultado de esas controversias, el paso importante ya se ha dado: Armenia ha recuperado el instrumento que le permitió, en la segunda mitad del siglo pasado, dejar de ser una aldea y convertirse en una pequeña ciudad. Las pruebas visibles de esa época fecunda  están a la vista: construcción de la Avenida 19 de enero; ampliación de las calles y carreras del centro; parque de los Fundadores; pavimentación de innumerables kilómetros de vías urbanas…

Pero como el Quindío, “mi dulce y tremenda tierra”, es teatro de comedias increíbles, a esta iniciativa le ha surgido una enemiga inesperada y poderosa: la gobernadora del departamento. Enarbolando la bandera populachera y mentirosa de “defender a mis pobres”, la funcionaria se ha dedicado a luchar con todas sus armas –algunas ilícitas-  para que la ciudad siga estancada, mendigando auxilios nacionales para hacer obras que se pagarían fácilmente por el sistema de valorización. Está equivocada, gravemente equivocada. La verdad es ésta: Es falso que la contribución de valorización empobrezca a los más pobres: por el contrario, impide que unos pocos se enriquezcan al no devolver a la comunidad parte del mayor valor que adquieren sus predios a causa de diferentes obras públicas. 

Permite la creación de frentes de trabajo, en la ciudad más castigada por el desempleo en Colombia.

Cumple la Constitución, pues desarrolla el mandato imperativo del artículo 82 de ésta: “Las entidades públicas participarán de la plusvalía que genere su acción urbanística”.
Impide la injusticia de construir, con dineros pagados por todos, obras que solamente aumenten el valor de los dueños de unos predios, como ocurrió en Armenia en la Avenida Centenario y en el Centro Comercial de Cielos Abiertos (carrera 14 o “calle real”). 

Y como la gobernadora ha puesto a la persona a quien ha señalado como sucesora suya (Sandra Milena Gómez Fajardo, “para no mentar persona”) a encabezar un supuesto grupo de defensores de “sus pobres”, grupo que promueve un referendo derogatorio de las normas municipales del mencionado plan de valorización; pienso que es conveniente que todos sepan lo siguiente:

El referendo derogatorio no puede tener por objeto la modificación (o derogación) de acuerdos que sean de iniciativa exclusiva  de los alcaldes,  o que versen sobre materias presupuestales, fiscales o tributarias, por expresa prohibición de los artículos 29, 35 y concordantes de la ley 134 de 1994. Todo lo relativo a valorización encaja perfectamente en esta prohibición. Pierden, en consecuencia, su tiempo la aspirante a gobernadora y sus seguidores.  

De otra parte, habría que estudiar si al intervenir públicamente en un asunto que no es de su competencia, la señora gobernadora incurre en una falta disciplinaria. En principio, creo que sí.

Finalmente, cabe preguntarse: ¿por qué la señora gobernadora, al revisar los acuerdos que ahora intenta derogar por tan extraño camino, no los  envió al Tribunal Administrativo del Quindío, competente para decidir sobre su inconstitucionalidad o ilegalidad, de conformidad con el numeral 10 del artículo 305 de la Constitución?
Sólo queda un interrogante: ¿será buena candidata a la gobernación una persona que promueve descaradamente una iniciativa ilegal, contra los intereses de Armenia? 

zipa36@yahoo.com

Devaluación desbordada

ELESPECTADOR.COM,  EDUARDO SARMIENTO 14 MAR 2015 

La economía ha entrado en un estado crítico. El tipo de cambio se devaluó 20% en dos meses, en enero las exportaciones cayeron 40%, en febrero la inflación regresó a índices mensuales de 1% y el desempleo de 10%, el salario real desciende y la producción industrial y las ventas del comercio se desploman.

Este panorama es la consecuencia de un déficit en cuenta corriente que se gestó durante 10 años, primero por la quintuplicación de las importaciones, y ahora por la caída del 50% de los precios del petróleo.

