martes, 31 de enero de 2012

Denuncia pública y derecho de petición

Barranquilla, 30 de Enero de 2012
  
 Doctor
Alejandro Ordóñez Maldonado
PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN,

Doctora
Sandra Morelli Rico
CONTRALORA GENERAL DE LA NACIÓN
Bogotá. D. C.
Antonio María Guihur Porto identificado con cédula de ciudadanía No. 9.057.983 de Cartagena, en mi condición de constituyente primario respaldado por todos los pensionados de Colombia y en especial por los que aparecen relacionados en listado adjunto, (ver archivo anexo) y con fundamento en los artículos 5o. y sucesivos del Código Contencioso Administrativo, en armonía con el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, formulo a ustedes derecho de petición, solicitando de manera muy expresa y contundente al Procurador General de la Nación y a la Contralora General de la Nación, para que así como la Contraloría General de la República llamó a juicio fiscal a 21 magistrados y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura citados en la publicación del 26 de Enero de 2012 del periódico El Tiempo, (ver publicación en archivo adjunto), también se abra de inmediato una rigurosa y exhaustiva investigación contra  Senadores, Congresistas, Magistrados de las Altas Cortes, incluyendo a Magistrados de la supuesta "Honorable “Corte Constitucional,  por la aprobación del inconstitucional Acto Legislativo 1 de Julio de 2005  que evidencia, sin lugar a dudas, que los Magistrados de las Altas Cortes del país, abusando de sus atribuciones que les confiere la Constitución de la República, legislaban y aún siguen legislando en favor de sus propios beneficios personales con gravísimo detrimento de la seguridad social expresamente amparada por la Carta Magna. El aludido Acto Legislativo 1 de Julio de 2005 aprobado con absurdas e injustas decisiones legislativas, además de discriminatorio, como se demostrará más adelante, contiene claros vicios de nulidad por la manifiesta violación al derecho constitucional de la igualdad y al sagrado derecho de los derechos previamente adquiridos, por los siguientes hechos:

1 - El Acto Legislativo 1 de Julio de 2005, abolió la mesada 14 para los pensionados cuya mesada pensional fuera superior a tres salarios mínimos mensuales vigentes de una manera tajante, sin previo aviso y sin conceder un tiempo o período de transición, afectando a los trabajadores que ya habían cumplido con el requisito de haber cotizado el mínimo de semanas exigidas para pensionarse y que sólo les faltaban unos pocos meses para cumplir la edad, violando flagrantemente el sagrado e intocable derecho constitucional de los derechos previamente adquiridos, porque el Acto Legislativo 1 de 2005 se hizo efectivo y entró a regir desde la fecha de su promulgación. Este injusto Acto Legislativo no consideró que la edad es un hecho natural y sucesivo que no depende de la voluntad del individuo, al no tener en cuenta  a los trabajadores que antes de su expedición y publicación ya habían cumplido con el primordial requisito de haber cotizado el mínimo de semanas exigidas que les daba su pleno derecho para recibir su pensión con todos los beneficios legales existentes antes da la expedición del inconstitucional Acto Legislativo 1 de Julio de 2005. Es muy claro a la luz de la Constitución y de cualquiera norma legal, que una cosa es el derecho adquirido que nunca, jamás, se puede perder y otra cosa es el cumplimiento de la edad, que es simplemente una condición para poder cobrar la pensión con sus beneficios adquiridos previamente. Aunque esta decisión de eliminar la mesada 14 sin conceder un período transicional fue aprobada por la Corte Constitucional, es absurda e inconstitucional y por la tanto, debe derogarse o modificarse porque afectó a un numeroso grupo de pensionados, que repito, ya había cumplido con el requisito básico y primordial de haber alcanzado en el tiempo, el mínimo de semanas cotizadas exigidas. Los trabajadores que estaban por pensionarse antes del citado Acto Legislativo, ya contábamos con esa mesada adicional y sobre la cual habíamos presupuestado  los gastos familiares, especialmente los correspondientes a pagos de matrículas y gastos universitarios de sus hijos.

Con lo que se expresará a continuación, se evidencia la inequidad y discriminación en favor de los  legisladores del Acto legislativo 1 de Julio de 2005:

2 -  Ya se demostró fehacientemente que el Acto Legislativo 1 de 2005 no concedió un período de transición para la eliminación de la mesada 14 para mesadas superiores a los tres salarios mínimos legales vigentes, aún para los trabajadores que ya habían cotizado el mínimo de semanas exigidas y estaban próximos a cumplir la edad para poder solicitar su pensión, sino que para efectos de esta decisión en particular, entró a regir inmediatamente desde el momento de su expedición y publicación.
En cambio, el mismo Acto legislativo 1 de Julio de 2005, como se puede ver, deducir y evidenciar claramente, para favorecerse a sí mismos sus legisladores, SÍ concedió un plazo o período de transición de cinco (5) años para limitar el valor de las pensiones superiores a 25 salarios mínimos legales vigentes, que corresponde al rango salarial conque se pensionan  los Magistrados en general y  altos funcionarios del Gobierno y claro, como varios de éllos estaban próximos a pensionarse dentro de ese  alto rango pensional, sí se  concedieron un suficiente tiempo o período de transición - cinco años -  para poder recibir mesadas superiores a los 25 salarios mínimos legales vigentes. Es de suponerse que los Magistrados y altos funcionarios del Gobierno, que estaban próximos a pensionarse y que se pensionaron dentro del período transicional entre Julio de 2005 y el 31 de Julio de 2010, sí obtuvieron sus respectivas suculentas pensiones por más de 25 salarios mínimo mensuales legales vigentes. Es decir, los Magistrados que consideraron y aprobaron  este acto, se dieron para sí, un plazo o período de transición decidiendo que esta limitación entrara a regir  5 años después de la expedición y publicación del inconstitucional Acto legislativo 1 de 2005 para poder tener la oportunidad de que sus mesadas pensiónales pudieran superar los 25 salarios.

3 - Los Organismos de control del Estado podrán hacer el cálculo que demuestra que se afecta más el sostenimiento fiscal del régimen pensional por las pensiones que superan los 25 salarios mínimo mensuales legales vigentes que por reconocer, dentro de un plazo transicional también de 5 años, la mesada 14 a quienes ya habían adquirido el derecho a la pensión por haber cotizado el mínimo de semanas exigidas aunque no hubieron cumplido la edad para solicitarla.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y contundentemente demostrado de por qué el Acto Legislativo 1 de 2005 es absolutamente anticonstitucional, ilegal y discriminatorio, estrangulando los derechos previamente adquiridos por la modificación de una ley, y faltando también al derecho de la igualdad (para unos no hubo período de transición y para otros sí), solicito que en sus condicione de Procurador General de la Nación y Contralora General de la Nación como representantes de los entes de control de estado, procedan a demandar el Acto Legislativo 1 de Julio de 2005 para que se derogue o modifique respetando los derechos vulnerados indicados y se restablezcan los beneficios previamente adquiridos para quienes nos pensionamos después de la expedición de ese maquiavélico Acto Legislativo y que nos debió conceder también, un período de transición para adquirir el beneficio de la mesada 14 aunque en ese entonces no hubiéremos cumplido la edad para poder haber solicitado nuestra pensión, pero que ya estábamos próximos a cumplirla.

ANTONIO MARÍA GUIHUR PORTO
aguihur@gmail.com
CC: 9.057.983 de Cartagena
Barranquilla.

Con copia para:
Senadores y Congresistas de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Trabajo, Presidencia y Vicepresidencia de la República, Medios de Comunicación, Asociaciones de pensionados y pensionados en general y Copia oculta a grupo de pensionados (más de 350)

Editorial, La 'palomita' pensional

Por: Elespectador.com

La Contraloría General de la Nación, en un hecho inédito, decidió abrir investigación en contra de 21 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura (17 de la Sala Disciplinaria y 4 de la Sala Administrativa) por su presunta responsabilidad en lo que hace poco los medios denominamos el “carrusel de las pensiones”.
El Consejo Superior de la Judicatura, esa alta corte que es cuestionada por académicos, políticos y el Gobierno (recordemos que en la torpedeada y polémica reforma a la justicia se propuso, al inicio, eliminar este órgano jurisdiccional), ya respondió a los ataques diciendo que los nombramientos de magistrados auxiliares que incrementaron el monto pensional, como por arte de magia, fueron hechos acorde a la ley.
¿Qué sucedió? A raíz de una investigación, la Contraloría encontró que 67 magistrados auxiliares nominados por las salas Administrativa y Disciplinaria, durante el 2007 y hasta el 2010, ingresaron por cortos períodos de tiempo para poder aumentar su pensión de jubilación, acogiéndose a un viejo decreto de 1971, el cual manda que la jubilación sea equivalente al último sueldo devengado. Pese a que los magistrados cuentan con un fuero especial y su proceso penal debe ser revisado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (cuya eficiencia, ya se sabe, es de llorar), la Contraloría salió al paso argumentando que dicho fuero no se extiende a los juicios fiscales. E hizo bien. El detrimento a la Nación que estima el órgano de control llega a los 14 mil millones de pesos. Una cifra nada despreciable, más si se tiene en cuenta que en el entretanto miles de colombianos no tienen acceso a una pensión decente.

Los ejemplos se han hecho conocer. Está el ex magistrado auxiliar Álvaro Rojas, quien fue nombrado en su momento en el despacho de Henry Villarraga e hizo de su pensión una fortuna por trabajar durante un período de 28 días. De 4 a 13 millones con un retroactivo de 175 millones de pesos. Y como éste, varios más. El Gobierno despertó y condenó estos incidentes: Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, manifestó que “es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado. Es inconcebible que se haya utilizado la figura de nombramientos discrecionales de algunos magistrados para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones”. Así mismo, indicó que de ser una figura legal válida, no hay que confundir la legalidad de una actuación con el nivel ético de la misma. Y en eso tiene toda la razón.
Será la Contraloría la que finalmente establezca si las explicaciones que den los magistrados investigados por este carrusel tienen fundamento o no. Pero desde ya puede ser fácilmente discernible que, si los hechos encontrados se ajustan a la realidad, la actuación es en todo reprochable. No puede ser que por un trabajo de unos días o un par de meses (como consta en el listado de magistrados, nombramientos y tiempo trabajado dado por la Contraloría), y por un trabajo que no era el suyo, una persona se haga a una pensión millonaria. Los jueces responden diciendo que el informe no corresponde a la verdad, ya que “(las personas de la lista) no tienen la edad para adquirir una pensión de jubilación (…) y ya llevaban más de 10 años laborando en distintos despachos de los magistrados”.
Es obvio que a ellos les asiste el principio de presunción de inocencia. Desde estas líneas no podríamos condenarlos prematuramente si aún un organismo no se ha pronunciado; pero sí podemos darle un aplauso a la contralora, Sandra Morelli, ya que no sólo logró superar la cuestión del fuero, sino también poner las cartas sobre la mesa. Que se investigue, pues. Y que se llegue a la verdad de lo que sucede. Cifras tan abultadas no pueden pasar impunemente, como se presume, al bolsillo de unos pocos.