Durante varios años alerté que la economía colombiana evolucionaba dentro de una gran vulnerabilidad externa ocasionada por la prioridad de la minería y el petróleo, así como por la revaluación que quintuplicó las importaciones en 10 años. Reiteradamente advertí que la confluencia de las excesivas importaciones y la caída inevitable de los precios de los productos básicos, en particular del petróleo que no podía mantenerse con cotizaciones tres veces por encima de los costos, se manifestaría en un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, sin duda el más alto del mundo. Recordé cómo los países que llegaron a situaciones similares, como Colombia en 1999, Estados Unidos en 2008 y Europa periférica en 2010 se precipitaron en colapso.

Hasta ahora, ante el deterioro generalizado de los indicadores de la economía, se está entrando en razón. Algunos analistas cercanos al Gobierno han advertido que la temida cifra llegó al país y reconocen sus consecuencias destructivas. Sin embargo, no han avanzado en explicar las causas que llevaron a semejante estado ni en las formas de superarlo.

El cuantioso déficit en cuenta corriente constituye un estado de desequilibrio que se aparta de los comportamientos convencionales. La macroeconomía dejó de regularse por la tasa de interés y pasó a ser determinada por la balanza de pagos. De un lado, la escasez de divisas devalúa el tipo de cambio, eleva la inflación y sube la tasa de interés. De otro lado, la contracción de la demanda reduce la actividad productiva y el empleo. La economía está expuesta simultáneamente a presiones inflacionarias y recesivas. La política monetaria no tiene ninguna capacidad para conciliarlas. El alza de la tasa de interés de referencia acentúa las tendencias recesivas y la baja dispara la devaluación y la inflación.

Por lo demás, el tipo de cambio no tiene la capacidad regulatoria sobre las exportaciones y las importaciones que le atribuyen los libros de texto y los organismos internacionales. Su incidencia se ha visto mermada por las retaliaciones mundiales y los tratados de libre comercio. En Colombia, la cuantiosa depreciación de los últimos seis meses no evitó el desplome de las exportaciones. En la experiencia reciente de Europa y Brasil, el ajuste del déficit en cuenta corriente se da por la demanda, la producción y el salario real.

El país ha llegado a una situación de crisis por la falla del modelo económico. La economía se montó dentro de una estructura de importaciones que se quintuplicaron en 10 años y de precios de los minerales y el petróleo que triplican los costos históricos. Como era previsible, el andamiaje se vino abajo dejando el sistema seriamente averiado. Siguiendo la costumbre, las autoridades se aprestan a corregir los estragos con las mismas ideas y políticas que los causaron. El dilema del Banco de la República se reduce a subir o bajar las tasas de interés, y ninguna de las dos opciones resuelve nada. El origen de la crisis es más de las cuentas externas que financiera. Lo que se plantea es una modificación drástica del modelo económico; hay que intervenir el tipo de cambio, revivir los aranceles, racionar la inversión extranjera, renegociar los TLC y poner en práctica lo más pronto posible una política industrial y agrícola.

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Algunas conexiones claves en la Corte Constitucional

ELESPECTADOR.COM, Por: Juan David Laverde Palma, 14 MAR 2015 

En Twitter: @jdlaverde9

Escándalo en la Corte Constitucional.

De cómo familiares de magistrados y exmagistrados han llegado a trabajar a los despachos de la Corte Constitucional y a otras entidades de poder. Al margen de sus cualidades profesionales, muchos cuestionan lo que han llamado un supuesto “cruce de favores”.

Luis Guillermo Guerrero: Fue elegido gracias a la campaña que le hicieron la bancada pastusa en el Senado y el exmagistrado Rodrigo Escobar (su exjefe durante 8 años). Algunas fuentes señalaron que también Jorge Pretelt movió influencias en el partido conservador, así como el procurador Alejandro Ordóñez, versiones que niega el magistrado. Guerrero nombró como magistrada auxiliar a Claudia Escobar, familiar de Rodrigo Escobar, aunque asegura que éste no se la recomendó.

Jorge Pretelt Chaljub: En su despacho trabaja Norah Vélez, esposa del exfiscal Guillermo Mendoza Diago, quien fue abogado de Fidupetrol en un proceso en la Contraloría. Mendoza recibió honorarios por $100 millones. Además, trabajan con Pretelt la abogada Camila Hernández, hija del exmagistrado José Gregorio Hernández. La esposa de Pretelt, Martha Ligia Patrón, labora en la Procuraduría delegada para la familia con Ilva Miriam Hoyos. Patrón fue nombrada por el exprocurador Edgardo Maya y ratificada por Alejandro Ordóñez.