lunes, 30 de enero de 2012

Regiones requieren $39 billones para pagar pensiones

Portafolio.co, Martha Morales Manchego Redacción Economía y Negocios
Casanare, Vaupés y Cesar, los mejor aprovisionados para cumplir con esta obligación. Valle solo tiene cubierto el 7,9% de lo que requiere. Pasivo pensional total se podría elevar del 120% del Producto Interno Bruto al 140% en los próximos años.
Aunque para el Ministerio de Hacienda, la llamada 'bomba' pensional que durante más de una década ha amenazado con explotar e impedir el pago de las mesadas a las personas que adquieren su derecho de jubilación en las regiones, ya está apagada, solo 3 departamentos: Casanare, Vaupés y Cesar tienen reservas de recursos por encima del 100 por ciento de lo que requieren, en el Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet). 
El pasivo pensional territorial, es decir, los recursos estimados que hay que tener para pagar a los que ya están pensionados y los que están por adquirir ese derecho en los próximos 20 años, es de 39 billones de pesos, de los cuales, ya se cuenta con un 31 por ciento. El hueco, según voceros del Fonpet, es normal.
Ningún país del mundo, ni europeo ni latino, tiene cubierto el 100 por ciento del pasivo pensional.
El proyecto del Fonpet ha sido exitoso, la idea es seguir la misma mecánica".  No obstante, la firma calificadora Fitch, en un reciente informe sobre 'Perspectivas 2012 para los Gobiernos locales y regionales', da un parte de estabilidad para las finanzas públicas de los territorios, pero advierte una amenaza en el tema de las pensiones. "El pasivo pensional sigue siendo un riesgo significativo. Fitch esperaría un fondeo alrededor de la tercera parte del total, pero la cobertura mediana en 2011 fue de 26,8 por ciento para las ciudades capitales y 31,1 por ciento para departamentos". 
Para el gremio de las instituciones financieras, Anif, el panorama tampoco es tan alentador. "En general, hay amenaza de que el pasivo pensional total se eleve del 120 por ciento del Producto Interno Bruto al 140 por ciento en los próximos años". Todo, por cuenta del reversazo que tuvo el Régimen de Ahorro Individual (manejado por fondos privados), el cual provocó la migración de afiliados al Régimen de Prima Media (que maneja el Seguro Social). 
La realidad del pasivo territorial es desigual. El del Valle, por ejemplo, a diciembre del 2011, era de 10,9 billones de pesos, de los cuales, solo había ahorrado el 7,9 por ciento. En consecuencia, según el llamado cálculo actuarial o valor presente de las obligaciones futuras, le faltan 10 billones de pesos más. 
En contraste, departamentos que reciben regalías, como Casanare y Cesar, son dos de los tres que tienen porcentajes de cubrimiento del pasivo por encima del 100 por ciento (133 y 127 por ciento respectivamente). Claro está, sus obligaciones ascienden a 272.000 millones en el primer caso y a 219.000 millones en el segundo, es decir, casi cuatro veces menos de lo que requiere Valle.
Otro departamento bien posicionado en materia de pensiones es Vaupés, que tiene un pasivo de 29.000 millones, el cual tiene cubierto en un 116 por ciento. 
En cambio, 17 de los 32 departamentos del país tienen cubrimientos del pasivo por debajo del promedio. Entre ellos están Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá y Santander, que generalmente están bien posicionados en otras áreas del manejo de las finanzas territoriales. "Todo el corazón del tema es que hay que pagarle a los pensionados. El avance con el Fonpet es que se han hecho las dos cosas: cumplido puntualmente con las mesadas y además, constituir el ahorro. Esta plata es administrada por 6 consorcios privados, e invertida en instrumentos que generan renta fija", indicaron fuentes del Ministerio de Hacienda. 
PASIVO PENSIONAL, INSUMO CLAVE PARA LA REFORMA
A las puertas de una nueva reforma pensional, que el Gobierno ha anunciado para este año, la realidad sobre el pasivo es clave para evitar cobrarle a las nuevas generaciones los errores del pasado, indicó Óscar Rodríguez, investigador del CID de la Universidad Nacional.
El aumento en la edad de la pensión y el incremento en las cotizaciones son dos de los grandes pilares de la reforma, por lo que Rodríguez indica. "No hay que olvidar el origen del déficit. Hubo problemas de malos manejos de esos ahorros, por decisiones de diferentes administraciones. Es el caso de los recursos de pensiones que el Banco Central Hipotecario puso en un proyecto de casas sin cuota inicial que no resultó viable". 
Entre tanto, el investigador de la Universidad Externado, Álvaro Moreno, en su estudio 'Economía política de la reforma al sistema colombiano de pensiones’ advierte que antes de una reforma, hay que precisar la realidad del pasivo pensional, pues "las imprecisiones en las cifras respaldan argumentos contrarios a los hechos para justificar las reformas".

Editorial: De 'roscas' y pensiones

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM, 29 De Enero Del 2012

En un país donde la pensión es un lujo de unos pocos, triplicar el monto de ese privilegio por trabajar unos meses causa tanto indignación como rechazo. Esa es la conclusión más protuberante de la investigación de la Contraloría General de la Nación sobre 70 nombramientos en el Consejo Superior de la Judicatura.
El ente de vigilancia encontró hallazgos suficientes para abrir juicio fiscal a 21 magistrados y ex magistrados de ese alto tribunal por tales designaciones, que le habrían costado al erario nacional unos 13.000 millones de pesos. El funcionamiento de este 'carrusel' confirmaría las viejas acusaciones de 'roscas' clientelistas en la cúpula del poder judicial.
Miembros de esa corte habrían nombrado a personas en cargos de magistratura para que, abusando de un decreto que data de 1971, alcanzaran una jubilación con su último salario. Los beneficiados habrían trabajado cortos períodos para así multiplicar varias veces sus mesadas pensionales. Habrían recibido hasta pagos retroactivos.
Lo que más impacta es el descaro y la recurrencia de la práctica. De acuerdo con la Contraloría, la magistrada Julia Emma Garzón nombró a 16 personas, mientras sus colegas Henry Villarraga y Ovidio Claros, ocho y seis, respectivamente. En el Consejo Superior de Judicatura se montó abiertamente un 'régimen especial' de pensiones.
Sin olvidar que los investigados gozan del derecho de controvertir estas acusaciones, los hechos encontrados son escandalosos, pero no sorprenden a nadie. La Judicatura ha estado por años en medio de señalamientos de clientelismo y favores políticos. El valiente aporte de la Contraloría está en la apertura formal de un juicio fiscal por los multimillonarios ajustes que esos contratos a dedo habrían generado. Más que rumores de pasillo o artículos de los medios de comunicación, existe hoy un proceso con nombres, fechas y montos, y los involucrados deben responder.
El destape de este 'carrusel' de la Judicatura ratifica asimismo la necesidad de ponerles orden a las jubilaciones del poder judicial. El anuncio de la contralora Sandra Morelli sobre la revisión de centenares de millonarias pensiones de los jueces, y también de las del Congreso de la República, merece el completo respaldo de la opinión pública.
¡Qué paradoja que los encargados de impartir justicia y cuyo símbolo es la balanza se aprovechen de una oscura norma para devengar varias veces más que lo que sumaron sus aportes! Con el país abocado a discutir una nueva reforma pensional, que golpeará los bolsillos y las condiciones de los asalariados, la tolerancia hacia estos escándalos debe ser de cero.
Son precisamente esos privilegios, tratamientos especiales y gabelas injustificadas los que convierten a estos magistrados, jueces, congresistas y demás beneficiados en una verdadera 'oligarquía' de retirados del sector público, que se chupan buena parte del presupuesto nacional con sus gordas mesadas.
La investigación de la Contraloría enfatiza aún más la necesidad de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura en la reforma de la Justicia, que hace trámite en el Congreso. Es momento para que el Gobierno recupere su postura inicial de acabar con ese tribunal que, además de haber fallado en su misión, es una fuente de desangre de recursos. Un texto que mantenga una instancia tan polémica y costosa constituiría una oportunidad perdida para arreglar los desbarajustes de la rama judicial.
La contralora Morelli no tiene una tarea fácil al desnudar estos 'carruseles'. Mas no debe renunciar al propósito de saber la verdad sobre las 'roscas' enquistadas en esos tribunales y sus favoritismos.

La nueva propuesta de ANIF, Una reforma pensional que 'envejece'

Redacción Negocios, Espectador.com
Aumentar la edad de jubilación, desaparecer el Seguro Social y cotizar más semanas, reduciría al 3,8% del PIB la carga de pensiones.
Según Asofondos, si no se modifica el Seguro Social, 13 millones de colombianos se quedarían sin pensión
Sin que exista aún un proyecto de reforma pensional para resolver la encrucijada de equilibrar el actual sistema, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advirtió que si el Gobierno no pone en marcha esta iniciativa aumentando la edad de jubilación (62 años para las mujeres y 65 para los hombres), marchitando el régimen de prima media (Seguro Social) e incrementando el número de semanas cotizadas, el país podría entrar en un colapso similar al que vivió Europa en materia de pensiones.
Dice ANIF que si se hace una “reforma pensional comprensiva”, el gasto de pensiones para el Gobierno colombiano se ubicaría en niveles del 3,8% del PIB para 2015, dentro de la proyección de un escenario optimista. Para el mismo año, un estimativo pesimista es utilizar 4,4% del PIB para este fin.
“A pesar de estos campanazos de alerta, el Gobierno aún no parece darse por aludido”, dice un aparte del informe del organismo que también advierte sobre el aumento de los pagos del Gobierno al régimen de prima media (RPM) en los últimos diez años (que pasaron de 1% a 4% del Producto Interno Bruto).
“Además, el pasivo pensional amenaza con elevarse nuevamente del 120% del PIB a cerca del 140% en los próximos años, por cuenta de la reversa del régimen de ahorro individual (RAI) —hecho en fondos privados— hacia el RPM”, señala el informe.
Según ANIF, el talón de Aquiles del actual sistema pensional radica en el aumento de la expectativa de vida en el país, en la “competencia desleal del RPM frente al RAI” y también en “un contencioso jurídico que ha mantenido regímenes preferenciales”.
Gabriel Zapata, senador de la República, dijo que el país debe abordar pronto el estudio de una reforma pensional para que se garantice la provisión de fondos para atender las pensiones. “Hemos apropiado $25 billones para responder por las pensiones que dependen del Seguro Social y de otras entidades”.
Asimismo, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, había advertido que si no se transforma el Seguro Social en la próxima reforma, más de 13 millones de ciudadanos jamás van a recibir una pensión. Por lo pronto, el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Hacienda y los fondos de pensiones del país están trazando el bosquejo de la reforma pensional que presentará el próximo año ante el Congreso de la República.
Ricardo Bonilla, investigador del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, señaló que a ANIF le conviene acabar con el régimen de prima media por formar parte del sistema financiero.
“El tema no es acabar con la prima media, sino con pensiones exorbitantes allí existentes que abarcan 3.000 personas, quienes se llevan el 10%”, agregó.
Bonilla dijo que tarde o temprano habrá que aumentar la edad de jubilación, aunque el problema es que los ciudadanos no están cumpliendo con los requisitos para pensionarse, debido a la inestabilidad del mercado de trabajo.