Martha Sáchica: Heredó un magistrado auxiliar que trabajaba con Humberto Sierra Porto. Se trata de Hugo Escobar, hijo de José Alfredo Escobar Araújo (el exmagistrado al que el mafioso Giorgio Sale le regaló unos botines en 2006). En ese despacho trabajó también Rafael José Lafont, sobrino del exconsejero de Estado Rafael Enrique Ostau De Lafont e hijo del expresidente de la Corte Suprema Pedro Lafont Pianeta. Lafont salió de la Corte en marzo de 2014 y poco después fue nombrado por el fiscal Eduardo Montealegre como jefe de la Oficina Jurídica de la Fiscalía.

Luis Ernesto Vargas: Su esposa Sarith Alexandra Mesa es procuradora judicial II. Alejandro Ordóñez la nombró. Su hija Tania Vargas fue nombrada en el despacho de la entonces contralora Sandra Morelli. Dos fuentes le contaron a El Espectador que una vez en una discusión de Sala Plena que tocaba intereses de la Contraloría, Vargas levantó la mano y se declaró impedido. “¿Por qué?”, le preguntaron. “Porque mi hija trabaja en la Contraloría”. El magistrado Mauricio González tomó la palabra y señaló con ironía: “¿Tú también, hijo?”. Vargas es liberal y uno de los hombres más formados jurídicamente.

María Victoria Calle: Está casada con el consejero de Estado Gustavo Gómez. Es muy cercana del exmagistrado Carlos Gaviria. No tiene hijos, pero una hija de Gómez, Carmen Elena, trabaja en la Procuraduría desde hace años. La columnista Salud Hernández señaló hace una semana que Calle y Gómez “llevan años conociendo juntos países a costa del erario”, acusación que ambos niegan con vehemencia. “Ellos aceptan muy pocas invitaciones y mucho antes de llegar a la Corte ya habían conocido casi toda Europa pues estudiaron allá”, dijo una fuente. Es de corte liberal.

Jorge Iván Palacio: Tiene fama de ser uno de los magistrados más escrupulosos con el tema de los nombramientos. No se le conocen familiares en la Rama Judicial. Aunque algunos le critican que sea miembro del Tribunal de Penas de la FIFA. “Es un juez a carta cabal. Jurídicamente muy fino. No tiene una actitud proburocracia”, señaló una fuente.

Gabriel Mendoza: Exconsejero de Estado, exprocurador delegado en la era de Edgardo Maya y magistrado de la Corte. Soltero. Es un hombre apocado, sin vida social. Muy fino jurídicamente. Algunos señalan que, pese a su origen conservador, la casa política de los Name de Barranquilla fue clave para ganarle la carrera por la magistratura a Danilo Rojas en 2009. Una hermana suya trabaja en el Tribunal de Santa Marta, le dijo una fuente a este diario.

Gloria Ortiz: Jurista pastusa y sobrina política del magistrado Luis Guillermo Guerrero. Por eso algunos dicen con ironía que quien más votos tiene en la Corte es la esposa de Guerrero: “tiene el voto del marido y el de su sobrina”. Años atrás fue magistrada auxiliar de Jorge Pretelt, cargo que dejó al parecer por un enfrentamiento con él. De ahí pasó a la Fiscalía y regresó a la Corte varios años después con el padrinazgo del fiscal Eduardo Montealegre.

Mauricio González Cuervo: Llegó a la Corte en 2007 luego de que fuera postulado por el presidente Álvaro Uribe, de quien fue su secretario jurídico. En su despacho trabaja la magistrada auxiliar Francesca Cifuentes, hija del exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes. Laura Cifuentes, hermana de Eduardo y tía de Francesca fue hasta 2006 la representante legal de Fiduagraria, la otra fiduciaria protagonista del desangre de las regalías en Casanare. Por un tecnicismo jurídico, Fiduagraria no fue vinculada al expediente en el que terminaron condenados Fidupetrol y el exgobernador Whitman Porras.  

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