Reforma pensional sólo será llevada al Congreso en 2º semestre de 2012

Elespectador.com, 30 Ene 2012

El Gobierno Nacional de momento prefiere no hablar del aumento de la edad de jubilación de los colombianos. Aunque Anif planteó la posibilidad de que las mujeres sólo se puedan pensionar a los 62 años y los hombres a los 65 años, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, prefirió no referirse a esa iniciativa en específico.
En diálogo con Caracol Radio, señaló que “nosotros vamos a trabajar con la comisión que tiene el Gobierno para ese tema que es con el ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y con el ministerio de Salud”.
La idea del ministro es que a mediados de este año se consolide la propuesta de Reforma Pensional y sea llevada al Congreso de la República.
En el mismo sentido, de momento se va a trabajar en la estructuración de un mecanismo de protección a la vejez que esté basada en lo que definió el acto legislativo de 2005 sobre pensiones.
Esa reforma constitucional habla de beneficios periódicos en pensiones para cubrir personas que ganen menos del salario mínimo que no tienen como cotizar a pensión. En ese sentido, se estructuraría un mecanismo de ahorro con subsidio para que puedan tener pensión en la vejez.
Inicialmente, en el Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno incluyó un artículo para elevar la edad de pensión a 60 mujeres y 62 los hombres. Sin embargo, esa idea fue desmontada por presión de los trabajadores.
Desde octubre de 2011, Anif había señalado la necesidad de adelantar un competo ‘revolcón’ al sistema pensional. Advirtió que si el Gobierno no pone en marcha esta iniciativa aumentando la edad de jubilación (62 años para las mujeres y 65 para los hombres), marchitando el régimen de prima media (Seguro Social) e incrementando el número de semanas cotizadas, el país podría entrar en un colapso similar al que vivió Europa en materia de pensiones.
Dice ANIF que si se hace una “reforma pensional comprensiva”, el gasto de pensiones para el Gobierno colombiano se ubicaría en niveles del 3,8% del PIB para 2015, dentro de la proyección de un escenario optimista. Para el mismo año, un estimativo pesimista es utilizar 4,4% del PIB para este fin.
“A pesar de estos campanazos de alerta, el Gobierno aún no parece darse por aludido”, dice un aparte del informe del organismo que también advierte sobre el aumento de los pagos del Gobierno al régimen de prima media (RPM) en los últimos diez años (que pasaron de 1% a 4% del Producto Interno Bruto).

domingo, 29 de enero de 2012

La voracidad de los magistrados,

 Alberto Arce Londoño, La Crónica del Quindío, enero 29

De nuevo sale a la palestra el tema de las pensiones en Colombia, desatacándose como siempre la voracidad de quienes tienen bajo su mando las decisiones de mayor trascendencia en lo referente a su normatividad y aplicabilidad.

El denominado “carrusel de pensiones en el Consejo Superior de la judicatura, muy seguramente extensible a la mayoría de las instancias del Estado, incluidos Congreso de la República, ejército, policía nacional y el resto del sector jurisdiccional y demás altas esferas del gobierno, es la peor aberración en contra de esa mínima proporción del pueblo colombiano que a costa de sudor durante toda su vida, ha logrado en casos y en otros aspira cada vez con mayor dificultad a una pensión pírrica, sin retroactividad a la fecha del cumplimiento de los requisitos legales.

Bajo estas condiciones y otras ya antes comentadas en este mismo espacio, se hace prácticamente imposible alcanzar los tres principios fundamentales a que hacía referencia esta semana el viceministro de empleo y pensiones Mauricio Olivera al referirse a la reforma del sistema pensional que viene preparando el ejecutivo, así: Sostenibilidad financiera, cuando el aludido carrusel hace que unos pocos corruptos de las instancias atrás aludidas, aparte de apropiarse de gruesas sumas del sistema, se hacen pensionar con las más altas mesadas, por unos pocos años de labor, desangrando las arcas oficiales.

Por ende, el segundo principio planteado de la universalidad, buscando ampliar esa base del 30% de la población ocupada y que ahorra para su vejez, tampoco se logrará, al desestimular con el aumento en la edad en el monto de las cotizaciones mensuales a cargo de empresas y trabajadores, el incremento de esa base.

Obviamente, se debe insistir que la solución se encuentra en detener ese desangre ocasionado desde las altas instancias estatales, antes que seguírselo ocasionando a los más vulnerables. Pero es justo eso lo que no hace el gobierno con todas sus fuerzas de vigilancia y control, ya que a estas tampoco conviene para sus intereses particulares. Y finalmente, menos se logra el tercer principio del vice ministro, el de la equidad, que supuestamente busca a través de la solidaridad, financiar la vejez de esas personas que no están ahorrando.

En el caso concreto del CSJ, se ha hablado de 69 magistrados y ex magistrados presuntamente relacionados con el caso, de los cuales 21 fueron llamados a juicio por responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que de 2001 a 2010, fueron nombrados varios magistrados auxiliares en la entidad, generándole al país costos por encima de los 13 mil millones de pesos. Es uno de los casos que salen a la luz pública. Pero ¿cuántos más estarán sin salir? Con absoluta seguridad, el problema no es la edad, ni las supuestas bajas cotizaciones actuales. El problema son esos corruptos insaciables.

Como lo sugiere hoy el mensaje litúrgico en la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, es preciso volver a quien es la palabra viva y posee auténtica autoridad para hacerse entender.

Gobierno respalda investigaciones por 'carrusel de pensiones'

Por: Elespectador.com

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, espera que los funcionarios del Alto Tribunal tengan explicaciones coherentes para argumentar este nuevo 'carrusel'.

Luego de conocer que la Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por posible detrimento patrimonial, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, apoyó dicha iniciativa al asegurar que “es oportuno que con dicha investigación se aclaren todos los episodios”, relaciones con el denominado ‘carrusel de las pensiones’.

La Contraloría buscará establecer por qué varios altos funcionarios de la Judicatura nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, acciones que Esguerra consideró como “muy preocupantes”.

“Es oportuno que se abran esas investigaciones y que se conozcan todos esos episodios y que a su vez de las respectivas explicaciones al país”, dijo Esguerra en diálogo con Caracol Radio.

De acuerdo con la Contraloría, el detrimento patrimonial por este 'carrusel de pensiones' podría alcanzar los 13 mil millones de pesos. Magistrados que en su momento ganaban cuatro millones de pesos, pasaron luego a devengar $13 millones mensuales, según el ente de control.

Esguerra aseguró, además, que por acciones como las del carrusel, entre otras, es que el Gobierno pidió en la propuesta inicial de la Reforma a la Justicia la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, tema que como él mismo aseguró “ahora está en manos del Congreso”.

“Lo que pasa es que el Consejo de la Judicatura resultó ser inferior a las expectativas de lo que se pensó y se creyó que iba a ser cuando se le dio vida en el Asamblea Nacional Constituyente”, concluyó.

No todo lo legal es ético": German Vargas Lleras

Elespectador.com

Así respondió el ministro del Interior a la explicación dada por los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, que sostiene que todos los nombramientos fueron legales. Ecos del escándalo del carrusel de pensiones en la Judicatura.

Luego de que el Consejo Superior de la Judicatura se defendiera de las acusaciones hechas por la Contraloría General sobre el escándalo del llamado carrusel de las pensiones, argumentando que todos los nombramientos fueron legales, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, nuevamente salió en defensa del informe presentado por el ente de control, y rechazó la explicación dada por magistrados de la Judicatura.
El alto funcionario fue categórico al señalar que no todo lo que tiene un marco legal resulta ético y moralmente aceptable.“Puede que el marco legal excepcional para las pensiones de los altos magistrados de las Cortes permita que una persona, que dura solo dos meses en su cargo (como lo denunció la Contralora) reajuste su pensión, pero no todo lo legal es ético", sostuvo Vargas Lleras.
Este viernes el ministro había calificado de "inaceptable e inconcebible" el uso de la figura de algunos magistrados auxiliares  para que personas, por dos meses, hayan reajustado sus pensiones; lo que le ha costado al país más de $13 mil millones.
“Es urgente establecer quiénes son los responsables de este carrusel para no comprometer el nombre de todos los magistrados (…) es muy grave que quienes deben administrar justicia utilicen un sistema para defraudar al Estado", manifestó el ministro del Interior.
En ese sentido, el jefe de la cartera del Interior manifestó el pleno respaldo del Gobierno a la investigación fiscal anunciada por la Contralora General de la República, y a las  acciones de fondo que se tomen contra el llamado "carrusel de pensiones".

Congreso quiere quitarle a la Contraloría caso contra magistrados

Redacción Justicia,  27 De Enero Del 2012


Enfrentamiento entre Gobierno, Judicatura y Congreso por el llamado 'carrusel de pensiones'.
La investigación fiscal contra varios magistrados y ex magistrados de la Judicatura por el nombramiento de magistrados auxiliares que terminaron con pensiones millonarias provocó una nueva tormenta entre ese tribunal, el Congreso y el Gobierno.
Mientras varios sectores se declaraban "indignados" por el escándalo del llamado 'carrusel de pensiones', la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara sorprendió con su intención de quitarle la investigación a la Contraloría General.
"Le solicito se sirva remitir a esta célula congresional todos y cada uno de los procesos que cursan en su despacho, en contra de funcionarios que gozan de fuero constitucional, toda vez que a esta comisión le compete, en virtud del mandato constitucional, para conocer de la investigación contra los referidos funcionarios", dice un oficio firmado por el secretario de la Comisión, Gonzalo Pinzón Pinzón, dirigido a la contralora Sandra Morelli.
Pinzón recibió críticas el año pasado cuando EL TIEMPO reveló que entre el 2010 y el 2011 visitó más de 50 veces despachos de magistrados de la Judicatura, con algunos de los cuales sostiene relaciones de amistad. Entre los más visitados estuvieron, precisamente, tres de los magistrados que ahora son investigados por la Contraloría: Julia Emma Garzón, Henry Villarraga y Ovidio Claros.
Esta situación no es nueva. Hace seis meses, cuando el escándalo por el supuesto carrusel de nombramientos en la Judicatura se hizo público, el presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara que interviniera en el caso tras considerar que la Contraloría no era competente para adelantar esa investigación.
Sin embargo, este viernes, tras conocer el llamado a juicio fiscal, Villarraga cambió su postura y dijo que él y sus compañeros de la Sala Disciplinaria están dispuestos a responder ante el organismo de control "para responder por todos sus actos ante las autoridades competentes y dar así ejemplo".
Según el magistrado, los nombramientos que investiga la Contraloría fueron legales. Aseguró que en la Judicatura no han desconocido ninguna norma ética, pública o penal en sus actuaciones. También aseguró que la mayoría de las personas nombradas en el informe de la Contraloría no tienen aún la edad para jubilarse.
El magistrado Villarraga calificó la investigación como el producto de una "retaliación" y aseguró que fueron ellos mismos los que le pidieron a la Contraloría que aclarara las denuncias por los nombramientos.
Indignación en el Gobierno
Por su parte, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra dijo que su posición frente a este caso es "la que tenía el Gobierno al comienzo: "El Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente".
El proyecto inicial de reforma de la Justicia planteaba la eliminación total de la Judicatura. Sin embargo, en los debates la Sala Disciplinaria --la más cuestionada-- logró mantenerse, mientras que hasta ahora va en firme la desaparición de la Sala Disciplinaria. 

"Vamos a ver qué impacto tienen estos episodios, de la investigación que se desarrolle y qué sale de ahí", agregó Esguerra.
En similares términos se pronunció el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien afirmó que es "inaceptable" que ocurran hechos como el denunciado "en un país donde muchos ciudadanos carecen de pensión".
El jefe de la cartera política agregó que es necesario que se tomen acciones de fondo, por lo que el Gobierno viene estudiando una reforma al Sistema General de Pensiones que permita acabar con estos abusos en todos los niveles. Y aseguró también que no todo lo legal es ético, en respuesta a las manifestaciones de algunos magistrados de la Judicatura.
Al mismo tiempo también se pronunciaron varios funcionarios que figuran en la lista de la Contraloría como nombrados supuestamente de manera irregular y que aún siguen laborando en sus cargos.
Dos de ellos, Germán Londoño Carvajal y Joaquín Briceño, laboran como magistrados auxiliares en el despacho del magistrado de la Sala Disciplinaria Ovidio Claros y aseguraron que jamás han hecho trámites para pensionarse, pues aún no reúnen los requisitos.
Otra de las personas mencionadas por la Contraloría, Amparo Cardona Echeverri, excontralora de Palmira y de Cali, asegura que fue nombrada como magistrada en una sala de descongestión en la seccional en Bogotá y laboró durante 18 meses hasta que por problemas de salud renunció al cargo.
La magistrada María Mercedes López, por su lado, reiteró que varias de las personas que menciona la Contraloría estaban en su despacho cuando ella llegó a la Judicatura y que en otro caso la persona mencionada no supera los 45 años, por lo que está lejos de la pensión.
Augusto Ocampo, ex magistrado auxiliar de la Sala Disciplinaria, afirmó que trabajó en esa corporación durante ocho años y no fue nombrado por María Mercedes López, tal como lo dice el listado. "No llego a los 50 años y aún no he reunido los requisitos para tener pensión", señaló.

En Cámara no avanza investigación sobre 'carrusel de pensiones' de Justicia

Elespectador.com

Aunque el presidente de la Comisión de Acusaciones, Germán Blanco, dijo que el proceso estaría estancado; el instructor, Héctor Vergara, aseguró que se practican pruebas.
Aunque desde el año pasado se abrió una investigación de oficio en la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el presunto ‘carrusel de pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura, todo indica que el proceso estaría estancado.

Ante el anuncio de la Contraloría General de la República de abrir un juicio fiscal en contra de 22 magistrados de esa Alta Corte, Elespectador.com intentó establecer en qué va el proceso en el Congreso.

Al ser consultado el presidente de la comisión, Germán Blanco Álvarez, primero dijo que el año pasado con fundamento en la información de la prensa se inició de oficio la respectiva instrucción sobre el posible ‘carrusel de pensiones’. En ese entonces, siendo el presidente de la comisión, Héctor Javier Vergara, “se auto-adjudicó el proceso y no hubo un reparto público del mismo”.
Frente al desarrollo de la investigación, Blanco dijo que al interior de la comisión no se conoce de alguna diligencia que se haya adelantado al respecto.
Ninguno de los congresistas de la comisión conocemos que se haya hecho alguna diligencia en ese proceso pero la respuesta definitiva la tendrá que dar el representante investigador porque lógicamente también existe la reserva del sumario y el investigador es autónomo en su instrucción del proceso”, señaló.
En respuesta a lo dicho por Blanco, Vergara le dijo a Elespectador.com que “el proceso no está estancado y se están practicando las pruebas”. “Ese proceso va avanzado y al interior de la comisión ha sufrido varios cambios (…) el proceso no es de oficio porque hubo tres denuncias y éstas fueron acumuladas en un solo expediente”, señaló.
Cuando respondió por qué se “auto-adjudicó” el caso, Vergara indicó que “yo no me auto-adjudiqué el proceso porque quien maneja el reparto de éstos es el secretario de la comisión”. El coordinador de la investigación del ‘carrusel de pensiones’ es Vergara acompañado por Jorge Gómez Villamizar y Manuel Carebilla Cuéllar.
De otro lado, se conoció que la Cámara ofició a la Contraloría para que le permita acceder a toda la información sobre el ‘carrusel de pensiones’.
El secretario de la comisión, Gonzalo Pinzón Pinzón, pidió que sea remitida a la comisión “todos y cada uno de los procesos que cursan” en el despacho de la contralora Sandra Morelli.
“A esta comisión le comete, en virtud del mandato constitucional, conocer de todas las investigaciones que cursen en contra de los referidos funcionarios”, sostuvo.

El jueves en la noche, La Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal a los magistrados por el posible detrimento patrimonial de 13 mil millones de pesos por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el ente de control, los altos funcionarios nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación, la Contraloría intentará establecer por qué a varios de los pensionados, quienes recibían 4 millones se les aumentó el pago a 13 millones de pesos.
Además, llama la atención los pagos retroactivos que se efectuaron y los casos en los que los magistrados designados, quienes llevaban pocos días de labor recibieron pensiones demasiado altas.

viernes, 27 de enero de 2012

Por 'carrusel de pensiones', 21 magistrados irán a juicio fiscal


ELTIEMPO.COM revela la lista de magistrados auxiliares nombrados por cortos periodos.

En una decisión sin antecedentes, la Contraloría acaba de llamar a juicio fiscal a 21 magistrados y ex magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por 70 nombramientos que le han costado al país más de 13 mil millones de pesos en reajustes pensiónales injustificados.

Tras una investigación sobre la situación de magistrados auxiliares nominados por las salas Disciplinaria y Administrativa entre el 2007 y el 2010, la Contraloría encontró que lograron millonarias jubilaciones gracias a fugaces nombramientos en la Judicatura que, en promedio, no superaron los dos meses.

Aunque disciplinaria y penalmente los magistrados titulares solo pueden ser procesados por la Comisión de Investigación de la Cámara, históricamente cuestionada por su falta de resultados, la Contraloría acudió a una norma que obliga a todos los servidores del Estado a responder por decisiones que lesionen el patrimonio público.

En este caso, los investigados deberán explicar por qué hicieron nombramientos que impactaron el sistema pensional, pues sus auxiliares lograron reajustes en la mesada acogiéndose a un decreto de 1971 que permite que personas que ocupan magistraturas se jubilen con su último sueldo. En caso de que esas explicaciones no sean satisfactorias para la Contraloría, los magistrados tendrían que devolver de su bolsillo la plata embolatada.

"Es una investigación en curso y las personas afectadas tienen todas las garantías para demostrar que actuaron con transparencia", dijo una fuente que conoce el caso.

'Palomazos' millonarios

La investigación fiscal encontró casos como el del ex magistrado auxiliar Álvaro Rojas, nombrado en el despacho de Henry Villarraga (actual presidente de la Sala Disciplinaria), que multiplicó su pensión gracias a un 'palomazo' de 28 días. Pasó de 4 millones 53 mil pesos a 13 millones, y además recibió un retroactivo de 175 millones de pesos.

Petrona Perafán estuvo 2 meses y 26 días como magistrada auxiliar de Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca. Su pensión, que debía quedar en 4,3 millones, según la liquidación de sus aportes, quedó en 13 millones 70 mil pesos. Además, le pagaron un retroactivo de 92,5 millones.

En ese mismo despacho se pensionó, con sueldo de magistrado, Gerardo Julián Velasco Ordóñez, quien apenas cumplió esa función por 12 días, según documentos en manos de la Contraloría.

En el proceso aparece que una sola magistrada, Julia Emma Garzón, de la Sala Disciplinaria, realizó 16 de esos nombramientos. Se investiga el caso de una magistrada auxiliar que estuvo, de acuerdo con los documentos de la Judicatura, apenas dos días en el cargo.

Su colega Henry Villarraga la sigue con 8 nombramientos que implicaron ajustes pensiónales, a pesar de que los auxiliares estuvieron en la Judicatura entre 28 y 49 días.

Por su parte, la magistrada María Mercedes López, en diálogo con ELTIEMPO.COM.com, se declaró sorprendida por la aparición de su nombre en la lista y anunció que entregará toda la información para que se aclare el asunto.  
Señaló que en su despacho no designó a ningún magistrado auxiliar próximo a la pensión y dijo, además, que en la lista de la Contraloría hay personas de 45 años que siguen trabajando y están lejos de la jubilación.

"Algunas de esas personas estaban en el despacho cuando yo llegué al cargo. Haremos plena claridad sobre cada nombramiento", señaló López, reconocida porque en varias ocasiones frenó polémicas decisiones de algunos de sus colegas de la Sala Disciplinaria.

Esta semana, en entrevista con EL TIEMPO, la contralora Sandra Morelli anunció que se revisarán centenares de millonarias pensiones de la Rama Judicial y el Congreso que no corresponden con los aportes realizados por sus afortunados beneficiarios.
REDACCIÓN JUSTICIA